21 mar 2016

Excelente beca post doctoral

PROGRAMA DE BECAS EXTERNAS POSTDOCTORALES
CONICET/UNIVERSITAT DE GIRONA (España)

Presentación de solicitudes: del 1º al 29 de abril de 2016


Bases Generales para la presentación de solicitudes 

El CONICET y la UNIVERSITAT DE GIRONA convocan a la presentación de solicitudes para realizar actividades de investigación Postdoctoral en la Cátedra de Cultura Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universitat de Girona, España. 

Requisitos Generales y Duración 

- Cantidad de becas a otorgar: una (1)
- Inicio de la beca: 01/09/2016 
- Nacionalidad argentina 
- La tesis doctoral deberá ser defendida y aprobada antes de iniciar la beca. 
- Excelentes antecedentes académicos y profesionales. 
- Compromiso de regresar al país (deberá firmarse antes de iniciar la beca) 
- Duración: veinticuatro (24) meses. 

No serán admitidos como postulantes a Becas Externas Postdoctorales quienes hayan usufructuado otra beca Postdoctoral Interna y/o Externa del CONICET y/o concursen simultáneamente cualquiera de los Programas de Estadías, Becas Postdoctorales Externas ó Internas vigentes. 

Lugar de desarrollo de la beca 

Las actividades de la beca se realizarán en la Cátedra de Cultura Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universitat de Girona, España. 
www.udg.edu

Postdoctorado a desarrollar: 

“Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica”

Tópicos:
1) Seguridad Jurídica y Decisión Judicial.
2) Globalización, Derecho y Teorías de la Democracia.
3) Seguridad Jurídica y Diseño Institucional para preservar la Democracia.

Financiamiento 
o Estipendio mensual de u$s 2.500.-  
o Pasaje de ida y vuelta para el becario  
o Una ayuda económica anual de u$s 1.000.- para contratar un seguro de salud (para períodos inferiores a un año, se pagará el monto proporcional según la duración de la estadía).
En el caso de los investigadores Asistentes y Adjuntos, se otorgará una licencia con goce de haberes en el cargo. 

Evaluación de las Solicitudes 

Las solicitudes serán evaluadas por la Comisión Asesora de Convocatorias Especiales del CONICET y luego remitirá el listado de candidatos con sus respectivos dictámenes académicos a consideración de la Universitat de Girona. 
El otorgamiento de las becas quedará supeditado al  acuerdo de ambas instituciones de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria y a las evaluaciones académicas realizadas. 

Cronograma de la Convocatoria 

Etapa Fechas
Convocatoria 1 al 29 de abril de 2016
Control de Solicitudes 2 al 14 de mayo de 2016
Proceso de evaluación Entre junio y julio de 2016
Publicación de resultados Agosto de 2016
Inicio de actividades Septiembre de 2016

Presentación de Solicitudes 

La presentación deberá incluir: 
* Formulario de Solicitud 
* Descripción del plan de trabajo y cronograma a realizar durante la beca (máximo 3 páginas). 
* Antecedentes  
* Nota de conformidad de la máxima autoridad de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universitat de Girona. 
* Currículum Vitae del Investigador responsable en el exterior. 
* Currículum Vitae del Director propuesto en la Argentina (solo si no es Investigador de CONICET).
* Fotocopia de las 5 mejores publicaciones. 

Las firmas del investigador responsable en el exterior y el aval del lugar de trabajo pueden constar en el lugar del formulario reservado para tal fin o agregarse a continuación una nota con las firmas escaneadas. 

Para ambas solicitudes, las presentaciones deberán realizarse en una carpeta negra con el frente transparente, personalmente en la Mesa de Entradas de cualquier sede del CONICET o enviarse por correo postal a: 
Coordinación de Becas de CONICET 
Godoy Cruz 2290 
1425 – Ciudad de  Buenos Aires 

En caso de enviarse por correo postal, se considerará la fecha del franqueo como la correspondiente a la presentación.  

Se requiere además el envío de los siguientes archivos electrónicos: 
* Formulario de solicitud 
* Plan de trabajo 
* Antecedentes 
* Nota de conformidad de la máxima autoridad de la Universitat de Girona
* Currículum Vitae del Investigador responsable en el exterior.  
* Currículum Vitae del Director propuesto en la Argentina (solo si no es Investigador de CONICET).
Los mismos deben ser remitidos por correo electrónico a becext@conicet.gov.ar, indicando en el asunto “Solicitud Beca/Girona”.  

Presentación de informe final

Al finalizar el período de beca deberá regresar a la Argentina inmediatamente. 
Dentro de los sesenta (60) días de finalizar la beca deberá presentar un informe final incluyendo la siguiente información:
1) Descripción de toda la labor realizada, puntualizando, cuando corresponda, los resultados obtenidos. 
2) 2 artículos publicados en revistas internacionales indexadas de la especialidad.

Modalidad de Presentación del informe:  
* Versión Impresa: Dicho informe deberá cumplimentarse teniendo en cuenta los requisitos señalados en los formularios (carátula informe) provistos por el CONICET para tal fin, a los cuales se accede a través del siguiente link: 
* Versión electrónica: En formato PDF a la dirección: becext@conicet.gov.ar, 
indicando en el Asunto: “Informe Final Beca Externa Postdoctoral CONICET/UNIV.GIRONA– Apellido y Nombre”, organizando los archivos de la siguiente manera: 
1- Carátula de Informe. 
2- Breve resumen de las actividades realizadas. 
3- Divulgación de los resultados. 
4- Artículos publicados en revistas internacionales.
5- Evaluación Académica del investigador responsable en el exterior. 
6- Evaluación Académica del Director de Carrera del Investigador.
Para Investigadores del CONICET: La posesión de la beca no modifica la obligación del investigador de la presentación del informe anual o bianual reglamentario.

Consultas 

Las consultas sobre requisitos administrativos y formularios se responderán por correo electrónico exclusivamente a: 
becext@conicet.gov.ar

Las consultas sobre los grupos de investigación de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universitat de Girona deberán remitirse a:
catedradeculturajuridica@udg.edu


19 mar 2016

Inaudita e incomprensible decisión de la CIDH por la ley de medios?

Es asì, segùn editorial de hoy de LN, acà. No creo que sea así. Los crímenes anteriores -expresados de modo especial en la asociación ilìcita que pudo montar Martín S. desde el AFSCA- no niega que la situación actual, en materia de medios, sea inconstitucional y antidemocràtica. Seguiremos sobre el tema.

Llamado de atención al gobierno, por la Biblioteca Nacional

Acá

18 mar 2016

Brasil (con addendas)

Conspiración internacional? Como dije antes, me parece tramposo decir que se trata de algo así como una conspiración internacional contra los Kirchner, Lula-Dilma, Maduro. Resulta tan inverosímil afirmar aquello como sostener que hubo una conspiración, en su momento, contra Menem, Fujimori y Collor de Mello. Si ellos tienen problemas, eso no se debe a sus virtudes, sino a sus excesivos defectos, básicamente ligados a la mega corrupción que prohijaron (tal vez sea un indicio adicional que la menor gravedad de los hechos, en presidencias como las de Bachelet o Evo, nos refieren a crisis también más limitadas en cuanto a su gravedad).

Se los critica por lo bueno o por lo malo que han hecho? Seguro que muchos quieren "aprovechar el río revuelto", para socavar a gobiernos que por otras razones no quieren. Es cierto que hay grupos corporativos/financieros que quieren "sancionar" cualquier atisbo de políticas progresistas, pero es cierto con demasiados matices. Primero, rechazaría la maniobra de querer poner juntos a gobiernos muy diferentes, de modo tal de salvar o hundir a justos con pecadores -pretendiendo que confundamos a unos con otros. Debemos separar los casos (no es lo mismo Bachelet que CFK), y los temas (no es lo mismo "paternidad" no declarada, que lavado de dinero). Segundo, en muchos casos de los citados o citables no es claro en absoluto que podamos hablar de gobiernos progresistas (ya discutí sobre el tema en mi texto "la izquierda que no es"). No es inhabitual que nos encontremos (como en el caso de Dilma-Lula hoy) con gobiernos que llevan adelante programas de ajuste en nombre de ideales de avanzada (lo mismo hizo el kirchnerismo acá). Tercero, me resulta inaceptable la idea (tan habitual en nuestro kirchnerismo bobo) según la cual la ciudadanía es tonta cuando abuchea a los líderes que uno quiere, pero súbitamente lúcida cuando los vota. Por el contrario, creo que la mayoría distingue perfectamente entre lo bueno que hicieron, por caso Lula-Dilma (reducir el nivel de pobreza) o los Kirchner (recuperación del empleo), de lo malo que pudieron hacer (mega-corrupción, planes de ajuste, lavado de dinero).

Fuentes de corrupción. La mega-corrupción en gobiernos como los de Argentina, México, Brasil o Venezuela tuvo que ver muy especialmente con los mega-conductos de dinero que aparecieron en esos países, en las últimas décadas. Las privatizaciones (en la Argentina de Menem, típicamente) fueron fuente de mega-corrupción, por el dinero que prometía el desguace de un Estado que había sido gigante; como luego lo sería el dinero narco (México, pero también Argentina o Venezuela); el petróleo (Venezuela), y el petróleo y las comunicaciones (México o Brasil).

No aceptar la extorsión. En todos los casos, no hay que aceptar la extorsión de tolerar o negar la corrupción "porque me interesa que se mantenga tal o cual política" (o, peor, "porque me interesó en el pasado tal o cual política"). Se trata de una mera trampa, que fue en la Argentina fuente de degradación moral de tantos colegas. Se explican este tipo de respuestas, muchas veces, por la propia corrupción (material) de muchos. Pero en otros casos, se trata simplemente de la corrosión moral, la extorsión que han aceptado y la degradación personal en la que consecuentemente han caído. 

La corrupción de los funcionarios públicos debe sancionarse, aún con juicios políticos. Se trata de una las pocas herramientas de control (accountability) que nos quedan -casi ninguna!- como ciudadanos, para reaccionar frente a las fallas de la política, y está bien que la usemos.  Pensemos en el impeachment a Ibarra en la Ciudad de Baires (y el riesgo de que se sancionara a un ex-fiscal anticorrupción, como él lo había sido, identificado además con la causa de los derechos humanos) o a Collor en Brasil. Hoy, creo, nos resulta claro a todos que los juicios merecieron hacerse, y que además dieron mensajes importantes a la clase política: no se puede hacer cualquier cosa, porque te pueden echar.

Sobre la intervención judicial en estos casos. Me resulta entre curioso y enojoso escuchar voces de gente, sobre todo vinculada al derecho, indignadísima por la intervención de los jueces en estos casos."Es inaceptable," gritan. Mi primera pregunta es: Se olvidan de lo que significa vivir en una democracia constitucional? Vivimos en ella hace dos siglos. Les guste o no, no se trata sólo del voto. En una democracia constitucional, se vota y hay controles judiciales. Què es lo raro? Segundo: dicen "es que los jueces intervienen en politica." Y sì, los juicios a los polìticos nos hablan de exactamente eso: jueces que intervienen en casos vinculados con la polìtica. Se trata de una institución que tiene màs de 200 años. "Es que intervienen con criterios polìticos" -responden (bueno, esta objeciòn es tan boba que no la contesto). "Es que los jueces son conservadores" -agregan. Bueno, se dieron cuenta tarde de un problema que muchos venimos denunciando hace dècadas: queremos una organizaciòn de controles diferente, con un papel màs restringido para el poder judicial, y más amplio para la discusión democrática. Pero es inaceptable que algunos se acuerden de este tema cuando les va mal con la justicia, y mientras tanto callan cuando les conviene, o exigen la intervención judicial cuando la política no les gusta. Y de esto hay demasiado, y cansa. Finalmente: en Brasil, como en Italia, los jueces de tribunales inferiores no llegan a sus cargos a partir de criterios y acuerdos fundamentalmente polìticos (porque surgen de acuerdos partidarios entre las ramas polìticas -tìpicamente, Ejecutivo y Senado). Allì, llegan a partir de concursos que duran años, y en donde la polìtica no aparece en ningùn momento. Esto genera jueces en un sentido no irrelevante "independientes" del poder polìtico (y no necesariamente dependientes del poder econòmico, como lo atestiguan los miles de jueces "progresistas" que existen en Brasil). En Italia, o en Brasil, encontramos luego lo que no encontramos en paìses como la Argentina, esto es, jueces capaces de desafiar sistemàticamente a los poderes polìticos y econòmicos. Tal vez -aùn para nosotros, crìticos històricos del control judicial- haya aquì algo que no sea tan malo. Habrìa que pensarlo màs, pero en todo caso esta conclusiòn provisoria va en contra del apuro con que algunos repudian a la justicia, cuando eventualmente confronta a una polìtica que les gusta, mientras exigen desgañitados su intervenciòn, cuando la polìtica del caso no les gusta. Basta de hipocresìa, por un rato al menos.

Genera esto un riesgo político, dado que la "derecha" tradicional está mejor preparada para ser el "reemplazo" en estos casos? Sí, es un riesgo. Pero me parece que es un riesgo que temen, sobre todo, los que desconfían de la ciudadanía; los arrogantes que creen que la ciudadanía sólo actúa siguiendo lo que le dice la televisión (que, como vimos, siempre nos refiere a "confusiones intermitentes, seguidas de raptos de lucidez cuando votan al que me gusta"). Yo confíaría en la capacidad de resistencia y movilización ciudadanas. La ciudadanía no está dispuesta a tolerar cualquier ajuste, aquí en la Argentina, o en Brasil, o en Chile o en Bolivia...Hay que estar firmes frente a los embates de la "derecha" tradicional, pero es un absurdo reduccionismo pensar que esos grupos pueden llegar simplemente al poder para hacer lo que se les ocurre, como si no hubiera sociedad movilizada, como si no hubiera protestas para todos, como si no hubiera pasado, como si no hubiera historia de la que aprender.

addenda 1: nota del NYT sobre el tema de Brasil, acá (gracias MG)
addenda 2: reportaje a HV sobre el tema, en Playboy, acá. El reportaje es interesante, pero incluye respuestas muy preocupantes en quien fue adalid de la lucha anticorrupción en el menemismo, como ésta:
Verbitsky: Mirá, yo creo que los niveles de corrupción de los gobiernos kirchneristas no han superado el promedio de lo que han sido los gobiernos argentinos que yo recuerde. En el caso del menemismo, que es cuando yo dediqué tiempo y esfuerzo para investigar esas cuestiones, a mí me interesaba ver cómo la corrupción era el precio que se pagaba a un movimiento popular de raigambre histórica por el abandono de las banderas tradicionales.

15 mar 2016

Mesa debate, ley de medios

Jueves 17 de marzo, 15:30 | Aula A103 UTDT

La Escuela de Derecho, junto con el Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales, invitan al evento Ley de Medios.

Las recientes modificaciones por decreto a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual han generado un intenso debate público. Esta mesa tratará preguntas tales como la constitucionalidad de los cambios, la ausencia de discusión en el Congreso, la conveniencia, entre otros interrogantes importantes.

Panelistas
Bernadette Califano. Universidad de Buenos Aires
Martín Becerra. Universidad Nacional de Quilmes, UBA, Conicet
Philip Kitzberger. Universidad Torcuato Di Tella
Roberto Gargarella. Universidad Torcuato Di Tella

14 mar 2016

La historia de los 36



 La historia de los 36 viene de demasiado lejos, y encuentra versiones muy distintas, que fueron creciendo y mutando un poco, en tiempos y lugares diferentes. Versiones que con los cambios se fueron refinando también, hasta encontrar formas –al menos algunas de ellas- cada vez más atractivas. Las primeras dos que voy a comentar no son las que más me interesan, pero las voy a presentar porque es ahí en donde la historia encuentra sus primeras raíces.

La primera versión conocida de esta historia aparece en el libro del Génesis, y refiere a un diálogo entre Jehová y Abraham, en donde, hablando de la corrosión de las costumbres en Sodoma, y de su futura destrucción, Abraham le pregunta a Jehová si se animará a hacer morir “al justo con el impío.” Jehová le responde entonces que no, que no lo hará pero solamente si es que encuentra a 50 justos en la ciudad. En ese caso –le respondió- todo sería perdonado en nombre de los justos.

La segunda de las muchas versiones que aparecieron de esta misma historia navega entre Egipto y Grecia, y nos habla de 36 (así llamados) “decanos celestiales”, cada uno de los cuales se convierte en observador del Universo, al que de algún modo gobierna, durante 10 días. En esta nueva versión nos encontramos ya con los 36 (los justos no son 50 sino 36), aunque se trata aquí de 36 que ocupan una posición prominente, 36 que de algún modo se sitúan en el centro y por encima del Universo.

Son las versiones que aparecen luego las que más me satisfacen e importan, comenzando por la extraordinaria alusión que se hace a la misma en el Talmud, cuando se explica la tradición de los Tzadikim. Según esta forma del relato, existen 36 hombres justos sobre la faz de la tierra. Si todos ellos desaparecen, el mundo mismo desaparece. En cambio, si uno sólo de ellos muere, entonces no hay mayor problema, ya que otro justo toma inmediatamente el lugar del que ha muerto. Esta traslación de la historia me resulta maravillosa. En particular, me agrada el notable giro que le agrega al cuento, y es que los 36 justos, esas 36 personas, se encuentran dispersas y ocultas entre todos nosotros –no ocupan entonces, como ocupaban antes, el vértice superior del Universo. Nosotros no conocemos a estas personas, pero tampoco ellas se conocen entre sí, ni saben siquiera el papel que están cumpliendo. Todos estos pequeños detalles conforman una narración para mí muy hermosa.

De modo notable, pero no sorprendente, una de las mejores traducciones y re-elaboraciones que tuvo este fragmento del Talmud es la que presentó Borges, en uno de sus poemas más conocidos y más bonitos, que es el poema sobre Los Justos. El poema es tan emocionante como otros cuentos del autor, incluyendo el que más le gustaba a él mismo, que era El Sur; y tan conmovedor como el relato que hiciera Borges sobre aquello que viera desde el agujero infinito, el Aleph, luego de la muerte de Beatriz Viterbo. Pero vuelvo, en todo caso, al poema Los Justos, que es el que me interesa. En él, y sin dar una cifra precisa, Borges habla de un número indefinido personas, diseminadas entre todas las demás, que son las que permiten que la humanidad se redima. Él describe brevemente, en una línea o dos a lo sumo, a un puñado pequeño de estas personas. Habla del “tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada;” habla del “ceramista que premedita un color y una forma”; habla de quien “cultiva un jardín, como quería Voltaire”; habla de “dos empleados que en un café del Sur juegan un silencio ajedrez”; y habla también –esta línea es particularmente bella- del que “justifica o quiere justificar un mal que le han hecho”.  Estas personas, concluye Borges en la sentencia final del poema, aunque “se ignoran, están salvando el mundo.”

La dimensión que le da Borges a la historia de los 36, y los modos y ejemplos con que la ilustra, depuran el relato original todavía más. El Talmud de Borges, para llamarlo así, coloca al relato en lo que considero que es su lugar más alto.

En lo personal, tengo una versión propia de la historia, que muestra dos variaciones con el hilo principal de la misma. En mi versión del relato, primero, no se trata de 36 personas, sino de varias más (aclaro, de todos modos, que Borges tampoco reducía esas personas al número de 36, sino que por el contrario –y como yo quisiera hacer- sugería que el número podía ser bastante más alto). Yo no puedo definir el número, pero me inclinaría a pensar que se acerca a los 36.000, o a los 360.000, o –es lo que llego a pensar en mis días más optimistas, que no son muchos-  al número de 3.600.000. En todo caso, de lo que estoy seguro es que se trata de una minoría, que trasciende bastante al inicial número de 36. Como en la tradición que nos llega desde el Talmud, creo que se trata de personas que están dispersas entre nosotros, y que no se conocen entre sí. De todos modos, en mi versión del relato aparece una segunda diferencia con el que proviene del Talmud y que mejora Borges, y es que estas 3.600.000 personas (para usar la versión optimista) no están salvando el mundo (no es que su desaparición provoca la desaparición del mundo), pero lo tornan más respirable, cuando a veces, muy habitualmente, entendemos que se ha vuelto irrespirable y que es difícil de vivir en él. Se trata, entonces, de personas que hacen lo suyo bien y comprometidamente. Personas que, para ponerlo mejor, están  haciendo mucho más, cuando podrían hacer mucho menos. Personas que,  de ese modo (sin avisar ni hacer alharacas) ayudan a que el resto (que pueden ser todos o unos pocos o una sola persona) podamos vivir mejor. Estas personas, agregaría finalmente muestran que al mundo es posible cambiarlo, aunque sea un poco, desde cualquiera de sus puntos.


Esta semana, creo, me tocó ver a una de estas personas, en el subte. Era un joven músico que tocaba una canción propia, muy linda, en el vagón en el que yo iba. El joven cantaba con enorme entusiasmo. Cuando el subte llegó a destino, a su estación final, el cantante estaba recién por los comienzos de su última canción, así que, sin dudarlo un instante,  sin inmutarse por el hecho de que la mayoría de los pasajeros abandonara “la formación”, y sin molestarse siquiera porque se había escapado la posibilidad de pasar la gorra y recaudar su merecido, él optó por seguir cantando un buen rato más, hasta que concluyó su tema y quedó satisfecho con la versión emprendida. Personas como él, diría, ayudan a mejorar al mundo desde un punto en apariencia oculto o retirado del centro. Pienso, también, en aquellas viejas a las que les duele cada parte del cuerpo, pero que en invierno, cuando el nieto se les queda a dormir en la casa, se despiertan de noche, sienten frío, y a pesar de los achaques en los huesos, también sin dudarlo, se levantan y van a agregarle una frazada al nieto, que está dormido y ni siquiera se ha dado cuenta del frío. Pienso, por ejemplo, en el encargado del café que frecuento, siempre de camisa y corbata impecables, que con su tranquilidad y buenos modos nos contagia tranquilidad y buenos modos a todos. Este tipo de personas permiten que el planeta siga siendo un lugar habitable, y nos muestran que al mundo, desde cualquier punto, es posible mejorarlo.

11 mar 2016

C.Rosenkrantz, sobre la CHA y los derechos sociales

Parte de lo más interesante de la audiencia de ayer (Carlos R., nominado para la Corte), estuvo en las primeras preguntas (Pichetto, Solanas), sobre el caso de la Comunidad Homosexual, y el tratamiento judicial a los derechos sociales. Las transcribo, porque las respuestas (sobre todo a la última cuestión) tienen bastante jugo, y muestran algunos cambios o precisiones en la posición que defendiera (o apareciera defendiendo) CR en otros escritos.

Sr. Pichetto.  Buenos días, doctor, y a todos los presentes también.  
Tengo una pregunta de previo y especial pronunciamiento, antes de abordar otros temas que son más de visión general: ¿cuál es su opinión respecto del encuadre constitucional y del rol del Senado en la designación de los jueces de la Corte, doctor Rosenkrantz?
Sr. Rosenkrantz.  Gracias por su pregunta, señor senador.
Yo creo que nadie puede aspirar a ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin el acuerdo del Senado.
Sr. Pichetto.  Quería preguntarle sobre algunos aspectos de su trayectoria personal que me parecen interesantes. 
Usted fue abogado de la CHA en el año 1991. ¿Qué opinión tiene sobre el matrimonio igualitario? Indudablemente, destaco como importante el hecho de haber sido abogado de la Comunidad Homosexual Argentina en un momento en donde esta comunidad tenía un fuerte rechazo en el marco de la sociedad. Uno recuerda el accionar de los hermanos Jáuregui y también una fuerte resistencia social. Eso, indudablemente, se superó con el avance de derechos que ha habido en el último gobierno, el de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero ¿cuál es su visión de este pasado y de lo que se avanzó en materia legislativa, tanto en igualdad de género como también en otras normas dirigidas a la igualdad y al derecho a la identidad sexual? ¿Qué visión tiene sobre eso?
Sr. Rosenkrantz.  Muchas gracias por su pregunta.
Efectivamente, la decisión de representar a la Comunidad Homosexual Argentina a principios de la década del noventa fue una decisión importante en mi vida personal y profesional. Recordemos que el caso era uno en el que se discutía meramente no si individuos con preferencias sexuales determinadas pueden hacer sus vidas como todos los demás, sino simplemente si podían asociarse. 
La Inspección General de Justicia había negado la petición de inscripción de la Comunidad Homosexual Argentina, sobre la base de que una asociación de homosexuales no podría en modo alguno promover el bien común. Esa decisión fue ratificada por los jueces de segunda instancia; por lo tanto, hubo que recurrir ante la Corte a los efectos de obtener una revisión de la decisión en cuestión. La Corte se pronunció al respecto; fue uno de los fallos nodales en términos de derechos de las minorías. Todos los jueces fallaron por sus respectivos votos, pero la personería no fue concedida.
Hoy, veinticuatro, veintitrés años después, revisamos el pasado con una sensación –diría yo– de vergüenza nacional. Sin duda la Argentina cambió y sin duda ese cambio es mérito de lo hecho por las autoridades en los últimos años y, también, por el grado de comprensión que tuvo la Nación argentina al ideal de respetar los derechos de todos. Creo que es un indicio de que los países cambian, de que hay temas que hay que encarar y de que la política, en general, nos ayuda a mejorar.
Respecto... No sé si le respondo... 
Sr. Pichetto.- Sí, sobre el tema del matrimonio igualitario, ¿cuál es su visión? 
Sr. Rosenkrantz.- Yo creo que es un derecho y creo que la consagración legislativa del mismo es una gran virtud. Me parece que el hecho de que el país se haya comprometido en esa discusión es lo que en última instancia le ha permitido obtener consensos superadores. Cuando pensamos, por ejemplo, que la cuestión de la tenencia de estupefacientes para consumo personal en los últimos veinticinco años ha sido decidida cuatro veces en sentidos contradictorios, debemos pensar que a la Argentina le pasa algo consigo misma; no puede avanzar en una dirección. 
El matrimonio igualitario –creo– es un indicio de que la Argentina en ese frente ha alcanzado no tengo ninguna duda de que está para quedarse. 
Sr. Pichetto.- La última pregunta, presidente. 
Como he ejercido la actividad profesional de abogado, entiendo que todo abogado jurídico tiene clientes. Cuando estaba leyendo la nómina de clientes, indudablemente, encontré algunos importantes, que además han sido eje de debate y de discusión en los últimos años, especialmente en la temática de la ley de medios. La pregunta puntualmente es: ¿qué pasaría, doctor, si mañana usted es ratificado por el Senado y es designado juez de la Corte si algunos de esos clientes que formaron parte del estudio? Cuestión que no es reprochable de ninguna manera, porque pienso como piensa la corriente mayoritaria en este tema en el que los clientes de ninguna manera pueden ser motivo de descalificación del profesional a cargo. ¿Qué pasaría si esas sociedades o clientes, personas físicas, tuvieran litigio en el marco de la Corte? ¿Cuál sería su actitud frente a ese tema? 
Sr. Rosenkratz.- Gracias por la pregunta, señor senador.
Creo que hay situaciones muy diferentes y hay instituciones consagradas en nuestro derecho que permiten garantizar la imparcialidad de los jueces. Obviamente, en aquellos casos en los que yo he intervenido o alguno de los abogados con quienes he compartido oficinas ha intervenido, me excusaré.
Respecto de clientes que hube atendido, pero traen a la Corte casos diferentes a aquellos en los que yo participé, en algunos casos dependiendo de las circunstancias ofreceré mi excusación a mis compañeros de la Corte para que tomen decisiones al respecto y en algunos otros, más concretamente, en el caso Clarín, me excusaré, porque creo que hay razones de decoro que así
lo indican. Aún cuando no dudo en modo alguno de la imparcialidad con la que puedo analizar los casos que se traigan ante los estrados del Tribunal.
Sr. Pichetto.- Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente.- Vamos a proseguir con la lista de oradores.
            Les quiero informar a los señores senadores que, para hacer esto mucho más dinámico, he preferido invertir el orden. Ustedes recordarán que en la audiencia anterior hicimos una cantidad enorme de preguntas contestadas por escrito. La verdad es que fueron interesantes, pero cansaron a todos los senadores. Me parece mucho más interesante aprovechar la frescura de estas primeras horas para que los senadores puedan preguntar con total libertad y después, sin que ello implique un menoscabo a las sociedades civiles que se han pronunciado por escrito, las preguntas que no hayan sido contestadas de este intercambio con ustedes, las hacemos al final. ¿Les parece bien?
                                                - Asentimiento.
Sr. Presidente.- Vamos a proseguir.
            Tiene la palabra el senador Solanas
Sr. Solanas.- Muchas gracias, señor presidente.
            Voy a formularle, doctor, dos o tres preguntas que giran alrededor de un mismo tema: información pública, la confidencial del contrato YPF-Chevron y, después, tengo un par de preguntas más que hacerle.
            La primera de ellas –como ya lo estoy anunciando y para sintetizar–, me gustaría saber su opinión sobre el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que reafirmó el derecho a la información pública de los actos de gobierno basándose en el decreto 2262/2003. Debida cuenta, doctor, de recientes declaraciones del Poder Ejecutivo y funcionarios del Poder Ejecutivo que parece que no acusaron recibo del fallo de la Corte. El fallo de la Corte dice: “una empresa que funciona bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional y que desempeña importantes y trascendentes actividades en la que se encuentra comprometido el interés público no puede ampararse en su configuración societaria de sociedad anónima para negar el libre acceso a la información pública”. Aclaremos que el 51 por ciento del capital de YPF es estatal y que el conjunto de los argentinos financió esa compra.
            Entonces, doctor, ¿cuál es para usted el límite al principio de máxima divulgación en materia de acceso a la información determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el antecedente del caso Reyes, aquel litigio en Chile, y “recepcionado” por nuestra propia Corte Suprema de Justicia con el precedente del caso PAMI?
            La otra pregunta es: ¿usted está de acuerdo con el alcance que dio el fallo de la Corte Suprema de Justicia en la presentación que hizo el senador Giustiniani en el caso contrato Chevron, en cuanto a la confidencialidad del mismo? ¿Y en cuanto a las empresas que participan con dinero público, subsidios o participan con bienes materiales de cualquier naturaleza? Esas son las tres preguntas relacionadas al caso Chevron. Después, quisiera realizar un par de preguntas más.
Sr. Rosenkrantz.- Gracias por su pregunta, señor senador.
            Disculpe el nivel de generalidad con el que voy a intentar contestar a su pregunta, porque ese caso no es un caso que esté totalmente resuelto; de hecho, puede haber algunos problemas respecto de si la ejecución de la orden de la Corte ha sido completa y temporánea o no.
            Habiendo dicho ello, y porque tampoco quiero colocarme en una situación en la que pueda ser recusado por haber preopinado, creo que la línea jurisprudencial que la Corte inició en casos anteriormente básicamente el caso de la Asociación por los Derechos Civiles, asociación que yo he integrado, de la que he sido vicepresidente, que obliga a proveer información pública es una línea jurídicamente correcta.
            ¿Cuáles son los límites de la información? Yo creo que esa es una cuestión que depende del detalle, que tiene que ser analizada caso por caso. Sin embargo, el principio general es: cuando el Estado está involucrado los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información de las entidades de que se trate.
Sr. Solanas.- Me gustaría para su información, doctor, agregarle, que no solamente YPF desconoció el pedido de la Corte sino también que entregó la parcialidad del contrato con tachaduras y testado.
            La segunda pregunta era esta referida al límite del principio de máxima divulgación.
Sr. Rosenkrantz.- Nuevamente, creo que es muy difícil dar una respuesta general a esa pregunta, porque el límite debe depender de las circunstancias del caso. Es probable que en ciertas circunstancias, como claramente lo “excepciona” la ley, haya información confidencial que puede ser protegida; pero creo –reitero– el principio es de pleno acceso a la información.
Sr. Solanas.- Le agrego una pregunta más: ¿qué nos ampara a nosotros, ciudadanos, que costeamos y financiamos semejante inversión, cuando no podemos conocer en qué condiciones está el presidente de esa empresa ni cuánto gana ni por qué en nombre de tanta confidencialidad nos deja una empresa que hoy está endeudada en 7.000 millones de dólares cuando la empresa dudo que valga 5.000 millones de dólares, dado a la baja de los precios del petróleo? ¿Qué nos ampara a los ciudadanos?
Sr. Rosenkrantz.- Reitero. Creo que los ciudadanos tienen un derecho extenso al acceso a la información pública con los únicos límites, que he tratado de enunciar en un sentido muy general, que hay que analizar caso por caso.
Sr. Solanas.- Gracias, doctor.
            La otra pregunta que quiero formularle es: ¿usted cree que los derechos económicos y sociales –por ejemplo el derecho a la salud, a la educación y a la vivienda– no son exigibles en los tribunales, o son exigibles en los tribunales?
Sr. Rosenkrantz.- Gracias por la pregunta, porque eso creo que me habilita a tratar de hacer más explícita y comprensible cuál es mi visión al respecto y cuál es el sentido de lo que he escrito al respecto. 
Para empezar con una respuesta contundente, yo creo que los derechos económico-sociales son ejecutables. Buena parte de las críticas que he recibido fueron construidas a partir de la lectura de un texto que, para ponerlo de alguna manera, llamaré teórico –soy profesor de filosofía del derecho, de modo que me interesan mucho los problemas teóricos–y el problema teórico que intenté resolver en ese trabajo fue el siguiente: toda constitución es el producto de una convicción ideológica o de una teoría política; la nuestra también.
La nuestra, no solamente nuestra Constitución histórica, sino la Constitución histórica más los momentos constitucionales posteriores a nuestra Constitución histórica y las tradiciones de interpretación del texto constitucional, responden a cierta ideología. Todas las ideologías plausibles que conocemos tienen una teoría acerca de la distribución de recursos económicos, una teoría acerca de la distribución de los recursos políticos –por ponerlo de algún modo: las libertades y los derechos– y una teoría de la distribución de los recursos económicos.
Ahora bien, casi todas las constituciones que conocemos tienen un adecuado  mandato para la distribución de los derechos civiles y políticos, pero no tienen lo mismo respecto de los recursos económicos. Y la pregunta que intenté responder –y es una pregunta no producto de un compromiso militante, sino con la mera aspiración de entender– es: ¿por qué razón es así? No estaba hablando de los derechos económico- sociales en general, estaba hablando de los derechos a la redistribución de los recursos económicos.
Una de las explicaciones posibles es que hay mucho más consenso respecto del modo de distribuir los derechos civiles y políticos que respecto del modo de distribuir los recursos; de hecho, la igual distribución de la libertad política es un ideal que toda convicción político-ideológica tiene. No pasa lo mismo con los recursos económicos, hay gente que cree en mayor igualdad de resultados, es decir, que al final del día todos tenemos que tener más o menos lo mismo; gente que cree que la dimensión adecuada para medir la igualdad, o la satisfacción del ideal de la igualdad, son las oportunidades; otros creen que es el bienestar; etcétera. Hay muchas teorías al respecto. Pero lo cierto es que no estamos de acuerdo y una explicación posible de por qué los países en sus momentos constitucionales no consagran el derecho a la distribución igualitaria de los recursos económicos es: porque no hay consenso.
Otra explicación posible es que, por una diferencia de categoría funcional de la judicatura, los jueces están acostumbrados a resolver problemas – que para llamarlos de algún modo, los llamaré binarios– de una persona contra otra persona. A los tribunales se concurre para reclamar un derecho frente a alguien en particular. Y el modelo de adjudicación o de resolución de conflictos que nosotros conocemos está estructurado sobre la base de esa actividad.
Por eso, los jueces, en algún sentido, padecen cierta miopía. ¿Por qué digo “en algún sentido”? Porque, a diferencia de los órganos representantes de la voluntad popular, no siempre tienen en cuenta las consideraciones sistémicas o generales que los órganos representantes de la voluntad popular tienen que tener.
Para decidir cuál es la mejor redistribución de recursos económicos hace falta considerar cuestiones sistémicas porque la redistribución de recursos económicos, o la redistribución adecuada de recursos económicos –y dejo abierto qué quiere decir “adecuada” porque variará a lo largo de la concepción ideológica que cada uno tenga–, depende radicalmente de cuestiones estructurales.
Una explicación que ofrecí es que la reticencia de las constituciones a consagrar el derecho a redistribución de recursos económicos es producto de la convicción de que los jueces no son los actores primarios de ese drama; los actores primarios de ese drama son los órganos que representan la voluntad popular.
Ahora, nada de esto se aplicaba a la Argentina, de hecho en ese artículo dije explícitamente que la Argentina vivió un momento constitucional muy importante con la Constitución del 49. También dije explícitamente que estaba de acuerdo –es un artículo escrito hace más de 10 o 12 años– con lo que en ese momento eran los casos canónicos de derechos económico-sociales, que eran por ejemplo el caso Campodónico de Beviaqcua, que es un caso de Corte.
Después de ese escrito, la Corte tomó ciertas decisiones muy importantes en el ámbito de los derechos económico-sociales; una de ellas es el famoso caso Quisberth Castro, donde dijo explícitamente que los derechos económicos y sociales son derechos plenamente ejecutivos, y sostuvo, además, que tienen una operatividad muy particular –porque es lo que llama la Corte una “operatividad derivada”– y que su exigibilidad depende de que el Estado tome algunas medidas en particular. Este es un caso muy interesante porque era un caso contra la Ciudad de Buenos Aires iniciado por una mujer en situación de calle, que tenía un hijo con una enfermedad neurológica gravísima; y la Ciudad de Buenos Aires, por otro lado, tenía un programa para dar cuenta de la gente en situación de calle. La Corte sostuvo que ese programa que había sido operativizado por el Estado no era suficiente para dar cuenta de las particulares situaciones en las que estaba el reclamante. En ese contexto –en el contexto en que el Estado tomó la decisión de resolver el problema de vivienda de la situación de calle de los ciudadanos que estén en esa situación, frente al caso muy particular de un ciudadano cuyos derechos básicos no son satisfechos por ese programa–, la Corte puede intervenir.
De modo que en síntesis, creo que los derechos económico-sociales son exigibles. Lo he dicho explícitamente. Creo que la jurisprudencia de la Corte es muy ilustrativa y plausible. No sé si respondí.

7 mar 2016

Republicanismo, kirchnerismo y ¨derecha¨. Respuesta a E.Adamovsky


En su artículo “Utilización instrumental vs. republicanismo bobo. La República en uso”, publicado en la revista Anfibia (acá), el historiador Ezequiel Adamovsky busca responder a la siguiente pregunta: “¿Cuánto tuvo de legítima la preocupación por la República durante el kirchnerismo y cuánto de pretexto insincero para la crítica?”

Ya en el título del texto (Nota de la redacción: el título pertenece a los editores de la nota y no al autor de la misma), y desde el comienzo del artículo, emprende una crítica contra un término que yo mismo acuñara, el de “republicanismo bobo”. En su momento, la expresión nació para hacer referencia a la caricaturización de la noción de republicanismo que, desde el kirchnerismo, se puso en práctica en la década anterior. La idea originaria fue la de objetar el uso manipulativo de la noción de republicanismo, un concepto que cuenta con una extensa y noble trayectoria dentro de la filosofía política, y que habitualmente ha sido asociado con valores como el del autogobierno colectivo, las “virtudes cívicas” y la participación política de la ciudadanía. En la Argentina kirchnerista, en cambio, la idea de republicanismo terminó siendo convertida en un “insulto político”: los “republicanos”, en apariencia, eran los que vociferaban indignados frente a niñerías (los malos modos o los vestidos caros de la Presidenta; las “desprolijidades institucionales” propias del kirchnerismo, como el sobre-uso de la “cadena nacional”), como modo de avanzar políticas conservadoras.

En lo personal, me interesó mostrar desde un comienzo que dicho acercamiento al republicanismo era indefendible: no condecía con la historia del republicanismo (ni con la historia europea ni con la historia latinoamericana del término); empobrecía la discusión política; y necesitaba para sostenerse de un atolondrado amontonamiento y distorsión de opiniones y textos. Sin embargo, todavía hoy, hay quienes –como Adamovsky- sospechan que el concepto de republicanismo en la política argentina fue utilizado instrumentalmente para objetar las políticas “progresistas” del gobierno anterior.
  

Interesado por saldar cuentas en relación con el uso de ese concepto, Adamovsky sostiene que “la derrota del kirchnerismo y las primeras muestras de la alianza que lo reemplazó parecerían el momento ideal para preguntarnos cuánto tuvo de legítima preocupación el clamor por la República y cuánto de pretexto insincero para políticas de derecha.” Desde ese punto de partida, comienza entonces su indagación. En lo que sigue, voy a examinar críticamente el análisis que hace Adamovsky de la cuestión, pero antes de hacerlo simplemente dejo anotado también mi desacuerdo con su elección del “momento” para hacerlo. Según considero, no es para nada interesante el tiempo escogido para llevar a cabo el análisis propuesto -apenas días luego de la asunción del nuevo gobierno. En efecto, el nuevo gobierno está todavía midiendo el terreno en el que se va a mover; el Presidente avanza y retrocede recurrentemente, tratando de ver cuáles son sus márgenes de acción; y buena parte de la sociedad se encuentra todavía embelezada por “el enamoramiento de los primeros días”: todos estos elementos no ayudan a hacer balances de ningún tipo. No obstante ello, aceptemos la propuesta de Adamovsky y veamos de qué modo lleva adelante su análisis sobre (llamémoslo así) “el republicanismo insincero.”

***

El uso del término “republicanismo”: Entre la falacia de composición y el “blanco móvil”. En términos analíticos, el texto de Adamovsky es cuanto menos curioso. Innecesariamente el autor se enreda en vicios que han sido propios, en estos años, de periodistas mal preparados. ¿Por qué digo esto? Ante todo, porque el artículo dice que va a hablarnos del republicanismo, pero en ningún momento define el concepto de republicanismo contra el que luego va a disparar en su análisis. La reconstrucción que hace del concepto “republicano” resulta entonces sorprendente, sobre todo por provenir de un historiador en apariencia bien formado. Doy algunos ejemplos de las imprecisiones con que el autor presenta el concepto. Nos dice que “durante el siglo XIX los republicanos en Europa chocaron frecuentemente no sólo con los reaccionarios sino también con los liberales, quienes en varios países fueron sus enemigos”. Todo es confuso aquí: ¿De qué republicanos habla? Y cuando se refiere a los liberales, ¿a qué liberales está aludiendo? Y los reaccionarios, ¿quiénes serían? Y el enfrentamiento, ¿en qué países o lugares se habría producido? Y cuándo nos habla de los choques “frecuentes,” ¿de cuáles choques habla?, ¿de cuántos de ellos?, ¿de choques producidos en qué momento? Y, ¿cuáles serían los “varios” países en donde se habría dado la pelea? Y ¿qué pelea sería ésta (una guerra, una discusión académica, una trifulca)? ¿En qué veríamos que se trata de grupos “enemigos”?

Quiero decir nos encontramos ante una frase de presentación del tema por completo inasible –una frase que por todos lados hace agua. ¿Cómo puede ser que un historiador de la talla de Adamovsky muestre tal nivel de imprecisión en el manejo de datos, fechas y documentos, para reemplazar una historia densa y potente (la del republicanismo) por lo que parecen ser sus prejuicios?



Lo dicho en torno a la frase anterior se repite luego a lo largo de todo el resto del texto. Para no aburrir, permítanme quedarme, por el momento, con el examen de la frase inmediatamente posterior. En ella, nuevamente, el autor ratifica el notable nivel de imprecisión en el que estamos sumergidos. Nos dice entonces: “Con el correr de los años el republicanismo se fue desgranando (sic)…las ideas de los republicanos más moderados se fueron acercando a las de los liberales hasta volverse indistinguibles”. ¿De qué habla el autor? ¿Con el correr de cuáles años? ¿De qué fecha a qué fecha? ¿El “desgranamiento” producido dónde? ¿Quiénes eran los republicanos moderados, y quiénes los liberales? Ellos ¿se acercaron, se confundieron, se transformaron en lo mismo? Efectivamente, ¿ello fue así? ¿Dónde, y de qué modo? Adamovsky debería facilitarnos algunos datos efectivos de lo que dice (más que citas desvinculadas entre sí, una que aparece por aquí, otra que aparece por allá), para que no parezca que lo suyo es simplemente afirmar lo que se tiene ganas de dar por probado (volveré sobre el tema más adelante). Puede que el autor no entienda o no haya estudiado con detenimiento qué es el republicanismo, o puede que sólo lo mueva el deseo ansioso de avanzar un cierto juicio, más allá del tema o “pantalla” del republicanismo del cual, según nos dice, está hablando.

Tampoco queda en claro contra quién o quiénes está hablando el autor, cuando critica a los “republicanos”. Dice que no va a ocuparse del uso del término republicanismo en un sentido académico o ideal, sino del “republicanismo nuestro, aquel que existe concretamente en nuestra sociedad” (porque sino –esto lo admite- quien escribe estas líneas llevaría la razón en el debate). Bien, aceptemos el específico debate que propone Adamovsky, restringiendo la reflexión sobre el republicanismo al ámbito no-ideal, “nuestro” o argentino. La pregunta es entonces: ¿de qué republicanismo “nuestro” vamos a hablar?

Adamovsky arremete contra algunos académicos (mi caso incluido), pero luego va mezclando sus críticas con invectivas dirigidas contra políticos de lo que era la oposición; burlas a figuras perdidas del pasado; sarcasmos contra periodistas de poca monta. Pero entonces: ¿de quién está hablando, precisamente, cuando critica a los “republicanos”? ¿A quién o quiénes está criticando? ¿Qué rasgos, efectivamente, unirían a esos supuestos “republicanos”?

El texto presenta una política de “blanco móvil” completo: cada vez que alguien quiera desmentir al autor, él podrá respondernos diciendo que, en verdad, se encontraba hablando de otra persona. La crítica se presenta entonces como crítica global, a partir de objeciones que nos refieren, en cada caso, a una persona diferente. Falacia de composición plena.

La reconstrucción que hace el autor del republicanismo argentino o “nuestro” (aquél que se propone más específicamente discutir) resulta también muy rara. En su traslado desde el republicanismo más “ideal” al republicanismo argentino, Adamovsky pasa, de un párrafo inicial en el que (citándome), asocia al republicanismo con “Rousseau, Marx o Artigas”, al siguiente, en donde ya habla de “Domingo Cavallo” y su partido “Acción para la República”, o “Mauricio Macri” y su “Propuesta Republicana”. Repito, de un párrafo al que le sigue, el autor pasa de Karl Marx a Domingo Cavallo, y todo queda entonces amontonado en la misma hoguera. La operación es por completo objetable, pero a la vez más que interesante, por el modo en que desnuda la fragilidad del análisis. Dicha operación demuestra que, sin saber de qué hablamos todavía, podemos saltar de un siglo al otro sin explicación alguna; podemos pasar, sin transición de ningún tipo, de un filósofo revolucionario a un economista de derecha, y hablar de todos ellos como si pertenecieran a la misma categoría (el autor no ha hecho, por caso, el esfuerzo para mostrar qué “invisible hilo en común,” podría poner juntos a dichos republicanos –un trabajo sobre el que, en lo personal, he estado interesado).

Del mismo modo, conforme con el enfoque que Adamovsky nos propone, es posible asociar al republicanismo con la derecha, simplemente, porque un partido de la derecha escogió el término en cuestión para darse nombre. Ésta es, tal vez, la maniobra más pobre de todas las emprendidas. Se trata de una aproximación al republicanismo tan llamativa como la que resultaría de asociar al socialismo con el nazismo simplemente porque, en algún momento, en algún lugar, alguien escogió nombrar a un partido nazi con el apelativo de “nacional-socialista”. “El socialismo está íntimamente vinculado con el nazismo,” podríamos decir entonces, siguiéndolo. Conocemos bien, del mismo modo, la forma en que el concepto de “derechos humanos” fue utilizado habitualmente por la derecha para justificar invasiones a países “díscolos”, o represiones de movimientos sociales. Lo mismo ocurre con las nociones de lo “nacional y popular” –términos que han aparecido, ocasionalmente, asociados con partidos y movimientos de ultra-derecha. La manipulación o uso abusivo de tales términos, de ningún modo “mancha” la noble historia de aquellas categorías. Para mantener a salvo tales conceptos (derechos humanos; nacional y popular; republicanismo) es necesario saber de qué estamos hablan do cuando los designamos, en lugar de alentar la confusión para sacar provecho del “río revuelto” escogido.

***

Entre argumentos circulares y afirmaciones dogmáticas. A partir de una base conceptual tan endeble y esquiva como la citada, Adamovsky dedica el resto de su artículo a probar algo (la extendida insinceridad de la crítica al kirchnerismo, por parte de supuestos republicanos comprometidos en verdad con la promoción de políticas de derecha) que el autor parece dar ya por cierto desde antes de comenzar a exponer su argumento. Por ello mismo, el artículo no resulta persuasivo, ni puede tampoco convencer a nadie, salvo a los ya convencidos. Se trata de parámetros –el de hacer afirmaciones contundentes sin argumentar de modo acorde; el de dar por cierto lo que debió en todo caso haberse probado- que se extienden a lo largo de todo el artículo, y alcanzan todos los temas que toca, hasta terminar por darle al texto su carácter más distintivo. Presento a continuación tres grupos de ejemplos de lo dicho (afirmaciones sin el mínimo respaldo argumental necesario, dogmatismo):

Su crítica al “republicanismo bobo”. Sin haber hecho más que juntar un collage bastante insólito de citas, Adamovsky inaugura una sección subtitulada “Nuestro pobre republicanismo” afirmando, directamente (y sin que nada en el desarrollo previo pudiera relevarlo de ofrecer pruebas de lo que afirma) que “es indudable (sic) que se vienen utilizado las instituciones y los valores republicanos de manera instrumental y falaz para excluir a supuestos “enemigos de la República”, para defender privilegios de grupos minoritarios y como estrategia de marketing para políticas y políticos de derecha, más interesados en limitar o torcer la soberanía popular que en defenderla”. Se trata de una contundente afirmación que al comienzo del artículo aparecía como el principal interrogante a responder, y que ahora –sin pruebas en el medio- se presenta como cuestión ya respondida (“es indudable” en razón de qué?). Luego de enunciar esta contundente frase, y como último intento de dotarla de algún sentido, el autor busca apoyarla con un ejemplo. El ejemplo es el de los bloqueos judiciales “indebidos”, sufridos por una Ley de Medios “legalmente canalizada”, que habrían venido a “torcer la voluntad popular”, y que habrían sido apoyados por los supuestos “republicanos”.




Las preguntas que surgen entonces son obvias ¿esos fallos fueron apoyados por todos los “republicanos”? ¿Quiénes? En qué casos? ¿Frente a todos los fallos? Y, ¿para quienes lo hicieron, puede decirse que se apoyaron en malas razones o en razones apropiadas? Ninguna de tales preguntas, sin embargo, es jamás contestada: sólo nos encontramos con anécdotas. En el camino, el autor se horroriza de que en una democracia constitucional se exprese, además del poder legislativo, el poder judicial (lo que reafirma una constante en su texto, esto es, un cierto desconocimiento de lo que significa una democracia constitucional, y más específicamente, un desconocimiento de los asuntos vinculados con el derecho y la interpretación constitucional); dogmáticamente sostiene que la Ley de Medios estuvo legalmente bien “canalizada”, cuando eso es lo que justamente niegan los fallos judiciales del caso; y da por sentado (en lugar de probar) que las decisiones judiciales que repudia fueron “indebidas”. Ello así, cuando lo cierto es que la propia Corte, al avalar en general la Ley de Medios, y anticipando la posibilidad de previsibles abusos en su aplicación, sostuvo que podían llegar a producirse declaraciones de inconstitucionalidad contra la misma, si es que esas fallas previsibles no se solucionaban. Lo que resulta obvio, en todo caso, es que el autor no puede dar por sentado, simplemente, que los fallos judiciales que le disgustan son “interferencias indebidas”, mientras que los fallos que encuentra alineados con sus preferencias son valiosos, para sostener luego que la Ley de Medios estuvo “legalmente canalizada”. Su argumentación es falaz y circular, en este caso, pero el autor quiere presentar sus impresiones y prejuicios como fuera de discusión, como si fueran observaciones “naturales.” Para decirlo de modo crudo: Adamovsky cree demostrar que el republicanismo es “insincero” e “ilegítimo” porque avala fallos judiciales que –Adamovsky simplemente asume- eran “indebidos”. Argumento plenamente circular. Lamentablemente, exactamente aquello que el autor asume es lo que debía haber probado (En lo personal, aclaro que en cantidad de artículos, y de modo paralelo a la Corte argentina, avalé la Ley de Medios en general, y critiqué cantidad de situaciones particulares de abuso, como la composición y funcionamiento del AFSCA, o los criterios con que este instituto aprobó y rechazó “planes de adecuación” de distintos grupos empresarios, propietarios de medios).

***

Su crítica al macrismo. Uno de los hechos determinantes a partir de los cuales Adamovsky considera que está probada la crítica “insincera” de los “republicanos” –la “doble vara” de los republicanos, a la que califica como “pasmosa”- es (“naturalmente”, agrega) el “hecho inédito” de que Macri designara a “dos jueces para la Corte Suprema por decreto simple mediante un artilugio legal” sin crítica alguna por parte de los “republicanos.” Se trata de un hecho frente al cual él hubiera esperado una “consternación republicana” –declara indignado. Ahora bien, resulta obvio que este “hecho inédito” que subraya el autor se encuentra francamente mal escogido. El error de Adamovsky se advierte, por un lado, porque (él mismo se ve obligado a reconocerlo apenas unos renglones por debajo de su afirmación contundente referida al silencio y la “pasmosa doble vara” de los republicanos), algunos sí pusieron (lo llama así) “algún tibio reparo” frente a aquellos decretos de Macri (De hecho -convendría aclararle- fuimos muchísimos quienes pusimos reparos muy enfáticos frente a tales decretos. Pero a esta altura ello no importa, porque en el texto, pareciera, ya “todo vale”).

De todos modos, la demostración más clara del yerro del autor al escoger el ejemplo de Macri designando jueces por decretos…es que Macri no logró designar ni a un solo juez por decreto, y que por el contrario –enfrentado a críticas muy severas (las que muchos le hicimos)- se vio obligado a frenar su impulso, retroceder en su iniciativa, e iniciar el proceso de designación de sus candidatos por medio del procedimiento abierto, participativo y legal, establecido en la Constitución y en el decreto 222. Es decir, otra vez, Adamovsky dio por cierto un hecho no concretado (no concretado a partir de un “retroceso” presidencial que, justamente, y contra lo que sugiere, bien podría tomarse como uno de los pocos méritos “republicanos” de este nuevo gobierno).

Su defensa del kirchnerismo. A lo largo de todo su artículo, Adamovsky hace una defensa fuerte (no exenta de críticas) del kirchnerismo, que concentra en particular en la sección organizada bajo el título “República y republicanos hoy”. Por supuesto, cualquiera puede encontrar aspectos positivos y negativos en el kirchnerismo, y no cabe esperar de nadie que, en un artículo de opinión breve, en una revista no académica, haga un examen científico (cargado de precisas notas al pie) sobre cada uno de sus dichos. Salvo que…salvo que, como en este caso, esa defensa resulte esencial para hacer la crítica que el autor lleva a cabo a lo largo de todo su texto. En efecto, el autor necesita demostrar que “los republicanos” han criticado falsa y tramposamente al kirchnerismo. Para ello, Adamovsky necesita mostrar al menos dos cosas: que 1) el kirchnerismo no era merecedor de muchas de las principales críticas que le hicieran los republicanos, mientras que 2) los republicanos estaban en verdad interesados en defender políticas “de derecha.” Sobre lo segundo, ya procuré demostrar que el autor no logra en absoluto su cometido (como mucho, nos encontramos con la anécdota de que X o Y, que no sabemos si eran republicanos o no, hicieron comentarios que podrían vincularse con “la derecha”), así que me concentro ahora sobre lo primero. La pregunta es entonces: ¿es cierto que los “republicanos” se dedicaron a avanzar críticas inmerecidas contra el kirchnerismo (en este caso, críticas insinceras)? Para lograr su objetivo, Adamovsky debería ser más cuidadoso en su defensa del kirchnerismo impugnado. En lugar de ello, el autor vuelve a la modalidad de siempre, al camino ya señalado: dar por cierto aquello que debiera haber demostrado.

Señalo rápidamente algunos ejemplos en este sentido. Adamovsky quiere demostrar, por ejemplo, que el gobierno no avanzó políticas represivas, y para ello se eleva hacia lo obvio o lo absurdo (la llegada del kirchnerismo al gobierno no implicó –nos dice- el “ascenso de un régimen igual al de Mussolini, con grupos armados y todo”), dejando de ese modo oculto lo que es grave y verdadero –por ejemplo, las decenas de muertos en situaciones de protesta social, que organizaciones de derechos humanos como el CELS o CORREPI verificaron y cuantificaron con contundentes datos. Adamovsky sostiene, contra ello, que los espacios públicos pudieron utilizarse “para la protesta sin incidentes”. Para Adamovsy, según parece, las muertes por decenas y las balas de goma reiteradas resultan en el peor caso “incidentes”, que por fortuna ni siquiera ocurrieron. Las sistemáticas represiones con Gendarmería, ordenadas típicamente en la Panamericana, desde el Ministerio de Seguridad (con Berni a la cabeza) contra los obreros de Lear, Kraft, Pepsico y Donnelley, por ejemplo, no existen en su artículo. El espionaje contra trabajadores y militantes de izquierda, a través de Proyecto X, no existe tampoco. No se trata de temas menores: si quisiera tomar a los críticos del kirchnerismo en serio, Adamovsky vería que muchas de las objeciones que los republicanos “hicimos” contra el kirchnerismo, no eran ociosas ni insinceras, sino merecidas, y además consistentes con un ideario de izquierda e igualitario. Adamovsky oculta en cambio lo que muchos de nosotros visibilizamos. Lo mismo en la crítica a los medios públicos, utilizados durante el kirchnerismo para que se escuche sólo la voz oficial, o para “escrachar” a los que pensaban diferente. No se trata de quejarse por tonterías, sino de impugnar un uso temerario del aparato del Estado.

Adamovsky critica a los republicanos alegando que ellos temen las “discusiones políticas ásperas” (una tontería repetida por el kirchnerismo más bobo, hasta el cansancio) Pero, caramba, podría responder alguno: Adamovsky acusa a los opositores por temer las “discusiones ásperas”, mientras avala la operatoria de un gobierno que redujo al mínimo las voces críticas en los medios públicos; que no hablaba con la prensa; que ocultaba los datos y mentía los números; que llenaba los canales públicos de pagados aduladores. ¿Quién sería entonces el que le tenía tremendo miedo a la “aspereza”?

Para que se entienda bien lo que digo: no me interesa aquí sostener que el kirchnerismo fue peor o mejor que tal o cual partido o gobierno anterior, en tal o cual aspecto. Ésa es una discusión interminable, que aquí no resulta relevante. Lo que digo es que si Adamovsky quiere mostrar que las críticas de los “republicanos” al kirchnerismo fue insincera, porque ellos hicieron (“hicimos”) objeciones frente a asuntos irreprochablemente resueltos por el kirchnerismo, entonces él debiera hacer un esfuerzo que no hace, para probar que en esas áreas sensibles que criticamos –pongamos, las que nos refieren a la represión contra la clase obrera; al espionaje contra los militantes de izquierda- lo hecho por el kirchnerismo fue impecable. Adamovsky no hace, entonces, lo que (dados los objetivos que él mismo se había propuesto) debiera haber hecho. Por el contrario, otra vez, toma a esos hechos en cuestión como hechos obviamente probados.

***

Concluyendo. A partir de lo expresado anteriormente, entiendo que el trabajo de Adamovsky sobre republicanismo y kirchnerismo resulta muy defectuoso. Las críticas que el autor hace al republicanismo parten de un concepto de “republicanismo” que jamás define, por lo que no se sabe nunca qué es lo que está criticando. Sus argumentaciones son incompletas y superficiales, a menudo falaces, y con frecuencia circulares. Para colmo, ellas presuponen aquello que están obligadas a probar. Una estrategia central en el artículo es la que llevó al autor a esconderse frente a toda crítica, disparando para un lado para luego –frente a cualquier objeción posible- dejar abierta una puerta o coartada, que le permita escapar en la dirección contraria. Si uno le replicara entonces “yo no he dicho tal cosa” (pongamos, “yo no he defendido nunca políticas de la derecha”), él podrá responder, “pero sí lo ha hecho tal otro” (llámese Elisa Carrió, Luis Alberto Romero, o el Presidente Macri). Si uno le demostrara que ha hecho las críticas que él reclamaba (por ejemplo, las críticas a los decretos iniciales de Macri, la crítica a sus primeras acciones represivas, la crítica a su plan económico, la crítica al levantamiento de las retenciones mineras), él podrá responder (como de hecho hace en el texto) diciendo que, en cambio, “la UCR sí apoyó en bloque” tal otra cosa. Si uno le mostrara que las denuncias que levantó contra el gobierno anterior eran denuncias probadas (la “represión terciarizada,” como la que terminara con la vida de Mariano Ferreyra; el espionaje montado a través de Proyecto X, etc.), él podrá responder (como también lo hace en el texto) diciendo que la diputada Carrió, abrazada a su “muñeca Republiquita” hizo denuncias “francamente bizarras”. Si se le mostrase que uno defendió sólo políticas genuinamente de izquierda y republicanas (la democratización de la política tanto como la democratización de la economía), él sostendrá entonces que “Domingo Cavallo bautizó Acción por la República” a su partido, para contaminar de ese modo a todo el republicanismo, presentándolo como una concepción que se ha transformado, subrepticiamente, en “la derecha.” Es como si, en lugar de argumentar, el autor simplemente dijera aquello que tiene ganas.

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Por supuesto, nadie duda de que los gobiernos kirchneristas (como cualquier otro gobierno) recibieron –también- críticas de mala fe y críticas desde la derecha política. Pero el punto que interesa aquí es otro: la afirmación de Adamovsky según la cual “el republicanismo nuestro” fue en buena medida insincero, y procuró con sus críticas ocultar su predilección por políticas de la derecha, es por completo falsa, y el autor la da en buena medida por verdadera. Para decirlo con un ejemplo: el hecho de que Juan, Pedro y María -quienes, por lo demás, difícilmente puedan ser clasificados como republicanos bajo cualquier acepción medianamente inteligible del término- hayan presentado, ocasional o habitualmente, críticas insinceras e interesadas al kirchnerismo (que es lo que nos muestra Adamovsky, a través de citas y anécdotas entre sí desconectadas), no nos dice nada sobre el republicanismo, nada sobre la izquierda, nada sobre la derecha, y nada siquiera sobre los sujetos nombrados. Se trata, en todo caso, de un mero muestreo de historietas amontonadas.

Expuestas ya las razones de mi crítica al artículo de Adamovsky, agrego una impresión final, que es sólo una corazonada. Creo que ocurre con el autor lo que ocurriera en estos últimos años con otros intelectuales que se acercaron al kirchnerismo desde la izquierda. En términos de la política local, nada les ha dolido tanto como las críticas que, frente al gobierno anterior, muchos (les) hemos hecho desde una cosmovisión izquierdista. Esas críticas demostraron, una y otra vez, que se encontraban apoyando medidas que –conforme a los ideales que ellos mismos habían sabido invocar- debían haber criticado. Por ello la ansiedad por mostrar que “nuestras” críticas eran “insinceras”; por ello la urgencia por decir que “nuestros” argumentos eran interesados; por ello la desesperada vocación por probar que en realidad “los republicanos” nos “pasamos de bando”. Si ésa es la pretensión, deberán seguir trabajando. Sigo, como seguimos tantos, afirmando los mismos ideales igualitarios que afirmaba hace tiempo, y creyendo que ellos estuvieron situados en el lugar equivocado. Sigo pensando que ellos callaron lo que debieron hablar. Sigo pensando que defendieron políticas que debieron haber enfrentado.
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Protesta-ACIJ-Protocolo


5 mar 2016

Cristina, Lula, Evo

Decir que hay una conspiración internacional contra Cristina, Lula y Evo es tan verosímil como decir que la hubo contra Menem, Alan García y Fujimori, o que el capital internacional obligó a la salida anticipada de De la Rúa, Collor de Melo y Abdala Bucaram

4 mar 2016

Crítica al Protocolo anti-piquete


(Publicado hoy en La Nación, acá )

Nadie duda de que, luego de años de descontrol y abusos en la materia, es necesario volver a fijar reglas compartidas sobre la protesta. Sin embargo, el nuevo Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas, promovido recientemente por el Consejo de Seguridad Interior, adolece de problemas procedimentales y sustantivos, políticos tanto como jurídicos, y requiere por lo mismo ser revisado en su integridad.

Se trata de un tema -la protesta, sus alcances y sus modos- que una parte significativa de la sociedad quiere regular (lo cual, por supuesto, no es razón suficiente para hacerlo) a la luz de lo que entiende fue un injusto desmanejo, propio de la gestión anterior. Esa gestión dejó en la materia un legado calamitoso: una parte de la sociedad convencida de que en la calle "cualquiera puede hacer cualquier cosa"; trabajadores espiados y reprimidos cotidianamente por las fuerzas de seguridad oficiales, y militantes encubriendo con palabras ("el Gobierno no reprime") los golpes que quedaban marcados sobre los cuerpos de los manifestantes (obreros de Lear, Kraft, Pepsico y Donnelley, entre otras empresas). Ese triste legado de ningún modo blinda al nuevo gobierno frente a las objeciones que merece por el modo en que ha abordado el tema.


Sobre los problemas procedimentales que se han generado, corresponde señalar que, dadas la seriedad e importancia del tema, merecía ser tratado con especiales cuidados: el Protocolo debió ser el resultado de una conversación profunda e inclusiva, que involucrara a todos los afectados (organizaciones de ciudadanos, partidos políticos, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, grupos sindicales, etc.). Por el contrario, terminó redactándose a las apuradas, por un equipo movido (otra vez) más por la urgencia de sobreactuar autoridad y eficiencia que por el compromiso efectivo con los derechos de los ciudadanos.

Habrá que decirlo una vez más: quienes propiciamos el debate colectivo no lo hacemos motivados por sensiblerías o pruritos formales, sino convencidos de que, muy habitualmente, sin consultar con aquellos con los que pensamos distinto, decidimos mal, sonoramente nos equivocamos. Lo que podía entonces preverse es lo que ha ocurrido: cuando una cuestión pública de primera importancia queda en manos sólo de unos pocos, el resultado tiende a reflejar, innecesariamente, los sesgos y errores propios de esos pocos.


Ante todo, conviene decir que el Protocolo comienza planteando el contexto jurídico del modo equivocado. En efecto, en sus primeros renglones, el Protocolo enumera una serie de derechos que entrarían en conflicto en situaciones de "cortes": por un lado, se nos dice, hay derechos como los de expresión, reunión y petición; por otro, derechos como los de circular y trabajar libremente. El error de enfoque ya parece grueso. Y es que en la enorme mayoría de los casos de protesta que se registran en el país, la ciudadanía no se moviliza en pos de sus "derechos expresivos" sino, antes bien, en nombre de otros derechos fundamentales que el gobierno le negó o niega, y que incluyen, por caso, derechos relacionados con la salud, la vivienda o el trabajo. (Por supuesto, éste no es siempre el caso y, por tanto, el nivel de protección que habrá de merecer la queja de los manifestantes deberá ser mayor o menor, entre otras razones, conforme al tipo de derecho afectado y la gravedad de esa afectación). El punto es importante porque ayuda a romper la simplificación boba en que se tiende a caer en el análisis del asunto ("libre expresión vs. libre tránsito"). No es ése el dilema en juego, ni ése el modo de plantearlo.

¿Significa esto que los derechos de los que quieren llegar a su trabajo o a su casa en tiempo no importan? No, en absoluto. Importan y mucho. Pero ello no justifica simplificar las cuestiones como si se tratara de individuos caprichosos que se quejan por ganas, movidos por la maliciosa vocación de molestar al resto. Mucho menos, cuando advertimos que los derechos que más gravemente suelen ser afectados en estos casos lo son por obra y falta del Estado.

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Otra cuestión sustantiva es la que se refiere a la modalidad de la protesta (el "corte de calles"), que el Protocolo se apura en calificar, con la ayuda del art. 194 del Código Penal, como "delito en flagrancia". Todo está mal en este enfoque. Ante todo, hay un error en el encuadre jurídico, porque, en una mayoría de los casos, lo más importante que está en juego son derechos fundamentales que el Estado viola, cuando tiene el deber de asegurarlos. De resultas de ello, no corresponde comenzar hablando de "delincuentes" (frente a los cuales podría legitimarse el uso de la fuerza), cuando el Estado es parte principal del problema, al omitir asegurar aquello a lo que está constitucionalmente obligado (siguiendo con la lógica del Protocolo, se justificaría entonces hablar de un "Estado criminal", lo que también resultaría un exceso).

Por otro lado -y éste sería otro problema sustantivo en juego- el asunto se le complica al Estado porque no sólo no garantiza derechos sociales básicos, sino que además se muestra comprometido con un sistema institucional aciago. Estamos, en efecto, frente a un Estado que desde hace décadas bloquea o vacía de contenido los mecanismos institucionales que podrían ayudar a la ciudadanía a acceder a sus representantes, a cuestionarlos y a hacerlos efectivamente responsables por las faltas que han cometido. Este tipo de problemas trascienden a nuestro país y a este peculiar momento político, más allá de la forma en que el kirchnerismo, en nuestro país, los haya agravado. Cualquier ciudadano puede reconocer la situación a la que me estoy refiriendo, que puede ilustrarse con un ejemplo cotidiano. Frente a fallas graves en los servicios públicos, de las que el Estado debiera hacerse cargo, los vecinos "tocan todos los botones" del sistema institucional pero ninguno responde: ninguna queja llega a destino; ningún funcionario ofrece explicación alguna de lo ocurrido; ningún representante termina resultando inculpado como responsable del maltrato.

Es dentro de este contexto de "vacío institucional" de donde surgió, en los albores de 2001, la modalidad de protesta con "cortes" orientada, sobre todo, a llamar desesperadamente la atención de funcionarios y conciudadanos que por otros medios no escuchaban o se desentendían de lo ocurrido. Desde entonces hasta hoy, algunas cosas (pero no muchas) han cambiado (el sistema institucional sigue tan cerrado como entonces), y por ello necesitamos volver a pensar colectivamente sobre los alcances y límites de la protesta. Pero, en todo caso, el Estado debe reconocer no sólo su responsabilidad "material" por los derechos que no asegura, sino también su responsabilidad "institucional" por los canales de reproche y sanción a funcionarios que no ha restaurado. El resultado al que se llega no es por lo tanto sorpresivo: cuando los ciudadanos reconocen que los canales institucionales de queja no responden, comienzan a explorar formas extrainstitucionales de protesta.

En síntesis, luego de años de descontrol y abusos es necesario volver a fijar reglas compartidas sobre la protesta. Sin embargo, esas reglas deben ser construidas colectivamente, antes que impuestas, y deben escribirse tomando en cuenta las responsabilidades de los ciudadanos que se exceden, tanto como las omisiones y faltas que son responsabilidad del Estado. Por un lado, el Estado que preserva un sistema institucional en extremo degradado no puede dejar de asumir las consecuencias de su falta y mucho menos imponer soluciones policiales a los problemas sociales que él mismo ha generado. Por otro lado, el Estado que ofende derechos básicos no puede tratar como "delincuentes" a los que se quejan por fallas suyas que no son dispensables: se trata de graves, masivos y constantes agravios constitucionales.

3 mar 2016

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