22 sept 2007
Referéndums y medio ambiente en Perú (del corresponsal Heber Joel)
La actitud del gobierno peruano frente al referéndum promovido por las municipalidades de los distritos Carmen de la Frontera, Ayabaca, y Pacaipampa revela antes que un legitimo interés en que no se altere el orden público, o se afecte la inversión privada, el rechazo a la critica y a la deliberación como instrumentos de la democracia.
El mito del desarrollo
Durante los 90's en el Perú se impuso una política de apertura comercial que era un calco de las recetas previstas por el Consenso de Washington. Esta recepción acrítica de las políticas económicas motivó que en muchos casos las iniciativas comerciales que lideraba el gobierno se llevarán a cabo sin considerar su impacto en la población, especialmente en la de menores recursos, al tiempo que éstas fueran matizadas (característica propia de un "país al margen de la ley") con actos de corrupción que trajeron como consecuencia su desprestigio y rechazo por parte de la ciudadanía.
Durante esos años se plasmo la idea de que el desarrollo era posible más allá de las libertades políticas, y que a diferencia de lo que sostenían los sectores de izquierda, la clave estaba en el mayor crecimiento económico. La tesis "liberista" afecto no sólo la integridad de sendas instituciones, sino -lo más importante- la integridad de una cultura afincada en la defensa de los derechos.
"Ello tienen voz"
El punto central, amen de otros temas, que se nos plantea en el presente caso es el de la validez o invalidez del referéndum. Voceros del gobierno han alegado que esta iniciativa no sólo es inconstitucional, sino que es además "subversiva", en tanto alienta mensajes que van en contra del crecimiento y modernización de Estado. Los que están a su favor, replican en cambio que el referéndum es perfectamente valido, y que al margen de si los pobladores de las estas regiones tienen razón o no, lo que se debe asegurar es la mayor amplitud de voces posible.
Al respecto, es importante recordar que en democracia no sólo habla el Estado. Es más, por lo general su voz es la que menos trascendencia tiene, puesto que a diferencia de la de los ciudadanos ésta no es autónoma, sino que se encuentra coligada con el deseo, anhelos y objetivos de estos. En democracia son los ciudadanos quienes a través no sólo de sus representantes deciden el rumbo político de la sociedad.
La democracia demanda, por tanto, debate, polémica, intercambio de ideas, sean éstas del calado que sean, y que más allá de los caprichos u objetivos de quienes ejercen el poder, se imponga una ética de apertura y pluralismo, que lleven -incluso que lleven- en algunos casos a tomar decisiones que afecten los nobles objetivos del gobierno.
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1 comentario:
Interesante el caso. Cosas similares están pasando en la Argentina, en Colombia, en Bolivia. Mantenenos al tanto de la evolución jurídica de situaciones como ésta, gracias
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