Violencia, protesta, escrache

Los acontecimientos de los últimos días reafirman que, como todo lo demás, también estamos pensando mal sobre la protesta. A mí me interesó e interesará decir siempre que la protesta, dentro del constitucionalismo, es un valor que debe ser respetado y tomado en serio, como no suele serlo. Siempre dije y seguiré diciendo que el derecho se ha acercado mal a la cuestión, en su ansiedad por criminalizar a aquellos que debiera escuchar en primer lugar. Más todavía: la obligación central del derecho es la de asegurarle a cada habitante los derechos constitucionales (sociales, económicos) que habitualmente les niega. Del mismo modo, importa decir que el Estado suele ser el principal responsable de las violencias que luego condena: responsable por los derechos que está comprometido a garantizar y no garantiza; responsable por el uso ligero e irresponsable de la fuerza bajo su control; responsable por convertir al derecho penal -ultima ratio- en primera respuesta frente a quienes protestan. Quiero reafirmar además, la íntima conexión que existe entre democracia y protesta, y la contribución que la última hace a la primera, sobre todo cuando reconocemos el pésimo funcionamiento del sistema institucional, y el modo en que los gobiernos -en particular en los últimos 30 años: menemistas, kirchneristas, macrista- han bloqueado o cerrado los caminos institucionales que debieran abrir y ensanchar.

Es tal el valor de la protesta, que aún acciones de desafío al derecho (cortar una ruta; insultar o silbar a un político en un escrache; pintarrajear la casa de un represor; etc.), pueden ser en algunos casos justificadas; en otros excusadas; en otras reprochadas de forma muy moderada. En lo personal, esto es lo que dije y diría siempre, contra quienes vieron cualquier corte de ruta solamente desde el lado de la violación de derechos; quienes pensaron los escraches bajo el prisma absurdo de "acto nazi"; o quienes asociaron al debate democrático, simplemente, con la conversación entre caballeros (y no, también, con "actos expresivos" de diferente tipo).

Esa apertura y sensibilidad del derecho, que muchos aconsejamos, ha sido tomada por algunos (agentes judiciales, pero también activistas) como "carta blanca" para afirmar la trivialidad irresponsable del "todo vale"; o para asimilar un acto criminal a un "acto expresivo" amparado por la libre expresión. Así, ya sea que hablemos de golpear a un político en la calle; arrojar un "fuego de artificio" al "enemigo" (en el país de Cromagnon!); destruir la vereda para romperle la cabeza a piedrazos los opositores del modelo nacional y popular. Todo esto resulta inaceptable: actos como los referidos, tanto como la defensa que los colegas hacen de tales actos. Muchos colegas siguen trabados en la lógica represiva según la cual el que piensa distinto que yo no es un ser humano, y por lo tanto puedo destruirlo -su sangre no importa.

Quiere decir esto que el problema central que enfrentamos es el de las protestas ciudadanas? No, en absoluto, porque me estoy refiriendo a los actos de violencia que dañan a otros, y no a las protestas, que pueden ser realizadas de modo pacífico, como se han realizado tantas veces, aún en relación con los genocidas. Quiere decir esto que la violencia ciudadana es equiparable a la violencia estatal? No, en absoluto, porque la violencia estatal, ni hace falta decirlo, es siempre más grave, por la magnitud del poder coercitivo que controla el Estado, y por la responsabilidad especialísima que tiene cada gobierno por el uso de esa fuerza, que siempre debe quedar sujeto al control más estricto, y puede autorizarse sólo en el último caso. 

Quiere decir lo anterior que el Estado tiene el derecho de reprimir tales actos de violencia ciudadana? No. Otra vez, la misma pregunta tiene que ver con la ansiedad por justificar lo injustificable, o acusar como cómplice al que disiente con uno. El Estado, en primer lugar, debe actuar de modo justo, y también de un modo que sea percibido como justo, y hoy no lo hace ni lo parece. Segundo, el Estado debe ayudar no sólo a que la crítica se exprese, sino a que los ciudadanos pueden hacer responsables a sus representantes, desafiarlos, y exigirles cambios en sus decisiones -no sólo con el voto, sino a través del ejercicio cotidiano de la democracia (por eso rechazamos siempre la verguenza kirchnerista del "armá tu partido y ganame la próxima elección": democracia es todos los días, no sólo las elecciones). Esto tampoco ocurre hoy, como no ocurría antes (en los años del "decido en secreto, por sorpresa" del menemismo; o en los tiempos de "mando este proyecto de ley, y no se cambia una coma," del kirchnerismo que negó siempre el debate democrático). En tercer lugar, el Estado tiene muchas herramientas para impedir la violencia, empezando por la prevención (lo empezó a hacer en las canchas de futbol, y mostró que es posible prevenirla), cuando todas las etapas anteriores (que deben ser cumplidas) las ha salteado o violado (lo a la vez, cabe subrayarlo, mina su autoridad, y con ello también, su autoridad de reproche). En cuarto lugar, el Estado no está autorizado nunca a llevar a cabo actos de violencia descontrolada como los que viene mostrando cada día. (Si el gobierno actual se anima a hacer, en público, lo que hizo el lunes pasado, qué no se animará a hacer en algún confín patagónico o formoseño, lejos de la atención general?). Finalmente, es obvio que el Estado debe responsabilizar a los que -quitándole humanidad a sus "enemigos"- enfrentan y atacan a los que ubica "enfrente," como si lastimar a un periodista "contrario"; o herir a un agente del gobierno fueran actos justificados, propios de la guerra. Simplemente, no estamos en guerra.