2 x 1 + Ley interpretativa

Publicado hoy en Clarín, acá

En tiempos en que la Corte Suprema vuelve a decidir sobre cuestiones relacionadas con los juicios de lesa humanidad, resulta de especial importancia reflexionar sobre estos temas que involucran el tratamiento legal del genocidio; los modos del accionar justificado de la Corte Suprema; y las formas apropiadas de la interpretación constitucional. Siendo tantas las cuestiones relevantes aquí comprometidas, me contentaré con presentar algunas observaciones y dudas sobre un conjunto de problemas particularmente ríspidos.

En primer lugar, casos como el del 2 x 1, decididos por el máximo tribunal, merecen clasificarse dentro del grupo de casos “difíciles” resueltos por la Corte en las últimas décadas. Señalo esto porque –es mi impresión- parte de la doctrina y, tal vez, aún algunos de los propios miembros de lo que fuera la mayoría del tribunal (mayoría de 3 contra 2) que decidió el caso, pensó –o quiso hacernos creer- que se trataba de un caso “fácil”, en donde sólo había que aplicar la “ley más benigna” (supuestamente, la del 2 x 1), para reconocer por tanto la “baja” en la pena asignada (a Muiña, en dicho caso). Y punto. Eso es lo que sugeriría un caso “fácil”: “simplemente, aplicar el texto prístino de la ley. 

Lamentablemente, sin embargo, el conflicto en cuestión en casos como “Muiña” (que mezclaba crímenes de lesa humanidad con la ley de 2 x 1 sobre la reducción de las penas) venía complicado al extremo, y requería de un enorme esfuerzo interpretativo de parte de la comunidad jurídica (y no de la “mera aplicación de la ley”). Muy rápidamente, menciono algunos de los problemas involucrados entonces: i) la ley del “2 x 1” rigió durante un breve período (1994-2001), en el que el acusado (“Muiña”) se encontraba prófugo, y los delitos por los que se lo acusaba estaban amnistiados –por lo tanto, el legislador dictó la ley del 2 x 1 consciente de que los beneficios que dicha ley reconocía no iban a aplicarse sobre este tipo de casos gravísimos; ii) el delito en cuestión (desaparición de personas) es un delito “continuo”, que por lo tanto el acusado “lo seguía cometiendo” (el Código Penal y el principio de ley más benigna aludiría en cambio a delitos ya terminados); iii) los crímenes de lesa humanidad siempre “corrieron por cuerda separada” en relación con los demás delitos, tanto por su gravedad, como por las exigencias de la comunidad internacional en la materia –exigencias que cobraron un estatus especial luego de dictada la Constitución de ese mismo año, 1994. 

Seguramente, podemos disentir sobre cómo sopesar factores como los citados. Sin embargo, lo único que me interesa decir por ahora es que, escenarios como estos no son los propios de un caso  “fácil”, que sólo exige de nosotros “la mera aplicación de la ley” (más benigna”). Necesitamos de un extraordinario esfuerzo interpretativo –argumentar detalladamente y persuadir- frente a tamaños problemas. 

En el caso en cuestión, por lo demás, todo se (ultra) complicó, luego de que el Congreso dictara una “Ley Interpretativa” sobre la ley “2 x 1”, para dejar en claro qué es lo que quiso hacer, y qué no, cuando dictó la misma. El problema se agravó al extremo porque, para algunos, dictar “leyes Interpretativas” implica consagrar la posibilidad de que el Congreso condene a alguien “inventando” una ley que no existía cuando ese alguien cometió una falta. Estos críticos presentan a las leyes interepretativas, entonces, como un escándalo “propio de regímenes nazis”: “sólo ellos son capaces de dictar leyes retroactivas” -agregan. Otra vez, me parece que llegar a este tipo de conclusiones implica ir demasiado rápido y a los saltos. Para muchos de nosotros, normas “aclaratorias” como la señalada no nos remiten al nazismo, sino más bien a pensadores y constitucionalistas extraordinarios, como Thomas Jefferson. Jefferson, en efecto, le señaló temprana y célebremente al jurista Spencer Roane (en 1819), que las tres ramas de gobierno tenían el derecho de intervenir en la interpretación de la Constitución, para fijar el marco de sus deberes. De lo contrario –sostuvo Jefferson- la Constitución iba a convertirse en un “mero objeto de cera en manos de los tribunales.” Para muchos de nosotros, que consideramos que la tarea de interpretación constitucional es un emprendimiento colectivo que nos involucra a todos, concepciones (que la doctrina denomina “departamentalistas”) como la de Jefferson, no nos remiten entonces al nazismo, sino a las mejores versiones de la “democracia como diálogo”. Lo que quiero decir no es que Jefferson tenía razón, indubitablemente, sino que la posición contraria (que habla de “nazismo” para referirse a este desacuerdo sobre los alcances de la labor legislativa) resulta por completo descabellada. Y es que no parece nada insensato que el Congreso le diga al juez: “Ud. le está atribuyendo a una ley que yo dicté, un sentido por completo distinto al que yo quise darle. No me malinterprete!”

Por supuesto: debemos estar siempre en guardia frente al riesgo de abusos legislativos (no queremos que el Poder Legislativo “invente” lo que no dijo). Pero lo mismo vale respecto de los riesgos del abuso judicial (no queremos que los jueces “inventen” que el legislativo dijo algo que éste negaba o que, como en este caso, ni estaba en condiciones de afirmar). De todas formas, otra vez, mi punto es más básico: la visión “departamentalista” de la intepretación constitucional (la que dice que la interpretación no es tarea exclusiva del Poder Judicial) no tiene absolutamente nada que ver con el extremismo político o el nazismo, y tiene mucho que ver, en cambio, con la “democracia del diálogo.”

De manera similar, es cierto que debemos estar siempre alertas frente a quienes, presentando como coartada la excusa de que están “interpretando la Constitución,” nos remiten en verdad a lo que ellos quisieran que la Constitución diga. Pero esto es tan cierto como que debemos estar alertas frente a quienes, alegando que sólo están “aplicando lo que está escrito en las leyes,” pretenden consagrar, en verdad, la peculiar lectura que desean avanzar de esas normas escritas. Nos dicen entonces “yo sólo aplico la ley”, cuando en verdad, sólo están imponiéndonos la lectura que ellos prefieren.