https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/vuelcos-nuevas-formulas-justicia_0_tUR_hOBUz.html
Examinaré a
continuación, brevemente, algunos de los muchos hechos jurídicos notables
sucedidos durante el último año. Al hacerlo, tendré que dejar de lado temas de extraordinaria
importancia –como la discusión sobre el aborto- que merecen un tratamiento separado;
u otros -como el de los cambios recién operados al interior del Consejo de la
Magistratura- tan relevantes como expresivos de algunos de los rasgos más
degradados de nuestra vida política.
La
causa de los cuadernos. La llamada “causa de los cuadernos”
representó un “tsunami”, desatado al interior de la ya turbulenta esfera
pública nacional. Como sus experiencias “hermanas” –el mani pulite italiano, el Lava
Jato en Brasil- la “causa de los cuadernos” vino a definir un antes y un
después en la historia jurídica nacional. Por primera vez, en décadas, vimos
los pasillos de los tribunales transitados por personajes del poder que no
solían frecuentar esos corredores en calidad de imputados.
Figuras como la de la
“delación premiada” hicieron su sorprendente trabajo. Del mismo modo que, en
los años 60 –y a partir de una iniciativa del gobierno de Arturo Illia- se
creara la herramienta del “enriquecimiento ilícito”; ahora, la herramienta de
la “delación premiada” vino a tornar posible la respuesta penal que los
poderosos de la política y de la economía se habían ocupado de obturar,
ocluyendo así las posibilidades de toda persecución judicial exitosa. Desde ya,
necesitamos discutir acerca de los pormenores de tales iniciativas, y asegurar
que en ningún caso dichas herramientas den lugar a indeseables abusos sobre las
garantías que nos corresponden a todos. Sin embargo, también se trata de no ser
ingenuos: una y otra vez los grandes empresarios y los principales protagonistas
de nuestra vida pública, se las ingeniaron para domesticar al derecho.
Convendría estar atentos, por ello, frente a quienes hoy gritan “garantías,
garantías”, recubiertos de piel de cordero.
Protocolos
de seguridad. Cómo tratar jurídicamente a los casos
derivados de la “inseguridad ciudadana”? Esta perenne discusión nacional volvió
a actualizarse a partir del “episodio Chocobar”
-es decir, a partir del procesamiento del agente de la policía Luis
Chocobar, en razón del “homicidio agravado” del que se lo acusara por la muerte
de un joven involucrado en el asalto a un turista, en La Boca. Días atrás, y
con el fin de la reunión del “G20”, se reavivó aquel debate a través de la
promoción de un “protocolo de seguridad” impulsado desde el Ministerio
respectivo.
Otra vez, se trata de
cuestiones complicadas, sin soluciones obvias. Por eso mismo, sin embargo,
resultan particularmente reprochables las respuestas –entre atolondradas y
bobas- con que el gobierno fue jalonando sus iniciativas en la materia: el
Presidente no podía recibir como héroe a un policía acusado –en el mejor de los
casos- por la muerte impiadosa de un delincuente; el Ministerio de Seguridad no
debía reemplazar el acuerdo político necesario en la materia, por la imposición
de un “protocolo de seguridad” –en el mejor de los casos- desprolijo; la
Ministra de Seguridad no podía trivializar la discusión debida, con
declaraciones –en el mejor de los casos- desafortunadas, acerca de la “zaffaronización”
de nuestras conversaciones sobre seguridad. Todas las preguntas importantes
–sobre la justificación del “gatillo fácil” en el marco de una policía nacional
pésimamente entrenada y formada; sobre la efectividad real de las políticas de
“mano dura” en la reducción de los índices de criminalidad; etc.- siguen sin
siquiera atisbos de una respuesta sensata.
La
Corte y el “2 x 1”. Este año fue también uno de eventos
trascendentes en torno a la Corte Suprema. Por un lado, se produjo recién un estridente
cambio de autoridades al interior del tribunal, y Carlos Rosenkrantz fue nombrado
Presidente de la Corte, en reemplazo de Ricardo Lorenzetti. El cambio parece
acompañar un nuevo vaivén en la agenda y las posiciones dominantes dentro de un
tribunal que, históricamente, ha tendido a orbitar en las cercanías del poder
político. Por el momento, la renovada
Corte todavía no muestra un perfil definido aunque tenemos, sí, algunas
primeras señales al respecto: cierta vocación “nacionalista”, en los casos que
involucran al Sistema Internacional de Derechos Humanos; un impulso
social-conservador o social-cristiano (“peronista,” dirían algunos) en materia
social; cierta deferencia hacia los intereses del empresariado o las “fuerzas
productivas” (también “peronista”). Todo esto, de todos modos, resulta incierto
todavía: no se trata de tendencias firmes o confirmadas. En todo caso, el
reciente fallo “Batalla” –una nueva vuelta de tuerca sobre la cuestión del “2 x
1”- nos muestra, otra vez, a una mayoría cambiante al interior del tribunal, y junto
a ella la reafirmación de uno de los viejos rasgos del tribunal: la defensa una
lectura posible, no desdeñable, en torno a los significados del pacto del
“Nunca Más.”
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