HACIA UNA CARACTERIZACIÓN DEL GOBIERNO DE CAMBIEMOS. La ampliación del horizonte punitivo y los derechos humanos

Febrero de 2018

A más de dos años de gestión, es necesario hablar del gobierno de Cambiemos sin utilizar como atenuante la insistente coartada acerca de la “herencia recibida”. Importa analizar el actual gobierno en términos políticos, económicos, sociales y culturales, en sí mismo; esto es, como un proyecto autocontenido, visible en las políticas que se han venido aplicando en los diversos órdenes, a lo largo de estos dos primeros años.

Eso no significa que haya que dejar de lado el pasado o analizar la situación actual del país ignorando la historia anterior. Al contrario, podríamos señalar las continuidades y rupturas que representa el gobierno de Cambiemos respecto de otras gestiones gubernamentales, post-1983; también podríamos hacer hincapié sobre las responsabilidades del gobierno anterior en el actual estado de cosas (social, político, económico) o su tolerancia para con la corrupción; asimismo, podríamos marcar los problemas económicos y sociales traspasados por el gobierno anterior así como la ausencia de autocrítica de parte de diferentes sectores –políticos, económicos e intelectuales- respecto de las políticas previas a 2015. También podríamos ocuparnos de ciertas mejoras que se observan en algunas áreas de gobierno con respecto a gobiernos anteriores, como así también del accionar de muchos grupos de la oposición cuya crítica sólo busca limpiar las responsabilidades propias en el pasado y culpar a la actual gestión de todos los problemas del país.

Sin embargo, y no sólo por un problema de extensión, en este primer documento de análisis crítico de la gestión de Cambiemos, nos interesa ocuparnos de una cuestión que ya es un signo inequívoco de este gobierno y que merece una reacción urgente: su retórica y su política en materia de derechos humanos y de seguridad ciudadana. Para ello, lo primero es señalar que las referencias al pasado ya no son suficientes para explicar lo que está sucediendo; incluso, se vuelven cada vez menos necesarias para caracterizar al actual gobierno argentino. Más aún, el uso y abuso que la gestión actual ha venido haciendo de la “herencia recibida” en muchos casos no buscó siquiera superar problemas heredados sino más bien tendió a profundizarlos, tal como lo ilustra la continuidad de la dinámica polarizadora de la sociedad o la profundización de la violencia política estatal y del carácter represivo del accionar de las fuerzas de seguridad.

Nuestro propósito en este documento es hacer eje en las transformaciones que promueve el presente gobierno, con la convicción de que se trata de un proyecto político-ideológico que pretende volverse hegemónico y consolidar un nuevo orden político, económico y social en el país. Este texto no busca agotar esta complejidad sino que representa nuestro primer análisis y nuestra primera declaración en la materia, centrada en la temática de los derechos humanos, vinculada a la protesta social, la problemática indígena y la seguridad ciudadana, por entender que la misma representa una ruptura con los mejores valores que buscó construir la recuperación democrática en el país.

En términos de violencia política estatal, el gobierno de Cambiemos ha cruzado un umbral. El doble discurso, las tensiones y contradicciones propias del kirchnerismo son parte del pasado. En el gobierno anterior había un discurso de derechos humanos, que coexistía con una política de criminalización y represión, mientras que bajo la gestión de Cambiemos no hay invocación alguna a los derechos humanos como guía de las políticas públicas. Por el contrario, contra la doctrina de los derechos humanos, individuales y colectivos, el gobierno de Cambiemos plantea una política de criminalización que se aplica de manera cada vez más sistemática y generalizada sobre el conjunto de los diferentes actores sociales y políticos movilizados, en un contexto de visible aumento de la protesta social.

Así, la violencia institucional se agravó y en los últimos meses se abrió a una nueva época; primero, con el hallazgo sin vida del cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut, luego de estar desaparecido durante 78 días, donde todavía se desconocen las causas de su muerte por ahogamiento, sucedida en un contexto de represión de fuerzas de Gendarmería, de la cual el gobierno ha buscado de modo sistemático des-responsabilizarse; luego con el asesinato por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel, en Río Negro, por parte de las fuerzas de Prefectura, una acción criminal justificada públicamente por altos funcionarios de gobierno. En un contexto de clara disputa por la tierra con grandes actores económicos, el gobierno convirtió a la población mapuche en una suerte de “enemigo interno” buscando así disciplinar cualquier disputa sobre la apropiación de los recursos naturales en el país.

La agresiva campaña política y mediática que apunta a asociar al pueblo mapuche con la violencia política, supuestamente articulada por el grupo radicalizado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), de cuya existencia y accionar no se ofrecen pruebas convincentes, se ha vuelto un injustificado ensayo de agresión del poder político y económico contra los grupos más vulnerables de la población. Esta campaña de demonización de grupos vulnerables que protestan contra las políticas oficiales está ligada a la apuesta explícita que el gobierno de Cambiemos hizo por la profundización del modelo extractivo, basado en la explotación de combustibles no convencionales, la megaminería a cielo abierto, la multiplicación de represas hidroeléctricas, de centrales nucleares y la expansión de cultivos transgénicos, a lo cual hay que añadir los emprendimientos inmobiliarios, muchos de ellos en manos de propietarios extranjeros.

Estamos ante una gestión gubernamental que sólo reconoce los derechos del capital en los territorios nacionales, para lo cual ha resuelto profundizar el modelo extractivista adoptando modalidades represivas estatales más graves, que revelan no sólo la responsabilidad del gobierno nacional sino su connivencia con ciertos discursos y representaciones sociales de los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad argentina.

Causa alarma la insistencia del gobierno, muy propia de las últimas décadas, de tratar las cuestiones de derechos a la luz de lo que expresen coyunturales encuestas de opinión pública. Montado en la ligereza y la irresponsabilidad, propias de las políticas de seguridad de las últimas décadas, el gobierno habla hoy de una “nueva doctrina” en la materia, con lo cual busca justificar crecientes acciones de represión estatal. No se trata de un “plan sistemático” (entre otras razones, por la improvisación con que se maneja en el tema y los “frenos políticos” que mantiene), pero tampoco de meras afirmaciones desafortunadas y hechos aislados. El gobierno, bajo el impulso fundamental, pero no exclusivo, del propio Presidente y su Ministra de Seguridad, busca sostenidamente justificar el “endurecimiento” de la acción represiva del Estado en un vasto campo que se extiende desde el accionar policial hasta la política de derechos humanos y su relación con el Sistema Internacional de Derechos Humanos. En lo que sigue nos ocupamos de señalar algunas de las piezas del sistema que viene articulando.

En relación con el accionar policial, desde los lugares más prominentes del gobierno se alienta la idea según la cual la muerte del delincuente es una opción más, disponible sin mayores resguardos, para los agentes de seguridad. El hecho de que el Presidente felicitara en público a un agente policial procesado por haberse excedido en el ejercicio de sus funciones, y responsable de haber matado a un presunto delincuente (e insistiera con ello aún luego de la confirmación del procesamiento por la Cámara Nacional Criminal y Correccional), es de una gravedad difícil de exagerar: ningún gobierno puede celebrar nunca la muerte de nadie, ni merece poner nunca a quien ha matado, como un ejemplo.

Otro elemento de la nueva doctrina en la materia se observa a nivel probatorio, cuando la Ministra de Seguridad se pronuncia en el sentido de “cambiar la presunción de inocencia a favor de las fuerzas de seguridad”. Esta afirmación no sólo choca contra la Constitución, sino también contra la idea, propia del sentido común, que nos dice que el poder extraordinario que adjudicamos a quienes llevan armas de fuego, exige de cuidados y controles también extraordinarios sobre el modo en que ellos pueden hacer uso de ese poder.

El gobierno y sus defensores también proponen dar un giro en el área procesal, que se advierte cuando quieren presentar como extremas, o propias del fanatismo doctrinario, a las posiciones llamadas “garantistas” –esto es, a la defensa de garantías procesales que son asumidas aún por el más modesto derecho penal liberal, en cualquier país civilizado. Lo cierto es que, si reconocemos derechos, también a los victimarios, ello no es por su condición de criminales, sino porque todos los seres humanos deben ser tratados como tales, si se pretende respetar los derechos humanos universales.

En el ámbito penal, y desde las más altas esferas del gobierno, también se advierte la promoción de pautas conservadoras en cuestiones tan básicas como la prisión preventiva, la libertad condicional, o aún la pena de muerte –que nuestro derecho decide en línea con las exigencias del Pacto de San José de Costa Rica. Todas estas cuestiones siguen siendo elementales para el funcionamiento del Estado de derecho que el gobierno dice querer respetar; como ejemplo, vale señalar que el Pacto establece de modo explícito que “no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”. La nueva doctrina que busca difundir el gobierno en materia penal, aparece en clara tensión con los principales rasgos que definen nuestro derecho desde mucho antes que la Constitución de 1853.

El discurso constitucional del gobierno también aparece degradado en relación con los principios económicos y sociales básicos que dice sostener. En este sentido, sus objetivos en ciertas áreas económicas aparecen inequívocamente por encima de las exigencias que el gobierno debe cumplir en materia de derechos fundamentales. Los derechos económicos y sociales establecidos en la Constitución desde hace más de medio siglo no son tratados hoy como derechos inviolables e incondicionales sino como residuos de un programa que prioriza y garantiza beneficios y rentas al capital más concentrado. El argumento oficial que justifica estas prioridades en el falso apotegma que pretende que así se retomará el crecimiento económico, la generación de empleo y una mejor distribución, es teórica e históricamente insostenible. En la práctica, se traduce por la erosión de las garantías para el acceso a condiciones laborales y beneficios sociales básicos, y continúa políticas asistenciales residuales que no responden a las exigencias de bienestar social de la población en las actuales condiciones de funcionamiento del sistema económico.

Todo lo anterior aparece como un resultado lógico de la señalada postura del gobierno en materia de derechos humanos. En breve, bajo la gestión de Cambiemos, no hay invocaciones fundadas en los derechos humanos. No sólo el Presidente se ha referido a los mismos, más de una vez, en tono despectivo sino que además muchos de sus funcionarios y adláteres parecen negar la existencia de pactos internacionales, de toda una normativa legal y constitucional en defensa de estos derechos, a los cuales parecen considerar como “facciosos” (propios de una determinada facción política) y aún “nocivos” para el accionar público.

En suma, en materia de derechos humanos, como también de la protesta social, del reclamo de los pueblos originarios, de la seguridad ciudadana y del efectivo ejercicio de los derechos económicos y sociales, el gobierno de Cambiemos busca imponer un conjunto de políticas y de representaciones sociales que son contrarias a la doctrina nacional e internacional. Estas prácticas expresan un grave retroceso tanto en cuestiones de libertades individuales como en términos de autogobierno colectivo que es necesario rechazar y enmendar de forma urgente.

Primeras Firmas

Roberto Gargarella, Ruben Lo Vuolo, Maristella Svampa, Beatriz Sarlo, Silvina Ramirez, Horacio Tarcus, Patricia Zangaro, Enrique Viale, Alicia Lissidini, Pablo Alabarces, Patricia Pintos

Aborto o golpear al gobierno? Golpear al gobierno

(El de hoy es un día histórico en la Argentina: todos los diarios y todos los editoriales se dedican, por primera vez, a hablar del aborto. Salvo en Página 12, el único que se declaraba abortista).

El, actual es un gobierno pendiente de las encuestas, y acaba de lanzar un globo de ensayo de peso -el debate sobre el aborto- no por principios, sino para detectar si de este modo puede fragmentar un poco a sus opositores, y ganar algo de la "transversalidad" que necesita. Finalmente, de esto se trata el (horrible) sistema político que tenemos: la clase política toma decisiones, no por cuestiones ideológicas o por principios, sino porque calcula que democráticamente le conviene. Pero por eso -reconociendo el valor que guardan esas reglas de juego- muchos apoyamos enfáticamente, en su momento, la reapertura de los juicios, o la Asignación Universal, aunque estábamos en contra del kirchnerismo (y así seguimos hasta hoy: decimos "yo fui antikirchnerista, pero..."). Con la reapertura de los juicios o con la AUH lo tuvimos en claro: la causa era mucho más importante que nuestras críticas al gobierno de turno.

Pero ahora no. Diarios como Página 12, políticos y periodistas estrella que dedicaron su vida a hablar y escribir sobre el aborto, muestran ahora que la causa no les importaba realmente. En estos días han dejado en claro que les resulta mucho más importante evitar que el gobierno recoja algún apoyo eventual (trabajan para que caiga, o al menos para que le vaya muy mal), que lograr que triunfe de una vez la causa por la que dijeron pelear toda la vida.

Y lamentablemente, como éste es un gobierno de encuestas, tal vez manana mismo abandone el debate, si ve que el tema no concita apoyo alguno entre sus opositores (por qué va a perder a parte de su electorado conservador, si ademas no gana apoyo alguno desde fuera). Por eso resulta crucial que hoy, y no manana, quienes defienden el derecho al aborto dejen en claro que, aunque están en contra del gobierno, van a apoyar esta iniciativa. Todas las energías deberían ponerse allí, ahora. 

Pero no. Resulta penoso que en este momento, cuando el gobierno acaba de abrir la puerta del debate sobre el aborto, los diarios mayoritarios, aún los más conservadores, dediquen sus tapas y principales contenidos dominicales a la cuestión, y que otros, como Página 12, que deberían liderar la batalla por el "ahora sí", minimicen el tema, escondiéndolo bajo cualquier otro ataque oportunista. En el caso de Página, su nota principal sobre la cuestión se dedica a mostrar que dentro del gobierno hay posiciones "En contra y a favor" -así se titula su nota. 

En un día que entiendo único en la historia argentina -el día en que la discusión pública, acompanada por los diarios má vendidos, se dedicó casi enteramente al tema del aborto...Página12 dedicó su portada y notas principales...a una entrevista con un profesor que en Espana incomodó al Ministro de Economía!!!! Parece que el aborto ahora no paga.

Ley de aborto o golpear al gobierno? Si nos importa la causa, el momento de apoyar la ley es ahora. Aborto legal.

Democracias restringidas/ La disonancia democrática

Publicado hoy en Clarín, acá: https://www.clarin.com/opinion/disonancia-democratica_0_H1iNVT2wM.html

En toda América, el sistema institucional definió sus rasgos esenciales entre fines del siglo XVIII y mediados del XIX. Notablemente, la mayoría de las Constituciones adoptadas en tales años se mantienen básicamente intocadas, hasta hoy, sobre todo en lo relativo a los modos en que ellas organizan el poder.

Como es obvio, tales Constituciones se crearon en momentos en que la elite gobernante suscribía una visión muy estrecha sobre la vida política. Por lo tanto, ellas resultaron moldeadas a partir de criterios, objetivos y presupuestos indudablemente elitistas en torno a la democracia, la imparcialidad o la racionalidad colectiva (la democracia como amenaza; la irracionalidad y las pasiones como rasgos definitorios del comportamiento de las mayorías).

El sistema institucional con el que hoy todavía convivimos guarda una fuerte impronta proveniente de aquellos tiempos, que se advierte en cada uno de sus pilares centrales. Así, el sistema representativo privilegia la independencia y separación de los representantes, y dificulta. en lugar de facilitar, los controles populares sobre aquellos.

El sistema de “frenos y equilibrios” aparece mejor preparado para contener y canalizar la guerra civil, que para favorecer el diálogo democrático. El Poder Judicial sigue basado en la idea de que la justicia resulta de la reflexión de unos pocos sujetos, bien preparados y aislados de la mayoría.

El Senado nació teniendo, entre uno de sus principales objetivos, el de que los grandes propietarios pudieran contener los “excesos” provenientes de los pequeños propietarios, asentados en la Cámara Baja. El Poder Ejecutivo, unipersonal, fue diseñado para resistir las presiones sociales, y por tanto fue institucionalmente capacitado para imponer el orden frente a las recurrentes amenazas de la anarquía.

Desde entonces a hoy, por supuesto, mucha agua ha pasado bajo los puentes, y el entramado institucional terminó resignificándose, en buena medida, aun cuando la estructura de base de mantuviera intocada. En la actualidad, los medios de comunicación ayudan a que las demandas ciudadanas circulen de formas diversas, antes impensadas; el esquema de “frenos y equilibrios” tomó vida propia, alejándose de las razones, hoy algo extrañas, que le dieron inicial sentido; el fin de las elecciones indirectas para los cargos políticos hizo que instituciones como el Senado, o el mismo Poder Ejecutivo, tomaran impulsos no imaginados originariamente. Nada de lo anterior, sin embargo, niega al menos dos hechos fundamentales dentro de toda esta historia.

En primer lugar, los cambios institucionales devenidos no fueron capaces de borrar la marca de “democracia limitada” que dio sentido inicial a nuestro entramado político. Todas las modificaciones sobrevinientes en estas largas décadas no han suprimido ni cambiado de raíz el carácter fundamental de nuestras instituciones: los ciudadanos seguimos careciendo de poderes significativos de decisión y control sobre nuestros representantes; el aparato judicial sigue conformando un poder elitista en su esencia, y cada vez más burocratizado en sus formas; el verticalismo propio del sistema presidencialista sigue contradiciendo las posibilidades de una horizontalidad democrática; etc.

En segundo lugar, y lo que es más importante, aquel sistema institucional diseñado en tiempos de voto censitario, limitado y excluyente, debe hacer frente, desde comienzos del siglo XX, a una explosión democrática imparable –una explosión que se manifestó primero en la universalización del voto, y que se expandió enseguida en una lluvia infinita de demandas sociales, que sobrecargan a un sistema incapacitado para satisfacerlas.

La “fisura” o “disonancia democrática” abierta desde entonces, entre reclamos sociales cada vez más acentuados y vastos, e instituciones crecientemente insensibles y toscas en su accionar, da cuenta de la insatisfacción con la democracia que hoy prevalece, y que se manifiesta en la erosión de la legitimidad de nuestros procesos de toma de decisiones.

En los malos tiempos, se pretendió solucionar dicha “disonancia democrática” apagando o reprimiendo los reclamos crecientes. La idea de que la democracia es asunto de profesionales –una idea que en su momento buscaron asentar políticos y teóricos de todo tipo- también resultó arrasada por una autoconciencia democrática cada vez más extendida.

Es a las instituciones a las que les toca ceder esta vez, con cambios que den cabida a las exigencias democráticas propias de los nuevos tiempos. De allí que, frente a tales profundos problemas estructurales, los cambios cosméticos, el voluntarismo, o los gestos declamativos -ampulosos o en apariencia modestos, del tipo “queremos un país normal”- sirven de muy poco.

Ese tipo de proclamaciones resultan hipócritas, por lo demás, si se realizan mientras se mantiene intocado un marco institucional que concede a los gobernantes máximos poderes, y reserva para la ciudadanía mínimos márgenes de decisión y control. Inmersos en esas condiciones institucionales, que autorizan excesos y abusos de poder, y favorecen la “guerra” entre ramas de gobierno, seguiremos dependiendo de la buena voluntad de la elite política de turno. Y, para colmo, con el riesgo cierto de que se nos siga diciendo –como ayer u hoy- “esto es porque así lo quiso la gente”.

Roberto Gargarella es abogado, jurista y sociólogo. Profesor de la UBA y la UTDT.

Apocalípticos y destituyentes

Luego de varios posts, entre los últimos, dedicados a denostar al gobierno y su penosísimo, imperdonable tratamiento del caso Chocobar (en lo importante: su vergonzosa gestión de los derechos, a los que se acerca conforme al dictado de las encuestas del día), vayan dos palabras, literalmente, sobre la oposición. Apocalípticos y destituyentes. 

Los amigos del gobierno anterior pasaron casi una década con la bobada de que los opositores eran apocalípticos (Carrió y cía.) y destituyentes (TN y cía.). Encontrarlos hoy en ese mismo lugar que burlaban y aborrecían, despierta piadosas sonrisas: el gobierno, según ellos, caerá en los próximos días, rodeado de muertos (causados por el gobierno). Pobre oposición!

Premio Seminario al actor, y a la obra de teatro: Osqui Guzmán y El Bululú

Ya hablamos de él en el blog, y aprovechamos una nota que le hacen hoy (acá), para volver a reivindicar -y premiar- al actor, hijo de bolivianos y costurero (y subrayo ambas cosas, que no son anécdotas en su vida). Osqui es desde siempre un tremendo actor, inteligente y humilde, que viene interpretando y seguirá interpretando por un tiempo, la genial obra de José María Vilches: El Bululú. Aplauso, maestro!

Confirman el procesamiento de Chocobar

https://www.clarin.com/policiales/imputaron-policia-luis-chocobar-homicidio-agravado-confirmaron-procesamiento_0_r1jSXP4vz.html

La Sala VI de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento del policía que disparó y mató al presunto delincuente, e imputó al  agente por  "homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber"​. A la luz de la decisión de la Cámara, uno se pregunta quién asesora al Presidente cuando toma decisiones como la que tomó, y quién no lo detiene, cuando se propone llevar a cabo una acción tan irracional, injusta e innecesaria como la del caso -el Presidente convocó al policía a su despacho, para felicitarlo por su conducta, apenas supo que el policía recibió su primer procesamiento desde el ámbito judicial. Si el Presidente no tenía buena información de lo ocurrido, es imperdonable lo que hizo, y si la tenía, mucho más. No se puede tomar a la ligera la vida de nadie. Nadie puede, y menos nuestros máximos representantes, salir a celebrar un muerto, y felicitar a quien ha matado (cualquiera sea la circunstancia de la muerte, y mucho más en situaciones oscuras, como la del caso).

Posiblemente, el Presidente sabía los detalles de lo ocurrido, y a conciencia hizo lo que hizo para ayudar a "cambiar una cultura" (de hostilidad hacia las fuerzas de seguridad) y una "doctrina" supuestamente imperante (la garantista), empujado por asesores de imagen que lo informan de que sus votantes aprecian las políticas de "mano dura." Ello torna a todo el episodio mucho más triste: triste que se le de entidad a los reclamos más pasionales de la comunidad, cuando hablamos de derechos; triste que la política promueva, desde hace años, irresponsablemente, políticas de endurecimiento penal (bajo la excusa de la "puerta giratoria," como durante el gobierno anterior; o bajo la idea de "ponerse del lado de las fuerzas de seguridad", propia de este gobierno); triste que haya que salir a defender el valor de las garantías penales, como si se tratara de excesos. No defendemos los derechos de los victimarios porque son delincuentes, sino que lo hacemos porque son personas.

Informe de la CIDH sobre la situación de derechos humanos en Venezuela

Excelente, en una perfecta muestra del tipo de tareas que le corresponden a la Comisión, y en donde más se la necesita

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf

Zaffaroni y la "apología del delito"

Las declaraciones de Zaffaroni sobre su deseo de que el gobierno actual se vaya lo antes posible, son impresentables a la luz de una historia larga argentina, plagada de golpes de estado; y una historia corta llena de muertes producidas en circunstancias de "salida anticipada." También se encuentran en tensión con la "independencia, imparcialidad, dignidad y prestigio" que le exige el ejercicio de su cargo en la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos (art. 18 inc. c del Estatuto de la Corte).

De todos modos, no representan un caso de apología del delito. Como ciudadano común (que él no lo es) puede no sólo criticarse al gobierno, sino incluso hacerse campaña para la remoción del Presidente u otras autoridades de gobierno, a través del juicio político.

Dos libros recientes, de dos de los mejores constitucionalistas del mundo -Cass Sunstein (acá) y Laurence Tribe (acá)- abonan el camino para la promoción del juicio político del presidente norteamericano, y no hay absolutamente nada malo en ello (aunque en democracias frágiles el asunto merezca pensarse con especial cuidado).

Derechos incondicionales que están por encima de los planes económicos

Publicado hoy en LN, acá
http://www.lanacion.com.ar/2108469-derechos-incondicionales-que-estan-por-encima-de-los-planes-economicos?utm_source=n_os_nota1&utm_medium=opinionS&utm_campaign=opinion

Son las políticas públicas las que deben orbitar en torno al sistema de garantías constitucionales y no a la inversa

     

Los economistas tienen serios problemas para reconocer el significado de contar con derechos consagrados constitucionalmente, con carácter incondicional, universal e inviolable. Desde hace décadas sabemos que los derechos -todos los derechos- cuestan y que, por lo tanto, su grado de satisfacción depende de la fortaleza de la situación económica de un país. Sin embargo, en un sentido todavía más relevante, tales derechos son incondicionales, porque frente a la obligación de respetarlos la respuesta estatal que dice "vuelva mañana porque hoy no tenemos recursos", simplemente, no resulta admisible.

Gobiernos como la mayoría de los latinoamericanos, que han afirmado en sus constituciones fuertes listas de derechos, deben reconocer que tales derechos no son "poesía" ni representan meras aspiraciones del tipo "ojalá que se cumplan un día". Todo lo contrario: un gobierno jamás puede dejar de celebrar una elección alegando que "cuesta mucho llevarla a cabo". Ni puede cerrar una rama del Legislativo para "abaratar costos". Ni puede negarse a contratar a un traductor para que el extranjero entienda el juicio que se celebra en su contra porque "no tenemos dinero para todo". Ni puede negarse a construir una rampa para que los discapacitados accedan hasta las oficinas públicas porque "a fin de cuentas son sólo unos pocos". Ni puede clausurar los tribunales alegando que "mantenerlos abiertos nos resulta muy caro."

Les guste o no, los economistas deben aprender que, en un sentido fuerte, los derechos no dependen de los planes económicos, sino a la inversa. La admisibilidad o no de un cierto plan económico depende de su capacidad para asegurar el respeto de los derechos constitucionalmente consagrados y para garantizar progresivamente la satisfacción más plena de estos. De lo contrario, lo que corresponde es retirar a esos derechos básicos de la Constitución. Curiosamente, y por suerte, la realidad de todos los países civilizados (incluyendo, en primer lugar, a los países latinoamericanos) suele ser la opuesta. Esto es, cada vez que se ha reformado una Constitución, se ha tendido a afirmar y en todo caso a expandir, nunca a reducir, la lista de los derechos existente. Sea cual sea la razón última (virtuosa o no) que explica este hecho, lo cierto es que tenemos toda la razón del mundo para tomarnos en serio los derechos incorporados en el único contrato que nos une a todos -la Constitución- y reclamar el cumplimento de aquellos, mientras allí sigan residiendo.

Lo dicho resulta más complicado aún de lo que parece y, por lo tanto -tal vez-, todavía más difícil de aceptar para los economistas. Y es que, frente a las obligaciones constitucionales que tienen, los gobiernos no pueden decir, por ejemplo, "elijo este plan económico que, seguramente, en unos años permitirá que todos gocen de sus derechos de un modo más firme", si la aplicación de dicho plan implica, en la actualidad, que los derechos de una mayoría queden insatisfechos de un modo grave. Los derechos son inviolables e incompensables entre las personas o grupos (los derechos plenos de unos no pueden compensarse con la privación o reducción de los derechos de otros). La libertad infinita de que gozaba Idi Amin en Uganda, en su momento, no compensaba la falta de libertades que oprimía a todo el resto.

El buen vivir o la mayor seguridad de una mayoría ocasional tampoco justifican la tortura del "peor de todos" ni la expulsión de los "indeseables" de turno porque la mayoría no quiere convivir con ellos. Del mismo modo, el mayor bienestar de muchos no justifica que "por unos años los de abajo se ajusten el cinturón", si ese "ajuste del cinturón" implica la pérdida o no afirmación de sus derechos básicos: la salud, vivienda, educación, seguridad, etc., deben asegurárseles a todos. Por ello decimos que los derechos son universales: porque les corresponden a todos, blancos y negros, mujeres y varones, ricos y pobres, siempre y sin distinciones.

Las consideraciones anteriores no implican negar que vivimos en países con capacidades económicas limitadas. Todos los tribunales de derechos humanos reconocen, por ello, lo que denominan el "principio de progresividad", que determina que los Estados deben "procurar todos los medios posibles" para la satisfacción de los derechos de todos y cada uno, en cada momento histórico. Por supuesto, en ningún caso el "contenido esencial" de tales derechos puede afectarse. De allí que las constituciones modernas sean compatibles con modelos económicos muy diferentes, y de orientación opuesta, pero siempre que ellos aseguren el piso mínimo de derechos que les corresponden a todos.

Cierto modelo económico puede determinar que los bienes básicos sean dispensados solamente a través de la prestación estatal, y otros, abrir más la puerta a iniciativas privadas o a formas económicas mixtas. Ciertos programas pueden privilegiar el ingreso a determinadas facultades, conforme al mérito; otros pueden vincular el acceso inmediato a los hospitales de acuerdo con las necesidades o urgencias de los pacientes. Pero ningún programa puede considerarse autorizado si, en los hechos, determina que algún sector de la sociedad quede marginado del acceso a los derechos fundamentales.

Lo dicho hasta aquí tampoco importa negar la posibilidad de que, en momentos de crisis, encaremos sacrificios conjuntos, ni rechazar que los privilegiados hagan mayores esfuerzos que los más débiles, en los momentos difíciles, para salir de una situación de apremio. Pero, otra vez, esos sacrificios no deben implicar nunca que algunos -pocos o muchos- dejen de contar con sus derechos básicos asegurados. Puede resultar comprensible, frente a una crisis, que no construyamos un nuevo autódromo, dejemos de comprar el armamento más sofisticado, fomentemos el uso de fuentes de energía alternativas o recortemos las jubilaciones de privilegio. Pero, por supuesto, dicho momento de angustia económica no debe servir como excusa para cerrar las bibliotecas u hospitales públicos, y tampoco para impedir que algunos accedan a tales beneficios.

Finalmente, debemos reconocer que el esquema de derechos fundamentales consagrado en nuestras constituciones es el que debe organizar nuestras políticas públicas y no al revés. Son ellas -las políticas públicas- las que deben orbitar en torno al sistema de derechos, y por lo tanto son ellas las que deben ser escogidas, evaluadas y eventualmente dejadas de lado, conforme a su capacidad para asegurar a todos, hoy, sus derechos básicos. Las políticas son las que deben esperar, y no los derechos. El argumento según el cual la libertad de expresión, el sistema de justicia, el acceso a los hospitales, la educación para todos, el medio ambiente limpio, la no discriminación, el respeto a la diversidad cultural o las elecciones periódicas van a garantizarse o no, dependiendo del éxito que vaya a obtener el programa económico, no se encuentra disponible para ningún gobierno.

"La inmensa mayoría de la gente quiere la pena de muerte"

El sociólogo del gobierno, JDB ha vuelto a hacer lo que le gusta, esto es, provocar con frases polémicas, y en este caso además, particularmente irritantes. El reportaje y su síntesis pueden verse aquí abajo:

https://www.infobae.com/politica/2018/02/06/la-gente-pide-que-se-reprima-brutalmente-a-los-delincuentes-y-otras-14-frases-de-jaime-duran-barba/

Al reportaje puede anexársele otro similar, y hecho por el mismo periodista, a la Ministra de Seguridad, que vuelve a mostrar su peor rostro -el otro aún no lo he visto- diciendo que, desde el gobierno (ay), quieren cambiar la "doctrina" conforme a la cual el policía es siempre culpable: https://www.clarin.com/politica/fuerte-cruce-periodista-ernesto-tenembaum-patricia-bullrich-caso-chocobar_0_HyNc5fPLG.html .

La afirmación que más me choca de las que hace JDB es aquella en la que dice: "La gente pide que se reprima brutalmente a los delincuentes. Hemos hecho encuestas y la inmensa mayoría quiere la pena de muerte".

En tanto encuestólogo, él puede defender la frase como meramente descriptiva (más allá de que esas encuestas no me consten, aunque puedan existir y con esos resultados). Sin embargo, es claro que -y éste es siempre el problema de los sociólogos/encuestadores- dicho juicio descriptivo se desliza habitualmente hacia otro lado, con la pretensión de convertirse, como en este caso, veladamente, en un juicio "normativo", acerca de lo que "debe" hacerse. 

Sobre la cuestión, marcaría algunos puntos:

1) En términos normativos, no aceptamos nunca (en la Argentina y en cualquier democracia constitucional), y está bien que no aceptemos nunca, regular derechos a través de encuestas.

2) Una encuesta es algo completamente diferente a una decisión democrática. Muchas veces, como en este caso, se nos presenta el resultado de una encuesta para decirnos: "esto es lo que democráticamente quiere la gente, así que usted que tanto habla de la democracia, tiene que resignarse a aceptar ese resultado." Y lo cierto es que en absoluto: el mercado es una cosa, y la democracia otra, y merecen regularse por criterios diferentes. 

3) Las diferencias son más notorias todavía (aunque aquí no voy a insistir en el punto) para el caso de quienes entendemos democracia no de cualquier modo (como una mera cuestión estadística o de números), sino como decisión colectiva que se toma luego de un debate que incluye a todos los afectados. Por eso, por ejemplo, muchos no nos conmovimos por los plebiscitos convocados por Fujimori o Pinochet: una consulta popular sin discusión, sin debate y críticas, sin que se escuchen equitativamente todas las voces, o con decenas de voces censuradas o ausentes, no es la expresión de la democracia, sino una trampa.

4) Puede tener sentido, a nivel de mercado, la encuesta acerca de cuál tipo de jabón prefiere la gente. La decisión sobre cuestiones vinculadas con la justicia - por ejemplo, cómo responder frente a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad - son algo completamente diferente, e independiente también de lo que diga cualquier encuesta. Ello, entre otras razones, porque las cuestiones de justicia, para resolverse bien, deben dar cuenta de matices (qué hacer con los arrepentidos; qué hacer frente a los que llevan años de prisión; qué hacer frente a los ya ancianos; qué frente a los que han radicalizado sus posiciones) que pueden resultar irrelevantes en una encuesta sobre jabones, pero simplemente cruciales en nuestras reflexiones sobre cómo tratarnos mutuamente, y como a cada uno. 

5)  Por lo demás, y esto es crucial, frente a un hecho conmovedor, y preguntadas a bocajarro, las personas pueden decir cosas espantosas (no sólo, pero mucho más, si su respuesta se mantiene en el anonimato, como ocurre típicamente en los comentarios que aparecen luego de las notas, en los diarios digitales). Sin embargo, esas mismas personas, puestas a considerar argumentos de un lado y otro, luego de escuchar a las diferentes partes, y con tiempo para deliberar (esas mismas personas, repito), tienden a tomar posiciones diferentes a las que tomaban a las apuradas, puestas contra la pared, en el primer instante

(digo algo más sobre la cuestión democracia-mercado-jurados en el último post que incluyera en el blog, acá:

 https://seminariogargarella.blogspot.com.ar/2018/02/democracia-y-derecho-penal-notanpuan.html )

6) Eso es exactamente lo que pasa con los jurados penales, compuestos por "no profesionales". Tenemos evidencia empírica, aún en nuestro país, que en el marco del juicio por jurados (esto es, luego de tomarse un tiempo, escuchar a las partes, escrutar la evidencia) los ciudadanos comunes tienden a tomar decisiones más bénevolas o menos punitivistas que las que son habituales entre los jueces profesionales.

7) Es decir, la idea de que "la gran mayoría de la gente quiere la pena de muerte" es falsa, o limitada a conceptos de "mayoría," "gente" y "quiere" que la tornan totalmente irrelevante. Ello, porque es dable esperar que, esa misma gente, con más tranquilidad, frente a argumentos en contra, teniendo la oportunidad de evaluar la evidencia del caso, y frente a situaciones concretas, diga lo contrario a lo que se le quiere atribuir en una encuesta como la que cita JDB con carácter fijo o definitivo.

Democracia y derecho penal/ Notanpuán

Video de la presentación sobre castigo y democracia en notanpuán

El horror

Policía mata a un ladrón, y Presidente que lo llama para decirle "estoy orgulloso de vos." Uno peor que el otro.

Se viene

Brevisimas sobre Lula y su procesamiento

& La idea que veo reiterada estos dias, en algunos ambitos (ayer y hoy en P12, por ejemplo) sobre la justicia brasilera como "corrupta y venal" es por completo falsa, y se basa en prejuicios y falta de informacion. La justicia brasilera es en general independiente, conservadora aunque con muchos focos progresistas en las instancias inferiores, y los jueces que condenaron a Lula (primero Moro, ahora el Tribunal Federal de Porto Alegre) no son ni venales, ni corruptos, ni de derecha. Querer asimilar todo a los peores casos de la Argentina (donde la situacion de la justicia, su forma de nombramiento, etc.) es muy diferente, es un error grave, motivado por la desesperacion politica (este comentario no incluye a los tribunales superiores de Brasil u otros paises de la region, en donde los nombramientos se dan por otra via, mas politica y mas riesgosa para su independencia política).

& Que en la derecha y sus extremos no podemos confiar, o que esos extremos no están interesados en la democracia, son datos que pueden constituir nuestros puntos de partida. Por eso, como diría Boaventura, lo que tenemos que hacer es pensar en la izquierda y sus deberes pendientes.

& Aqui otra vez, como dice Boaventura en su carta a los brasileros, la "politica del cheque en blanco" a los gobiernos de los ultimos 10 anios en la region, es parte del problema.

& La idea de que la justicia propone "romper el legado" de los gobiernos progresistas, hace agua por todos lados. No solo porque los referidos no eran gobiernos progresistas (pero este es un asunto que dejo de lado), sino porque fueron jueces casi en todos los casos nombrados por esos mismos "gobiernos progresistas". No hacerse cargo de eso es otra gran parte del problema.

& El tema de las pruebas judiciales: el punto de partida es el que sabemos y hacemos como que no sabemos. Probar cualquier delito es muy difícil sino imposible si no tenemos una filmación del hecho avalada previamente, o sea algo que no sucederá nunca. Por eso muchas veces los jueces terminan sopesando lo poquito que tienen frente a sí conforme a su "íntima convicción". Por suerte, para mi en estos casos la cuestión es de responsabilidad política y no judicial, por lo que no me preocuparía si Lula es responsabilizado políticamente. El caso es análogo al del proceso que condujo Julio Maier y que término con la destitución de A. Ibarra como jefe de gobierno, y análogo al que debió destituir a CFK luego de Once: si armas un sistema de ultrapresidencialismo y te aprovechas de el, luego SOS el  primer responsable si existe, como existió, el memsalao, y salta el lava jato. Pediría lo mismo que pidió Maier para Ibarra.

& Los llamados "gobiernos progresistas" o no modificaron la justicia, porque no se interesaron mayormente en las cuestiones institucionales y su reforzamiento, o eligieron el camino errado porque procuraron sobre todo su  sometimiento, o porque promovieron reformas conservadoras o reaccionarias (pensemos en la reforma del Consejo de la Magistratura o la de la Democratizacion de la Justicia, en la Argentina, o pensemos en los nombramientos de militantes a las ordenes en los puestos mas altos de la justicia, como en Ecuador o Venezuela, donde la presidenta de la Corte decia que la justicia debia estar sometida a las ordenes del presidente). Como puede ser que gobiernos pretendidamente de izquierda no encaren reformas radicales y democráticas sobre el sistema judicial? Cómo puede ser!? Luego, que sorpresa cabe, el horrendo sistema judicial que avalaron y prohijaron no actúa (depende el caso) del modo independiente, democrático o progresista que hubiéramos querido. Cual es la sorpresa si se nombra a jueces corruptos o mercenarios, no se democratiza el PJ o no se hacen reformas radicales?

& Explicaciones como las que refiero al comienzo tienen dificultades para dar cuenta de lo ocurrido en Chile o en Uruguay, donde tambien gobernaron, supuestamente, progresistas, que en casos como el de Bachelet llevaron a cabo reformas profundisimas, o en el caso de Mujica desafiaron hasta el hartazgo al sistema capitalista: por que ellos no fueron acorralados por la justicia? Porque fueron gobiernos reaccionarios o porque no traficaron corrupción como los K o Lula? Hay que hacerse cargo.  Tales explicaciones también tienen problemas para dar cuenta del juicio politico en Peru, o para hacernos entender las dificultades que la justicia le puso a Santos. En resumen: su capacidad explicativa es casi nula

& Si esos gobiernos progresistas -Brasil, Argentina, Venezuela- no hubieran tenido los problemas de hiper corrupcion que tuvieron, seguramente estarian hoy en una situacion mas "normal" institucionalmente. Debe llegar el momento de tomar responsabilidad por la hiper corrupcion en que se incurrió, por completo innecesaria para llevar adelante reformas de relevancia, como Bolivia, Uruguay o Chile lo demuestran. Se puede legislar la educación gratuita (resistida por las elites) como en Chile, optar por políticas más liberales en materia de estupefacientes, como en Uruguay, o impulsar la integración y el empoderamiento de las mayorías indígenas marginadas, como en Bolivia, sin necesidad de rapiñar desde el Estado y repartir millonadas entre los aliados, como hicieron Lula o los K.

& El otro punto repetido, sobre todo en los medios, es...el de los medios. Se explica: los periodistas desesperan por adjudicarse un poder de influencia y un protagonismo que no tienen, además de que acostumbran a pensar el mundo con el centro en ellos. Y la verdad es que no. Cada vez menos gente lee esos medios, los que lo leen sólo en una porción menor se interesan por la política (deportes, espectáculos y policiales ranquean habitualmente arriba), y los interesados en política (el famoso círculo rojo) por un lado se informan, como todos y más, por fuentes diversas, y por otro tienden a nutriese de aquellas fuentes que reafirman su pensamiento. Por una vez, quienes piensan desde los medios, en lugar de asumir como siempre una postura elitista y despreciativa hacia las masas, debería pensar sobre las condiciones de recepción de cualquier mensaje: por que el que recibe una cierta noticia la va a receptar, cuando y bajo que condiciones. Un poco de humildad alguna vez: si vivimos en democracia es porque las personas pueden distinguir y discriminar, y no van a suicidarse en masa porque algún loco se los pida. Resumidamente: el desprestigio de muchos de los ex presidentes no se debe a que lo pidió Clarín o lo dijo O Globo, sino a que una mayoría de personas dijo "si es así no estoy más de acuerdo" (nada de lo anterior niega que cualquier empresa, incluso las de medios, tengan intereses y presionen lícita e ilícitamente por ellos, mas alla de que tengan una gran limitación: necesitan ser consumidos-comprados por muchísima gente, para garantizar su poder).

La politica de derechos segun AG

http://batalladeideas.org/articulos/es-posible-representar-

politicamente-a-la-unidad-de-las-callespor-alejandro-grimson/

En el link de arriba, Alejandro Grimson vuelve a escribir sobre la necesidad de una politica de unidad frente al macrismo. Me alegra el escrito, y coincido con la iniciativa, aunque no con buena parte del contenido. El tema da para largo pero aqui, lejos del pais, desde una biblioteca publica perdida en medio de la nada, apenas me da el tiempo para unos primeros comentarios.

Creo que AG infravalora o subestima la magnitud de los desacuerdos presentes entre quienes criticamos al macrismo, o marchamos contra el; asi como sobre-valora o sobre-estima el peso de los acuerdos que podrían aunarnos. Me concentro sobre todo en este ultimo punto, aunque digo algo breve sobre lo primero.

AG subestima los desacuerdos porque -para decirlo de forma brevísima- no es correcto unirse a la derecha institucional para combatir a la derecha económica. Para clarificar lo dicho, llamo derecha institucional a la representada por las oligarquías provinciales, tanto como a las fuerzas (normalmente aliadas) que trabajan para la concentración del poder político-institucional. La derecha económica es, mientras tanto, la que en los hechos favorece la concentración del poder económico. Habitualmente, los vasos comunicantes entre tales grupos son intensos y profundos pero, en todo caso, insistiría con el punto: es un error, para la izquierda, aliarse con la derecha institucional, para desplazar a la derecha económica. Se trata de una opción que debe rechazarse, como siempre, por principios y por tácticas, muchísimo más cuando la derecha aliada tiene poder. Las chances de estar trabajando para la llegada de la "otra derecha" (siempre vinculada a la que esta en el poder) resultan entonces altísimas. [Como nota al pie, agregaría que, en su "periodo largo," esto es, cuando el kirchnerismo supero su primer minuto (muy interesante) de transversalidad y liberalismo (liberalismo en su institucionalismo, reforma de la Corte, primeras politicas de salud reproductiva), mas precisamente, en la "etapa solida" del kirchnerismo, el mismo represento, sobre todo una alianza estructural con el poder constituido, las oligarquias provinciales, los barones del conurbano y algunos grandes empresarios tradicionales, a todos los cuales habia denunciado en su "primer minuto" o "periodo corto" inicial. Con esa derecha institucional, no corresponde ni conviene aliarse: es la que luego traiciona y fagocita al aliado].

Pero voy a lo que mas me importa, a lo que AG sobre/estima, que es la profundidad de los acuerdos entre opositores. AG, como tantos, aparece obstinada, obsesiva, y equivocadamente entusiasmado con lo que denomina la "politica de derechos", una politica esencialmente liberal/institucionalista/progresista, que AG fundamentalmente asocia con el gobierno anterior (pero esto ultimo no importa ahora). Quisiera clarificar algunos muy gruesos malentendidos relacionados con el tema (al modo en que el y muchos se aproximan al tema) de los derechos -malentendidos que emergen, supongo, de la poca familiaridad con el derecho, pero que en cualquier caso, y cualesquiera sus causas, son ahora muy relevantes.

Para empezar: quue yo sepa, derechos como los de propiedad, contratos, libre comercio, se encuentran en la Constitucion, y valen tanto como todos los demas derechos. Para quienes nos situamos a la izquierda del espectro politico, estos derechos son menos importantes, o tal vez ni siquiera derechos (Rawls, por ejemplo, desplaza por completo la importancia del derecho de propiedad, en su estudio sobre las teorias de la justicia). Pero desde todo punto de vista -legal constitucional, positivo- tales derechos son derechos, y un macrista podria jactarse de ello, y reclamar que el suyo es un gobierno que procura ante todo la defensa de los derechos (esta defensa de los derechos podria ser considerada sesgada, tramposa e incompleta, como otras defensas como las que enseguida menciono, pero es una defensa de los derechos con pleno respaldo en el constitucionalismo regional).

A partir de lo dicho hasta aqui, simplemente, el defensor de la idea de la "politica de derechos" deberia corregir su aproximacion, o refirnarla. Podria decir ahora: "en realidad no me refiero a los derechos liberales clasicos, sino a los derechos sociales, economicos, etc." Bueno, si la idea fuera esta, seguiriamos en problemas. Pongamos que en verdad, cuando hablamos de politicas de derechos, solo queremos referirnos a los derechos sociales o de segunda generacion, o mas estrictamente a los que la Constitucion argentina concentra en el art. 14 bis. En que sentido podriamos decir que lo que tuvimos se parecio en algo al gobierno de los derechos (entendido ahora en este modo mas estricto y algo extranio)?

Es dificil pensar en el tiempo pasado como vinculado con la realizacion de (cito al 14 bis) la "participacion en las ganancias de las empresas, con control de la produccion y colaboracion en la direccion," o con la "organizacion sindical libre y democratica", como es dificil asociar al gobierno anterior con la lista estricta de derechos del 14bis, que incluye tambien a la idea de "jubilaciones y pensiones moviles" (es dificil hablar de politicas de derechos en este sentido estrecho, en relacion con el gobierno que rechazo Badaro, obligo a los jubilados a litigar por sus aumentos, e intento crear una tercera instancia para imposibilitarles el cobro, apostando a su fallecimiento antes que al pago de lo que les correspondia a los jubilados). 

AG nos urge a prestar atencion al cambio "cualitativo" que ha habido en materia de politica de derechos. Pero: es esto así, aún si nos limitamos a hablar, ya no de los derechos sociales en general, sino a alguno de esos derechos sociales en particular? Si cuando hablabamos de derechos hablabamos fundamentalmente de cosas como la AUH (que habria que repensar en terminos de derechos), nos encontramos con que este gobierno paga tantas o mas AUH que el gobierno anterior: Podriamos afirmar que este gobierno es mas protector de derechos que el anterior? Diríamos eso?

Pensemos, entonces, que no hablamos de los derechos de primera generacion, ni de los de segunda -de los derechos sociales- ni de los derechos sociales en sentido estrechisimo (la AUH) sino de los derechos de tercera generacion, es decir, los "ultimos" o "mas modernos" (odio esta clasificacion, pero la uso para facilitar la discusion). Podriamos pensar entonces que el gobierno anterior, o el actual, se destacan por la politica de respaldo a la cuestion ambiental (el centro de los derechos de tercera generacion)? O deberiamos decir que todo lo contrario? Cual es el vinculo entre las politicas de fracking y el medio ambiente? Una contradiccion absoluta, por supuesto. 

Sera que entonces, cuando nos hablan de "politicas de derechos" nos hablan del otro "cuerno fundamental" de los derechos de tercera generacion, esto es, de los derechos indigenas? Bueno, parece clarisimo que esto no puede ser asi. El gobierno anterior resulto pesimo en materia de politicas indigenas: fue tan represivo y expropiador como la mayoria de los anteriores (aunque menos que el actual? Supongo que asi sera, aunque en los numeros, por una cuestion de tiempo, todavia no lo sea).

Sera, finalmente, que cuando hablamos de "politicas de derechos", no hablamos, sobre todo, de derechos liberales clasicos, ni de los derechos sociales en sentido amplio ni estricto, ni de los derechos ambientales e indigenas -de tercera generacion- sino que hablamos fundamentalmente de derechos humanos? Tampoco, ya que tales derechos implican derechos que el gobierno anterior no descuido sino que combatio de modo muy regresivo (solo para empezar, piensese en las politicas de salud reproductiva, piensese en el derecho a no ser torturado y los records negativos en materia de tortura en la carcel, numero de encarcelados, etc.).

Entonces: de que se nos habla cuando se nos habla de abordar una actitud defensiva en materia de "politica de derechos"? Creo que quienes nos hablan del tema, habitualmente, se equivocan gruesamente, por partir de malentendidos graves en la materia. Ellos parecen estar pensando, entonces, en unos pocos derechos -los que prefieren o han recibido mayor propaganda -algunos derechos, seleccionados como las cerezas, muy poquitos, en apariencia protegidos en los ultimos anios (pongamos, los que podemos asociar con el matrimonio igualitario, o el juzgamiento de los crimenes de lesa humanidad). Si fuera este el sentido de la idea de derechos, entonces, estariamos ignorando los muchos derechos que fueron descuidados (muchos de los derechos sociales incluidos en el 14 bis), los muchos derechos que fueron combatidos (salud reproductiva, derechos de los presos), los muchos derechos que fueron retomados selectivamente (afirmando algunos y destruyendo otros, como en politicas de libertad de prensa -donde los avances de la ley de medios fueron aplastados por los retrocesos generados en la aplicacion de esa ley de medios, en particular en contra de "el tercio olvidado"), o los muchos derechos que este gobierno podria decir que resguarda mejor que el gobierno anterior (los derechos liberales clasicos, en algunos casos). 

Frente a autores como AG, entonces, pediria dos cosas. Primero, pediria clarificar que es lo queremos decir por politica de derechos, y cuales de tales derechos nos interesan, y de que modo. De lo contrario, la idea de proteger los derechos conquistados y luchar por los otros pierde sentido (supongo que no se nos pide luchar por el derecho de propiedad, y no se en que sentido se nos pide luchar por la libertad de prensa, por ejemplo). Ello, para no asumir que caminamos sobre un territorio comun cuando hablamos de derechos: disentimos profundamente sobre cuales son esos derechos, cual es su contenido, cuales sus limites, cuales nos interesan, cuales privilegiamos en casos de conflictos, etc. Segundo, pediria recordar que, junto y por encima de la politica de derechos, necesitamos reafirmar una politica democratica que incluye la democratizacion de la politica y de la economia (puntos en relacion con los cuales autores como AG flaquean, en su simpatia por los liderazgos fuertes y su resignacion capitalista). Todo ello, para salir de la confusión en que se nos mete, y poder pensar entonces, si, en una política de alianzas que tenga sentido y valga la pena.

Cuando el clima destituyente importaba

Del documento fundacional de Carta Abierta, cuando los comentarios destituyentes eran considerados escandalosos:

"(En los últimos tiempos han aparecido) cuestionamientos hacia el derecho y el poder político constitucional que tiene el gobierno... para efectivizar sus programas de acción, a...meses de ser elegido por la mayoría de la sociedad. Un clima destituyente se ha instalado, que ha sido considerado con la categoría de golpismo. No, quizás, en el sentido más clásico del aliento a alguna forma más o menos violenta de interrupción del orden institucional. Pero no hay duda de que muchos de los argumentos que se oyeron en estas semanas tienen parecidos ostensibles con los que en el pasado justificaron ese tipo de intervenciones, y sobre todo un muy reconocible desprecio por la legitimidad gubernamental."

Zaffaroni 6 a 1

Del muy notable reportaje al juez de la Corte IDH, Zaffaroni, llaman la atención muchas cosas, y con razón ya se ha dicho mucho sobre sus afirmaciones destituyentes (es increíble que Carta Abierta naciera en torno a dicho concepto, y hoy se conviva felizmente con este tipo de declaraciones diarias, provenientes de aquellas mismas fuentes). El reportaje, acá

http://radiocaput.com/2018/01/18/cuidado-con-el-colapso-final-los-muertos-siempre-los-ponemos-nosotros/

En lo personal, me sorprendió esta declaración, sobre el por que de su renuncia a la Corte Suprema argentina, a sus 75 años:

"Yo estaba muy cansado de perder seis a uno. A nadie le gusta. Una goleada está bien, pero todos los días, no."

Me sorprende ese testimonio, sobre todo, a la luz del hecho de que Zaffaroni fuera el juez que más votó con Lorenzetti, y muy pocas veces aisladamente. Mas importante todavía, es el juez que más votó con la mayoría, en el 92,55 por ciento de los casos. Quiero decir, la idea de su habitual derrota por goleada 6 a 1 es insólita. Por qué mentir de este modo? Qué necesidad?

http://www.saberderecho.com/2014/05/corte-suprema-quien-vota-con-quien.html

Sudáfrica, Colombia, Argentina

Las declaraciones de Massot son desafortunadas, al tomar el digno ejemplo de Sudáfrica -país que, como Colombia, explorara alternativas menos punitivistas frente a los crímenes atroces y masivos- vaciándolo de sentido. Sudáfrica no fue reconciliación como sí nada hubiera pasado, o como si simplemente hubiera llegado la hora del olvido. Tragedias semejantes pueden ser procesadas de modo diferente (y de modo diferente que en la Argentina) pero no merecen ser transitadas bajo el paradigma de la impunidad y el desconocimiento de la gravedad de lo ocurrido. 

En pie de igualdad. Corte IDH y LGBT

https://www.pagina12.com.ar/89812-en-pie-de-igualdad

En el suplemento SOY de P12, brevisimo comentario sobre el reciente fallo de la CorteIDH sobre 

diversidad sexual y de género

Por Roberto Gargarella

La opinión de la Corte IDH es muy importante, sobre todo si la sabemos tomar ciertos recaudos. 
Digo importante a la luz de décadas de gobiernos en la región que, a veces con retóricas desafiantes, a
veces con prácticas decididamente machistas y homofóbicas, no han sabido dar debido lugar a las 
minorías sexuales, ni han sabido desarrollar políticas de salud reproductivas decentes. El fallo muestra 
un contenido inclusivo, afirma una mirada igualitaria más interesante que la habitual en nuestros 
tribunales, se compromete con derechos que afirma con pretensión de estabilidad. Lo hace con un 
buen respaldo en la jurisprudencia regional, diálogo permanente con el Tribunal Europeo de DD HH, y 
on un reconocimiento del debido margen de discrecionalidad que merece dejarse a los Estados miembros, en 
estos asuntos. Hablo de debidos recaudos dado que los derechos fundamentales de las personas no 
deben considerarse dependientes del reconocimiento de las autoridades políticas o judiciales de algún país 
o región. Los derechos fundamentales nos corresponden con independencia de las opiniones coyunturales de 
tal o cual autoridad. Solemos reaccionar frente a decisiones de este tipo, como si ellas implicaran la 
emergencia de derechos antes inexistentes. Más todavía, diría que, así como los tribunales nacionales 
no deben ser considerados la última, ni la primera, ni la exclusiva fuente de autoridad respecto de los 
derechos que nos debemos, o las políticas que corresponde seguir, mucho menos los tribunales
 internacionales deben ser considerados la fuente máxima o última de la interpretación de nuestros
 acuerdos básicos. Nuestros acuerdos básicos deben estar sujetos a una interpretación colectiva, que nos 
involucra cotidianamente a todos, y es importante insistir sobre ese punto, en lugar de tornar a nuestros 
derechos dependientes de lo que alguna autoridad eventual diga al respecto. La opinión de los tribunales, 
y en particular de los tribunales internacionales, resulta crucial, en tanto participación en la conversación 
colectiva sobre nuestros pactos fundamentales. 
Pero esa crucial intervención no debe ser consideradas la única, la última o la decisiva. En el diálogo permanente
sobre el alcance y contenido de nuestros derechos, debemos seguir interviniendo todos, desde lugares 
diferentes, y en pie de igualdad.

La protesta contra el gobierno, 2

Algunos economistas replican el texto anteriormente posteado, diciendo que uno no comprende que los derechos se satisfacen con dinero, y por tanto son dependientes de la economia. Por supuesto, el punto lo comprendo (publicamos en nuestra coleccion de S21 un libro de Sunstein/Holmes sobre el tema /El costo de los derechos). Claro que todos los derechos cuestan. Pero, a diferencia de lo que piensan los economistas, ellos deben asegurarse prioritaria e incondicionalmente. La libertad de expresion no puede restringirse alegando falta de recursos, el respeto a la integridad corporal no debe depender del dinero, pero lo mismo el acceso a los tribunales o a la politica. Mal que les pese a algunos economistas, una eleccion no puede dejar de celebrarse alegando falta de dinero, ni cerrarse una de las dos camaras, como algunos economistas han propuesto, por razones presupuestarias. Mas todavia, y tal vez lo mas importante: los planes economicos deben organizarse en torno a la satisfaccion plena /la maxima posible/ de los derechos. Hoy, es al reves: mejoramos la economia y luego vemos que pasa con los derechos. Como si el orden economico tuviera prioridad, y pudiera ser pensado con independencia de los derechos comprometidos. El rumbo economico debe escogerse conforme a cual es la manera de garantizar plena ciudadania para todos, hoy, no en anios, ni despues de que los mas favorecidos esten conformes y derramando sobras. Insisto: los derechos basicos /saludos, educacion, seguridad, alimentacion/ deben garantizarse ya para todos, prioritaria e incondicionalmente.

La protesta contra el gobierno

Publicado en LN, aca

https://www.lanacion.com.ar/2099225-el-significado-de-la-protesta-social-en-las-calles

Lo que ocurrió cuando el Congreso buscaba aprobar la reforma a la ley previsional, reafirma que nuestra reflexión sobre la protesta social sigue siendo deficitaria. Conviene subrayar el valor especial que tiene, para el constitucionalismo, la protesta en las calles. En un contexto donde la organización sindical perdía fuerzas, crecía el desempleo sin reaseguros para los que caían en él, y se desconocían derechos sociales básicos, la protesta comenzó a presentarse como una ayuda indispensable, que merecía ser resguardada antes que impedida. En situaciones de deterioro social grave, el derecho a protestar contribuye a mantener firme toda la estructura de derechos, por lo que puede ser considerado "el primer derecho", el "derecho de los derechos".

El valor que tiene la protesta para el constitucionalismo se refuerza cuando advertimos la conexión que existe entre ella y la democracia. Para el profesor Owen Fiss, la protesta en las calles aparece como un "suplemento electoral" indispensable, particularmente en situaciones de debilidad institucional como la que caracteriza a nuestros países. Cuando la mayoría de los canales institucionales existentes aparecen obturados y se torna difícil criticar y sancionar a los representantes, tanto como reorientar sus acciones, la protesta pasa a cumplir un papel democrático crucial.

La protesta puede ser ejercida en desafío al derecho (cortando calles), y puede venir acompañada de actos graves (un uso indebido de la violencia). En tales casos, resulta un error tanto pensar a la protesta con independencia de su valor constitucional y democrático como hacerlo asumiendo que la misma es inmune a toda queja o reproche por parte del Estado.

Hay violaciones de derecho que el derecho tolera por las condiciones de padecimiento extremo de quienes las cometen (el hurto famélico); hay agravios jurídicos que pueden justificarse o excusarse (responder a una agresión en legítima defensa); hay faltas que pueden ser reprochadas de modo más débil que lo habitual, en razón de las circunstancias en que se han producido (agresión en situación de emoción violenta); hay "excesos" en el ejercicio de un derecho que la jurisprudencia recepta, en pos del mayor resguardo de otros derechos (críticas que ofenden el honor de un funcionario público). A muchos nos interesó hacer consistentes tales criterios en nuestras referencias a la protesta. Ello, frente a quienes leían la protesta en términos de "violación de derechos"; describían aun los "escraches" más moderados como "actos nazis", y concebían el debate democrático como una conversación elegante entre caballeros.

A muchos nos interesó dejar en claro el aporte que la protesta puede hacer al constitucionalismo y a la democracia, en vista de otro "detalle" central referido a la responsabilidad del Estado en los agravios que la protesta comúnmente denuncia. En efecto, el Estado puede y suele ser responsable de la violación de derechos que él mismo se ha comprometido a asegurar, en la primera y más importante promesa que nos hace a todos en tanto ciudadanos -la Constitución-. Del mismo modo, el Estado puede y suele ser responsable por el cierre de los canales institucionales a través de los cuales los ciudadanos pueden decidir sobre los asuntos que más les importan, y/o responsabilizar a sus representantes en los comunes casos en que ellos no reaccionen frente a sus justos reclamos. Tales faltas estatales en materia constitucional y democrática se hacen presente en este asunto de modos múltiples. Por un lado, los fallos graves del Estado socavan su autoridad para reprochar a los ciudadanos que también incumplen con sus deberes. En efecto, ¿cómo puede levantar el dedo acusador contra los agitadores que violan derechos, quien es el primer responsable de violar los derechos que esos agitadores reclaman? Por otro lado, la jurisprudencia ha sabido atenuar las cargas contra aquellos que violan ciertos derechos (pongamos, generan ruidos molestos, ensucian las calles, interrumpen el tránsito, bloquean el acceso a los tribunales, etcétera), al reconocer que ciertos recursos anti o extrainstitucionales (bloquear la entrada de los tribunales) pueden representar un medio extremo, pero necesario para impugnar al Estado, cuando el mismo obstruye la atención y remedio de tales quejas (por los altos costos -de todo tipo- que impone para el acceso de los más débiles a los tribunales, etcétera). Finalmente -y lo que también resulta fundamental, a la luz de los sucesos políticos recientes- debe anotarse que las faltas del Estado en la protección de derechos nunca son equiparables a faltas en apariencia simétricas cometidas por la ciudadanía (la violencia desbordada del Estado frente a la de los ciudadanos). El poder extraordinario (económico, coercitivo) con que cuenta el Estado requiere de controles y cuidados extraordinarios, y -por ello también- exige la asunción de responsabilidades también extraordinarias por parte de las autoridades que se extralimitaron en el uso de los medios bajo su custodia.

Todo lo anterior puede y suele ser cierto, pero nada de ello implica que quienes, en repudio o crítica al Estado, violan derechos de un modo grave, tengan "carta blanca" para hacerlo o no merezcan ser responsabilizados porque actúan "en situación de protesta". En una república democrática, los bienes comunes no pueden ser tratados como si no fueran compartidos -y por tanto susceptibles de ser arrasados sin más-, y los opositores o críticos -periodistas, políticos o agentes de seguridad, da lo mismo- no pueden ser privados de humanidad y, por tanto, agredidos, apedreados o heridos como si no les correspondiera el mismo respeto que, por serlo, todo ser humano merece.

Me temo, de todos modos, que la misma lógica de "la guerra" que recorre toda la historia argentina, y que el "Nunca Más" parecía haber disuelto, se encuentra presente hoy. Buena parte de esa misma comunidad que pudo protestar exitosamente, todos los días, con convicción y en paz frente a los responsables de los peores crímenes, hace años que se siente autorizada a humillar, moler a golpes o escupir en público junto a sus hijos a los que no piensan como ellos -siempre, por supuesto, en nombre de la justicia-. Que quienes lo provocan con violencia deban asumir su responsabilidad no debería darle confort al Gobierno. El Gobierno debe asegurar los derechos de todos, incondicionalmente, pero cree que puede tornarlos dependientes del crecimiento económico; él debe afirmar su autoridad siendo y pareciendo justo, pero en cambio -imperdonablemente- sobreactúa su autoridad a los tiros, como si se tratara de un juego; él debe dar señales indudables de que su prioridad son los más débiles, pero sistemáticamente da la impresión de que responde a las presiones de los poderosos. La democracia y la Constitución, desde hace décadas, están pidiendo otra cosa.

Sagues sobre la protesta

Este artículo de Sagues, http://www.lanacion.com.ar/2097049-no-legitimar-el-derecho-a-la-agresion, es  un compendio de todo lo que siempre tratamos de desafiar, desde el constitucionalismo, en torno a cómo pensar  el derecho a la protesta. Argumentando de un modo muy común en el derecho más tradicional  (que no el más interesante) de la región, el artículo la emprende con la peor versión imaginable  de la postura contraria, ridiculiza  a sus adversarios, describe a la militancia política en términos innecesariamente ofensivos, y descalifica a los "juristas" (entrecomilla el término) como uno (supongo se refiere a mii o a quienes piensan como yo), que entienden que hay valores a resguardar en protestas como las que se han venido dando en nuestro país. Para él, esos juristas entre comillas corrompen, trituran y destrozan al derecho, nada menos (así lo dice). La versión que da Sagues de la protesta es paupérrima. La asimila con la violencia y el piquete, asume que es connatural  a ese tipo de protestas el "destruir el vehículo" de quien quiere pasar, "moler a golpes" al que pasa, "frenar la ambulancia" que avanza con el moribundo...una mirada reiterada, vieja, pobre, desinformada, cargada de prejuicios, equivocada. Para colmo, entiende que la defensa de la protesta -violenta- consiste en asimilarla a la expresión (obviando que la protesta suele combinar una diversidad de derechos, incluyendo el de manifestarse, peticionar frente al gobierno, responsabilizar a las autoridades, etc). Sagues obvia también que la expresión es importante no solamente en sí misma, sino, sobre todo, como vehículo de denuncia acerca de la violación de otros derechos constitucionales (derechos sociales y económicos, típicamente). Sagues olvida, sobre todo, que muchos de nosotros no hicimos nunca una defensa ciega y cerrada de la protesta, sino que tratamos de mostrar que en ocasiones se justificaba, en otras generaba faltas excusables, en otras incorporaba inconductas que podían responderse de modo menos severo. Es decir, la defensa nunca fue por el "todo vale", sino un esfuerzo por dejar en claro que el tema no merecía ser trivializado, como ocurre en el caso bajo examen. Sagúes descuida, también el papel principal que tiene el Estado en la afectación de derechos constitucionales y que implica, otra vez, no la justificación de cualquier acción en contra del Estado, por las graves faltas cometidas, sino una asignación primera de responsabilidades y deberes sobre los funcionarios estatales. Pero en fin, nada importa, todo da lo mismo, cualquier cosa vale. Curioso: las mismas razones que lo llevan a descalificar livianamente a la protesta -ese cualunquismo- es el que se aplica sobre el artículo.