Apuntes israelíes 3. Liberales y (ultra)ortodoxos

 

Tel Aviv permanece, todavía, como un reducto liberal y cosmopolita. Es, tal vez, la ciudad más hedonista que conozco, con jóvenes que pasan buena parte de su tiempo con otros jóvenes, en la calle, tomando algo, o sentados en bares con los pies descalzos, una pierna flexionada sobre el propio asiento, posicionados a veces en contorsiones o escorzos extrañísimos, fascinantes. 

Todo lo cual convierte a la ciudad en un polo opuesto a Jerusalén. Hoy, gracias al peso cada vez más creciente de ortodoxos (nacionalistas) y ultra-ortodoxos (ultra religiosos y también, y por ello, los que más hijos tienen), Jerusalén se ha convertido en una ciudad abiertamente conservadora, religiosa o espiritual, algo asfixiante para mis gustos. Uno de los mejores constitucionalistas de aquí, que enseña en Jersulén, frente a mi pregunta de si vivía cerca de la Universidad, rió y me preguntó si estaba loco. Otra profesora que entrevisto me da una respuesta similar. Me dice que es una ciudad que pasó a albergar mucho odio, y que no podría residir en un sitio donde todo gesto pasó a ser político: “ah, tomas un café el sábado a la mañana (ah, tomas el transporte), nos estás queriendo atacar entonces”. En la actualidad, Jerusalén, apenas tolera a un enclave “liberal” -el barrio de Rehavia- que es el reducto en donde viven (o se refugian) los “ricos” e “intelectuales”. Allí es donde, por ejemplo, vivió el juez Barak, cuando estaba en la Corte. Es común, entonces, escuchar referencias acusatorias hacia la zona y quienes viven en ella. Puede decirse, por ejemplo, “éste es otro capricho de los liberales de Rehavia”.

Apuntes israelíes 2. Barak y marcha

 

Este sábado tuve el privilegio de encontrarme con el ex Presidente de la Corte Aharon Barak. Barak es un prócer del derecho israelí, de dimensión internacional. Lo presento de otro modo, para que se entienda. El siglo xx nos legó una serie de jueces que forman ya parte del panteón del derecho que conocemos: Earl Warren, en los Estados Unidos, que presidió en los años 60 la Corte que bregó por la igualdad racial; Albie Sachs, en Sudáfrica, quien presidiera a la Corte que dejó atrás el apartheid; P.N.Bhagwati, en la India de Gandhi, que hizo vibrar al mundo con sus decisiones sobre los derechos sociales; y Aharon Barak, en Israel. Aunque puedo acordar con algunas de sus decisiones, y desacordar con otras, es claro que Barak cambió, para siempre (supongo), y para mejor (sin dudas), al derecho israelí. Fue él quien impulsó la “revolución constitucional” en Israel (un país que no tiene Constitución escrita, sino “leyes básicas”), y comenzó a dar vida a la incipiente normativa en materia de derechos humanos (fue Barak, por ejemplo, quien impulsó la invalidación de la tortura, cuando el gobierno israelí quiso legalizarla). Hablé con Barak un viernes, y el sábado mismo me invitó a su casa. Me recibió en sandalias, con una mesa llena de frutas, y en compañía de su amorosa esposa (ho con algunos problemas de salud), muy preocupada porque yo estuviera cómodo (ella le hacía permanentes comentarios, por lo bajo, a Barak, para que me sirviera torta, o para que me trajera un pequeño escritorio, para que yo pudiera tomar notas). A sus 86 años, Barak aparece como una persona lúcida, activa y sin miedos. Vive en un departamento modestísimo -un hecho imposible, a los ojos de un argentino, teniendo en cuenta que él presidió la Corte durante más de 10 años (desde 1995 al 2006), y sin custodia. Ello, a pesar de que, todavía hoy, y luego de casi 20 años que dejó la presidencia de la Corte, sigue habiendo manifestaciones frente a su casa, por parte de los adversarios de la “revolución liberal”, que identifican en Barak a su principal enemigo, la persona que simboliza aquello que más aborrecen. A su avanzada edad, sigue escribiendo y dando clases en la Universidad porque, me confiesa, necesita procurarse el sustento. Increíble.

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El sábado a la noche, después del hermoso encuentro con Aharon Barak, salí para la marcha de protestas que se hace cada sábado. Habían llegado de visita una de sus hijas con una amiga, que también se sumarían a la marcha, como vienen haciéndolo hace meses. Barak me ofreció una bandera, para que llevara a la manifestación (la bandera nacional se adoptó como símbolo de estas demonstraciones, para afirmar su carácter transversal, antes que liberal o de izquierda), pero le dije que prefería ir sin ella. Antes de la marcha me encontré con otros tres argentinos, que también iban para allá, y con quienes disfruté de lo que fue, para mí, un espectáculo vital y emocionante (aún para nosotros, argentinos, con una ardua gimnasia de marchas y más marchas). Miles de personas, todavía movilizadas -alegres, cantando, gritando, exigiendo- después de 5 meses. Y aún así! Y un poco más todavía! Hacia el final del encuentro, extrañé unos humeantes tentadores puestos choripán, pero a cambio se podían comprar fabulosos bagels, en una cantidad de carritos instalados a los costados de la marcha.

Apuntes israelíes 1. Mi barrio

 

Vivo, por azar, en el límite exacto entre el barrio hípster, de Florentine, y la zona de la vieja estación. En esta parte de la ciudad, la de la vieja estación, es donde se concentran la mayoría de los homeless de Tel Aviv. Es, también, el espacio que alberga a los norafricanos más pobres, y a una banda dispersa de zombies, afectados por el uso de malas drogas.

Por las mañanas, para tomar el tren hacia Jerusalén, donde doy clases, tengo que atravesar la zona de zombies (veo siempre allí, sobre todo, contra la pared sentada, a una joven judío-alemana, de piercings por todo el cuerpo, que ya no sabe cómo insultar y, al mismo tiempo, pedir desesperadamente ayuda). Luego, apenas antes de la estación, llega el puente de Hagana que, sobre todo en las horas tempranas, en que lo recorro, es albergue de gente sin vivienda que arma allí las tiendas en donde duermen, entre sillas, telas y tablones, aprovechando las modestas ventajas que les ofrece el puente: un techo parcial, algo de fresco, y la circulación de gente -la promesa de alguna ayuda- durante el día.

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Como hago el paseo a la estación casi todos los días, he empezado a dotar de rostro e identidad a las personas que viven sobre el puente. Reconozco, en particular, a una mujer con las piernas hinchadísimas, que vive entre harapos y tablas que decora con exquisitas amapolas de plástico; un africano que bebe del mismo recipiente que su perro; y una madre con hija pequeña -hija que ha logrado armar su paraíso mínimo dentro del mayúsculo infierno. Puedo distinguir, entre trapos rejilla y sillas rotas, cómo se asoman sus hermosas pertenencias: una muñeca despeinada, un muñeco de color negro, un oso que la acompaña en el sueño, un enorme unicornio, varios libritos, algunas ofrendas en forma de hojas secas, un mono diminuto tejido en hilo grueso, y dos latas. Una de las latas sirve para alimentar al gato, y la otra -una vieja lata de conservas- está preparada para quien se apiade y quiera dejar algún shekel. Ambas latas, cuando pasé recién, estaban sucias pero vacías.

La Corte en el control estricto de los procedimientos democráticos

 

 https://www.clarin.com/opinion/corte-obligacion-frenar-abusos-poder_0_qYg08ruWO1.html

Con absoluta irresponsabilidad, el Presidente de la Nación primero, y luego algunos otros miembros y allegados a la coalición gobernante, utilizaron términos gravísimos para referirse a la reciente decisión de la Corte suspendiendo las elecciones a gobernador en Tucumán y San Juan. El Presidente aludió a una “clara intromisión (de la Corte) en el proceso democrático;” el Ministro del Interior mencionó (de modo muy confuso) a un supuesto intento de “proscribir el voto de la gente” (sic); y algunos de los tantos abogados del poder equipararon (otra vez) a la decisión de la justicia con “una especie de golpe de estado” (¡!). La primera respuesta que merecen tales brutalidades es un llamado a la prudencia. Los sujetos citados están jugando con fuego (y lo saben), en un tema de enorme gravedad institucional, respecto del cual no cuentan ni con la razón pública, ni con el respaldo popular: ya nadie toma en serio lo que dicen. Lo segundo a decir es que los insultos vertidos parecen estar -como suele ocurrir- inversamente correlacionados con la falta de argumentos de quien los pronuncia: mayor el insulto, más débiles los argumentos propios. Sirva como prueba este hecho tan pequeño como demoledor: poco tiempo atrás (marzo del 2019), el propio Ministro de Justicia (que hoy se desmiente) exigió primero, y festejó después, el fallo de la Corte Suprema prohibiendo el intento reeleccionista de Alberto Weretilneck en Río Negro. Entonces: el gobierno debería revisar el modo en que argumenta públicamente sobre estos temas, porque está sosteniendo enfáticamente (a los gritos) una cosa, y la contraria, en cuestión de días, y sin el mínimo pudor o cuidado. Todos nosotros, con nuestras fragilísimas instituciones a cuestas, estamos en el medio.

Dicho lo anterior -finalmente, consideraciones sobre la política del fallo- quisiera ahora decir algo sobre la cuestión jurídica involucrada, y el contexto democrático en el que la misma se inserta. Comienzo con algo que debe anotarse: no es la primera vez que la Corte se expide sobre la materia (re-reelecciones a gobernador), en el marco de ordenamientos constitucionales que no autorizan tres re-elecciones. Desde el caso de Gerardo Zamora en Santiago del Estero, en el 2013, la Corte ha tomado ya varias decisiones similares, frente a casos semejantes. Y lo hizo mientras iba elaborando y reforzando un principio subyacente, que reza algo como lo siguiente: la justicia constitucional debe mirar “con sospecha” -con una “presunción en contrario” -a los intentos re-reeleccionistas, asumiendo que las constituciones provinciales del caso guardan, frente a tales demandas re-reeleccionarias, una buscada ambigüedad -una ambigüedad que, también de modo previsible, tiende a ser aprovechada luego por los tribunales superiores locales, para favorecer al poder de turno (corresponde subrayar que, en una mayoría de casos, tales tribunales superiores aparecen colonizados por quienes gobiernan: desde Formosa a Jujuy, desde Tucumán a San Juan o Santa Cruz).

Cierro con algunas consideraciones sobre el tema jurídico de fondo, que nos exige reflexionar sobre qué tarea deben asumir los jueces, en el contexto de democracias (particularmente locales) muy devaluadas (“erosionadas”, desde hace décadas, desde “adentro”). El Presidente se refirió, como en un insulto, a la “interferencia” de la Corte con el proceso democrático.” A él, abogado y Presidente, habría que recordarle que la Corte se encuentra, más que impedida, obligada constitucionalmente a realizar muchas “interferencias” de ese tipo. Hay cantidad de “interferencias” judiciales justificadas -imperiosas- como cuando la Corte frena un proceso eleccionario en donde no se tomaron en cuenta las exigencias del cupo femenino (i.e., listas con sólo varones en los puestos principales); o cuando invalida una norma que priva del voto, o del peso de su voto, a ciertas minorías (como ocurre en los procesos de gerrymandering -de trampa en el diseño de los distritos electorales).

Pero algo más: en el contexto de muchas de nuestras provincias, en donde los poderes económico, político, judicial y represivo aparecen reunidos, para actuar abusivamente, y de manera concertada, resulta, más que necesario, imprescindible, que una Corte “sensible al contexto” trabaje en contra de ese poder concentrado. El derecho no puede sino ser un instrumento en contra del abuso de poder. El derecho no puede ni debe ser interpretado de un modo consistente con la concentración del poder, mucho menos en contextos tales. Y más estricto debe ser el control judicial -más severo debe ser el estándar interpretativo de la Corte- en las áreas que el poder oligárquico más amenaza: libertades básicas (libre expresión, derecho de protesta, debido proceso) y reglas de juego democráticas (alternancia en el poder; derechos de los partidos minoritarios). Resulta difícil comprender que alguien diga o haya dicho, frente a hechos semejantes “había margen jurídico para otra lectura, favorable a la nueva reelección de los ya reelectos”. No estamos jugando al juego de la interpretación legal. Estamos hablando de cuestiones en donde se nos va la vida: cuestiones de miseria, opresión y muerte.

Permitir que el partido se juegue

 

El Presidente de la Nación primero, y luego algunos otros miembros de la coalición gobernante, descalificaron con graves términos a la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones a gobernador en Tucumán y San Juan. Para el Presidente, se trató de una “clara intromisión (de la Corte) en el proceso democrático;” y para el Ministro del Interior se produjo un intento de “proscribir el voto de la gente” (sic). Al Presidente habrá que decirle que sí, que tiene razón en parte, aunque con un matiz importante: se trató, en efecto, de “intromisiones de la Corte en el proceso democrático” pero -he aquí la diferencia- fueron intromisiones completamente válidas y justificadas. Ello, del mismo modo en que serían justificadas otras tantas “intromisiones” posibles de la justicia, con el proceso democrático. Por ejemplo, la de detener un proceso eleccionario que se quiera desarrollar sin debido respeto al cupo femenino; la de invalidar una ley que impida votar o diluya el voto de alguna minoría desaventajada (i.e., la minoría de los afroamericanos); la de declarar inconstitucional el diseño “tramposo” de los distritos electorales (lo que la doctrina comparada definió como maniobras de gerrymandering); etc. Ejemplos como los citados tienen una estructura idéntica a la que presentan casos como los que aquí están en juego, en donde los gobernadores en ejercicio quisieron optar por un nuevo mandato, en contra de lo que determina la propia Constitución provincial diseñada o avalada por ellos. Se trata, en definitiva, de decisiones de la máxima instancia judicial, destinadas a salvaguardar las reglas del proceso democrático y, como tales, decisiones justificadas. Para el caso argentino, y para quien lo haya olvidado, habrá que recordarle que se trata de decisiones nada sorpresivas: hablamos de un tipo de fallos a los que ya estamos acostumbrados, porque la Corte ya dictó otros similares, frente a casos semejantes(el de Gerardo Zamora en Santiago del Estero, 2013, y el de Alberto Weretilnek en Río Negro, 2019 -en ambos casos, cuando tales mandatarios buscaban una tercera reelección desautorizada por las propias Constituciones provinciales).

El hecho de que podamos decir que la decisión de la Corte se encuentra, en este caso, justificada, no depende, por supuesto, de quién gana o quién pierde (qué partido o coalición se beneficia o perjudica) con la sentencia. Como no importaría si los beneficiados fueran (como en los primeros casos de gerrymandering) grupos afroamericanos que, por ejemplo, iban a votar en masa por el Partido Demócrata; o miembros de una minoría hispana que simpatizaban con el Partido Republicano (de hecho, es perfectamente posible que los oficialismos de San Juan y Tucumán cambien la fórmula a gobernador y -como ocurriera años atrás en Santiago del Estero, con el gobernador Zamora y su esposa- ganen la elección que se avecina). Lo que está en discusión -lo que importa- es otra cosa, vinculada con el papel o misión que les corresponde asumir a los tribunales superiores: en qué casos les corresponde actuar (y de qué modo), y en cuáles no.

En esa discusión, sobre los alcances y límites del accionar del Poder Judicial, muchos bregamos (en mi caso, desde hace décadas) por una lectura crítica sobre el papel de los jueces, que pretende ser sensible al “argumento democrático” -el argumento al que Alexander Bickel denominara, célebremente, la “objeción contramayoritaria” (aunque, cabe aclararlo, Bickel dio nombre a esa objeción desde una postura defensora, antes que enemiga, del judicial review). La idea es que, en democracia, las decisiones sustantivas deben quedar en manos de la propia ciudadanía (que, valga aclarar, no es lo mismo que decir “en manos del partido gobernante”), y no bajo el exclusivo o excluyente control de alguna minoría “iluminada”, como podría serlo la decisión de una “minoría de jueces” (retomando a Bickel, la idea sería que las decisiones de los jueces, de modo habitual, difieren de las que toma la ciudadanía en el “aquí y ahora”, y en tal sentido pueden bien considerarse como decisiones regularmente “contramayoritarias”). Ahora bien, la “objeción contramayoritaria” a los tribunales no sólo no impugna, sino que es totalmente compatible con la exigencia de que los jueces custodien los procedimientos democráticos o las “reglas del juego”.

Es tan simple como en el fútbol. En el “juego democrático”, los jugadores (los ciudadanos) son los encargados de darle contenido al “partido”, esto es, de definir la sustancia o el resultado de ese juego (digamos, para el caso de la democracia, qué política económica se va a aplicar; qué nivel de impuestos o retenciones se va a imponer; qué política ambiental o educativa se va a adoptar; etc.). Mientras tanto, al árbitro del partido (digamos, en este caso, el Poder Judicial) le corresponde respetar ese resultado sustantivo, pero, a la vez, cuidar y hacer cumplir las reglas del juego que lo hacen posible. En los dos casos -el del fútbol y el del “juego democrático”- el estricto respeto de los procedimientos o reglas de juego es condición necesaria para hacer posible que los “jugadores” puedan determinar por ellos mismos el resultado o “sustancia” del “partido”. Para que se entienda: el problema aparece si el árbitro o juez del evento cambia el resultado del “partido” porque no le gusta o le parece injusto, pero no cuando anula un gol convertido con la mano.  Por ello, decir que una decisión sobre las reglas de juego -por ejemplo, una decisión que bloquea una re-elección impermisible- busca “proscribir el voto” de la gente, es absurdo: tan absurdo como decir que el juez que anula un gol hecho con la mano busca “prohibir los goles” de un determinado equipo. Se trata, justamente, de la misión que el juez está comprometido a cumplir: es exactamente lo que se espera de la justicia, la tarea a la que está constitucionalmente obligada.

 

Las malas reglas de juego

 

Publicado hoy en LN acá 

https://www.lanacion.com.ar/opinion/tenemos-las-peores-reglas-de-juego-posibles-nid06052023/

Frente a las principales decisiones tomadas por nuestras autoridades, en los últimos años- decisiones que reconocemos como deficitarias, erradas, muchas veces incomprensibles- aparecen dos primeras reacciones, igualmente equivocadas. La primera señala acusatoriamente a la ciudadanía (“la culpa es del pueblo que se empeña en votar mal, elección tras elección”); y la segunda hace lo propio con la clase dirigente (“nuestro problema tiene que ver con esta casta corrupta”). Ambas respuestas, según entiendo, se equivocan al definir y distribuir responsabilidades. Veamos de qué modo.

De acuerdo con la primera respuesta, la ciudadanía es la principal responsable de lo que nos ocurre, por incurrir en elecciones políticas sistemáticamente equivocadas, que serían las que terminan por inducir las malas políticas que hoy padecemos. El problema de este enfoque es que supone aquello que no está en condiciones de asumir, esto es, que como ciudadanos contamos con medios más o menos adecuados para hacer conocer nuestras preferencias y críticas, en materia de políticas públicas. De acuerdo con la segunda respuesta, mientras tanto, es la clase dirigente la que debe cargar con la plena o casi plena responsabilidad de nuestros padecimientos. El problema de este enfoque es que supone, equivocadamente, que bastaría con cambiar a esa “casta corrupta”, para resolver los problemas principales que hoy padecemos, desconociendo así el carácter estructural de tales problemas (i.e., el sistema de incentivos que hoy opera). 

Preciso el primer punto con dos ejemplos simples. Imaginemos que un primer elector, cercano al oficialismo, desea aprovechar la próxima elección para exigirle al gobierno entrante, al menos, las dos cosas siguientes: que mantenga la orientación política actual, pero que lo haga cambiando radicalmente su orientación económica. Lamentablemente, con su solo voto, este elector no podrá poner exigirle ninguna corrección al oficialismo: el día del sufragio no encontrará manera de poner matiz alguno a su decisión. Razón por la cual su voto podrá ser leído, entonces, como “el voto de un oficialista ciego” o “fanático”. Como si este elector que exigía un cambio económico a los gritos hubiera dicho, en lugar de ello: “brillante todo lo hecho”.

Pongamos ahora el caso de un elector cercano a la oposición, que quiera apoyar a esta última, pero exigiéndole fuertes cambios respecto del tiempo en que fuera gobierno. Imaginemos que este votante exige a la oposición que implemente esta vez una política económica muy distinta (i.e., una política “más social”). Otra vez, sin embargo, este convencido elector no podrá siquiera hacer conocer el crucial matiz que le exige a la oposición, como condición de su apoyo. Su voto será leído como “otro votante obstinado, que se desentiende de los gruesos errores cometidos ya por la oposición.” Todos escucharemos otra vez, entonces, y como siempre: “los argentinos no aprenden más”, “los argentinos vuelven a tropezarse con la misma piedra”.

Ante lo dicho recién, alguien podría respondernos: “así es la política, no siempre se puede decir u obtener todo lo que uno quisiera”. Pero resulta que la situación es mucho peor de lo que esta respuesta sugiere. No se trata, simplemente, de que “no siempre podemos lograrlo todo”, sino que -en el marco de nuestro muy deficiente sistema institucional- no sólo no podemos poner siquiera un matiz a nuestras posiciones, sino que nuestros exigentes votos terminan por expresar como “nuestras” posiciones que más bien repudiamos.  Por eso es que -en nuestro ejemplo- el sufragio de dos votantes muy críticos terminaba siendo leído como el voto de ciegos, obstinados o fanáticos: las exigencias de cambio, las duras objeciones o los encendidos reclamos de tales votantes, terminaban resultando por completo anuladas: sus objeciones pasaban a ser leídas como si fueran burdas defensas de los sujetos o partidos criticados. En este sentido es que los intentos de “responsabilizar al pueblo por sus continuos errores” son, no sólo errados, sino sobre todo injustos. Si se nos quiere responsabilizar por las desastrosas políticas de nuestros gobiernos, debería permítasenos primero tomar algún control efectivo sobre tales medidas, o sobre lo que nuestros gobiernos hacen. Sino, se nos estará inculpando por no corregir aquello que no se nos permitió cambiar, o responsabilizando por no decir aquello se nos impidió expresar.

Pasemos ahora a la segunda respuesta citada al comienzo: la que centra las responsabilidades en la clase dirigente. Por supuesto, es razonable decir que la actual dirigencia es responsable principal de muchos de los males que sufrimos, más allá de las entendibles y lamentables “desgracias” del momento (pandemias, sequías, guerras, etc.). Sin embargo, resulta simplista y errónea la idea según la cual “el problema es la casta” -idea que, por lo demás, supone que “entonces, la solución es removerla” (o “cambiarla por nosotros”). Este tipo de afirmaciones son erradas por desconsiderar por completo el obvio problema de incentivos que genera nuestra estructura institucional. Si los beneficios (legales, semilegales o ilegales) que están al alcance de los funcionarios públicos son extraordinarios; las posibilidades ciudadanas de bloquearles esos caminos, o de exigirles que recorran otros son insignificantes; y las chances de que quienes obran indebidamente o de modo contrario a la ley sean sancionados resultan casi nulas, luego, las posibilidades de que “la vieja casta” se sienta motivada a “reencauzar” su conducta son bajísimas, como ilusorias las chances de que “la nueva dirigencia” que la reemplace opte por caminos más virtuosos. Por ello es que resulta esperable, antes que sorprendente, que la “alternativa política” de ayer, se convierta hoy, en el poder, en alguien que negocia indebidamente los pasajes de avión que gratuitamente recibe; u ofrezca contratos públicos al personal doméstico que trabaja en su casa; o busque negocios privados a través de contratos de obra pública: cada quien abusará, esperablemente, de su cargo, conforme a su rango o posibilidades, porque el supuesto común es que “podemos hacerlo, y nadie va a enterarse nunca de ello, o jamás podrán hacernos responsables por lo ocurrido” 

No hay, entonces, una línea divisoria entre “ellos (políticos) y nosotros” (ciudadanos): los ciudadanos honestos de ayer son los funcionarios corruptos de hoy. Lo cual, otra vez, dice, no tanto que “los argentinos somos todos corruptos,” sino que las reglas de juego que tenemos son de las peores posibles. Ellas ofrecen a los funcionarios públicos los incentivos más perversos, a la vez que dificultan la posibilidad de que nosotros, ciudadanos, desafiemos y cambiemos de una vez esos incentivos. La conclusión parece pesimista (“cuál es la solución que se ofrece?!), y en buena medida lo es, salvo por un detalle crucial: no vamos a solucionar nuestros problemas mientras sigamos errando tan gravemente en el diagnóstico de los mismos. Este texto pretende ayudarnos a precisar ese diagnóstico.

Sobre las limitaciones del voto

Publicado hoy acá https://www.clarin.com/opinion/conversacion-democratica-debemos_0_fTxgwNJIHl.html

Cuando, en la actualidad, muchos hablamos de la crisis democrática que nos afecta (a nosotros, en la Argentina, como a una mayoría de países occidentales) no estamos haciendo un uso meramente retórico de los términos. Por el contrario, estamos aludiendo a problemas concretos, graves y extendidos dentro de nuestra práctica constitucional. Por ejemplo, hablamos de los modos en que el poder político se ha ido concentrando en el órgano Ejecutivo, y de las ventajas que ese órgano ha ido obteniendo para sí, desde ese lugar de privilegio (i.e., aprovechando sus facultades especiales para bloquear, eludir o socavar al sistema de “frenos y controles”). Al hablar de crisis nos referimos, también, a las capacidades institucionales que el Poder Judicial se ha ido auto-asignando, desde muy temprano (por ejemplo, el poder de invalidar la legislación democrática -un poder que la Constitución no le había asignado), hasta entronizarse como el poder que pronuncia la “última palabra” institucional sobre todos los temas públicos relevantes (recuérdese el reciente caso Dobbs, en materia de aborto). 

Con la idea de crisis democrática apuntamos, también, al irreparable deterioro que sufren nuestros órganos representativos (la Cámara de Diputados, el Senado), que nacieron con la promesa de representar a la totalidad de la sociedad -un objetivo difícil pero imaginable en el marco de sociedades pequeñas, divididas en pocos grupos de intereses homogéneos, pero de cumplimiento imposible en la actualidad. En efecto, en sociedades “multiculturales”, definidas por el “hecho del pluralismo” y la heterogeneidad radical (donde cada persona -como diría Luigi Pirandello- es “uno y cien mil”), la posibilidad de que “un obrero” represente a la clase obrera (como si sus miembros tuvieran un solo interés común), o “un gran propietario” a toda la clase alta es, más que absurda, irrisoria. 

En ese sentido, nuestras instituciones representativas aparecen hoy estructuralmente incapacitadas para cumplir con la misión que les daba sentido y las legitimaba. El problema de la representación es gravísimo y -bajo los términos del viejo sistema institucional- resulta “incurable” (de allí el absurdo de pensar que sólo se trata de reemplazar a “corruptos” por “honestos”). El viejo “traje” institucional ha quedado demasiado chico para un cuerpo que ha cambiado y crecido, y no hay forma de reparar los déficits que enfrenta (como no bastaría con agregarle botones o estirarle las mangas al traje que usáramos de niños).

Pero hay un problema adicional, extremo, importantísimo, sobre el que aquí quisiera llamar la atención, y que tiene que ver con el papel reservado al sufragio -al voto periódico- en toda esta historia. En los orígenes del constitucionalismo, el voto era visto como “una herramienta más” -importante, pero no decisiva- destinada, junto con muchas otras, a organizar el funcionamiento de todo el sistema institucional. Por ejemplo, la presencia de “cabildos” o town meetings; o la revocatoria de mandatos; o las instrucciones a los representantes; o la rotación obligatoria en los cargos; etc., implicaban que el destino del sistema constitucional dependía de herramientas múltiples: ninguna de ellas cargaba sobre su sola espalda la responsabilidad de “cuidar” a todo el sistema. Para decirlo con un ejemplo posible: si la mayoría escogía un representante que se revelaba “incapacitado” para el cargo; o que se negaba a cumplir con alguna “instrucción obligatoria”, ese representante podía ser removido al día siguiente (se le revocaba el mandato). 

Hoy, en cambio, el voto aparece fundamentalmente “solo”, para cumplir con todas las tareas democráticas relevantes. Hoy se espera que con el voto “elijamos” a los mejores; pero también que, con ese mismo voto, “castiguemos” a los que actuaron mal; y fijemos la dirección hacia donde debe ir el gobierno; y digamos qué políticas deben cambiar o cuáles adoptarse…Es decir, se pretende que con ese solo voto hablemos sobre el presente, el pasado, y el futuro, y que revelemos así lo que aceptamos, lo que rechazamos y lo que pretendemos. 

En circunstancias de deterioro institucional como las descriptas, el voto resulta sustantivamente incapacitado para lograr nada de lo que se espera que logre, con un resultado obvio: la frustración colectiva. Y es que -en su soledad- el mero voto no nos sirva para nada de lo que democráticamente necesitamos: conversar, matizar, distinguir, decir “esto sí por tal razón”, “aquel diputado no por tal motivo”, “aquella política tal vez, pero sólo si se la rectifica de este modo”. De allí que -en cualquier circunstancia, pero mucho más claramente en sistemas deteriorados como los nuestros- el voto no puede contribuir (o, peor, va a hacer una mala contribución) a la conversación democrática que nos debemos. Por ello el error -especialmente común en la izquierda- de confundir voto con democracia y, por tanto, “más democracia” con “más oportunidades para votar por más cosas”. 

La democracia -contrariamente a lo que algunos líderes políticos propusieron- se opone a la idea de “arme su partido político y gane las elecciones”. La democracia reside, sobre todo, en el espacio de tiempo que se abre entre elección y elección (no se limita al comicio); exige que podamos distinguir y matizar (y no, simplemente, decir “sí” o “no”); necesita que podamos dar razones y ser corregidos (y no confinarnos al rechazo o aceptación en bloque de lo que otros nos proponen); requiere de un diálogo continuo (y no de consultas episódicas). Democracia es algo demasiado distinto de aquello que hoy nos ofrecen en su nombre.

Feminismo Crítico, en México

 Gran presentación del libro "Feminismos, Justicias y Derechos frente al Neoliberalismo," editado por Lucía Nuñez. Junto con lo mejor del feminismo mexicano: Marta Lamas, Lucía Nuñez, Guadalupe Huacuz. Orgullo estar por allí, gracias!

Investido cardenal

 Bueno, en realidad, un Doctorado Honoris Causa en Cochabamba, Bolivia. Viva Bolivia!

El derecho a una segunda oportunidad

 

Publicado en LN, acá https://www.lanacion.com.ar/ideas/la-metrica-de-las-penas-y-el-derecho-a-una-segunda-oportunidad-nid11022023/

En las líneas que siguen, quisiera dejar asentadas algunas reflexiones en torno a un caso que nos ha conmovido a todos, recientemente. Me refiero al “caso de los rugbiers,” en donde una patota de jóvenes ultimó a golpes a un joven como ellos, por completo indefenso. Me interesa realizar algunas consideraciones sobre los modos en que el Estado respondió y debiera responder, frente a un horror semejante. 

Antes de involucrarme en la tarea anunciada, sin embargo, quisiera dejar en claro lo que debiera ser obvio: que los matices que pueda implicar mi posición, respecto de las concepciones hoy predominantes en la materia, de ningún modo deben entenderse como una forma de minimizar la bestialidad de lo ocurrido. Conviene tenerlo en mente desde un principio: no existe algo así como un “juego de suma cero” entre los derechos de las víctimas, y los derechos que sus agresores (como todos los seres humanos, aún los peores) preservan. Es y debe ser posible meditar sobre todos esos derechos -los de uno y otro lado- sin tener que involucrarse en la ingrata tarea de aventar inaceptables sospechas: como si quien reflexionara sobre los derechos de los victimarios tuviera que aclarar a cada paso que no simpatiza con ellos. En lo personal, y en este caso concreto, me siento por completo identificado con la víctima y sus allegados; y considero que el Estado debe responder de modo inmediato y urgente, en la materia (aunque ello no implique considerar que el Estado deba asumir, como propia, la tarea de satisfacer las demandas o aspiraciones de las víctimas). Al Estado le corresponde actuar conforme a las reglas que lo sujetan. 

Cuáles son, entonces, las reglas a las que se encuentra atado el Estado? Obviamente, las que regulan el derecho de nuestro país, empezando por la Constitución. Al respecto, comenzaría aclarando lo siguiente: lo que nuestro derecho ordena, no es “disponible” (“lo hacemos cuando nos gusta,” “lo cumplimos cuando nos conviene”, “lo acatamos si es que estamos de acuerdo”). La Constitución es obligatoria, y nos exige algunas cosas, a la vez que nos prohíbe otras. Por suerte, agregaría, tenemos una Constitución muy decente en la materia -una Constitución que, sobre la cuestión penal, abraza un interesante “liberalismo-conservador”, desde el siglo xix. En tal sentido, nuestra Constitución, en materia penal, dice pocas cosas, pero importantes. Entre ellas: ordena que las cárceles sean “sanas y limpias”, y que sirvan “para seguridad y no para castigo de los reos”; y define, además, que “toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificar” (a los presos) “más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”. Nos guste o no, ése es nuestro derecho, y estamos obligados a obedecerlo. A raíz de lo cual, proclamas comunes en la esfera pública (proclamas que se escucharon tanto estos días), del tipo “que se pudran en la cárcel”; o “ahora les toca sufrir a ellos por lo que hicieron”, deben considerarse como propuestas por completo ajenas a nuestro derecho. 

Mencioné recién algunas cuestiones que nuestro derecho resiste en el área (y que sugieren que las cárceles insanas, sucias y mortificantes que tenemos resultan inconstitucionales). Quisiera concentrarme ahora en un par de consideraciones adicionales, derivadas también del texto constitucional, pero referidas, específicamente, a las penas altas (“perpetua para todos”) demandadas, para el caso en cuestión, por la sociedad civil, o fijadas por los tribunales. Lo primero que diría es que debemos dejar de medir la justicia de las decisiones judiciales, con la métrica de la pena. Como en todo el mundo, la exigencia constitucional de hacer justicia debe ser entendida con independencia del nivel (alto o bajo) de penas que se establezca. Para decirlo más claro: la Constitución rechaza la idea de que “más justicia” implica “más pena” (recordemos, en estos días, la común afirmación de que “no se hizo completa justicia, porque no todos los acusados recibieron condena perpetua”). Países como Colombia, Sudáfrica o tantos otros, enfrentados a crímenes masivos, indescriptibles, nos sirven de ejemplo: los objetivos del Estado de Derecho, frente a las atrocidades sufridas, pueden requerir penas altas o bajas, penas efectivas o ausencia de penas: lo que importa es otra cosa (lograr la paz, conocer la verdad, por ejemplo) En Colombia, se intercambiaron penas más bajas por Paz (“renuncia a las armas”); como en Sudáfrica se habían intercambiado amnistías por Verdad (i.e., información acerca de dónde estaban enterrados los muertos). Es decir, la pena (y mucho más, la pena perpetua) es y debe ser un instrumento disponible de la Justicia: su adopción y su nivel de dureza depende de si sirve o no, y de qué modo, a los principios y fines que se propone el Estado. Hacer justicia, en términos constitucionales, no “exige” penas altas (muchísimo menos perpetua).

Me concentro ahora en lo que es el punto más importante de los que quería presentar en estos párrafos. Me refiero a un argumento que es constitucional y moral, contra las penas altas (ni qué decir, contra la “prisión perpetua”). En su moderado liberalismo penal, y en su notable humanismo (que contrasta con el “brutalismo” que campea hoy, en parte de los medios y la opinión pública), nuestro derecho mira con sospecha esas “altas” condenas. Y ello, por una razón obvia: tenemos el derecho a que se nos conceda una segunda oportunidad. El “contrato entre iguales” que implica una Constitución requiere que se nos reconozca ese derecho. Pensando en nuestros hijos, sobre todo, ninguno de nosotros hubiera aceptado firmar un contrato que no reconociera eso. Obviamente exigimos, de modo prioritario, que el derecho proteja a nuestros hijos. Pero demandamos también que, si ellos llegaran a equivocarse (por ejemplo, buscando -irracionalmente- integrarse o “quedar bien” con su grupo de amigos), y cometieran así el “error de su vida” (un acto atroz), no se los deje para siempre afuera: por fuera del “contrato” que nos une a todos; “expulsados de la tierra común”; condenados para siempre al “infierno” que son nuestras cárceles. Entiéndase bien: esto no quiere decir, en absoluto, que el Estado deba perdonar o minimizar el terror impuesto por alguno (quizás, por alguno de nuestros hijos); y es compatible con sostener que cualquiera que cometa una falta gravísima debe recibir un fuerte reproche penal, por parte del Estado. Sin embargo, en nuestro país, como en casi todo el mundo civilizado, resulta obvio que las penas desmesuradas en el tiempo resultan inhumanas, moralmente inaceptables, pero también ilegales. Después de pagar por nuestras culpas, tenemos que tener la posibilidad de arrepentirnos, pedir perdón, y rehacer nuestras vidas: todos tenemos el derecho constitucional a que se nos conceda una segunda oportunidad en nuestras vidas.

Cuando más justicia no significa más pena

Todos hemos quedado conmovidos, en estas últimas semanas, a partir de los juicios desarrollados en torno a algunos crímenes brutales. Pienso, en particular, en la muerte de un joven, provocada por los golpes que le impusiera una patota de otros jóvenes rugbiers. Crímenes como éstos, y sus detalles, nos han generado, a todos, dolor y daño en exceso. Quisiera, sin embargo, tomar la oportunidad que nos ofrece este momento de duelo colectivo, para plantear algunas preguntas y dudas -para mí difíciles de responder- relacionadas con las respuestas altamente “punitivistas” que hoy, ligeramente, se ofrecen ante dichos casos. El objetivo del texto no es el de generar controversias innecesarias, sino el de reflexionar críticamente sobre temas tan tristes como complejos.

Más justicia, más pena? Comienzo planteando una perplejidad propia de las demandas por penas “severas” o “de por vida”. De modo habitual, se nos dice que, de ese modo (con “penas muy altas”) se busca “hacer justicia”. Ello así, vinculando -incomprensiblemente- al nivel de “justicia” de la respuesta estatal, con la métrica de los “años de cárcel” (resultó trágico, en estos días, oír el desfile de declaraciones de nuestra clase dirigente, festejando las “condenas de por vida” porque “finalmente se hizo justicia”). En la Argentina, nos hemos acostumbrado a este tipo de asociaciones, desde los años de los juicios ante los crímenes de la dictadura: sólo cuando se escuchaban condenas a perpetuidad se decía: “por fin se hizo justicia!” Sin embargo, para todos los casos, y aún o especialmente frente a los crímenes más terribles, no hay nada obvio en dicha asimilación entre “más justicia” y “penas más altas”. En la Colombia de hoy, después de décadas de “conflicto armado,” el Estado busca “Justicia y Paz”, con independencia de si ello requiere más o menos “penas”. Algo similar ocurrió en la Sud-África post-Apartheid: lo que importaban eran otras cosas -saber la “Verdad” de lo ocurrido, por ejemplo- más que imponer los castigos más severos.  Es decir: la asimilación entre “justicia” y “penas más severas” no es obvia, ni parece sensata, ni resulta necesariamente provechosa, en ningún sentido.

Qué finalidad buscamos, a través de un duro castigo? Una vez que nos queda en claro que “hacer justicia” no es lo mismo que “condenar con más penas,” resurge la pregunta sobre qué es lo que en realidad buscamos, cuando demandamos castigos severos. Ofrezco aquí algunas respuestas muy comunes, adelantando el problema que veo en ellas: ellas parecen apuntar a lugares muy distintos, muchas veces en tensión entre sí. La pregunta es: Qué es lo que queremos, cuando proponemos “las penas más altas,” en estos casos? Queremos que “la sociedad aprenda” qué es lo que pasa, cuando alguien comete un crimen aberrante? (queremos “infundirle miedo” al resto de la sociedad, tomando a los culpables como “meros medios”?). Queremos, exclusiva o fundamentalmente, “darle su merecido” a los asesinos del caso? Queremos que ellos no tengan la oportunidad de volver a cometer un crimen semejante? Queremos “reformar” a esos criminales, para luego intentar reintegrarlos? Queremos buscar su arrepentimiento y enmienda? Una vez más: necesitamos aclarar(nos) qué es lo que buscamos, a través del castigo severo, porque muchas de las respuestas anteriores parecen incompatibles entre sí (se dirigen a sujetos distintos; buscan objetivos diversos; se satisfacen con medios opuestos; etc.).

Respuestas internamente muy frágiles. Una vez que definimos qué es lo que efectivamente perseguimos, a través del “castigo severo” (“disuadir al resto”; darle a alguien su “merecido”; “reformar y reintegrar” a los criminales) necesitamos reflexionar sobre la racionalidad y razonabilidad del objetivo específico que elegimos -cualquiera sea- y sobre los medios por los que optamos para logar tales objetivos. Mi impresión es que no pensamos o no queremos pensar demasiado sobre la cuestión, porque intuimos las dificultades que vamos a encontrarnos en el camino. No digo esto con el ánimo de “complicar las cosas”, sino con el genuino objetivo de pensar mejor sobre lo que es difícil. Veamos: si proponemos la imposición de “penas ejemplares” (“altísimas”) para disuadir a potenciales criminales (“que nadie más se anime a cometer un acto así”), deberemos tomar conciencia de que la disuasión no parece estar funcionando bien en ninguna parte (el criminal habitualmente asume que “a él” no lo encontrarán; los niveles de criminalidad parecen depender de otras variables ajenas a los niveles de pena que establecemos; etc.); y reconocer también que otras políticas (preventivas) pueden resultar más humanas y más eficientes para la disuasión que buscamos (más allá de que nos evitan la inmoralidad de tomar a los condenados como “meros medios” para conseguir los fines que nos proponemos). Por el contrario, si lo que más nos importa, cuando castigamos, es que el criminal “cambie” o “se reforme”, para después poder “reintegrarlo”, tenemos que advertir que nos dirigimos a un fracaso seguro si, para lograrlo, confinamos al criminal un antro de maltrato y violencia (nuestras cárceles); lo rodeamos de los peores criminales que hemos encontrado; y lo aislamos del resto de la sociedad (de su familia y de sus afectos). Lo que “aprenderá” el criminal, a través de esa “escuela” que le impusimos, es a ser todavía más violento: de allí saldrá, cuando salga, mucho peor de como había ingresado, pero ese resultado será ahora, en parte, responsabilidad nuestra. Se tratará del “producto esperable” de la “educación en el crimen” que le hemos dado. Finalmente, si lo que buscamos, a través de penas “altísimas” es darle a alguien “su merecido” (digamos, una especie de impermisible venganza a manos del Estado que tiene el monopolio de la violencia), convendrá que nos aclaremos, previamente, cómo vamos a “medir” ese “merecimiento” (Qué “merece” una persona que comete un crimen, como el de los rugbiers? Que la torturen? Que le arranquen un pie? Que la condenen a muerte?). Y, más allá de esa insoluble dificultad para precisar qué es lo que alguien “realmente merece”, luego de un crimen grave, convendrá reflexionar, también, sobre la clase de sociedad que somos o en la que nos convertimos, condenando de ese modo extremo. Supongo (aunque, por ahora, no lo afirmo, sólo lo planteo como duda), que alguno de esos criminales (digamos, alguno de los rugbiers citados) cometió, sin pensarlo mucho, el error de su vida, y hoy está profundamente arrepentido de lo que hizo. Si esto es cierto, esa sola posibilidad debiera ocupar un lugar importante a la hora de ofrecer respuestas, desde el Estado. Tal vez, más que arrojar al infierno a ese joven criminal, y desentendernos del mismo (que es lo que haremos), podríamos apostar a recuperar o reconstruir la parte de humanidad que aún preserva (hablamos, finalmente, de adolescentes, casi niños). No se trata de que seamos ingenuos (han hecho algo terrible), pero tampoco de cerrar los ojos (nosotros, el Estado) frente a las consecuencias (desastrosas) de las respuestas que damos. Si se me permite la herejía: ninguno de nosotros está exento de cometer un error imperdonable.

La Constitución no permite “cualquier” respuesta. Algunos eventuales lectores, seguramente, no se sentirán en absoluto interpelados o persuadidos por nada lo que he dicho hasta aquí. Ellos -seguramente, y en parte se entiende- se encuentran por completo convencidos del valor y necesidad de las penas “más duras” (“que se pudran en la cárcel”). Pues bien, quienes quieran mantenerse, obstinadamente, en ese lugar (el del híper-punitivismo) deberán tomar nota, al menos, de que nuestra Constitución no permite, cualquier respuesta en la materia (sobre todo, respuestas híper-punitivas, como las que ellos invocan). En efecto, la vieja Constitución de 1853, con su modesto liberalismo humanitario, condena y prohíbe ciertas (comunes) respuestas penales. Simplemente cito la frase crucial que dedica el art. 18 de la CN, a la cuestión de las penas, recordando que se trata de un “mandato” obligatorio, para todos, y no de una mera “recomendación” que podemos cumplir si tenemos ganas. Dice la CN: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice.” Esa frase nos confirma que la mayor parte de las cosas que hacemos en el área (las cárceles que tenemos, los castigos que damos, el tipo de penas que imponemos) son, directamente, contrarias a derecho: “mortificamos” a través de la pena; “castigamos” a través de la privación de libertad; mantenemos cárceles “insanas y sucias”. Todo lo cual puede ser irrelevante para periodistas y propagandistas en el área, pero no puede serlo para los funcionarios que tienen la obligación de aplicar el derecho. En definitiva: nos encontramos frente a un tema doloroso y arduo de tratar. Sin embargo, el hecho de que tengamos enormes dificultades para reconocer, frente a estos terribles casos, cuál es la mejor respuesta de la que disponemos -en términos legales, políticos y morales- no habilita cualquier respuesta alternativa, que impulsiva o irreflexivamente ofrezcamos.

Lo que expresa el juicio político a la Corte

Publicado en LN, acá

https://www.lanacion.com.ar/opinion/juicio-politico-a-la-corte-una-iniciativa-caprichosa-y-boba-nid21012023/

Quisiera presentar algunas reflexiones constitucionales a partir de la iniciativa de juicio político a la Corte Suprema, impulsada por el Poder Ejecutivo. Ello así, porque considero que la iniciativa en cuestión representa una expresión extrema, de un momento político también extremo: una etapa de aciago delirio en la trágica comedia en que se ha convertido la historia argentina. Me preocupa, sin embargo, menos el juicio político en sí -una iniciativa caprichosa y boba, que tiene poco sentido tomarse en serio- que lo que la decisión de activar el juicio expresa, en este momento. Pienso en lo siguiente: el impulso dado al juicio nos refiere a una administración desorbitada, repudiada aún por sus integrantes, que se anima a tomar una medida extemporánea y carente por completo de consenso social (hay consenso en torno al mal funcionamiento de la justicia en todas las instancias, pero en absoluto a favor de la remoción de los miembros de la Corte), para la que (lo sabe) no va a encontrar respaldo institucional, y con el solo fin de ofender, embarrar y deslegitimar al máximo tribunal de la Nación. Ello, mientras ese mismo gobierno se muestra impávido e inmovilizado frente a una crisis (económica, social, política) difícilmente equiparable en la historia nacional. Esto es decir: el edificio social se cae a pedazos, y el gobierno usa las poquísimas energías políticas de las que dispone para agredir a aquellos (casi todos) a los que identifica como sus adversarios.

Pero, otra vez, no me interesa aquí examinar la iniciativa del juicio político en sí (una iniciativa -otra más- llamada a perderse en la alcantarilla de los trabajos sucios del gobierno) sino lo que dicha iniciativa torna evidente. Lo que la iniciativa del juicio revela es el alarmante estado en que se encuentra nuestra democracia constitucional, que hace posible que un gobierno -cualquiera- pueda adoptar iniciativas disparatadas; mientras la ciudadanía no puede sino mirar azorada, ya que no cuenta con ningún instrumento institucional apropiado para llamarle la atención al gobierno, o reprocharle por lo que hace o no hace. Nada. Como ciudadanos, la herramienta institucional que nos ha quedado, para ejercer nuestra autoridad democrática entre elección y elección, es ninguna. Lo que se ha ido imponiendo, en los últimos tiempos (como construcción política más que como legado de la historia) es la más pobre versión de la democracia constitucional que hemos visto, esto es decir, la democracia (kirchnerista) como sinónimo de “elecciones, y si no le gusta, arme un partido político y gáneme en la próxima”. Mientras tanto, todos los incentivos institucionales que ofrece nuestro aparato constitucional, aparecen orientados en la dirección equivocada; y nosotros -ciudadanos del común- no podemos hacer nada, salvo esperar la próxima elección, y luego prenderle alguna vela a algún santo, para rogar que los elegidos cumplan con las promesas que nos han hecho. 

Hoy por hoy, en efecto, todos los incentivos institucionales que ofrece el sistema de checks and balances trabajan en contra de los objetivos comunes (cualesquiera sean estos: progreso económico, justicia distributiva, paz social, etc.). En efecto, los mecanismos institucionales hoy vigentes i) alientan el conflicto, antes que la cooperación (ello así ya que, cuanto más concentrado está el poder, más importa obtener o retener los cargos ejecutivos, destruyendo a -antes que cooperando con- el adversario); ii) favorecen y auspician el trabajo de los lobistas, antes que la movilización social (ya que cualquier lobista tiene más chances de avanzar una demanda propia golpeando la puerta del despacho presidencial, que cientos de miles de lograr lo mismo, movilizándose por las calles durante días); y iii) promueven la corrupción político-empresarial, antes que la transparencia en la gestión (ello así, ya que los beneficios que pueden obtener políticos y empresarios pactando entre sí son extraordinarios; sobre todo cuando los principales mecanismos de control al poder han sido desmantelados -sólo como apostilla que nos habla del disvalor de nuestra dirigencia política, recuérdese que llevamos 15 años sin designar al Defensor del Pueblo!).

Dificultades como las señaladas nos muestran de qué modo nuestro sistema constitucional agudizó, con el paso del tiempo, problemas que eran propios del sistema de checks and balances, desde su nacimiento. Es cierto que, en su momento fundacional, el modelo constitucional que hoy tenemos fue el resultado de una diversidad de buenos propósitos (aunque no sólo esto). En un contexto marcado por luchas sangrientas entre facciones con intereses opuestos, la idea fue la de diseñar un aparato constitucional capacitado, a la vez, para integrar institucionalmente a todas esas facciones (la idea era que todos -“grandes propietarios” y “pequeños propietarios”; “mayoría” y “minoría”- ocuparan posiciones de gobierno); otorgarles a tales facciones un poder institucional equivalente; y obligarlas a negociar y acordar entre ellas, antes de convertir sus demandas en un decreto o en una ley. La idea era, en términos de Alexander Hamilton- la de usar la Constitución para favorecer la paz social, evitando las “mutuas opresiones”. Con la misma lógica a la que apelara en su momento Adam Smith, para pensar sobre la economía, James Madison pensó al constitucionalismo asumiendo que los funcionarios “egoístas” terminarían trabajando para el bien común (i.e., impidiendo los excesos de la rama de gobierno contraria) si se dotaba a cada sección del gobierno de los medios e incentivos institucionales apropiados (i.e., veto presidencial, juicio político, etc.).

Lamentablemente, y ya desde su origen, el sistema constitucional de los “frenos y contrapesos” apareció sujeto a problemas graves. Algunos de esos problemas fueron detectados en el propio tiempo de su creación y otros se tornaron evidentes mucho después. Entre los primeros se encontraba el siguiente: el problema de que las distintas ramas de gobierno no “negociaran” entre ellas, sino que ingresaran en una dinámica de “guerra” o de “bloqueo mutuo” -como admitiera el propio James Madison, pocos años después de haber ideado el sistema de checks and balances. El “juego” proyectado, de este modo, podía derivar en uno que ni favorecía la paz social, ni mucho menos la cooperación entre facciones diferentes: “guerra” o “bloqueo muto” constituían las dinámicas previsibles.

De los problemas menos previsibles, el más importante fue el derivado de la “explosión del multiculturalismo”. En efecto, cuando las sociedades modernas dejaron entenderse a sí mismas como lo hacían en el siglo xvii o xviii -esto es decir, como sociedades divididas en unas pocas facciones, internamente homogéneas (artesanos, comerciantes, grandes propietarios, etc.)- y pasaron a reconocerse como las reconocemos hoy, es decir, como sociedades fragmentadas en millares de grupos heterogéneos, todo cambió, y sin vuelta atrás. Hoy, el sueño institucional propio de un momento -el de lograr la representación plena de la sociedad, integrando a “todos” los grupos al sistema constitucional- se esfumó para siempre. En la actualidad, resulta simplemente irrealizable la aspiración de incorporar a la estructura de gobierno (no a 4, 5, 10 grupos sociales, sino) a millares de grupos de composición heterogénea. El resultado esperable, otra vez, es alarmante: los representantes políticos, una vez electos, previsiblemente representarán a muy pocos (y trabajarán -de modo previsible también- más en favor de los intereses del aparato partidario, que en nombre de intereses generales); mientras que la ciudadanía (desprovista de herramientas de control formal sobre el poder) carecerá de toda capacidad institucional formal para exigir políticas particulares o (re)orientar el rumbo de gobierno. Nada por hacer, salvo esperar la próxima elección y rezar.

Llegados a este punto, podemos volver a la cuestión inicial, sobre el juicio político, y entender mejor la naturaleza y gravedad de las dificultades que enfrentamos. Que el gobierno (cualquier gobierno) pueda, en un momento de crisis extrema (de cualquier tipo), quedarse indiferente e inmóvil, frente a la debacle, y optar por utilizar sus escasas fuerzas para agredir a quienes identifica como adversarios (empujado por los caprichos reales de cualquiera) no es sólo muestra de una dirigencia que ha perdido el rumbo. Se trata, sobre todo, de un accionar patológico que el sistema constitucional hace posible y alienta. Y eso es lo preocupante: no bastará con lo urgente - cambiar de elenco gobernante- en la próxima elección, porque el problema que enfrentamos no nace a partir de personas (cada vez peores, digamos), sino a partir de instituciones que nos resultan cada vez más ajenas.

La "casta política": qué sí y qué no

 

 https://www.clarin.com/opinion/necesidad-renovacion-institucional_0_pHuXoIVpbm.html

La idea de que vivimos gobernados por una “casta” no es argentina, ni sólo latinoamericana, y si ella se ha extendido tanto, por tantas partes, casi al mismo tiempo, es porque encierra algo que en demasiados lugares se reconoce como cierto. Ello, aunque lo que esa expresión oculta es todavía más importante que lo que muestra. Qué es lo que esa idea sugiere? Lo que sugiere es que muchos objetivos sociales compartidos (paz, justicia, libertad, etc.) se ven frustrados no como producto de catástrofes naturales o desgracias ocasionales, como la pandemia, sino como resultado de una clase dirigente, que gobierna en su propio provecho. Claro, la explicación gana particular atractivo, seguramente, tanto por su apelación conspirativa (“ellos son los que impiden que todos los demás estemos bien”), como por el modo en que nos libra a nosotros, los ciudadanos comunes, de toda responsabilidad en la generación de los males colectivos que padecemos (“los culpables son ellos”). Sin embargo, a pesar de que nos duela, la idea de una “casta” que gobierna a nuestras espaldas y reparte beneficios exclusivos entre sus miembros, involucra intuiciones socialmente muy extendidas. Desde hace décadas, y por razones muy diversas, el sistema de la representación política está en crisis, y quienes ocupan posiciones de poder en ella, encuentran medios institucionales e incentivos (todos los incentivos, diría) para beneficiarse a sí misma, a costa del resto. Qué razones han favorecido esa crisis? Muchas, seguramente, y entre ellas, la mayor heterogeneidad de la sociedad, con más y más variadas necesidades e intereses que satisfacer; la dificultad efectiva de “representar” a una sociedad plural y multicultural; la (consiguiente) pérdida de fuerza de los partidos de masas e ideológicos; la burocratización y profesionalización de la política (la vieja “ley de hierro de la oligarquía” de la que hablaba el sociólogo alemán Robert Michels); el modo en que se han ido corroyendo por dentro las viejas instituciones; etc.

Dicho lo anterior, debe subrayarse inmediatamente que la noción de “casta” también “oculta” algo importante, tanto o más relevante que aquello que visibiliza. Por un lado, dicha noción sugiere algo falso, esto es, que una persona (un “león”), o una “nueva dirigencia”, honesta y jovial, podrá resolver de una vez los problemas políticos que padecemos, cuando finalmente se haga cargo de la catástrofe institucional que hoy nos asfixia. Por otro lado, y lo que es más importante, la idea de “casta” invisibiliza lo que resulta crucial, y es que aquí no hablamos de un problema de individuos, personalidades o rasgos de carácter (los “honestos” que se juegan por el país, contra los “corruptos” entregados al extranjero), sino de cuestiones institucionales de carácter estructural -problemas que tienden a afirmarse y reproducirse con el paso del tiempo. Y es que son tantas las posibilidades de utilizar las palancas del poder para el propio beneficio (lo cual lleva, al grueso de la clase dirigente, a “pactar” entre sí la preservación común de esas ventajas), y tantos los incentivos para hacerlo (ante la falta de controles y la “colonización” de los organismos de supervisión existentes) que lo que resulta esperable es que los “nuevos sujetos” que ocupen los “viejos cargos,” una vez en funciones, repitan desde el poder los mismos vicios que denunciaban desde el llano. Ninguna sorpresa: esto mismo es lo que comprobamos, una y otra vez, luego de la llegada a la Presidencia o al Congreso de aquellos que prometían, durante sus campañas electorales, ser implacables frente a los “privilegios de la casta”: bastan unos pocos días en el poder para advertir que ya usufructúan, con naturalizada suficiencia, de las prebendas y canonjías de las que hasta ayer abjuraban. Pero, otra vez, el problema no es que “esta persona tampoco resultó buena/honesta”: el problema es el entramado de incentivos que permite y fomenta ese tipo de comportamientos.

En la actualidad, padecemos en el país a un elenco de gobierno que, seguramente, es el peor de la historia democrática argentina: un grupo de delirantes que se golpean entre sí, mientras lanza garrotazos al aire, buscando acertar a alguno de sus adversarios. Toda la energía política dedicada a ello: a intentar, con llamativa torpeza, la destrucción del otro. La mala noticia es que, dentro de este marco, el futuro no resulta particularmente prometedor. Tendremos gobiernos mejores (difícil empeorar al actual), pero los problemas de fondo están llamados a mantenerse. En todo caso, la esperanza reside en las lecciones que, ojalá, hayamos ido aprendiendo con el tiempo: que no hay buenas razones para confiar en un nuevo líder o en una nueva generación “salvadora”; que necesitamos de una renovación institucional que asegure mayores espacios ciudadanos para la decisión y el control del poder; que la democracia no es, como quiso enseñarnos el kirchnerismo, un sistema para la periódica elección de líderes (“forme su propio partido y gáneme”), sino algo más bien contrario a lo propuesto: la democracia es, y debe ser, lo que los ciudadanos construyamos políticamente, entre elección y elección.

 

 

 

 

 

Retiro 2022-La Plata

Y mientras el mundo sigue rodando, hicimos nuestro mágico Retiro Anual, esta vez en La Plata. Tuvimos todo un día de debates, tuvimos parrilla, y tuvimos las 3 ceremonias de cada año: i) la ceremonia del sorteo de libros (una veintena!); ii) la ceremonia del helado (se ve en la foto); y iii) la ceremonia del licor, cerrando el día. Un milagro que se repite cada año.

2011: San Pedro

2012: San Antonio de Areco

2013 Chascomús. 

2014: San Miguel del Monte

2015: Suipacha. 

2016: Tigre

2017: Cañuelas-Uribelarrea

2018: Capilla del Señor

2019: San Isidro 

2020: La Flor, junto a la Facultad de Derecho (pandemia) 

2021: Plaza del Bellas Artes, frente a la Facultad de Derecho (pandemia) 

2022: La Plata (volvemos al ruedo)

Algunas consideraciones sobre el fallo Vialidad

 

Quisiera hacer unos breves comentarios sobre el histórico proceso judicial que culminó ayer. Más allá de omisiones y montos de penas, lo que ocurrió es ya, de por sí, de enorme importancia. Ante todo, i) la acusación y el fallo nos ayudan a entender mejor lo que pasó durante un período crucial, extendido y reciente de la historia argentina (la construcción de una matriz de corrupción, desde el Estado y con empresas privadas, durante el kirchnerismo); ii) desde el estrado judicial, además, se asignaron responsabilidades, dejando en claro quién, de entre los acusados, estuvo a cargo de qué; y iii) el proceso se llevó adelante con pleno respeto de todas las garantías de los acusados. Ello, más allá de las obvias y esperables quejas de los hoy condenados. Y todo eso con un plus: mientras que en el caso de Lula (el “caso-espejo” invocado por el kirchnerismo) el hoy Presidente electo de Brasil quedó injustamente proscripto, luego del fallo; en la Argentina de hoy, CFK (con independencia de sus caprichos y mohines) puede ser candidata, por varios años, a lo que quiera.

La segunda cuestión que plantearía sería la siguiente: Podrá estabilizarse la decisión? Es muy probable que sí. No hay razones jurídicas ni políticas para pensar que el fallo vaya a ser resistido, desde la justicia, en las instancias que faltan para que la decisión adquiera firmeza. Y socialmente? Entiendo que, asimismo, están dadas las condiciones para que el fallo gane arraigo social, y que las resistencias que encuentra (o va a encontrar el fallo), a pesar de ser intensas, resultan finalmente escasas. Si se compara esta decisión con la otra decisión histórica, ocurrida dentro de la vida judicial del país -el Juicio a las Juntas, de 1985- uno puede advertir que, entonces (en 1985), el acuerdo social en respaldo de la decisión era sólido y casi unánime. Hoy, en cambio, el compromiso social que se empieza a advertir, en torno al fallo, parece significativo pero, aunque mayoritario, resulta todavía muy parcial: la “construcción social” de ese acuerdo colectivo contra la impunidad, todavía está por construirse. Sin embargo, es cierto también -y resulta decisivo saber- que el “poder de fuego” o amenaza que guardaban entonces los pocos “enemigos” del fallo (sobre todo, las camadas jóvenes de oficiales del ejército) resultaba entonces, como recordamos bien, muy intenso. Hoy, en cambio, los grupos que se oponen intensamente al fallo (incluyendo a una minoría “trumpista”, en su delirio) aparecen políticamente divididos y socialmente desprestigiados.

Finalmente, me preguntaría si -tal como han señalado algunos miembros presentes de la oposición- puede decirse que “finalmente,” llega un “cambio de época”, en materia de impunidad (Estamos frente a un quiebre histórico, que nos lleva hacia el fin de la impunidad del poder?). Diría que no: estamos muy lejos de ello. Las condiciones favorables a la impunidad de los más poderosos son estructurales, y se encuentran plenamente intactas. Como podemos ratificar cada día, a través de las noticias que conocemos con horror, se advierte un acuerdo muy amplio, dentro de la clase dirigente (políticos, empresarios, sindicalistas, jueces) dirigido a asegurar beneficios mutuos y autoprotección. Y ese acuerdo trasciende ideologías (izquierda, derecha) y grupos políticos (kirchneristas, antikirchneristas), y encuentra apoyo en las mentes jurídicas más brillantes de nuestra comunidad (hoy, los grandes hacedores de la impunidad del poder). Lo que acaba de ocurrir, entonces, es el resultado (por un lado, sí), del hastío social, pero también, decisivamente, el producto del excelente trabajo de una minoría de fiscales y jueces (dentro de la cual destaca el brillante esfuerzo del fiscal Luciani y su joven grupo de asistentes). A ellos, entonces, y por tanto, nuestro mayor agradecimiento. Lo que han logrado, ya queda en la historia.

Pasolini ("una dulzura herida"): El fascismo de los antifascistas

Hoy, después de algunas semanas, me despido de Italia, con una serie de recuerdos y textos de Pasolini, quien fue el dueño de mis últimos días por acá. El recuerdo de Fellini, diciendo de Pasolini que tenía "una suerte de dulzura herida". El de Nanni Moretti, quien le ofreció a Pasolini un silencioso y sentido homenaje, en la última escena de Caro Diario (Moretti va a visitar Ostia, donde lo mataron, y sólo dice "no se por qué nunca antes había venido hasta acá", para cerrar luego su película). El recuerdo de la admiración de Pasolini por Gramsci (a quien Pasolini le dedicó su largo poema "Las cenizas de Gramsci", después de visitar su tumba, dejando en claro el modo en que lo conmovió esa búsqueda crítica, antijerárquica, e inconformista de Gramsci -aún hacia Marx). El recuerdo de la pasión, el dolor y la rabia con la que escribía poesía, ensayos o hacía películas.

Y este hermosísimo párrafo que lo muestra entero, autocrítico, hermoso, denunciando a sus propios pares -los antifascistas- y a él mismo, por la responsabilidad de no haber sabido entender a los fascistas, de no haber sido capaz de "hablar con ellos o a ellos." "Tal vez una sola palabra hubiera bastado"

El fascismo de los antifascistas

La responsabilidad es nuestra…No hicimos nada para que los fascistas no lo sean. Sólo los condenamos gratificando nuestra conciencia con nuestra indignación. Y cuando  más fuerte y petulante era nuestra indignación, más tranquila nuestra conciencia. En verdad, nos comportamos con estos jóvenes fascistas de modo racista. Quisimos creer, apresurada y despiadadamente, que ellos estaban predestinados racialmente a ser fascistas, y que frente a esta decisión de su destino no hubiera nada para hacer. Y, no nos lo escondamos, todos sabíamos, en nuestra verdadera conciencia, que cuando uno de esos jóvenes decidía ser fascista, eso era puramente casual, no era más que un gesto, inmotivado e irracional. Hubiera bastado una sola palabra de nuestra parte para que eso no sucediese. Pero ninguno de nosotros quiso hablar nunca con ellos o a ellos. Los aceptamos rápidamente como representantes inevitables del Mal. Y tal vez eran adolescentes, muchachos de dieciocho años, que no sabían nada de nada, que se arrojaban de cabeza en esa horrenda aventura, por simple desesperación...