19 sep. 2007

Sobre la espontaneidad del debate y la reglamentación de las avenidas (gentilmente, de Eleonora Rabinovich)

Definitivamente creo que el Estado debe intervenir activamente para promover una mayor democratización del debate público. Hablar de espontaneidad me parece -de mínima-un argumento ingenuo. El debate supuestamente "espontáneo" no hace otra cosa que excluir voces permanentemente y reservar las avenidas para ciertos discursos, con criterios que no siempre (y habitualmente no) respetan pautas mínimas de interés público. (Digo esto esperando que nadie me responda con el argumento de que lo que hoy vemos en los medios es siempre el fruto de una demanda masiva, democraticamente expresada en los indices de audiencia y que los medios responden a los intereses de la mayoria y no de una elite que pretende imponer sus gustos, bla bla. o sea, el argumento recurrente de los programadores.Me adelanto diciendo que en todo caso el rating o el consumo refleja opciones frente a una oferta bastante homogenea y que ademas, aunque no fuera asi, existen necesidades que tienen los ciudadanos y ciertos estándares que el Estado debería atender y únicamente el Estado puede atender. Fin de la disgregación).

Volviendo donde estaba, es decir, el mercado por si solo no garantiza ni un acceso democrático a los medios y la agenda pública, ni un resultado democrático de ellos. Y pretender que la cuestion se reduce a optar entre "el (espontaneo) mercado" o un "estado autoritario" me parece que es desconocer la gran cantidad de alternativas que tiene un estado para intervenir democráticamente en comunicación. Por ejemplo, subsidiando ciertas voces que no pueden autofinanciarse, reforzando canales comunitarios, eligiendo criterios que no tengan que ver unicamente con el dinero para la concesión de licencias, garantizando no solo distintos dueños sino también distintos "tipos" de propiedad en los medios (y por ende, distintos "modelos" de medios), promoviendo canales públicos no gubernamentales de calidad, estableciendo cuotas de pantalla en el cine, y ni hablar del acceso, en términos de educación/brecha digital, etc etc. hay bibliografía profusa en este sentido, y experiencias que algunos países "modernos" y plurales han adoptado.

Por otro lado, y yendo un paso más, el Estado -y sobre todo cuando hablamos de comunicación moderna- definitivamente sí "asigna" el uso de la palabra. Cuando asigna/prorroga las licencias de radiodifusión, por ejemplo. Continuando con la quizás infeliz metáfora del profesor en el aula, el problema es saber si lo hace para proteger y garantizar un espacio de discusión colectiva, o para privilegiar a unos cuantos alumnos. Es decir, obviamente con la simple intervención del Estado en estos temas no es suficiente ya que la misma debe estar fundamentada en determinadas orientaciones para que sea verdaderamente democratizadora.

Sobre la agenda nacional vs. local:
No me convence eso de dejarle a ciertos grupos la influencia local mientras la espontaneidad del mercado determina la agenda nacional. Me parece insuficiente, o no termino de entender la propuesta. por poner un ejemplo, las radios comunitarias son muy importantes (imprescindibles) pero de lo que se trata, creo, es de construir una agenda pública lo más inclusiva posible.
(Y cuidado, que estas discusiones van a ser cada vez mas importantes, sobre todo frente al escenario que se pronostica con la hiperfragmentacion de las audiencias. Es interesante ir pensando que va a pasar con la robustez del debate público cuando cada uno (o mejor dicho, los que puedan) tengan su servicio "a la carta". Fin de la disgregación II).

Sobre la publicidad oficial:
Dicho todo esto, es hora de agregar que no me parece que la publicidad oficial sea el mejor de los mecanismos para garantizar la pluralidad/diversidad de voces, aunque sí se puedan establecer mecanismos que tiendan a una mayor equidad en el reparto. Si entendemos que la PO cumple (idealmente, claro) una función muy importante como canal de comunicación y como herramienta de gestión de gobierno (si pensamos en las campañas de salud, educación, etc etc. obviamente no estoy hablando de las campañas de autopromoción de funcionarios o politicos) y que debe guiarse -primordialmente- por criterios que le permitan cumplir esos (importantes) objetivos. No estoy diciendo que una regulación establezca que la PO deba guiarse únicamente por criterios de rating y circulación, pero necesariamente debería tener en cuenta a qué público quiere impactar, aunque en el camino sea importante buscar una distribución más "equitativa". Tampoco estoy de acuerdo con la Corte cuando dice que el Estado "puede o no" dar publicidad oficial, por la misma razon. Me parece que la gran desnaturalización que tuvo el reparto de la pauta nos ha hecho olvidar la función positiva que podría cumplir.

(perdon por la longitud, pero me entusiasmé....)




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