Publicado en Clarín, acá
Para examinar el triángulo “justicia”,
“corrupción” y “política”, comienzo con dos afirmaciones entre obvias y
dogmáticas. Primero, las ideologías no han “muerto,” sino que gozan de
excelente salud, tal como se advierte en nuestros debates públicos cotidianos.
Segundo, en el ámbito jurídico tienden a predominar ideas más bien
conservadoras, tal como se manifiesta en la disposición de los jueces a aplicar
penas severas, o a desaplicar derechos sociales constitucionalmente
consagrados. Dicho esto, es necesario aclarar inmediatamente otras cosas,
también vinculadas con el temario anunciado.
En primer lugar, el predominio
conservador en el ámbito legal es compatible con la existencia de algunos
abogados, jueces y fiscales moderados, otros muy reformistas y aún otros muy
radicalizados. Esto es decir, el campo legal no está dividido en dos
territorios (el de la “derecha” y el de la “izquierda”). En segundo lugar, el
conservadurismo dominante en la justicia se distribuye todo a lo largo de la
comunidad del derecho. Esto es decir, no es cierto que la agrupación jurídica
tal o cual reúna a todos los abogados o magistrados más progresistas; como no
es verdad que esos dos hipotéticos campos (la izquierda y la derecha jurídicas)
tengan algo que ver con grupos políticos específicos –en el caso de nuestro
país, no es cierto que el gobierno anterior estuviera asociado al pensamiento
jurídico de avanzada, como no es cierto que el nuevo gobierno esté asociado al
pensamiento jurídico reaccionario. Las cosas, nos gusten o no, vienen mucho más
mezcladas. En tercer lugar, las decisiones jurídicas más salientes en estos
tiempos –en temas muy diversos pero de modo especial, en la actualidad, en los
relacionados con la corrupción política- no se explican por razones
ideológicas, como algunos se empeñan en señalarnos. No es cierto, en tal
sentido, que en nuestros días exista algo así como un “embate jurídico de la
derecha” contra los gobiernos “nacional-populares”, o –en el caso de la
Argentina- contra el gobierno anterior. El factor “ideología” tiene muy poca
fuerza explicativa frente a cuestiones semejantes.
Dada la importancia que ha adquirido el
discurso citado –discurso según el cual “estamos frente a un embate jurídico de
la derecha contra gobiernos de izquierda”- me gustaría, en lo que sigue, trazar
algunas precisiones. Antes que nada, y aunque no me detendré de este punto (del
que me he ocupado en otros lados), simplemente negaría una de las principales
premisas presentes en dicho discurso, conforme a la cual nos situamos, en la América
Latina de los últimos años, ante gobiernos de izquierda, en todos o casi todos
los casos. (Lo cierto es que el actual gobierno de Brasil lleva adelante un
plan de ajuste lapidario; el de Venezuela hambrea y reprime sin cuidado a buena
parte de sus ciudadanos; el de Ecuador tiene, en materia de género, políticas
más retrógradas que las del Vaticano; y el que tuvo la Argentina, como varios
otros en la región, llevó los niveles de desigualdad económica a los que eran
propios de los años 90, “neoliberales”). Por lo demás, no es cierto que esos
gobiernos “nacionales y populares” enfrenten –en su conjunto o
mayoritariamente- el embate jurídico de “la derecha.” En Ecuador, Bolivia o
Venezuela, para tomar algunos casos salientes, el poder judicial tiende a trabajar
junto y a favor de los gobiernos presentes: más que de “derecha” o de
“izquierda”, se trata de jueces (lamentablemente) funcionales a los gobiernos
de turno. Entonces, de qué embate jurídico de la derecha se habla?
Finalmente, y lo que es más relevante
para los propósitos de este texto, no es cierto que los jueces que, en nuestro
país, toman decisiones que afectan al gobierno anterior, puedan ser
identificados como provenientes de, alineados con, o funcionales a “la
derecha.” Por un lado, ciertos niveles descomunales o históricamente
extraordinarios de corrupción –como los presentes en la Argentina de Kirchner o
el Brasil de Lula- tornaron simplemente imposible la posibilidad de ocultarlos:
pocas veces, en la contaminada historia de América Latina, los gobiernos se
habían entremezclado tanto con el dinero robado. En segundo lugar, la idea
–defendida por algunos voceros del gobierno anterior- según la cual el embate
contra la corrupción es “funcional a la derecha” resulta abominable, y debe ser
desterrada de nuestro discurso público. El hecho es que, el silencio cómplice
habido, frente al saqueo predominante, asestó un golpe mortal a la dignidad del
discurso de izquierda con que se florearon o disfrazaron gobiernos tales –ese
silencio cómplice, si se quiere, es el que resultó “funcional a la derecha.”
Finalmente, los jueces y fiscales que hoy encabezan la persecución de los
delitos de corrupción más graves no fueron, años atrás, los paladines de un
movimiento idéntico. Quisiéramos disponer de magistrados principistas y
comprometidos –lo ansiamos, lo necesitamos- pero no los tenemos. Éste es el
pobre abanico moral con el que contamos, y es a partir de aquí desde donde
debemos reincorporarnos.





