LA DÉCADA KIRCHNERISTA Y LAS VIOLACIONES DE
DERECHOS HUMANOS - (Resumen)
Diciembre de 2013
En el análisis de la década de los
gobiernos de Néstor y Cristina F. de Kirchner tanto el oficialismo como
quienes colaboran en la elaboración de la fundamentación de sus políticas y
acciones, tienden a colocar el tema de los derechos humanos en un lugar
central. Ciertamente, el gobierno nacional se autodefine como “el gobierno
de los derechos humanos”, promocionando con ello la idea de que su política
en este campo ha sido y es inobjetable. Esta idea ha tenido tanta pregnancia en
una parte de nuestra sociedad que aun muchos de los que disienten con el
conjunto de la política del gobierno nacional tienden a naturalizar este
enunciado.
Desde Plataforma 2012 consideramos
que este enunciado debe ser cuestionado en la medida en que se contradice con
dimensiones y aspectos muy importantes de la realidad.
Por un lado, la política iniciada en 2003
por el gobierno de Néstor Kirchner, vinculada al juzgamiento de los
responsables de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad
cometidos durante la última dictadura militar, no debe ser leída de modo
exclusivo como producto de la acción de un gobierno determinado, sino también
como el resultado de la historia y la acumulación de luchas de un amplio
abanico de organizaciones y movimientos de defensa de los derechos humanos.
Asimismo, creemos que en el campo de los derechos humanos hoy en día existen
elementos importantes que dan cuenta de la persistencia de la impunidad. La desaparición
de Jorge Julio López, testigo en el juicio contra el represor Miguel
Etchecolatz, el 18 de septiembre de 2006, es el ejemplo paradigmático de esa
persistencia.
Por otro lado, desde Plataforma 2012 consideramos
que, a pesar de su obturación y denegación por parte del oficialismo, en la
última década los gobiernos del matrimonio Kirchner fortalecieron el
entramado legal que sostiene la recurrente y creciente violación de los
derechos humanos en el país mediante políticas de criminalización de las luchas
sociales. De este modo, se ha ido consolidando una política de judicialización
de la protesta y de la pobreza, así como la tendencia a la represión de los
movimientos sociales y comunidades indígenas, que ha dejado como saldo un
elevado número de muertos en manos de las fuerzas represivas del Estado.
Así, la década de gobierno del matrimonio
Kirchner deja un saldo de militantes asesinados con motivo de la represión de
la protesta social, en demanda de tierra y vivienda, contra la tercerización,
por salarios dignos, por los derechos de los pueblos originarios y campesinos.
La nómina de los asesinados con motivo de
la protesta social en defensa de derechos y del avasallamiento de las
poblaciones originarias desde 2003 es la siguiente:
Marcelo Cuellar y Cristian Ibáñez (Jujuy,
2003)- Sandra Cabrera (2004, Rosario), Martín Cisneros (2004, C.A.B.A) -
Esteban Armella (2004, Jujuy)- Carlos Fuentealba (2007, Neuquén) y Lázaro
Duarte (2008, Neuquén)- Juan Carlos Erazo ( 2008, Mendoza)- Javier Chocobar
(2009, Tucumán)- Nicolás Carrasco y Sergio cárdenas (2010, Bariloche, Río
negro)- Facundo Vargas (2010, Mendoza) - Mariano Ferreyra (2010, CABA)- Roberto
López y Mario López (2010, Formosa)- Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y
Emilio Canaviri Álvarez (2010, Parque Indoamericano, CABA) – Juan Velázquez,
Félix Reyes y Ariel Farfán (2011, Jujuy)- Mártires Lopez (2011, Chaco)-
Cristian Ferreyra (2011, Santiago del Estero) – Diego Jáuregui (2011,
Avellaneda, Pcia Bs. As)- Geremias Trasante, Claudio Damián Suárez y Adrián
Leonel Rodríguez (2012, Rosario, Santa Fe)- Noemí Condorí (2012, Escobar, Pcia
Bs. As)- Miguel Galván (2012, Santiago del Estero) – Celestina Jara y su nieta
de ocho meses (2012, Formosa)- Imer Flores (2013, Chaco)- Juan Manuel Asijak de
16 años (2013, Formosa).
Continúa desaparecido Daniel Solano, de 27
años, trabajador de Río Negro, secuestrado el 5 de noviembre de 2011.
Asimismo, una serie de hechos a lo largo de
estos años evidencian la política de criminalización y judicialización, entre
ellos:
-Judicialización de la protesta social,
a través del procesamiento de militantes populares, que ha incluido desde
las organizaciones de desocupados, sindicatos, comunidades indígenas,
organizaciones de derechos humanos, asambleas y grupos ambientalistas,
partidos políticos, organizaciones territoriales, estudiantiles, entre otros.
-La judicialización ha apelado a las siguientes
figuras penales: Detención y/o procesamiento de los manifestantes ante un
corte de ruta (a esos fines, se invoca el art. 194 del Código Penal);
Imputación de usurpación (contra pueblos originarios y campesinos), Imputación
del delito de sedición (en estos casos se invoca el art. 230 del Código Penal);
Imputación del delito de intimidación pública; Imputación del delito de
resistencia o desobediencia a la autoridad; Imputación del delito de coacción o
extorsión; Imputación del delito de daños, e incluso imputación de homicidio,
entre otros.
Desde Plataforma 2012 consideramos falaz
adjudicar la responsabilidad exclusiva de la represión y criminalización a los
gobiernos provinciales, no sólo porque esto se revela como contradictorio con
la fuerte concentración de poder del actual gobierno nacional (un gobierno
“unitario” en su estilo de conducción política), sino también porque aquellas
están ligadas a la implementación de modelos de (mal)desarrollo, de carácter
excluyente, que son sostenidos activamente a nivel nacional desde
políticas de Estado. Así, la represión y la política de criminalización
dan cuenta de la estructura de alianzas políticas que el gobierno
nacional alienta y promueve, con los gobernadores y con los grandes actores
económicos.
Desde Plataforma 2012 consideramos
que el umbral de violencia política que una sociedad es capaz de tolerar es
siempre una construcción social y cultural, muy ligada a los ciclos de su
historia nacional y a sus devenires traumáticos. En nuestro país, el gran
trauma social producido por la dictadura militar impactó sobre el modo en cómo
la sociedad procesa, comprende y tolera la violencia política ejercida desde el
aparato represivo estatal. Este es uno de los grandes legados de las
organizaciones defensoras de derechos humanos, resumido en la fórmula del
“Nunca más”, que con el correr de los años apuntaló un cierto consenso respecto
de los límites de la violencia política desde arriba, a saber, el rechazo a
toda forma de terrorismo de Estado y de la alternativa del asesinato o
exterminio político de los ciudadanos.
Desde sus inicios, el gobierno de los
Kirchner buscó hacerse eco de esta representación social –el rechazo a la
represión abierta y selectiva contra militantes sociales o políticos-, retomando
y apropiándose del paradigma de los derechos humanos. Sin embargo, pese a
esta reiterada reivindicación discursiva, la década kirchnerista abre enormes
cuestionamientos que colocan en el tapete la distancia entre el discurso
oficial y los hechos y abren nuevos interrogantes acerca del umbral de
violencia estatal que nuestra sociedad está dispuesta a tolerar y permitir.
En suma, pese a la defensa del derecho
de protesta, la criminalización de la protesta social se ha multiplicado y
consolidado a través de un fuerte entramado legal, que encuentra prolongación
en una serie de medidas sumamente preocupantes. En esta línea, no podemos dejar
de mencionar dos inflexiones que revelan de manera directa la fractura misma de
la política de derechos humanos y muestran su contradicción con el discurso
oficial, como es el caso de las dos leyes antiterroristas promovidas por el
ejecutivo y votadas por el oficialismo en 2006 y 2011, y la designación del
general César Milani al mando del ejército, sobre quien pesan graves
acusaciones por la violación de derechos humanos bajo la última dictadura
militar. A esto hay que sumar el nombramiento de Alejandro Marambio al frente
del Servicio Penitenciario Federal y el de Granados en el Ministerio de
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. La propuesta de la baja de la edad
de imputabilidad de los menores, el Plan de Espionaje X y la utilización del
ejército para la represión en la provincia de Santa Cruz, entre otros hechos,
tienen un alto valor emblemático y simbólico.
La precariedad y el notorio deterioro de
los transportes públicos (servicios
ferroviarios, especialmente), potenciados por los negociados entre empresarios
y agentes estatales, ha mostrado que la corrupción también mata y por lo
tanto también termina violando derechos humanos. La denuncia de la
precarización laboral y los reclamos salariales –en los más diversos
ámbitos- han derivado, en varios casos, en el asesinato de militantes. La
política de criminalización de la pobreza y el aumento de los casos de “gatillo
fácil” hoy aparecen desplegados en la totalidad del territorio nacional, a
lo cual se suman situaciones de “nuevo conflicto social”, ligadas al
avance del trabajo esclavo, la trata de personas y el narcotráfico. Aunque no
ha sido parte de este informe, no se puede obviar la importancia creciente de
estas tres problemáticas, que cuentan con la participación necesaria de
diferentes sectores de poder (político, económico, judicial, policial).
Incentivados y promovidos por políticas
públicas nacionales, la megaminería, la expansión de la frontera de los
agronegocios, el avance de la explotación de hidrocarburos no convencionales
(fracking) generan concentración y despojo, avanzando sin consulta pública
ni licencia social, segando el camino de territorios y cuerpos
sacrificables. Desde la lógica de esos modelos excluyentes, ya no son –como
sucedía en los `90- los desocupados la “población sobrante” (para ellos el
poder político prevé planes sociales masivos), sino otros cuerpos y
comunidades, principalmente indígenas y campesinos, víctimas del racismo
endémico, que hoy devienen un obstáculo, una piedra en el camino frente a la
imperiosa expansión del capital.
Estos hechos, lejos de afianzar un
paradigma de los derechos humanos, tal como ha venido afirmando los
gobiernos del matrimonio Kirchner a lo largo de estos diez años,
ilustran la permanencia y profundización de una política de violación de los
derechos individuales y colectivos, cuyo responsable último es el Estado.
En el siguiente resumen enunciamos los
temas que son desarrollados en el documento principal.
I-Un recorrido por la década (pag.2)
- La persistencia de la impunidad (pag.4)
II. El derecho a la Protesta (pag.5)
- La legislación represiva desde 2003 (pag
6.)
- Las leyes Antiterroristas (pag.6)
III. La criminalización y represión de la
protesta (pag.9)
- El arrinconamiento y despojo de los
Pueblos Originarios y Campesinos (pag.11)
- Protesta Sindical, Precarización laboral
y Desocupados (pag.13)
- Las luchas socio-ambientales:
megaminería, fracking y agronegocios. (pag.16)
- Protesta en reclamo por tierra y Vivienda
(pag. 21)
IV. Criminalización de la pobreza,
precariedad y crímenes sociales (pag.21)
- Precariedad, corrupción y crímenes
sociales (pag.23)
A modo de síntesis (pag.24)
