Colombia: ¿quién defenderá a la justicia constitucional?

De nuestra corresponsal en Colombia, la amiga María Luisa,


María Luisa Rodríguez Peñaranda · · · · ·

05/10/08



La Corte Constitucional se encuentra en el momento más "maquiavélico" de su historia. A pocos meses de culminar el período de la segunda Corte (2000-2008) ,y ad portas de una renovación de seis de los nueve magistrados que la componen, la institución inspiradora que pretendió hacernos creer en una democracia incluyente y convencernos de que la sociedad también se puede transformar desde el derecho, se verá sometida a una nueva composición justo en un momento de fuerte crispación e intolerancia al interior del estado.

Si hacemos un balance de su gestión, la Corte no reprueba. Por el contrario, entre las destacadas líneas jurisprudenciales que nos dejará su labor, se hallan los avances para una mayor igualdad en el acceso a la salud y la prestación efectiva del servicio, los progresos también igualitarios para la población homosexual, los tímidos pero sin duda muy significativos pasos en pos de garantizar la libertad reproductiva de la mujer. Sin olvidar, por supuesto, el gran precedente que se estableció con la inserción de sentencias estructurales como la del desplazamiento forzado –la otra cara de la moneda del conflicto armado—, que nos daba a entender que, a falta de políticas públicas puestas por obra por el ejecutivo y el legislativo, los jueces, al menos, sí tenían algo que proponer y hacer cumplir.

Hace poco nos visitó el profesor argentino Christian Courtis. En su esperada ponencia sobre los derechos sociales, la Corte Constitucional colombiana afloraba como emblemática en la eficacia de los derechos de este tipo, no solo en América Latina, sino tal vez como un ejemplo que se extendía más allá de las fronteras de la región. Que Colombia sea estudiada como ejemplo regional de lo que debe hacer un alto tribunal constitucional nos muestra que el trabajo de esta Corte, y por supuesto de la anterior, ha sido la más de las veces valioso, aunque no todo haya sido un camino de rosas. El principal reverso fue tal vez la decisión más trascendental que tuvo en sus manos: la negativa a revisar judicialmente el acto legislativo que, al modificar la Constitución, reintegró la reelección presidencial en nuestra historia.

Así, mientras que el recurso extraordinario de revisión, mecanismo que busca corregir una decisión judicial en firme, pero errónea, en la que los medios de prueba fueron insuficientes –o dimanantes de delito—, es garantizado en todas las jurisdicciones (laboral, civil, penal), la justicia constitucional, encargada de la defensa de los derechos fundamentales y de la misma democracia, quedó desprovista de tan importante recurso.

Pero lo peor de todo es que, al condenar a la congresista Yidis Medina por cohecho, afirmando que ésta ofreció su apoyo a la reforma constitucional que abriría el camino a la reelección a cambio de beneficios económicos y burocráticos ofrecidos por el gobierno, la Corte Suprema de Justicia dejó en los colombianos la certeza que el Presidente Uribe se aferró a la Presidencia mediante el delito. Así que, con su negativa a revisar el proceso legislativo que dio lugar al acto legislativo que reformó la Constitución, la Corte Constitucional nos condenó a permanecer y convivir calladamente con un gobierno probadamente ilegítimo.

La Corte que se va lo hace, pues, con luces y sombras. Pero si la presente nos inquieta, las semillas sembradas en su interior nos hacen temer algo todavía peor sobre el porvenir de la institución. Lo menos que cabe aventurar de los tres magistrados que se quedan –y que se hallan a mitad o a comienzos de su mandato— es que se aprestan al siguiente reparto de cometidos: Nilson Pinilla (ex magistrado de la Corte Suprema), evitar la proliferación de recursos de amparo contra sentencias de altos tribunales; Mauricio González Cuervo (ex Secretario Jurídico de la Presidencia), defender al gobierno; y Humberto Sierra, lavar la cara del legislador.

Lo cierto es que, cuanto más se reclama una justicia fuerte e independiente que sirva de contrapeso del presidencialismo, más irrecibible resulta que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado sigan nombrando magistrados, cuya principal tarea parece ser la de evitar la revisión judicial de sentencias que, emitidas por los altos tribunales, resultan cuestionables por vulnerar derechos fundamentales. Tal cosa no puede sino ir en desmedro de la Corte Constitucional. Los colombianos necesitamos personas comprometidas con la democracia, que conozcan y entiendan la Constitución, que estén dispuestas a prestar sus servicios; no, al revés, a ególatras prestos a cobrar por servicio prestado. De otro modo, los afectados no seremos únicamente los ciudadanos desesperados por la flagrante transgresión de derechos fundamentales, sino la entera rama judicial, el fortalecimiento de la cual, estoy segura, es sentido como una viva necesidad por sus propios miembros y por quienes les nombran.

María Luisa Rodríguez Peñaranda es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia y asesora para asuntos aonstitucionales del Procurador General de la Nación.