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http://www.perfil.com/noticias/elobservador/la-argentina-de-los-contrastes-que-merecen-ser-pensados.phtml
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La Argentina de
los contrastes que merecen ser pensados
Adhesiones a: espaciopensamientocritico@gmail.com
Agosto
de 2018
Inmersos
en una crisis económica y financiera que el gobierno no consigue revertir, dos
hechos contrastantes y altamente significativos se presentan ante nosotros.
Tanto por su carácter radical como por la imprevisibilidad de los escenarios
que abren, estos procesos exigen una reflexión.
Por
un lado, abruman los datos reveladores del carácter extendido de la corrupción,
su condición estructural, su transversalidad histórica, su amplitud en términos
de actores sociales involucrados, su impacto en la alarmante estructura de
desigualdades en el país.
Por
otro lado, se destacan las inmensas movilizaciones sociales producidas con
motivo del tratamiento parlamentario del tema de la legalización del aborto.
Dichas oleadas de movilizaciones tienen la particularidad de abrir a nuevos
horizontes de prácticas democráticas, desnaturalizando la idea de que el debate
sobre ciertos temas parecería estar clausurado, e instalan la posibilidad de
pensar colectivamente desde nuevos escenarios de igualdad.
Sin pretender exhaustividad, nos interesa en este documento
reflexionar sobre la significación y alcance de estos dos hechos significativos
para la historia de nuestro país.
1-La corrupción como alianza
La actual crisis
económica y financiera, así como sus impactos sociales, se instala sobre una
sociedad profundamente dañada. El daño no se mide solamente por la dificultad
que muestra la sociedad argentina para romper con los esquemas binarios que
continúan empobreciendo la política y obstaculizan la construcción de espacios
políticos superadores. En gran medida, el daño se mide hoy por el carácter
estructural que ha asumido la corrupción.
La corrupción no es algo
nuevo en la sociedad argentina, aunque sí lo es su carácter creciente y expandido.
La llamada “Patria contratista” ligada a la obra pública, por ejemplo, hunde
sus raíces en la época de la última dictadura militar, e ilumina como pocas
la connivencia entre militares y
empresarios en esos años nefastos. Ese pacto se continuó en los años de la
democracia, ya entre la “nueva” clase
política y empresarios, alimentada por las privatizaciones de empresas y
servicios públicos, y se amplificó mediante un estilo de hacer política, basado en la estrecha asociación entre
delito, conductas políticas y negocios financieros y empresariales. Esta
alianza encuentra una expresión palmaria en el financiamiento oscuro de las
prácticas de la clase política y en el
notorio enriquecimiento económico de sus miembros y de la clase
empresarial. Esta oscuridad está saliendo hoy a la luz y aparece ilustrada por la Argentina de los bolsos de dinero y de
los registros de operaciones ilícitas, que eran de conocimiento de gran parte
de la clase dirigente, pero también
incluye a la menos iluminada Argentina offshore, de la evasión y del
endeudamiento masivo.
El resultado de ello ha
sido la consolidación de una casta política y económica que sin duda atraviesa
las diferentes administraciones y cuyos negocios son indiferentes al color
político bajo el cual se presentan. Su contracara no es otra que la
profundización de las desigualdades, que afecta a gran parte de las clases
medias y las clases populares. Ciertamente, la acumulación de la riqueza en un
grupo reducido de personas y de corporaciones nacionales y trasnacionales es un
hecho que no sólo está ligado a las políticas económicas y sociales aplicadas,
sino también a la corrupción, a la impunidad, a la falta de controles
horizontales y verticales, a la ausencia de independencia de las instituciones
del Estado.
El carácter
organizado, sistemático y exponencial que adquirió la corrupción y el
enriquecimiento personal durante la pasada administración, implica un saqueo de
los recursos del Estado y se ha hecho visible de un modo tan abrumador,
constituyéndose en un hecho político-institucional de tal magnitud, frente al
cual no cabe ninguna excusa. No cabe la posibilidad de negar estos hechos a
través de expresiones descalificadoras (“los cuadernos son meras fotocopias”) o
simplemente minimizando su alcance como si todo esto fuera una “farsa”, pura
persecución política o una cortina de humo para negar el carácter
crecientemente excluyente de las políticas económicas del actual gobierno. No
cabe tampoco disminuir los hechos de corrupción diciendo que la Justicia
argentina o algunos de sus jueces no están preparados, forman parte de una
trama de poder, o no están a la altura de tales acontecimientos. Las evidencias
son ya múltiples y variadas.
A esto hay que agregar
que la sucesión vertiginosa de hechos
relevantes que golpea a la sociedad argentina y el tratamiento de los mismos en
los medios de comunicación dificulta la instalación de procesos transparentes,
al estilo “mani pulite”. Existe la posibilidad
de que, pese a la espectacularidad de las denuncias y las confesiones de los
personajes involucrados, estos hechos de corrupción se diluyan de modo
frustrante en el corto plazo, como ya
sucedió en el pasado. De este modo, cabe la posibilidad de que esto no conlleve
el desmantelamiento de la trama histórico-estructural que lo sostiene, más allá de la visible cadena de responsabilidades
políticas. Tampoco la tendencia a la unilateralidad en la información es
garantía de imparcialidad. Dicho de otro modo, no es sólo el gobierno nacional
anterior el que está claramente comprometido con la trama de la corrupción,
aunque éste aparece como el que la ha perfeccionado como sistema a gran escala; también es necesario indagar sobre la
participación de los gobiernos provinciales, municipales, de la ciudad de
Buenos Aires, de los poderes legislativos y judiciales en todas las
jurisdicciones, para desentrañar esas tramas de corrupción que desconocen de
banderías políticas y atraviesan a la clase dirigente en el país.
En suma, el arraigo de
una trama de corrupción de gran parte de la clase dirigente argentina, que
desborda las diferencias políticas entre los partidos de gobierno, expresa el
vínculo estructural entre corrupción y desigualdad, e ilustra asimismo el
enorme daño –político, moral, económico, cultural- sobre el tejido social y la
sociedad en su conjunto. Pensar la sociedad y la política argentinas desde un
horizonte de igualdad y de mayor democracia exige desmantelar dicho vínculo, ir
hasta el fondo de la corrupción como matriz que define prácticas políticas,
económicas y sociales en sus diferentes ramificaciones.
2-La brecha democrática
Contrastando
con lo anterior, la discusión por el derecho al
aborto en la Argentina, representa un episodio positivo y extraordinario en la
historia del país, en base al cual podemos, muy provisionalmente, derivar
algunas primeras reflexiones.
El fracaso de nuestras instituciones representativas, y en
particular el papel lamentable del Senado en el procesamiento de la ley de
aborto, no solo exponen la magnitud de nuestra crisis política sino también
reflejan la profundidad de la “brecha democrática” que se advierte en nuestro
país. En términos democráticos, son dos los elementos que merecen destacarse.
En primer lugar, llama la atención el extendido sentido de protagonismo
democrático que la ciudadanía reclama. Asumimos, cada vez más, que todos los
asuntos públicos relevantes y que afectan nuestras vidas son asuntos sobre los
que estamos llamados a intervenir y decidir: desde la fijación de tarifas,
hasta las problemáticas socio-ambientales, la discusión sobre la enseñanza
religiosa en las escuelas públicas, o la más reciente ley del aborto. Asumimos,
con razón y sin dudarlo, que se trata de temas que nos competen, y sobre los
que nos toca decidir. Al mismo tiempo, esta firme y estable vocación por el
“protagonismo democrático,” de gran parte de la sociedad se traduce en el valor
de las discusiones habidas en el ámbito de la sociedad civil, pero también
choca con el carácter extremo de la “exclusión democrática” puesta en juego por
las instituciones construidas para procesar estos debates y demandas.
Los debates que se dieron en la
sociedad, en torno al aborto, tuvieron un carácter excepcional. Prima
facie, se pudo pensar que estábamos frente a un tema “imposible” –divisivo
como pocos, en el marco de una sociedad políticamente polarizada, y en torno a
cuestiones marcadas por la fe, las convicciones, y los prejuicios. A pesar de
encontrarnos en un escenario que sólo prometía reafirmar la imposibilidad (o
absurdidad) del debate democrático, lo cierto es que el debate se dio, y
adquirió ribetes excepcionales: todas las personas que nos involucramos en el
proceso aprendimos en el camino, reconocimos que la cuestión –aparentemente
extrema y de “todo o nada”- era susceptible de matices y cambios, o precisamos
nuestras posiciones iniciales. En breve, un éxito mayúsculo de la deliberación
democrática.
En segundo lugar, más importante
todavía es destacar que en este proceso se evidenció la magnitud de la brecha
existente entre la vocación democrática de la ciudadanía y el carácter elitista
y excluyente de nuestro sistema representativo y de nuestros representantes. El
hecho es que nuestras instituciones, diseñadas por un pacto de elites en el
siglo XIX, todavía permanecen sólidamente inmodificadas en su núcleo esencial:
se trata de un marco institucional contra-mayoritario, elitista, y montado
sobre supuestos de “desconfianza democrática”. Allí anida la contradicción
esencial: la radicalidad de nuestras demandas de protagonismo democrático
chocan hoy con el máximo deterioro de las cualidades representativas de
nuestras instituciones de gobierno, y nuestro sistema de toma de decisiones
(del cual la trama de corrupción es parte ineludible). La votación en el Senado
(y las intervenciones de los senadores y las senadoras, incluso de muchos
diputados y diputadas que votaron en contra del proyecto de ley, la
impermeabilidad de éstos a los cambios y demandas sociales, en contraste con su
permeabilidad a las presiones de grupos de poder reaccionarios e intimidantes, como
así también la vetustez cuando no ignorancia que reflejaron sus posiciones)
sólo evidenció de un modo especialmente notable, hasta la caricatura, la
dimensión de la “brecha.” Claramente, para avanzar hacia un horizonte de mayor
igualdad y participación democrática, este “corset” que hoy imponen nuestras
instituciones a la común vocación democrática debe romperse aunque es incierto cuándo,
cómo y con qué consecuencia es que irá a producirse dicha inevitable ruptura.
Por otro lado, conviene tomar nota sobre el
significado e implicaciones posibles de las movilizaciones producidas alrededor
de la discusión sobre la legalización del aborto. En
esta gran movilización convergieron dos olas: la primera, representada por
aquellas mujeres y colectivos feministas que desde décadas vienen luchando por
la ampliación de derechos; la segunda, ilustrada por la flamante vitalidad
antipatriarcal de las jóvenes, que a la lucha contra los femicidios y la
violencia de género, sumaron el pañuelo verde por la legalización del aborto y
la autonomía de los cuerpos. La primera ola, referida al movimiento social
feminista, ha sido objeto de recurrentes estudios y debates: sabemos algo
acerca de sus orígenes, su fuerza y su capacidad transformadora. Sobre la
segunda, en cambio, es poco lo que sabemos, y mucho lo que todavía debemos
aprender.
En buena medida, el colectivo
integrado, en una parte relevante, por jóvenes en sus primeros años de
adolescencia, mostró una espontaneidad y vitalidad únicas, y una presencia
llamada a tener un protagonismo imprevisible en los tiempos por venir. No es
fácil anclar a este movimiento en tradiciones de lucha construidas a lo largo
de décadas. Emparentado con el “movimiento de los pingüinos” en Chile (muchos
de cuyos líderes han asumido ya un papel protagónico en el Congreso chileno), o
el más reciente movimiento de jóvenes contra la portación de armas, en los
Estados Unidos, ligado también a los feminismos populares que se expanden en
América Latina, el movimiento de los “pañuelos verdes” nos interpela, interroga
y exige nuestra atención. La historia argentina contemporánea no reconoce otros
fenómenos similares, salvo otro igualmente notable y de consecuencias
profundas: las movilizaciones por los derechos humanos nacidas en las
postrimerías de la dictadura.
***
La
Argentina continúa siendo un país de grandes contrastes. El escenario actual y
el agravamiento de la crisis económica y financiera van delineando un
preocupante proyecto de sociedad que conlleva no sólo una ampliación de las
desigualdades sino un peligroso regreso a la polarización social. Desde el
punto de vista económico, tal como dijimos en un documento anterior,[1] no estamos frente a un ensayo novedoso y
original: nuestra historia muestra recurrentes ciclos que van de la crisis de
políticas de “expansionismo proteccionista” a la crisis de políticas de
“aperturismo neoliberal”. En esa línea, el gobierno de Cambiemos resucita
visiones y políticas cuya inconsistencia y fracaso se ha probado de modo
acabado en el pasado, tanto aquí como en otras economías; políticas que llevan
a mayores desigualdades distributivas, inconsistencias y desbalances
macroeconómicos y que tarde o temprano terminan en crisis del sector externo,
monetarias y fiscales.
Hasta hace poco tiempo,
algunos analistas y políticos todavía apelaban a la tesis de la “herencia
recibida” para justificar los frustrantes resultados económicos y sociales del actual
gobierno. Casi tres años después, dichas coartadas están desgastadas. Basta
señalar un ejemplo: el propio gobierno en su acuerdo con el FMI indica como uno
de los principales detonantes y peligros de la actual crisis a los títulos de
la deuda del Banco Central (Lebac); pues bien, la acumulación de esa deuda es
resultado de las erradas políticas de este gobierno y no del anterior. La
confusa y errática política cambiaria, la incapacidad de encarar reformas
tributarias progresivas, la improvisación e irracionalidad de los recortes de
gastos públicos, son sólo algunas evidencias de que gran parte de los actuales problemas
económicos y sociales han sido generados por el propio gobierno de Cambiemos.
Más allá de la complicada
herencia económica recibida, la política económica y social de este gobierno
está en el centro de la explicación de la persistencia de alta inflación, los
aumentos imparables de tarifas, la caída del salario real, el aumento del
desempleo, el desbalance creciente de las cuentas externas, el exponencial
aumento del endeudamiento, el desfinanciamiento cada vez más preocupante de la
educación pública, etc. Asimismo, el incremento de los indicadores de pobreza,
desempleo y precariedad laboral, de las demandas de alimentos en los comedores
y escuelas, dan cuenta de la ampliación de las brechas de la desigualdad y
advierten sobre las tendencias hacia el aumento de las privaciones en los
grupos sociales más desfavorecidos.
En
diciembre próximo se cumplirán 35 años de vida institucional ininterrumpida en
el país, período que trajo grandes transformaciones sociales, políticas y
culturales. Al calor de los hechos recientes y con la mirada puesta en siete
lustros de régimen democrático, necesitamos repensar los contrastes, entre la persistencia de la élite
político-empresarial, cuya corrosión es ostensible, y la esperanza que genera
la sociedad civil, organizada detrás de ideas-fuerza, con capacidad de
canalizar demandas colectivas a través de promisorios procesos de discusión
democrática. La irrupción de un nuevo movimiento social nos revela de
modo notorio que la política es algo más que las reglas fijas del sistema
institucional o los pactos de dominación existentes, pero también pone de
manifiesto la fuerza y capacidad
de dicha élite política para obstaculizar y obturar esas demandas.
Espacio Autónomo de Pensamiento
Crítico
Roberto Gargarella,
Rubén Lo Vuolo, Maristella Svampa, Beatriz Sarlo, Pablo Alabarces, Alicia
Lissidini, Enrique Viale, Gabriela Massuh, Patricia Pintos, Silvina Ramírez,
Horacio Tarcus.
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[1]
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