Pronunciamiento de
Plataforma 2012
La masacre de Once: una trama de corrupción e impunidad
A las 8.30 del miércoles 22
de febrero, en plena hora pico, una multitud emprendía el camino hacia su lugar
de trabajo, como todos los días. Sin embargo, ese miércoles, en un tren de
Buenos Aires, la rutina estalló. Otra vez el dolor, la tragedia y la muerte
enlutaban la vida de los argentinos.
Es difícil hablar sobre el dolor, pero
también es ineludible: es responder a una demanda social de justicia y a la
necesidad de resolver los problemas que afectan las diferentes formas de la
vida cotidiana y que al no ser afrontados exponen a nuestro pueblo al desamparo
y dejan las puertas abiertas a nuevas catástrofes.
Sobre los 51 muertos y los cientos de
heridos, sobre todos aquellos que por mucho tiempo no podrán borrar de sus
mentes las imágenes, los sonidos y hasta los olores del horror, cayó un primer
anatema: “esa costumbre de los argentinos de viajar en los primeros vagones”.
Así, el Secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi iniciaba, para este trágico
caso que nos conmueve e indigna, el viejo y triste ejercicio de culpabilizar a
las víctimas, mostrando de paso su absoluto desprecio por los trabajadores. En
la conferencia de prensa en la que Schiavi volvió a aparecer, esta vez junto al
Ministro de Planificación Julio De Vido, y en la que - como es habitual en la
práctica comunicacional del oficialismo - no se admitieron preguntas de los
periodistas, se anunció que el gobierno - en una estrategia de auto-victimización,
tendiente a invertir la realidad de los hechos y a forjar el camino de su
propia impunidad - se presentaría como
querellante en la causa. Pocos días después la Ministra de Seguridad Nilda
Garré reproducía la inducción de culpabilidad sosteniendo que Lucas Menghini,
la última víctima fatal hallada en el mismo escenario de la masacre, viajaba en
un lugar inadecuado. Las palabras
inconcebibles pronunciadas por dichos funcionarios fueron apuntaladas por la
Presidenta de la Nación en el acto de homenaje a la bandera, celebrado el lunes
27 en Rosario, después de varios días de
inexplicable silencio. Cristina Fernández de Kirchner dijo entonces que el
gobierno esperaría los resultados de la investigación judicial para tomar las
medidas pertinentes, como si no fueran de público conocimiento el estado de
abandono de los trenes de pasajeros y la cadena de corrupción vinculada a su
concesión, que tiene nombres y apellidos. En el discurso de apertura de las
sesiones parlamentarias atribuyó al pago de las deudas del corralito la
insuficiencia de inversiones en el sector, ocultando la realidad de los
subsidios millonarios que la concesionaria Cirigliano ha recibido durante los 8
años de gestión kirchnerista, y que provienen de las arcas del Estado.
Más allá de la falta de
sensibilidad que puede inferirse del hecho de no haber rodeado de afecto y continencia a las víctimas y a sus
familiares, el gobierno eligió tratar el tema
desde un lugar de exterioridad, como observador neutral, silenciando lo
fundamental: las responsabilidades
conocidas, en particular la suya. Esta parece ser su marca registrada: cuando se
trata de hechos flagrantes que contradicen su discurso épico “nacional y
popular”, los silencia o enmascara. Así lo hizo con la sanción de la ley
antiterrorista, o con las corporaciones mineras.
¿Es que el gobierno no se daba por
enterado de las denuncias expresadas de las más
diversas formas? No sólo hubo a lo largo de estos años estallidos populares
espontáneos que daban cuenta del deterioro, del abandono que no garantizaba las
condiciones básicas para el funcionamiento seguro del ferrocarril. También la
Auditoría General de la Nación y los propios delegados de los trabajadores del
Sarmiento habían alertado una y otra vez sobre los peligros que se cernían y
que finalmente desencadenaron la tragedia. La
inculpación del conductor, el supuesto “error humano”, tiene también el
sentido de ocultar a los verdaderos responsables: la empresa TBA y el gobierno.
La política de vías férreas
concesionadas a empresarios privados, iniciada por Carlos Menem, que provocó el despido de 80.000
trabajadores, la desaparición de decenas de
pueblos y el saqueo del patrimonio nacional, se mantuvo sin variaciones
hasta hoy. Distintas corporaciones se siguen beneficiando de las ganancias que
producen los trenes de carga mientras que los subsidios estatales que tenían
que ser destinados al mantenimiento y al funcionamiento eficiente y seguro de
los trenes de pasajeros terminaron engordando los bolsillos de grupos amigos como los hermanos
Cirigliano de TBA, cuya relación con el gobierno ha sido denunciada desde que
se iniciaron los juicios al ex Secretario de Transporte Ricardo Jaime.
El desguace del Estado fue posible
merced a las llamadas políticas “neoliberales” aplicadas en los ‘90, que profundizaron la
desigualdad e hicieron que la precariedad, como forma de relación social,
expandiera violentamente sus fronteras. Ese “modelo”, con su correlato en la cultura,
la posmodernidad, no sólo apuntó al quiebre de solidaridades (sociales,
laborales), potenciando la asimetría existente entre capital y trabajo, sino
que fragmentó aún más la experiencia de los individuos, e insertó la vida en un
horizonte signado por la inestabilidad, la incertidumbre, la indefensión y la
falta de perspectivas en relación al futuro. La espesa trama de las distintas
formas de corrupción e impunidad, que contó con la complicidad y la
participación activa del aparato del Estado, multiplicó los peligros de la
precariedad imperante: mayores riesgos laborales, grandes usufructos
empresariales, transferencia de ganancias millonarias al exterior, reducción de
costos, enorme deterioro de los servicios e imposición de condiciones indignas
de trabajo.
Este estado de cosas transformó la
vida de las personas en mercancías, en cuerpos sacrificables o desechables. Es
en esta perspectiva que se inscribe la muerte de 7 operarios en la explosión de
la fábrica militar de Río Tercero (1995), de 67 pasajeros de Lapa (1999), de 14
trabajadores en el yacimiento de Río Turbio (2004), de 194 jóvenes en Cromañón
(2004), de las víctimas de trabajo esclavo en los incendios en talleres
textiles en Buenos Aires (2006 y 2007), de 11 pasajeros en el accidente de Flores
(2001).
En ese marco, la masacre de Once
expresa de modo paradigmático un “modelo” cuya base fue impulsada por las
reformas neoliberales de los años ’90, y que fue profundizada y consolidada,
bajo diversas metodologías y alianzas, en los últimos diez años. No es una
fatalidad ni un accidente, sino un crimen social largamente anunciado.
Plataforma 2012 suma su voz a los
reclamos de los trabajadores ferroviarios, que exigen la urgente rescisión de
la concesión a TBA, la re-estatización del ferrocarril con control de
trabajadores y usuarios y el castigo a los verdaderos responsables de la
masacre. ¡Que el crimen no quede impune!
