31 jul. 2009

A quién sirve el derecho? Ética profesional, derecho y poder





Artículo que publiqué estos días en Lexis, a raíz de algunos debates que tuvimos por acá
(Lexis Nº 0003/014582).


SUMARIO: I. Introducción.- II. El problema en juego (y algunas aclaraciones sobre aquello de lo que en este texto no se discute).- III. Argumentos en dificultades: a) "Todos tienen derecho a ser defendidos"; b) "Si no lo hiciera yo, lo haría otro"; c) "No hay que identificar al abogado con su defendido"; d) "Mi tarea como abogado es meramente técnica"; e) "Presupongo que mi cliente es inocente"; f) "Es lo que determina el mercado"; g) "Yo también tengo que vivir"; h) "¿Y esto dónde termina?"; i) "Defiendo las garantías penales del acusado"; j) "Mi cliente perdió poder"; k) "Quien deja el gobierno puede convertirse en un perseguido político"; l) "Me interesa dar un mensaje, asentar ciertos principios".- IV. Conclusiones.



El problema en juego (y algunas aclaraciones sobre aquello de lo que en este texto no se discute)

El ejercicio del derecho plantea algunos problemas serios, en ocasiones más graves de los que aparecen en la práctica de otras profesiones. El problema en el que estoy pensando resulta todavía más preocupante en países como la Argentina, marcados por las desigualdades y la injusticia distributiva: me refiero al hecho de que la disciplina parece dirigida a servir al poder, y a favorecer la impunidad de quienes gozan de él. En buena medida, se trata del hecho crudo según el cual lo mejor de la profesión aparece al mero servicio del dinero.

El problema citado resulta especialmente grave cuando agregamos a la pintura anterior algunos elementos contextuales. Principalmente, mencionaría el hecho de que los abogados tenemos la libertad de escoger a quién defender, a la vez que en nuestra sociedad existen cientos de miles de injusticias que afectan a todos y, masivamente, a los más desaventajados de la sociedad (que lo son en parte por el nivel de indefensión en el que se encuentran). El dato anterior se acompaña con al menos dos referencias relevantes. Por un lado, doy por sabido y cierto que las cárceles del país se encuentran casi uniformemente pobladas de personas de la misma extracción social. Por otro lado, y también doy por supuesto este dato, países como el nuestro resaltan por la extraordinaria impunidad que conceden a los sectores más poderosos (a los que llamamos poderosos, entre otras razones, debido al nivel de impunidad que los favorece).

Lo que parece estar ocurriendo –un mal relevante, entre varios otros- es que los abogados más brillantes y/o más hábiles con los que contamos utilizan sus recursos técnicos y sus energías intelectuales para defender a los más poderosos, alimentando de ese modo el circuito de la impunidad de los más favorecidos. Entiendo que aquí hay un problema moral –un problema relacionado con la ética profesional- que afecta especialmente a aquellos que consideran que el cuadro anteriormente descripto tiene plausibilidad –es decir, que vivimos en un país injustamente desigual, y que el derecho castiga especialmente a los más desaventajados, beneficiando en cambio a los más poderosos. El abogado preocupado por tales injusticias tiene razones, entonces, para escoger a sus clientes de modo tal de no maximizar (y en lo posible, de minimizar) dichas injusticias. Como alguna vez dijera Duncan Kennedy, dicho abogado debe ejercer la profesión de modo tal de no causar daños, y –agregaría a partir del texto que escribiera Kennedy al respecto- procurando no profundizar las injusticias sociales existentes.

Antes de seguir avanzando, de todos modos, es necesario aventar algunas posibles objeciones a lo que sugiero.

En primer lugar, no estoy proponiendo aquí de ningún modo una sanción penal, y ni siquiera una sanción profesional (desde el Colegio de Abogados, por caso) para quienes trabajan para el poder, del modo señalado. Planteo, exclusivamente, la existencia de un problema moral, y tomo una posición al respecto.

En segundo lugar, enfoco mi planteo sobre algunos pocos casos, relacionados con (lo que, a falta de términos más precisos, denomino por el momento) la defensa de los más poderosos. Para dotar de alguna precisión mayor a mi caso de estudio, voy a pensar en particular en algunos casos dentro de los mencionados, a los que llamaré “casos paradigmáticos” (en nuestro país, asumo, hay casos paradigmáticos de la corrupción en el gobierno; del enriquecimiento ilícito; de la violación masiva de derechos producida desde el poder –hechos que plantean algunos problemas adicionales, sobre los que luego voy a volver).

En tercer lugar, no estoy diciendo que aquellos que se han beneficiado de un ejercicio indebido del poder deban enfrentarse al derecho sin alguien que los defienda. Por el contrario, presupongo dos circunstancias. Ante todo, presumo que abundan, y no que escasean, los abogados que quieren defender a los más poderosos. Por lo demás, asumo que nuestro derecho ha previsto ya una solución para la situación extrema (que aquí normalmente no se da), en la que el acusado en cuestión no consigue quien lo defienda. Afortunadamente, contamos con un sistema de defensa oficial, que le asegura un respaldo jurídico al desvalido.

En cuarto lugar, insisto en que no estoy diciendo que “nadie” (que ningún abogado) debe salir en defensa de los poderosos del caso, sino algo más restringido, esto es, que aquellos que están en desacuerdo con las injusticias sociales arriba descriptas, y con que el derecho esté sistemáticamente al servicio de los poderosos, tienen razones especiales para escoger a sus clientes de un modo sensible a –y no contradictorio con- tales preocupaciones. Muchos colegas, por caso, escriben, enseñan y predican un derecho más igualitario, pero ejercer la profesión de modos que contradicen abiertamente dicho discurso, orientándose una y otra vez a servir a la impunidad de los poderosos.

Finalmente, me interesa dejar en claro que no presupongo, siquiera, que los que han abusado del poder deben “terminar entre rejas,” sino que ellos merecen un reproche social y legal, y que el derecho debe trabajar en esa dirección, que es la contraria a aquella hacia la que hoy aparece orientado, cuando abandona a los desvalidos y se alía con el poder.

Argumentos en dificultades

Según entiendo, una larga mayoría de colegas sostienen una posición opuesta a la que aquí se mantiene. Para ellos, el derecho debe ofrecer sus servicios a todos, incluyendo obviamente a los sectores más poderosos de la sociedad, y resulta un despropósito pensar lo contrario. A ellos les recordaría las salvedades que examinara en el párrafo anterior y luego –si es que todavía, como imagino, insisten con su postura- les preguntaría por los argumentos que dan a favor de la posición que defienden. Enumero aquí algunos de los principales argumentos con los que me he encontrado –y que contradicen a la postura que sostengo- y muestro algunas dificultades que me generan dichos planteos, y que me llevan a considerarlos como implausibles.

“Todos tienen derecho a ser defendidos.” La primera y obvia respuesta a la postura que aquí sugiero se basa en el latiguillo según el cual “todos tienen derecho a defensa.” Una mayoría de colegas, simplemente, se detienen aquí en su argumentación, convencidos de que no hay nada más que decir, luego de enunciada dicha sentencia. Sin embargo, como ya dijera, esta respuesta resulta totalmente inútil dentro del contexto de esta discusión: ya afirmamos que en el mundo que aquí imaginamos todos –aún los más corruptos- siguen contando con derecho a la defensa (existen, como en nuestro país, defensores oficiales). Más aún, en el mundo real en el que vivimos, lo que ocurre es que sobran son abogados dispuestos a defender a aquellos que tienen buen dinero para pagar sus servicios, y no lo contrario.

“Si no lo hiciera yo, lo haría otro.” Esta respuesta también resulta inútil, dentro del contexto de este escrito, porque en esta discusión presuponemos que todos los acusados van a encontrar un abogado que los defienda. La pregunta que hacemos es otra. Ocurre que, del hecho de que “algún abogado” vaya a terminar defendiendo al acusado X, no se deriva que sea “uno” quien deba asumir esa defensa. Nos preguntamos entonces por qué es que uno (que critica la existencia de un derecho al servicio de la impunidad) está dispuesto a asumir esa defensa, y cuál es su justificación para hacerlo, dadas sus convicciones personales.

“No hay que identificar al abogado con su defendido.” Para algunos, una de las grandes victorias del derecho penal moderno es la de haber separado al defensor del defendido: quien defiende a un (acusado de) narcotraficante no puede ser acusado de tal delito él también; ni quien defiende al corrupto merece ser considerado –a partir de dicha actitud- corrupto él también. Esta respuesta, también común en nuestro medio, tiene algún interés pero yerra el blanco, ya que aquí no se señala al abogado de corruptos como corrupto, sino que se llama la atención sobre su labor, justamente por la tarea que asume. Esto es, aquí no se pretende identificar al abogado con su defendido (como si ambos fueran la misma persona, o como si ambos hubieran cometido la misma falta), sino que se lo individualiza por la opción que toma, y se lo evalúa a partir de ello.

“Mi tarea como abogado es meramente técnica.” Para quienes sostienen que la función del abogado es meramente técnica, aquí insistiría con la idea de que, por el contrario, dicha tarea no es neutral. El derecho se moldea de muchas maneras (a partir de las decisiones que toman los legisladores, las sentencias que deciden los jueces), pero también con el trabajo que escogen hacer los abogados, el modo en que lo llevan a cabo, y los resultados que obtienen. Como diría Duncan Kennedy, el abogado no puede ser, meramente, un arma que está al servicio de quien la toma para disparar.

“Presupongo que mi cliente es inocente.” Otra respuesta habitual cuando se trata de estos temas –una respuesta que más parece ser una excusa- es aquella que dice que no hay ningún problema con que un abogado defienda a un (supuesto) corrupto, porque hasta que esa acusación no sea comprobada en un juicio, la misma no puede ser tomada como verdadera. A pesar del tono que tiene esta respuesta, ella invita a una contestación que encierra un punto importante. Ante todo, repetiría que hay cientos de miles de personas –clientes potenciales- en la misma situación, y que se ven perjudicados por el hecho de que los mejores abogados se apresuran a ofrecer sus servicios a sujetos con mayor disponibilidad de dinero, antes que a individuos o grupos desaventajados. En todo caso, con una respuesta como la que aquí se examina, sólo se coloca al problema un escalón más arriba de donde estaba: como presuponemos que todos los acusados son potencialmente inocentes, entonces tenemos que escoger a quiénes, de entre todos estos potenciales inocentes, vamos a defender. Por otra parte, sabemos de antemano que va a haber muchos inocentes que van a ser (gravemente) condenados, siendo inocentes; y muchos culpables que van a seguir impunes, siendo culpables. Más todavía, sabemos que la primera categoría (inocentes condenados) incluye a numerosos sujetos desaventajados; mientras que la segunda (culpables impunes) incluye a numerosos sujetos muy poderosos. El abogado –y, sobre todo, el buen abogado- debe elegir entonces, de antemano, qué anomalía quiere contribuir a reparar. El (buen) abogado debe preguntarse si, en balance, prefiere que haya menos desaventajados condenados (o condenados gravemente) por lo que no han hecho (o por faltas relativamente menores); si en cambio prefiere (consistentemente con lo anterior) que el derecho no siga seleccionando a los más pobres; o si en cambio quiere seguir favoreciendo la impunidad de los poderosos, y la extendida idea conforme a la cual “el crimen de cuello blanco no paga.”

“Es lo que determina el mercado.” Esta idea parte del truísmo conforme al cual “así son las cosas”: ella nos dice que el sistema que “elegimos” para la distribución de abogados y casos no depende de una asignación estatal, ni de un sistema de lotería, sino del mercado. Es “natural” entonces –se concluye- que el mejor abogado elija defender a quien más le paga. Esta respuesta no es apropiada para el tipo de planteo que queremos hacer aquí, dado que el mismo está dirigido hacia el abogado que sabe de la existencia de injusticias como las descriptas, y considera que las mismas son inaceptables. Para dicho abogado, la respuesta “de mercado” no está disponible: él o ella deben hacer lo posible para no seguir favoreciendo las injusticias existentes y, como sabemos, en situaciones de desigualdad, el mercado reproduce y expande las desigualdades ya existentes. Si condenamos tales desigualdades y queremos contribuir a resolverlas, entonces, simplemente, no podemos descansar en los mecanismos de mercado, sino reaccionar frente a ellos (finalmente, por lo demás, no es el “mercado” el que determina que yo defienda a tal cliente, sino que es uno quien lo elige, a partir de las condiciones que favorece el mercado).

“Yo también tengo que vivir.” Siempre, pero sobre todo en países en donde la economía es más inestable, y/o los riesgos de “caer en el vacío” de la ruina económica son mayores, una persona puede legítimamente sostener que “(más allá de mis compromisos ideológicos) también necesito vivir” (o “alimentar a mi familia,” etc., etc.). Frente a dicho reclamo, debemos aclarar que, por cierto, no estamos en condiciones de pedirle a nadie que dedique su vida a abrazar conductas que son más propias de santos o mártires, en pos de ideales atractivos. Sin embargo, frente a la objeción del caso, correspondería decir al menos lo siguiente. Por un lado, dicha respuesta puede estar en boca de muchos, pero resulta poco atractiva si resulta expuesta por los abogados más notables y/o más hábiles, en los que aquí pensamos. Ellos no suelen ser, justamente, los que enfrentan dificultades para encontrar clientes dispuestos a pagarles adecuadamente por sus servicios. Es decir, el “problema” que aquí se enfrenta, en todo caso, no es el del abogado que por sus opciones morales cae en el desempleo, la inanición o la pobreza, o que –dadas sus convicciones- va a ser incapaz de asegurar una vida medianamente digna a su familia. El “problema” en cuestión es el del abogado que, en razón de sus convicciones (que lo llevan a rechazar ciertos casos) “no llega a ser tan rico” como podría serlo, o “más” rico de lo que ya lo es.

“Y esto dónde termina?”. Otra dificultad que enfrentan quienes sostienen posturas como la que aquí se mantiene es el famoso argumento de la pendiente: “adónde es que vamos a terminar, si es que así empezamos?”- se nos dice. Quien presenta esta objeción puede seguir diciéndonos “es que mañana se me dirá que no defendamos a los violadores; y pasado a los maridos golpeadores; y luego a los drogadictos y a las madres solteras; y así sucesivamente?” Este planteo parece inatractivo por muchas razones, y por suerte ya hemos contestado a algunas de sus variables más habituales. Repito, en todo caso, que aquí no estamos pidiendo sanciones legales para ningún abogado; ni presuponemos situaciones en donde algunos acusados no encuentren a nadie que los defienda. Por otro lado, agregaría que, como suele ocurrir, el argumento de la pendiente resbaladiza se termina con un poco de buena resina (o algún otro anti-deslizante). Aquí estamos pensando en la situación de algunos sujetos especialmente poderosos, y dicha categoría no admite muchos de los deslizamientos que el argumento de la pendiente resbaladiza quiere sugerir como autorizados (en principio, en esta categoría no entran una mayoría de drogadictos, ni de madres solteras o violadores, sujetos cuya defensa puede plantear –o no- otros problemas, que no son objeto de este trabajo).

“Defiendo las garantías penales del acusado”. Algunos abogados defienden la postura que aquí se critica sosteniendo que a ellos “sólo les preocupa defender las garantías del acusado.” Estos abogados pueden decirnos, por lo demás, que lo que ocurre en un proceso penal es algo mucho más delicado de lo que ocurre en el proceso civil, ya que en el ámbito penal, que es el que más nos interesa, los acusados enfrentan una situación tremendamente desigual, al tener que enfrentar no el reclamo de otro particular, sino a la poderosa maquinaria del Estado, que los intimida con la amenaza del uso de la coerción. De allí, concluyen, que sea tan importante dedicar energías intelectuales a resguardar las garantías de quienes son acusados en un proceso penal. A pesar de las apariencias -respondería- esta postura también representa una posición débil, especialmente cuando uno advierte lo que dichos abogados cobran por defender las garantías que dicen estar interesados en defender. Afirmaciones como las citadas, entonces, parecen una mera racionalización de lo que en verdad ocurre, ya que si el abogado en cuestión se interesara “sólo” o fundamentalmente por la defensa de las garantías del acusado, entonces podría prestar sus servicios de modo gratuito o económico, cosa que está muy lejos de hacer. El problema, de todos modos, subsiste con independencia de la cuestión (más o menos anecdótica) acerca de lo que cobran o no los abogados del caso. La objeción que presentamos subsiste porque el abogado cuestionado podría cumplir con su objetivo garantista haciendo lo que no hace, es decir defendiendo prioritariamente a cualquiera de los cientos de miles de personas perseguidas de modo injusto en el país, y cuyas garantías son violadas cotidianamente, de los modos más extremos e invisibles.

“Mi cliente perdió poder.” Un argumento importante que puede presentarse en el contexto de esta discusión parte del alegato según el cual “mi cliente perdió poder.” Cito esta respuesta como importante dado que, justamente por los desbalances que –lamentablemente- distinguen al derecho argentino, es posible que alguien sea perseguido por la justicia (penal) justamente cuando pierde el poder que detentaba –poder a partir del cual quien es hoy nuestro cliente pudo enriquecerse (tal vez indebidamente). La idea podría presentarse de modo pretendidamente más fuerte, sosteniendo que “el hecho de que mi cliente sea perseguido hoy (y no en el pasado) es una demostración de que ha perdido poder.” Esta respuesta nos plantea alguna dificultad, que se origina justamente en la difícil definición en que decidimos apoyarnos en este trabajo (sujetos “con poder,” o “sin poder”). La cualidad de “persona poderosa” es gradiente, como la de la calvicie, y por lo tanto resulta especialmente difícil determinar cuándo es que una persona tiene o deja de tener poder (como es imposible decir cuántos pelos debe tener o perder uno, para pasar a ser calvo). Sin embargo, por un lado, lo dicho no obsta a que podamos seguir hablando de personas poderosas (o calvas). Existen acuerdos lingüísticos compartidos que nos permiten continuar comunicándonos a pesar de tales dificultades. Por lo demás, y tratando de salir al cruce de este inconveniente, en este texto he concentrado mi atención en los casos paradigmáticos de gente poderosa. Por ejemplo, Augusto Pinochet simbolizó paradigmáticamente a una persona poderosa, cuando estaba en el poder, y siguió siéndolo cuando dejó el poder y fue perseguida judicialmente. Lo mismo ocurre en el caso de tantos ex -mandatarios y tantos empresarios privados vinculados con actividades ilícitas. De modo muy especial, el dinero con que ellos cuentan o contaban, y que les permitiera conseguir a excelentes abogados para su defensa (a lo que podemos sumar la red de contactos e influencias que los distingue), nos permiten hablar de ellos como personas poderosas. Los que siguen teniendo dudas sobre estos casos, de todos modos, pueden estar finalmente tranquilos: es tal la distancia que separa a un Pinochet de los cientos de miles de individuos legalmente desamparados (distancia que se puede comprobar, por caso, por lo que están dispuestos a pagar por los servicios legales que solicitan), que no deberían quedar muchas dudas respecto de quiénes tienen poder y quién no, sino sólo dudas respecto de si tiene más o menos poder que quiénes otros.

“Quien deja el gobierno puede convertirse en un perseguido político.” Una variante del argumento anterior –una variante que especifica el caso recién presentado y lo circunscribe a la situación de los políticos que dejan el poder- podría decir lo siguiente. En países como el nuestro, en donde la política puede desgastar gravemente a quienes gobiernan, y en donde la justicia aún no goza de niveles de independencia suficientes, aparece un riesgo especial cuando un gobernante abandona su cargo –un riesgo que se vincula con formas de la venganza política. En dichas situaciones, puede ocurrir que el nuevo gobierno aproveche la debilidad del vencido, y los deseos de parte del poder judicial de congraciarse con el nuevo poder de turno, para cargar contra sus opositores de modo impiadoso, y así ganar en popularidad fortaleciendo entonces la propia autoridad. Un buen abogado, en tales casos, haría bien en salir en defensa de quien ha pasado a ser, ahora, un perseguido político. El argumento del caso resulta interesante y ofrece, en efecto, algunas buenas razones para defender al ex gobernante que, suponemos, se ha enriquecido indebidamente. Sin embargo, presentaría algunas reservas frente al mismo. En primer lugar, la práctica política de nuestro país tiende a desmentir, más que a apoyar, dicho reclamo. Ha habido, en efecto, intentos aislados por parte de gobiernos recién llegados, orientados a perseguir a algún funcionario de primer nivel del gobierno saliente. Sin embargo, los intentos han sido extremadamente reducidos, en cuanto a su número, y han fracasado, en una enorme mayoría de casos. Ello se debe, aventuro, a dos razones. Por un lado, la red de contactos de los funcionarios salientes suele persistir más allá de la hipotética enemistad que separe a gobernantes “entrantes” de los “salientes”: dicha red suele permitir, entonces, que por debajo del embate político que se recibe, persistan fuertes mallas de protección (por caso, en esferas legislativas y judiciales) que terminan amortiguando el impacto real de tal embate. En ese sentido, diría, los funcionarios poderosos no dejan de ser poderosos luego de que abandonan el gobierno, por más que pierdan eventualmente el poder central del que gozaban. En definitiva, el poder no se pierde de un día al otro (aunque se pierda el “cetro” del poder): perder el gobierno no es lo mismo que perder el poder. Por otro lado, los largos tiempos de la justicia hacen que las causas se dilaten y que los deseos hipotéticamente “vengativos” del gobernante entrante comiencen a diluirse. En otros términos: al gobernante entrante puede convenirle políticamente mostrar su furia contra el gobierno “corrupto” anterior, y amenazar con un castigo ejemplar a quienes perdieron su puesto. Pero dicho discurso meramente electoralista y fundado en la conveniencia, por esas mismas razones (basadas en los cálculos y no en los principios) tiende a disolverse con el paso del tiempo, cuando ya no es tan “redituable” perseguir al opositor. Por lo tanto, finalmente, tiende a ocurrir lo que vemos en la práctica de nuestro país: luego de algún embate inicial contra “los corruptos” que dejaron el poder, todo vuelve a su cauce, y las cárceles siguen pobladas de modo casi exclusivo por los desaventajados de siempre.

“Me interesa dar un mensaje, asentar ciertos principios.” Tal vez la mejor respuesta frente al problema bajo examen es la que dice que, justamente es en estos casos paradigmáticos cuando los buenos abogados tienen la oportunidad de demostrar el valor de ciertos principios. Otros casos, menos notables, menos visibles públicamente, resultan entonces –por esa misma condición- menos aptos para afirmar el valor de determinados derechos o garantías. La American Civil Liberties Union Association (ACLU) - una de las mejores y más potentes organizaciones no gubernamentales en defensa de los derechos civiles- se distingue justamente por seleccionar los casos que van a llevar adelante de esa manera: ellos prestan atención a la importancia del principio a defender, antes que a las calidades morales de la persona a ser defendida. Un ejemplo excelente al respecto aparece en el exitoso caso Brandenburg v. Ohio, en donde el defendido resultó ser un integrante de la organización racista Ku Klux Klan: lo que se quiso obtener con su defensa, en dicha ocasión, fue una expansión en los límites de la libertad de expresión, y para ello se escogió un caso que, previsiblemente, iba a tener una enorme repercusión mediática, lo cual fortaleció el rotundo éxito obtenido en los tribunales. El argumento aquí examinado tiene interés, obviamente, pero no es en absoluto claro que el mismo tenga sentido en la situación que se examina en este escrito. Más bien lo contrario. Si lo que nos preocupa es la afirmación de ciertas garantías, y para ello nos interesa servirnos del valor simbólico del derecho, y el peso de los casos paradigmáticos, parece que escogemos el mal camino. Y es que los casos aquí en cuestión, justamente, resultan paradigmáticos porque representan o simbolizan, para una mayoría, situaciones de injusticia e impunidad. Es decir, si al abogado en cuestión le interesa “utilizar” el polémico caso para “comunicar” algo, el mismo debe ser consciente de que los casos en los que aquí pensamos se distinguen, justamente, por simbolizar los peores rasgos de un derecho al servicio del dinero. Su defensa, entonces, y previsiblemente, va a reafirmar dicha simbología: lo que una mayoría de personas va a sostener, previsiblemente, en dichos casos, es que “una vez más, quien ha ganado es la impunidad.”

Conclusiones

En los párrafos anteriores procuré examinar un problema específico, vinculado con la idea habitual conforme a la cual el derecho sirve a la impunidad de los poderosos. Me interesó decir que, en contextos como el arriba descripto, los/as abogados/as conscientes de dicha situación, y preocupados por la construcción de un derecho más igualitario, deberían ser consistentes con esas convicciones a la hora de escoger a sus clientes. Ello así, de modo más significativo, en países como el nuestro, en donde existen tantas desigualdades injustificadas; en donde resulta tan común la idea de que “el poderoso no paga;” en donde son tantos los que están necesitados de ayuda legal; y en donde son tan numerosos también, y en consecuencia, los sujetos vulnerables que el derecho selecciona e indebidamente castiga. El desgraciado hecho de que en nuestro país la academia legal y el ejercicio de la profesión se encuentren tan entrelazados (carecemos de una academia jurídica independiente, que pueda vivir de la investigación, enseñanza y crítica del derecho –algo que contrasta con la situación existente al respecto en casi todo el mundo occidental, incluyendo a Latinoamérica) torna la situación del caso todavía más grave. Ello así, porque en dicho contexto se resulta más notoria y preocupante la contradicción entre “profesión” y “cátedra” –es decir, aquí resulta más notable la situación de los profesores que escriben y predican ciertas ideas, a nivel académico, para luego desmentirlas, una y otra vez, en el propio ejercicio de la profesión. En nuestro país, como suele ocurrir en los países que permiten y reproducen situaciones de profunda desigualdad económico-social, los individuos más corruptos pueden acumular de manera ilícita sumas extraordinarias de dinero. Frente a dicha situación, los grandes estudios jurídicos y los mejores abogados son los primeros tentados por (y los primeros en caer en la tentación de) ese dinero mayúsculo. Quienes nos sentimos indignados por la presencia de ese contexto, y particularmente quienes leemos a nuestra Constitución desde una perspectiva igualitaria, necesitamos ayudar a cortar los vínculos hoy existentes entre derecho y dinero o, más precisamente, los vínculos que hoy atan a los mejores abogados con el dinero habido de las peores formas. Lo que aquí se pide no implica una propuesta para que se castigue a los poderosos que son inocentes de todo cargo; ni exige dejar a nadie sin su derecho a defensa; ni postula una sanción disciplinaria para el abogado que escoge defender a los más aventajados; ni requiere de los abogados que se conviertan en mártires. Lo que se propone es alguna forma modesta de la condena moral, orientada a ayudar a que el derecho salga de la situación de desprestigio en la que hoy se encuentra. Lo que se pretende, finalmente, es ayudar a que el derecho vuelva a ir de la mano de la justicia y de la igualdad, antes que apurando el paso, detrás del poder y el dinero.

30 comentarios:

gustavo maurino dijo...

qué emoción ser el primer postor!!!
me abrumaron los argumentos. Me convencieron más de la existencia de un problema de moral pùblica (institucional), que de uno de moral individual -aunque me gustarìa pensarlo mejor.
Me encanta la forma en que el artìculo convence de que nuestro sistema de mercado con defensa oficial es uan fuente de -perpetùa la- injusticia social gravìsima. canadá tiene un sistema interesante de subsidios a los que no pueden pagar abogados, por los que les dan bonos para abogados del mercado, que luego éstos cobran dle estado. otros países establecen obligaciones éticas de trabajo gratuito a los abogados (a todos, incluso a los top) que bien podría implementarse y derivarse a los desaventajados. Por supuesto, la defensa pública -esa gran institución- bien podría fondearse mucho mejor, y ser un lugar atractivo para mejores abogadas y abogados. Finalmente (sólo para no aburrir)...tanto por hacer, y tán urgente que algo sea hecho.
gracias.
PD: creo que sí hay un problema moral individual tambièn...y que tiene muuuchas buenas soluciones, una vez que se toma conciencia de ello...tu paper es un dulce aguijòn para nuestras conciencias.

Anónimo dijo...

Roberto: Excelente trabajo. Es una polémica urticante que, sospecho, muchos abogados pasarán de largo para no enfrentaese a sus conciencias.
Tu "crítica", si no entendí mal, está dirigida a aquellos abogados que se jactan de estar preocupados por las inumerables injusticias que se cometen a diarion en el ámbito judicial, porque el derecho castiga especialmente a los más desaventajados y beneficia en cambio a los más poderosos, etc. y aún así, llamados a elegir a sus clientes, defienden a los más poderosos y cobran fortunas por ello. Mi conclusión, que posiblemente se aplique para algunos y no para todos, es que aquella preocupación es falsa. Utilizan ese bello discurso, pero íntimamente están convencidos de que hacen lo correcto al defender a los poderosos. Lo llevo al plano de lo valorativo, no creo que esos abogados crean en aquello que dice preocuparlos. Habrá que seguir reflexionando...

Saludos!

Julián B.

rg dijo...

epa! gracias chei

Anónimo dijo...

Roberto,
no pretendo relativizar ni minimizar lo que decis, pero me parece que la elección de defender a tal o cual esta dada por los valores e ideales que uno tenga.

La diferencia relevante esta en que quien tenga la convicción, el conocimiento y cierto ideal de prestar un servicio más allá de su bolsillo, eligirá un camino como el tuyo -por dar un ejemplo-.

Por otra parte, quien tenga el conocimiento, buenos ideales pero estos no sean tan fuertes como para llegar a no vivir tan bien, escogera uno diferente, jactándose de su excelencia a expensas de menospreciar el "trabajo forzado" que implica ayudar al prójimo sin pedir nada a cambio.

Para los "casos grises" (quienes se acuñaron de una forma y después se dieron vuelta) yo diría que resultan dirimentes los cojones que hay que poner sobre la mesa, para decir, "me la juego por defender esto" "parte de mi crecimiento fue por este tipo de causas, ahora no puedo abandonar el bote".

Vuelvo a decirte, no quiero minimizar tu análisis -pido disculpas si así suena- pero me parece que todas las razones que oponen "aquellos" que defienden la idea de defender a poderosos, no son mas que excusas para justificar su existencia en decadencia.

Saludos,

Romina.

Anónimo dijo...

Una crítica que quizá no es tal,

Vos afirmas que si el poderoso no consigue quien lo defienda podrá recurrir a un defensor oficial.

En lo personal, me indigna y me parece inmoral que los poderosos sean defendidos por defensores oficiales a expensas de restarle una defensa a quien verdaderamente la necesita.

No digo que se quede sin defensa, pero el def. oficial esta para otros casos, si el poderoso se puede solventar una, no puede permitirse que lo represente el D. oficial cuando sabemos que los "casos" de los "poderosos" resultan ser los mas complejos, y, por tanto, los que mas tiempo e interés insume al Def. Of., justamente, para no quedar mal con el poderoso.

Los ejemplos sobran, no vienen al caso, o quizá si, pero no da para ponerlos.

slds.

Bruno

Mariela P. dijo...

Solo un comentario sobre un presupuesto del articulo (que lei muy por arriba, perdon)
1. "los abogados tenemos la libertad de escoger a quien defender"

Eso es igual al principio "todos somos iguales ante la ley". Su verdad empírica es igual de lávil que ese principio, y sus usos como presupuestos argumentales,funcionan en general como trampa para los débiles.

En los hechos, si tal cosa fuera cierto para algunos abogados, solo lo sería en relacion a ese grupo de abogados brillantes y habiles que además tengan la opcion economica y real.

Ergo, la moral individual a la que deberia apelar el articulo es solo a la de ellos. Y como aún existiendo, la capacidad de elección tambien es una cuestión de grados e influida por una inmensidad de variables (que la gente que esta en la calle y litiga todos los dias conoce en extenso), el peso marginal del principio moral para la eleción del caso será razonable para algunos, suicida o retórico para otros. Este no es un problema para el argumento del artículo, siempre y cuando se haga cargo de algunas variables más realistas.

Por otro lado una moral para los buenos abogados concientes de sus capacidades y con posibilidades economicas y reales de elegir, es una moral corporativa, como la de los estamentos platónicos, y que tiene los problema obvios de la auto-definición subjetiva, asunto aun mas complejo y relevante para la motivación individual.
En fin, el tema me parece mucho mas complejo y su presentacion en el articulo algo maniquea. Sin embargo, aplaudo fuertemente la iniciativa de su discusión, imprescindible y, como ya dijo gustavo, urgente.

D.- dijo...

Bruno, los casos de los pelagatos también pueden ser híper complejos, es un error asociar caso mediático a caso complejo.

Tu objeción tiene que anotarse eventualmente en las referidas a las prácticas de las defensorías oficiales, a la falta de recursos de tales, a las formas en que se mide el prestigio de un abogado -sea defensor público o privado- y que influyen de manera determinante en la forma en que se comporta. Influencias que coinciden en parte en los jueces, dicho sea de paso.

Si el mecanismo previsto para que alguien sin abogado enfrente un juicio no consigue soportar un caso de magnitud sin colapsar no modifica en nada la argumentación del trabajo, o mejor dicho, indirectamente la fortifica.

Sucede en definitiva lo que sucede cuando se critica una partecita de todo un sistema perverso; se empieza a pensar en las múltiples consecuencias que el cambio positivo traería dentro del sistema viciado y en la infinidad de cosas que habría que modificar, para acto seguido abrumarse con la realidad y escaparse por la tangente con argumentos de ocasión.

Slds

rg dijo...

coincido, d, con lo que le decis a bruno
mariela, como es esto? repito tu parrafo:
"los abogados tenemos la libertad de escoger a quien defender. Eso es igual al principio "todos somos iguales ante la ley". Su verdad empírica es igual de lávil que ese principio, y sus usos como presupuestos argumentales,funcionan en general como trampa para los débiles."
yo creo que la trampa para los debiles viene del otro lado. un monton de abogados de pobres, abogados de perseguidos politicos, son de clase media media, media baja. y muchos de los abogados que llegaron a defender a los peores salieron de mi generacion, por haber caido en buenos estudios, provenientes de cualquier condicion social. de veras, es un poco raro eso de querer hacer un caso fuerte apelando a a principios empiricos despues de a) leer un art. por arriba, y b) a partir de afirmaciones propias empiricamente dudosas -dudosisimas - cuanto menos. no podes salir a discutir la empiria con juicios, en el mejor de los casos, tan faltos de empiria como los que me acusas de hacer. en fin, abrazo

Mariela P. dijo...

Roberto, yo solo me referia a los cientos de miles de abogados que produce la universidad publica y cuyas opciones de insercion laboral son limitadisimas. Algunos jamas llegan siquiera a tener un estudio y atienden los casos de familiares que le llegan. Otros tienen su pequeñisimo y olvidado estudio, y la idea de que "pueden elegir los casos" es un chiste interesante para ellos.
Pero como dice "D", no nos abrumemos con realidad asi podemos discutir

Anónimo dijo...

Y si, d y rg, por eso puse que la crítica quizá no era tal, admito que me fui por la tangente.
Simplemente quise criticar que se permita que una persona que le robó al estado pretenda tener una defensa gratuita.

Igualmente lo que le dice Roberto a Mariela me hace pensar que justamente si -cito a rg- "muchos de los abogados que llegaron a defender a los peores salieron de mi generacion", demuestra empíricamente que hay personas que de acuerdo a sus convicciones eligen un camino y otras que le otorgan primacía a otros valores y eligen uno diferente.

Más que una crítica a la ética profesional, es una crítica a las elecciones de forma de vida de determinadas personas, pretendiendo que hagan algo diferente a lo que eligieron.

Igual sí me parece reprochable que en las aulas digan una cosa y en los papeles hagan la otra, o mucho peor que publiquen libros con sus "brillantes" defensas, cambiando quizá la interpretación de determinada norma, por el prestigio que ostenta su nombre.

saludos

Bruno.

rg dijo...

pero no coincido para nada mariela. si tomas como imagen del texto "defender a carlos saul," ok, son pocos los que pueden o van a ser llamados a hacerlo. pero la opcion se da todos los dias, para los miles de abogaditos de los que hablas, cuando deciden si defender al patron o al empleado, al desalojador o al desalojado (obvio, no digo que todos los casos sean iguales, ni que todos los pobres sean siempre los que tengan razon o merezcan ser defendidos. digo que muy habitualmente el abogado enfrenta opciones morales, de distinto tipo, y frente a causas distintas. pero la opcion esta ahi)

mm dijo...

excelente rg!
abogados críticos en el ejercicio de su profesión. "fueguitos que arden la vida", diría Eduardo Galeano, "profesionales comprometidos con el cambio social", dijo Salvador Allende

El mundo
(del libro de los abrazos de E .Galeano)

Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo.

A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos.

—El mundo es eso —reveló—. Un montón de gente, un mar de fueguitos.

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás.

No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende.

=)!!

Tomás Marino dijo...

Roberto, el artículo está muy bueno. Te dejo una inquietud.

¿Cómo analizás la figura del Defensor oficial?. Es como que a fin de cuentas el trabajo residual y moralmente reprochable (o cuanto menos disvalioso) se lo estás dejando al mismo aparato (léase estado) que fomenta y materializa la desigualdad, en complicidad con los demás operadores jurídicos y sociales.

Mi duda en otros términos: cual sería la justificación moral del actuar del estado (a través del Min.Púb.) en la defensa de los poderosos, siendo que éstos son tales justamente por obra y gracia de algunas de las formas en que aquél se expresa.

¡Abrazo!

rg dijo...

ta, entiendo, pero no rechazo el hospital publico, por mas que tenga menos recursos por los acuerdos entre estado y empresarios de hospitales privados, ponele. ademas, hoy por hoy, y dado el desinteres que hay en el area, como defensores oficiales dejan a cualquiera, quiero decir, no es la justicia federal. pero el punto tuyo se mantiene, el problema exige repensar todo el sistema judiical, todo el estado

Anónimo dijo...

Roberto, se me ocurren dos cosas (entre tantas). Una de ellas me implica más que la otra, o casi, porque trabajo como defensor oficial.

1)¿no se le presenta al abogado contratado por el estado -llamese def oficial- un problema parecido cuando le llevan un asunto en que el acusado es un "poderoso"? o es integrante de una fuerza represiva -policias, militares, etc?, etc (por elegir alguno ejemplo). Acaso alli hay obediencia debida?
Si ese abogado/a tiene ciertos valores, por qué debería optar por seguir cobrando su sueldo (defendiendolos) si es que hay un "problema moral" con asumir su defensa si se tienen ciertos valores?
Acaso el abogado del estado tiene una suerte de escudo protector que lo aleja de esos problemas morales?

2) Acaso no es una noble tarea defender a cualquiera -poderoso o no-, sea que se la acuse de la peor atrocidad?.

Porque el articulo dice algo asi como, "que alguien los defienda, pero no esos buenos abogados que portan esos buenos valores".
Estaríamos dispuestos a levantar el dedo acusador a los abogados que defendieron a los criminales nazis, por poner un ejemplo? Si, supongamos, los defendian de la posibilidad de la horca.

Bueno, saludos a todos
nicolás
de nqn

rg dijo...

pero tenes que pensar, ante todo, que el punto de partida real es otro: hay cantidad de abogados -una cantidad inagotable de abogados- que de cabeza iria a defender a los ofensores a los que me refiero; y suele haber tambien enormes cantidades de dinero en juego, para hacerlo. sobre los defensores oficiales, es como el caso de un hospital publico y un medico que no quiera practicar un aborto (me remito aca al trabajo de mi amigo alegre): si se inscribe como defensor, es bajo el conocimiento de que va a haber casos que no le gusten. finalmente, la "contaminacion moral" de los casos viene por esa combinacion de presuncion de culpabilidad y enorme cantidad de dinero en juego. cuando uno de los dos elementos se van, las cosas empiezan a cambiar, porque ahi el abogado defensor no puede ser senialado como entregando sus principios a una causa jorobada, por una parva de dolares. digo esto, simplificando el argumento que trato de hacer en el texto

Anónimo dijo...

No me parece que el defensor oficial, por ser tal, aceptó defender "casos que no le gusten", si es que esto significa, en cieros asuntos, "casos inmorales".
no se, no me parece
lo voy a pensar igual...
Y en cuanto a lo otro, no me queda clara tu idea al respecto (sobre la nobleza de la defensa)
saludos de nuevo
nicolas
de nqn

rg dijo...

pensalo, pensalo. imaginate que vas al hospital publico y empiezan con que no pueden hacer esto o lo otro. los limites a la objecion de conciencia ahi son mas estrechos que en la actividad privada. el defensor publico igual. quien acepta el cargo podria hacer otra cosa, si no esta preparado para defender a los que los demas no defienden! el trabajo para el que se postulo se trata de eso!

jujeño dijo...

hay una cuestión, que al menos a mi me viene dando vuelta desde hace tiempo.. Pienso:
La ética es algo integral, es una determinada manera de ver el mundo y de comportarse en concecuencia, de ello se desprende que la etica profesional no es más que una ética aplicada al caso concreto del ejercicio de tal o cual profesión, pero de ninguna forma es una ética autónoma..
Ello viene de la mano que generalmente, y me acuerdo de la discusion sobre la defensa de Carlos Menem, no se puede entrar en un juego retorico que justifique un comportmaiento desde la sola etica profesional soslayando una determinada conducata etica en general.. Dado que en aquel caso por tomar un ejemplo tal actitutd profesional puede estar motivado en dos cosas, 1.- en un compromiso político con el defendido 2.- en un interés económico, lo que el juego retorico permite es disociar esto de la vida cotidiana

1.-que mi compromiso politico sea con algo como " las garantias" asi en abstracto, me huele a un compromiso con una serie de premisa que se validan y refutan unas a otras, pero que se desvitua o se diluye su fin último, cual es la pelea del garantismo, porque si uno esta consustanciado con esta lucha, me parece que debe encontrar cual es el mejor campo de disputa para convertirlo en el discurso hegemonico y hacerlo en funcion de algo...(por ejmplo generar un contraimpulso a la selectividad y arbitrariedad del sistema penal) y eso algo no puede estar desvirtuado de la lucha etica uqe cada uno da en lo diario..
2.-lo segundo es pensar que uno no puede disociar y decir que la etica profesional como tal le permite a uno ser mas laxo en sus convicciones, algo del matis como el derehco es mi trabajo. yo por plata definedo a tal o cual, pero en la vida en general jamas moveria un pelo por él o yo por plata no tendría tal o cual otro comprotamiento, pero esto es trbajo.. es posible esto? me parece que tampoco..

por ultimo me parece interesantisimo la disucion que plantea Maurino en el primer post en la linea que el sistema del mercado del derecho es contribuye a perpetuar la injusticia social gravisima, es un eje para no perder de vista ya uqe tiene un monton de derivaciones, una por ejemplo. En la medida que gran parte de la formacion académica produce conocimiento y forma en funcion de una supuesta demanda del mercado, no solo produce un tipo de egreado medio " el empleado eficiente de estudio juridico" sino que tomando como eje por ejemplo la educación pública, diene en una tremenda transferencia de recursos en el sentido amplio de parte del sector público al privado, ( como nota tal situacion se consolida con los convenios de pasantias por la que grandes y no tan grandes estudiosm encuentran un legal forma de precarizacion laboral ..".
Me parece una discusion esencial de cara a pensar la formación de abogados que queremos, la saludo y agradezco.
agustin territoriale

PAC dijo...

RG: si bien estoy de acuerdo con el fondo de tu planteo, creo que, como señaló alguien más arriba, la cosa es bastante más complicada para los abogados "comunes". Pensá, por ejemplo, en los abogados que trabajan en relación de dependencia para los estudios que tienen como clientes a multinacionales. Esos colegas trabajan ahí porque buscaron un trabajo y ese fue el que encontraron. Ellos no eligen a sus clientes, así como, seguramente, tampoco eligen trabajar en relación de dependencia. ¿Hasta qué punto el planteo ético que proponés y que, reitero, considero acertado, se aplica a esos abogados?
Por otro lado, ¿qué pasa con los abogados, dueños de los estudios "corporativos", que además de representar los intereses de los "poderosos" también dedican parte de su tiempo a la representación de otros intereses (por ejemplo, porque participan en casos de interés público, pro bono y demás)? ¿Resulta moralmente inconsistente hacer eso?
Te repito, comparto tu planteo pero me parece que sólo se puedo aplicar a ciertos profesionales, básicamente los "peces gordos", y aún así con ciertos matices (como es el caso del tipo que es abogado de multinacionales pero además participa en actividades pro bono).
Saludos.

rg dijo...

pero como respondia por ahi tambien, los peces chicos tambien hacen opciones (y no hablo del cadete o del chico que recien ingresa al estudio). hacen montones de opciones sin problemas: defender al vecino, hacerle la sucesion a la tia, arreglar el divorcio del primo. y no hay problemas con eso. despues, un dia, tienen la opcion de defender al desalojador o al desalojado, al empleador o al obrero echado, y ahi las cosas entran a complicarse porque ahi si conviene afinar el ojo y ver a quien se defiende. obvio, cada caso puede merecer una resolucion para un lado o para el otro, pero reiteraria que en esas situaciones si, conviene afinar el ojo y pensar a quien es que uno defiende. asi que el pez chico tambien tiene que pensar, no esta relevado "moralmente" de reflexionar sobre que caso toma

PAC dijo...

Okey, es cierto que a veces el "pez chico" también puede elegir, pero sería raro, aunque no imposible, que al "pez chico" lo venga a ver uno de los poderosos a los que, entre cosas, definimos como poderosos porque sus fechorías quedan impunes.
Digo, en un juicio de desalojo, por muy antipático que sea llevar adelante un desalojo, en general el que te va a ver es un tipo que tiene un inquilino que hace un par de meses que no le paga el alquiler (y en realidad lo MÁS probable es que venga a verte el inquilino, no el propietario). No viene el grupo IRSA para desalojar a un asentamiento que está instalado en un terreno en el que quieren hacer un emprendimiento inmobiliario multimillonario. Igual le di una nueva lectura al artículo y me encontré con pasajes, a los que evidentemente antes no les había prestado atención, que apuntan en esa dirección, o sea que los destinatarios principales del artículo son los abogados que ya gozan de una cierta posición económica y que, por eso, su opción no es entre "trabajar vs morirse de hambre" sino entre "ser más o menos rico".
Una sola pregunta más: ¿hasta qué punto considerás que tu planteo es aplicable/extendible a casos que no sean penales, pero que igualmente contribuyen a mantener o aumentar la desigualdad?
Saludos y gracias por la respuesta.

rg dijo...

si, me parece clarisimamente extensible a esos casos "economicos," por que no habria de serlo? gracias

PAC dijo...

Es que algunas de las razones que ofrecés para los casos penales, como por ejemplo la existencia de un defensor oficial, no se aplica a juicios patrimoniales, y menos si la "multinacional" o el "poderoso" actúa como parte actora. No digo que el dilema ético no se pueda plantear, de hecho pienso que lo hace, pero las razones por las que entendemos que ese dilema se plantea son, me parece, algo diferentes en un caso u otro. Saludos!

Tere dijo...

Llegue tarde al debate pero, Roberto cuando decis al principio "se trata del hecho crudo según el cual lo mejor de la profesión aparece al mero servicio del dinero." quiero que me expliques a que te referis especificamente con lo mejor de la profesion?

rg dijo...

la gente que ha tenido la fortuna de cursar con los mejores profesores y de formarse muy bien

Anónimo dijo...

Que contradicción, no?

la gente que ha tenido la fortuna de cursar con los mejores profesores y de formarse muy bien, es amiga del dinero,

mientras que aquellos que quieren ayudar y tienen el empeño no estan a la altura y hasta son rechazados, porque,

no han,tenido la fortuna de cursar con los mejores profesores y de formarse muy bien.

Tere dijo...

perdonen pero no coincido. No siempre es asi porque seria creer que solo quienes estan en los mejores estudios (amigos del dinero) son los unicos que se han formado bien.

Eduardo Victor Lapenta dijo...

Quizás también resulte de interés pensar en la actuación del abogado de la administración, cuando interviene negando derechos que son obvios, sea para dilatar su efectivización, sea por limitaciones presupuestarias, sea para que las consecuencias recaigan sobre otra gestión política, etc. Aquí la cuestión no es solo ética. Estimo que la administración –y en consecuencia, sus abogados– tienen deberes de veracidad, legalidad y eficiencia, cuanto menos en el reconocimiento de los derechos humanos. La invocación del derecho de defensa, que en su génesis procura proteger al individuo del estado, no habilita al propio estado a la mendacidad (o el ocultamiento de la verdad), escamotear el sentido evidente de la ley, o la dilación en el reconocimiento, que evidentemente va en dirección a acumular (y no limitar) el poder. Es un tema que me preocupa, tal vez incentivado por la realidad del fuero administrativo en la provincia de Buenos Aires. Creo que la defensa jurídica del estado tiene reglas diversas, que la doctrina y los propios abogados no suelen reconocer. Te agradezco el comentario estimulante. Gracias.

JUAN PABLO JORGE dijo...

juan Pablo Jorge:

Lluego de leer el texto Aquien sirve el Derecho? Etica profesional, derecho y poder, opino que el abogado tiene que elegir sus casos conforme a sus principios y valores. No tiene que opinar que la sociedad es injusta, o que ve muchas desigualdades entre los poderosos y los que no lo son, ya que eligiendo a estos ultimos contribuye para que esas desigualdades crescan.
En definitiva el abogado tiene que defender al rico y al pobre, poderoso o no, siempre defender por igual a todos los que soliciten sus servicios aportando, de la mejor manera sus conocimientos en beneficio de sus clientes.-.