5 ago. 2019

La abogacía al servicio de la impunidad del poder (fragmento)


(fragmento de un texto que espero publicar completo en próximos días)


La abogacía al servicio de la impunidad del poder

Resulta claro, por lo examinado hasta aquí, que hay muchas cuestiones de ética profesional que involucran preguntas de difícil respuesta. En lo que sigue, de todos modos, me interesará situar a preguntas difíciles como las mencionadas, dentro de un contexto social, político y económico particular. Conforme anticipara, me interesará estudiar de qué modo temas como los referidos se despliegan en países como el mío –la Argentina- distinguidos por la presencia acuciante de injusticias graves. En definitiva, procuraré reflexionar sobre los problemas que se suscitan a partir de la relación abogado-cliente en contextos sociales y políticos marcados por la existencia de injustas desigualdades.

Tal vez convenga comenzar este análisis con una observación general, como la siguiente: en sociedades definidas por la injusticia social, aquellos que cuentan con más dinero (muchas veces, de modo injustificado), pasan a gozar al mismo tiempo del privilegio de poder pagar a los mejores abogados. Esta situación tiende a provocar que las cabezas jurídicas más notables de la comunidad queden al servicio de los más ricos. Tales abogados procurarán “obtener” tales casos, y ganarlos del modo en que sea posible, abandonando todo cuidado o atención especial hacia la situación de los más postergados. De hecho, la contracara habitual y más importante de este tipo de fenómenos (la asociación creciente entre dinero y abogados exitosos), es que los que cuentan con menos dinero (y, muchas veces, con mayores o más urgentes necesidades) no puedan acceder a los abogados más habitualmente exitosos dentro de la profesión. Dichos abogados, “naturalmente,” van a concentrar sus esfuerzos en la protección y defensa de los más adinerados. Mientras tanto, los ciudadanos más pobres, aunque pudieran querer lo mismo que sus pares más ricos –esto es decir, ser asistidos por los abogados más exitosos en el fuero- carecen de la posibilidad efectiva de contratarlos. Por razones como las señaladas, las causas vinculadas con los destinos de los miembros más desaventajados de la comunidad tienden a quedar, esperablemente, en las manos de los peores abogados (eventualmente, tales causas van a quedar a cargo de competentes pero habitualmente sobrepasados, abogados del Estado). 

Como consecuencia de estos fenómenos, tan comunes como injustos, nos encontramos de manera común con dos principales resultados, ambos gravosos para el ejercicio de la profesión. Por un lado, y gracias a las destrezas y/o influencias de los abogados que los asisten, los miembros más poderosos de la comunidad van a tender a sortear con éxito los desafíos jurídicos que enfrentan, no obstante la gravedad de las faltas que puedan haber cometido. Por el otro lado, y por el contrario, los miembros de los grupos más desaventajados, más allá de la gravedad de las faltas en las que pudieran (o no) haber incurrido, van a tender a terminar en la cárcel, procesados o condenados. Para decirlo brutalmente, el resultado típico del ejercicio del derecho, en comunidades socialmente injustas, es el de impunidad para los más ricos, y condena para los más  pobres. Se trata de un fenómeno que, finalmente, parece propio de una mayoría de las sociedades que conocemos: sociedades esencialmente multiculturales, homogéneas, que exhiben poblaciones carcelarias cada vez más amplias, pero esencialmente homogéneas, en términos sociales.

5 comentarios:

Anónimo dijo...

Pasa eso con casi todas las profesiones liberales. Lamentablemente, quedan pocos "Chamanes" en las distintas tribus. Por lo menos esos sabios polirrubros, tenían buena onda con el trueque para retribuir sus honorarios. Aceptaban cualquier cosa. Nada de prepagas, nada de adelantos cash para mover un músculo y un expediente o dormirlo, etc.

Pablo Fernández Barrios dijo...

Es posible sostener que el problema es “de los abogados”? En qué medida el estado de cosas (que podríamos conformar como un conitnuum que va desde el capitalismo, liberalismo, sistema político, compromisos con que los jueces acceden a sus cargos, utilización de la justicia como mecanismo de construcción cotidiana del poder, etc) es el responsable del escenario que se describe. Obvio que las clases bajas cuentan con peores recursos en su constante enfrentamiento con el poder del Estado, pero nuevamente esto es un problema que se resolvería por dotar a las mismas de mejores abogados o demandar de ellos la asunción de ciertos compromisos éticos? No creo. Es cierto que las clases altas cuentan con abogados “mejores preparados” pero me parece que ese grado se visualiza en la capacidad de lobby que los mismos tienen y en la permeabilidad institucional a la misma que en cierto recurso a la técnica o saber profesional. Conozco abogados de un talento impresionante que militan cotidianamente por los derechos humanos de la población en su conjunto, que dan cátedra de saber y compromiso y que sin embargo chocan contra la opacidad de un sistema institucional como el que tenemos. Me parece que, incluso desde una posición que podríamos todos compartir (la de la garantía de la defensa en juicio) la crítica que se plantea sería fácilmente respondida por quien se sienta interpelado, algo así como: “… pero bueno es mi trabajo --- el derecho de defensa --- no soy responsable de que el Estado no capacite adecuadamente a los defensores o en su caso los comprometa con una defensa eficaz para aquellos que no tienen recursos …”. También me parece que la objeción deja muchas cosas de lado, como el estatuto de inocencia, es decir, parte de la base de que la deficiencia ética del profesional descansa en que todos sabemos que el defendido poderoso es responsable de lo que se le imputa. Nuevamente me parece que la cuestión se centra más en el sistema en sí . saludos

Anónimo dijo...

El buen abogado es el que gana plata. No hay otra. Aspiran guita del mercado y se ven beneficiados ofreciendo servicios de mejor calidad. Se lo merecen. Son benefactores sociales. Si vos decís mirá todo lo que estudié y gano mucho menos que ellos eso es porque tu actividad es relativamente indiferente al mercado. Por eso, tienen razón ellos si les gusta la guita y ganan plata. No seas resentido que el éxito económico también es muy difícil de alcanzar y lleva tiempo y esfuerzo. Lo académico no es lo único, no es todo.

Anónimo dijo...

Va a salir este texto, Roberto? O ya lo publicaste?

César.

PIC dijo...

A mí se me ocurren dos cosas que deberían ser parte de la solución al problema:
(i) una carrera profesionalizada, con una modalidad de ingreso transparente, al Poder Judicial y al Ministerio Público, y destinar ingentes recursos a eso;
(ii) normas de ética profesional, por las cuales el abogado procura engañar al tribunal o miente deliberadamente pueda ser sancionado (sobre esto, Rosenkrantz decía algo en una entrevista a Fuentevieja)
No me parece una solución convertir a la defensa en una profesión pública (ejercida por funcionarios del propio Estado) y atento las fallas que tiene el poder punitivo, pienso en ERZC como principal referente para la crítica de nuestro sistema penal.