Testimoniales reloaded

Ayer, en un recuadro al costado de nota principal, Clarin levantó un breve comentario incluido aquí en este blog, en donde repudiaba la cita de un trabajo mío, que el juez Blanco incluyera en su decisión sobre las "candidaturas testimoniales" (ver acá). Por alguna razón el cuadrito tuvo mucha repercusión, por lo que me pidieron que amplíe para la edición de hoy, así que acá va la nota enviada, en su tamaño original (en Clarín aparece algo más corta).

La notita en the Clarin sobre el tema, acá, es la que sigue:

El juez Manuel Blanco acaba de afirmar que las “candidaturas testimoniales” son inatacables jurídicamente, más allá de que sea verdad –como reconoce- que el sistema institucional necesite reformas destinadas a mejorarlo. En este punto, el magistrado apoya sus dichos en un trabajo mío, en el que sugiero reformas orientadas a reforzar el carácter democrático de la política. Su cita me incomoda porque desde hace décadas acompaño mi crítica sobre el sistema representativo con una cierta teoría sobre el papel del poder judicial, que sugiere para los jueces conductas exactamente contrarias a las que él acaba de llevar a cabo. Muy sintéticamente: los jueces deben concentrar sus esfuerzos, de modo especial, en el control de las reglas de juego, impidiendo que quienes están en el poder manipulen tales reglas en su propio beneficio. La propuesta que defiendo (muy extendida en la doctrina) es la de “máximo escrutinio judicial cuando se ponga en riesgo la soberanía popular.” Eso es, precisamente, lo que él debió hacer pero no hizo, cuando en su fallo comprometió al derecho, indebida e innecesariamente, con el status quo.

Dos aclaraciones importantes. Primero, una intervención judicial como la que propongo no implica, en absoluto, desconfiar del elector. Es lo contrario: uno confía plenamente en el elector, pero no en el representante. Por eso, uno exige que se despeje el terreno de toda información que pueda inducir a errores. Pasa aquí lo que pasa con la publicidad engañosa: defendemos la soberanía del consumidor, y por eso le exigimos al comerciante que no auspicie sus productos con mensajes engañosos.

En segundo lugar, la intervención judicial que propongo no implica proscribir a ningún representante. Es al revés, lo que se pretende es que la dirigencia no siga levantando muros entre pueblo y política. Eso es lo que ocurre cuando se eligen candidatos a dedo, se limita la participación popular, se nos ofrecen listas cerradas, se permite que el dinero controle a la política o, como en este caso, no se nos deja en claro quién compite por qué cosa. Frente a tales riesgos, los jueces pueden ayudar a los electores de múltiples formas: exigiendo certeza a los partidos; tomándole declaraciones a los candidatos; estableciendo sanciones; preservando a las boletas electorales como compromisos con los electores (y no como espacios de propaganda electoral). Lo que necesita es un derecho alineado con la población en el control del poder, y no un derecho como instrumento del poder y sometido a su servicio.