Política y Derechos

Nota que publicamos hoy en Clarín, acá, o a continuación:

La Constitución argentina es muy generosa en cuanto a los derechos que reconoce, y en particular en relación con los derechos sociales que incorpora en su texto. Lo que es más, los compromisos que ha asumido al respecto se han mantenido firmes a lo largo del tiempo: de modo notable, las reformas que tuvo la Constitución vinieron a afirmar o a expandir, antes que a suprimir o reducir, esos compromisos sociales .

Por supuesto, muchos nos dirán que “prometer es fácil” y que “prometer es gratis.” Otros comentarán, escépticos, que la Constitución es “pura poesía.” Y otros más nos señalarán que la Constitución puede ser muy generosa en la letra, pero que lo que importa es que en la práctica ella no se cumple.

Todos estos comentarios, cabe señalarlo, vienen a alimentar el mismo problema que identifican. A la vez, todos ellos derivan de comunes malentendidos en relación con el derecho, que necesitan ser cuestionados en momentos en que se discute sobre el monto que corresponde pagar a los jubilados, los modos de cuidar el medioambiente o las políticas más apropiadas en materia de salud reproductiva, para tomar algunos casos relevantes.

Para empezar por el comienzo: cuando inscribimos un artículo en el texto de la Constitución, lo que hacemos es reconocer a un cierto interés común la condición de interés fundamental, al que le asignamos carácter inviolable, irrenunciable, incondicional . Es claro, entonces, y ya lo sabemos: se violan derechos todos los días.

Pero conviene saberlo, también: diciendo eso no les quitamos a los derechos nada de la fuerza legal que tienen. Más todavía, las violaciones de derechos no se convierten en faltas menores, por ser repetidas. Se trata de faltas de la mayor gravedad, que merecen respuestas severas, por parte de nuestro aparato legal. Influidas, tal vez, por un discurso hegémonico economicista por el que militan desde hace décadas; o cegadas, quizás, por los criterios estrechamente capitalistas con que leen la política , nuestras autoridades se han acostumbrado a pensar los derechos en el marco de una “teoría ecónomica del derrame”. Ellos nos dicen: “garantizaremos los derechos de todos, por supuesto, en la medida en que nos sobren recursos”; “queremos satisfacer los derechos de todos y por eso, primero, necesitamos agrandar la torta”; o “algunos quieren desfinanciarnos, mientras nosotros queremos acumular reservas, para así darle solidez a nuestra moneda.” A quienes así nos hablen deberemos decirles que se equivocan y que la respuesta correcta es exactamente contraria a la que ellos invocan.

Los derechos no son lujos maravillosos que nos reservamos para los momentos de bonanza . Los derechos no residen en la periferia de las políticas públicas exitosas. Los derechos no encuentran su límite en la necesidad primitiva de asegurar el interés común. Es justamente al revés: los derechos están en el centro , y todo lo demás que queramos hacer podrá hacerse, o no, en la medida en que hayamos asegurado, primero, los derechos básicos de todos.

Ninguna política pública es permisible, en la medida en que no esté destinada a asegurar, directamente, la previa satisfacción de esos derechos básicos.

Todas las políticas encuentran su límite cuando colisionan con derechos fundamentales.

Cuando hoy se nos diga, entonces, “no tenemos dinero para los jubilados”, deberemos responder: “lamento comunicarle que se trata de una obligación incondicional”, o “lo siento, pero deberá sacar ese dinero de cualquier otra actividad que hoy realice y no se correlacione con la garantía de derechos básicos” (llámese fútbol o decodificadores gratuitos para todos). Cuando se nos diga: “la minería es desarrollo”, deberemos responder: “el único desarrollo aceptable es el que se ajusta a esta lista de derechos ambientales irrenunciables”. Cuando se nos diga “acumulamos reservas para fortalecer la moneda”, tendremos que responder “muchas gracias por su política monetaria, pero éste es el número de personas que vive en la calle”.

Mientras insistamos en no eliminar esos derechos elementales (vivienda, salud, educación) de nuestra carta constitucional , ellos deberán asegurarse en la máxima medida posible, y de manera incondicional. Algunos llaman a esto, curiosamente, despilfarrar el dinero, pero es que olvidaron que hablamos de derechos constitucionales . Otros consideran que quien así actúa lo hace irresponsablemente, pero es hora de que se corrijan: no estamos hablando de buenos o malos negocios, sino de actuar estrictamente conforme a derecho.