Ingreso Ciudadano: "El problema no es de dinero sino de cuáles son las prioridades"

Reportaje a Rubén Lo Vuolo, de la Red de Ingreso Ciudadano, por Américo Schvartzman
(Publicado en “La Vanguardia”, publicación del Partido Socialista, Buenos Aires, agosto de 2009)



La idea de que el Estado pague un ingreso mensual a cada ciudadano le suena ridícula o imposible a mucha gente. ¿Por qué vale la pena analizarlo y discutirlo?

Las razones son múltiples y reconocen diferentes justificaciones. En principio, hay que aclarar que hoy el Estado paga beneficios en dinero a diversos grupos de la población y en muchos casos con criterios muy cuestionables. Por ejemplo, paga asignaciones familiares solo a los hijos e hijas cuyo padre o madre está empleada de manera formal. ¿No es ridículo que un niño tenga derecho a un beneficio en función del tipo de empleo que tienen los progenitores? ¿No es ridículo que sólo cobre seguro de desempleo un porcentaje inferior a 10% de los desempleados estadísticos? ¿No es ridículo que personas que han trabajado toda la vida en condiciones precarias no tengan acceso a una jubilación o que para tenerla dependan del criterio arbitrario de un funcionario que decide sobre los fondos públicos? ¿No es ridículo decir que con el trabajo la gente se dignifica cuando la sociedad no le da trabajo o el trabajo que da es precario, de ingreso insuficiente y sin ningún tipo de cobertura social?

También se tildó de ridículos a los primeros programas de jubilación.

Sí, y en su momento al derecho al voto universal, y ni hablar del derecho de la mujer a votar. Estos derechos no eran concebibles en el tipo de orden social y fueron necesarios muchos procesos, muchas luchas para que terminen incorporándose como derechos "normales" en nuestras sociedades. El derecho a percibir un ingreso que cubra un cierto nivel básico está reconocido en legislaciones sobre los derechos humanos como un derecho necesario para la existencia en el tipo de sociedades en las que convivimos. Lo cierto es que hoy es muy difícil para gran parte de la población acceder a ese ingreso, y en muchos casos tienen que someterse a situaciones de indignidad y estigma para obtener un beneficio de algunos de los múltiples programas asistenciales que reparte el poder político.
El derecho a un ingreso universal e incondicional es el próximo paso en el desarrollo de un Estado Social de Derecho que supere los límites que colocan los sistemas contributivos en una economía donde cada vez el empleo se vuelve más inestable.

¿Pero es factible, técnicamente?

Depende de cada caso particular el modo de implementarlo, que obviamente debe ser gradual. Tampoco el derecho a la jubilación se estableció al inicio para todas las personas que requerían el beneficio, como otros derechos sociales, como el propio sufragio. Se fue incorporando gradualmente y hay que discutir cual es el mejor modo para ello en nuestra sociedad. Puede empezarse por los menores de edad o por personas en edad laboral particularmente vulnerables, pero siempre como inicio de un camino a un ingreso universal e incondicional. La forma de financiamiento también debe estudiarse. El modo más justo y práctico es incorporarlo como un crédito fiscal en la declaración del impuesto a las ganancias de las personas. De este modo se reemplazaría el actual e injusto sistema de deducciones que perjudica a ciertas categorías de trabajadores y sólo puede ser utilizado plenamente por quienes mas ganan. Pero también hay que estudiar otras fuentes de ingresos tributarios, como así también los ahorros fiscales que se producirían por la posibilidad de suprimir programas hoy existentes y que serían reemplazados por este beneficio.

¿Puede decirse que la propuesta de un ingreso ciudadano está en la agenda política argentina? ¿Ha llegado a algún ámbito legislativo?

Está empezando a debatirse aunque no diría que está en la agenda política. Los proyectos legislativos que más se aproximan a la propuesta no han logrado estado parlamentario y duermen en las comisiones a las cuales se han derivado. Estos proyectos sólo plantean el beneficio para ciertos grupos, como menores de edad, personas en edad de jubilarse o en algunos casos a grupos que justifiquen su insuficiencia de ingresos. Por otra parte, ciertos referentes políticos de Argentina han declarado su adhesión a la propuesta, con mayor o menor afinidad a la misma.

Obviamente, en la campaña no se habla demasiado del tema.
Es que la degradación del debate programático en el ámbito político no ayuda para este tipo de discusiones. La personalización de la dinámica política, la excesiva importancia de los episodios electorales en la actividad política, la falta de referencias ideológicas para las agrupaciones políticas, el debate centrado en las anécdotas de corto plazo, no ayuda para la discusión de propuestas que reclaman un debate fundado y una visión de largo plazo que sí tienen otros países. Pero claramente la propuesta avanza sostenida en la fortaleza de sus fundamentos frente a los acuciantes problemas de la población y entiendo que va a ser inevitable su incorporación en la agenda política.

¿Hay estudios acerca de la posibilidad de financiar un sistema de ingreso ciudadano en la Argentina actual?

Hay estudios que fundamentan la inmediata posibilidad de financiar ingresos ciudadanos para ciertos grupos como los menores de edad y los mayores en edad de jubilarse. Pero la destrucción de las estadísticas económicas y sociales en el país, la falta de información a base de datos sobre impuestos más allá de números agregados, coloca trabas a estudios más específicos sobre las posibilidades de financiar la propuesta plena. Esta es una facilidad que tienen otros países y por supuesto permite darle una racionalidad técnica al debate que en Argentina se vuelve difícil. Otro problema es que una propuesta de este tipo, de alcance universal, necesariamente debería implicar un definitivo acuerdo y reforma del régimen de coparticipación federal, en tanto las provincias y municipios se verían directamente involucrados. Pero el problema central no es el financiamiento, es político y de concepción del tipo de sociedad hacia el cual se quiere transitar.

¿Por qué cree que una propuesta de este tipo se conoce y debate más en ámbitos académicos que en el mundo político?

Porque en nuestro país la discusión política no tiene contenido, se hace en función de personas y no de programas, sin sustento ideológico. El ámbito académico tiene otros ritmos y otras posibilidades, permite mayor libertad de pensamiento. Lo preocupante es la falta de diálogo entre la academia y el campo político en estos y otros temas.


¿Puede ser éste -la crisis- el mejor momento para impulsarlo?

Es probable, aunque esto no debería ser así. La propuesta es razonable tanto para momentos de bonanza como de crisis. En las crisis se ven más sus beneficios como política preventiva, pero también se refuerza la crítica al costo de la propuesta. Claro que esa crítica no se usa cuando se trata de salvar a los bancos o a grandes grupos económicos. Es llamativo este doble discurso: la crisis fiscal es una excusa para no discutir propuestas que benefician a los sectores más vulnerables pero no para inyectar dinero de diversas fuentes cuando se trata de actores más poderosos. La excusa es que salvar a esos grupos es imprescindible para que la crisis no se agrave. Pero entonces, el problema no es de dinero sino de qué actores son los más relevantes para las prioridades del poder. En cualquier caso, las crisis suelen ser momentos donde se amplían los márgenes de tolerancia para las políticas públicas y para cambiar el rumbo. Es probable que el ingreso ciudadano gane espacio en situación de crisis pero hay que tener claro que no es una política para un momento, sino para incorporarse como permanente. El derecho al ingreso es un derecho de todas y todos en todo momento.