Más de y sobre Plataforma

Por  Diana Kordon y Lucila Edelman

La irrupción de Plataforma en el debate social y cultural, los cientos de nuevas adhesiones en pocos días muestran que su aparición responde a una necesidad social. La heterogeneidad de sus firmantes, con las obvias dificultades que puede generar, implica, simultáneamente, una enorme riqueza y un desafío. La construcción de un "nosotros" conllevará necesariamente trabajo y polémica de ideas.
Ante el efecto impositivo del discurso oficial, una enunciación colectiva genera un espacio apuntalador de la subjetividad. Nos sustrae del efecto opresivo de ser colocados antinómicamente como funcionales a la "derecha reaccionaria" cuando queremos expresar nuestras profundas diferencias con la política del Gobierno.
El relato parte de una premisa sobre la que no acepta discusión: estamos ante la realización de una profunda transformación social. Definido así este nuevo país que se está gestando, los actores sociales pasan a ser ubicados según se posicionen "a favor" o "en contra" del gobierno "nacional y popular". La épica de las grandes transformaciones que se estarían produciendo en la Argentina cae con peso acusatorio sobre las voces disidentes. Nos referimos en este caso a la disidencia de quienes, no teniendo ninguna identificación con los poderes dominantes, sólo reconocen compromiso con las necesidades materiales, sociales y culturales de nuestro pueblo.
Por nuestra parte, consideramos que una transformación social es producto de determinados hechos instituyentes que conmueven y modifican el orden de lo instituido.
Grandes corporaciones mineras, petroleras, cerealeras, telefónicas, así como el sector financiero, han recibido y reciben privilegios de este gobierno. El oro, cuyo método de extracción contamina los glaciares de la cordillera, paga sólo un 3% de derecho de exportación. La propia ley de glaciares, primero vetada, luego resancionada, sigue sin aplicarse. La prórroga de los contratos con grandes petroleras nos ata las manos por décadas. Se aplica el impuesto a las ganancias a los asalariados, verdadero impuesto al trabajo, mientras no es gravada la renta financiera. Esto no es "lo que falta": son sólo algunos ejemplos de una política coherente.
Se parte de la premisa de que este gobierno no criminaliza la protesta social. Nos preguntamos: ¿tenemos un déficit en nuestra percepción o la realidad contradice esa afirmación?; ¿qué nos pueden decir de esto dirigentes obreros y sociales a quienes no les alcanza el tiempo para correr de juzgado en juzgado por la cantidad de causas penales que tienen abiertas?; ¿cómo fundamentan los diputados oficialistas su negativa a votar los diferentes proyectos presentados para dejar sin efecto la judicialización de las protestas que se viene desarrollando desde la época del menemismo?; ¿qué lectura merece la utilización de patotas en lo que se ha dado en llamar tercerización de la represión o la acción directa de la policía y las fuerzas de seguridad en ocasión de situaciones de conflicto social?; ¿qué significado tiene el silencio de la Presidenta, quien al realizar una teleconferencia con el gobernador Insfrán, inmediatamente después de la violenta represión en Formosa en la que fueron asesinados dos miembros de pueblos originarios, no hizo ninguna mención de este hecho?
Lo que marca un punto de inflexión insoslayable es el incremento sustantivo de asesinados en ocasión de reclamos colectivos en defensa de derechos básicos. Su número concentrado en el último período señala una direccionalidad alarmante.
Adjudicar estos hechos a políticas regionales o criticarlos sin un análisis de las condiciones que los posibilitan y teniendo siempre especial cuidado en eludir la responsabilidad y en no afectar el buen nombre del Ejecutivo nacional, en nada ayuda a sacudir el peso de la impunidad.
La ley antiterrorista, sancionada vertiginosamente y votada por diputados y senadores a libro cerrado, en una actitud para muchos de ellos contradictoria con su propia historia, constituye un verdadero analizador social y no una anomalía. Además de su obvia aplicación contra la protesta social, seguramente podrían ser considerados "terroristas", por ejemplo, ahorristas que reclamen la devolución de sus depósitos o periodistas que informen sobre índices de inflación. ¿No basta la experiencia de la aplicación de estas leyes en otras partes del mundo? Los mapuches chilenos son juzgados por leyes equivalentes.
Estos y otros temas que caracterizan el actual período, abierto en 2001, sí eran una asignatura pendiente en un debate cultural que hoy empieza a desplegarse activamente en la escena pública. Lo celebramos.