De Bonafini a "Schiffrin". Derechos y democracia otra vez

Días pasados, Hebe de Bonafini realizó unas graves declaraciones, acompañando su siempre enérgica defensa de los derechos humanos con un descalificatorio alegato contra la democracia. Sus afirmaciones resultaron especialmente dolorosas, dado que hemos aprendido a carne y fuego lo que implica jugar con la democracia (denigrarla, vituperarla, insultarla) hasta perderla (es claro que la ruptura democrática fue fuente de la misma violación de derechos humanos que la propia Bonafini padeció como pocos otros). Por lo demás, su duro discurso contra la democracia contradice las insistentes afirmaciones que ella misma, como tantos otros, pudieron hacer a favor de ciertas decisiones democráticas: desde la Ley de Medios (como “ley del pueblo,” que por eso mismo debía ser respetada) al valor del sufragio popular (el “54 por ciento”, que exigía como tal un sacrosanto respeto).

De todos modos, el propósito de este texto no es el de señalar las contradicciones de nadie. En definitiva, la democracia no va a sostenerse porque hagamos demostraciones teóricas, sino en la medida en que la hayamos encarnado como práctica deseada.  Interesa, en todo caso, utilizar la oportunidad para avanzar en una discusión necesaria, referida a la dificultad de defender, categórica y simultáneamente, dos principios en tensión entre sí: el principio de los derechos humanos y el de la democracia. Por qué se dice que están en tensión? Porque la idea de democracia nos lleva a pensar en la primacía absoluta de lo que diga la mayoría, mientras que la idea de los derechos humanos nos habla de intereses que deben ser defendidos también de modo absoluto, por encima de lo que cualquiera -incluso la mayoría!- pueda decir al respecto. La cuestión es que en muchos casos, lamentablemente, esos dos absolutos parecen pelear por el mismo espacio. Entonces, uno se pregunta: la libertad de expresión es un derecho fundamental, intocable, o un derecho que puede ser limitado conforme lo diga la mayoría democrática (i.e., escribiendo una Ley de Medios)? Y la integridad física o la no-tortura? Y la pena de muerte? Y el discurso de negación del genocidio? Hablamos de “absolutos” intocables, o de cuestiones que podemos decidir a partir de la regla de la mayoría?

Las cosas se complican más todavía porque, advirtiendo el poder de tales gigantes o “absolutos” (la democracia y los derechos humanos) muchos intentan ganar control sobre ellos hasta adueñarse de los mismos. De modo habitual, algunos pretenden señalarle al resto cuál es la “verdadera” democracia, mientras que otros se asumen con el conocimiento exclusivo de lo que los derechos humanos “verdaderamente” significan. Quienes nos hablan en nombre de la democracia nos dicen, por ejemplo, que “la ‘verdadera’ voluntad del pueblo”, es la que representa su líder preferido (“el presidente”), o un grupo (“los legisladores”), o un cuerpo (“el pueblo”) u órgano institucional concreto (“la Convención Constituyente”): ellos serían la encarnación de la democracia “real”, antes que “formal”. Enfrente quedan entonces las expresiones ciudadanas que no les gustan, que terminan siendo descalificadas como contrarias a la democracia, e incluso como “dictadura”. En nuestro país, en todos estos años, pasó a ser común hablar de “dictadura” para desautorizar a gobiernos -cleptocráticos o plutócraticos- con los que sensatamente se desacordaba. De modo similar, en estos días, se advirtió esa misma disputa sobre qué es una “verdadera” democracia, en torno al (auto)golpe de estado que se desatara en Venezuela. Así, quienes gustan ideológicamente del gobierno venezolano negaron la obviedad que tenían frente a sus ojos -esto es, que la democracia en todos lados requiere de un elemental respeto de procedimientos; elecciones; separación de poderes; independencia de las ramas de gobierno- en nombre de una democracia no “formal” sino “verdadera”, desvinculada de los procedimientos, y atada a los resultados ocasionalmente preferidos.

Algo similar ocurre en materia de derechos humanos. Pero, si en materia democrática lo que prima es el oportunismo, en materia de derechos humanos lo que domina el campo es el dogmatismo. Dogmatismo que lleva a cada uno a reivindicar (sólo) los derechos que prefiere, del modo en que prefiere –aunque siempre enfáticamente- e invocando a la autoridad que en el momento más le convenga. Como todos asumimos, con razón, que los derechos humanos deben ser respetados “absolutamente,” pero tenemos dudas sobre el contenido, alcance y límites de tales derechos, son muchos los que aparecen entonces arrogándose la autoridad o el conocimiento último sobre los mismos. Ellos vienen a señalarnos, entonces, qué es lo que debemos hacer, si es que realmente queremos respetar los derechos humanos. Nos dicen, por caso: es obligatorio hacer tal cosa, y no tal otra, “porque está escrito en el Tratado;” “porque lo dijo la Corte;” “porque así lo decidió la Corte Interamericana”, como si ello fuera una razón para obedecerles y dejar de pensar en alternativas. Y lo cierto es que cualquiera de tales invocaciones puede comenzar una conversación, pero nunca cerrarla. 

Durante décadas, por caso, los tribunales se negaron a reconocer a los derechos sociales como derechos “plenos”: los tribunales, simplemente, se equivocaron durante años. Eso ocurrió y puede ocurrir con otros temas, por lo cual debemos tomar la palabra de nuestras autoridades jurídicas con mucho más cuidado. Lamentablemente, los que hablan en nombre de los derechos parece que no quieren ayudarnos a pensar, sino imponernos sus propios dogmas. Nuevos oráculos –jueces, doctrinarios, periodistas- vienen a decirnos entonces, en nombre de tal o cual potestad, qué es lo que podemos hacer democráticamente y lo que no, si no queremos convertirnos en violadores de los derechos humanos. 

Basta mirar el reciente (valioso e importante) caso resuelto por la Corte argentina, en “Schiffrin”. Allí, nuestros jueces citan a Locke, Hobbes, Habermas, Alexy, Radbruch, y muchos otros, para sostener lo insostenible: que la Constitución incluye contenidos como los derechos humanos, que serían “pétreos” (?), es decir irreformables, y que ellos (los jueces) se encuentran a cargo de definir, controlar y proteger esos contenidos pétreos en nuestro nombre. Y claro, todos terminan dándole a lo “pétreo” el sentido que prefieren (nuestros viejos constitucionalistas, por ejemplo, incluían como “pétreo” el carácter confesional del Estado!). El punto es: los derechos (humanos) no son ni deben ser vistos como entidades misteriosas e intocables, custodiadas por guardianes platónicos y ajenas al común de los mortales. Se trata de creaciones humanas: designamos con la idea de derechos a aquellos intereses fundamentales que nos interesa proteger de modo muy especial. Por eso mismo, la definición acerca de qué derechos son fundamentales, cuál es su contenido, cuál su alcance, cuáles sus límites, no le corresponde a nadie, sino al conjunto. Los derechos no dependen sino de nuestra conversación colectiva.

Y es aquí donde democracia y derechos pueden encontrarse. Decir que los derechos (su sentido, significado, etc.) no dependen de nadie, sino de todos nosotros, no implica decir zonceras del tipo “votemos a ver si cerramos este diario opositor o no;” “votemos a ver si hoy aplicamos la pena de muerte.” Implica reconocer que ni la democracia se reduce al eventual Dios que nos señale el oráculo de turno (la Convención Constituyente, el Congreso, el presidente o líder del momento); ni los derechos son de propiedad y custodia exclusiva de una minoría selecta (llámense jueces superiores, o activistas de derechos humanos).