Hoy publiqué esta nota (acá), en balance sobre estos diez años de reflexión en torno a la protesta social. Va la nota:
El año 2001 nos expuso, entre tantas otras cosas, a renovadas formas de conflicto, y así también a nuevos debates, relacionados con la llamada protesta social. En estas fechas, cuando se cumplen 10 años de aquel estallido de crisis, tiene sentido que reflexionemos sobre lo que hemos ido aprendiendo en la materia y, más aún, sobre todo lo que nos falta hacer al respecto. En principio – y esto resulta auspicioso- puede decirse que la discusión, y en particular la discusión jurídica en la materia, ha mejorado algo, desde el 2001. En aquel momento, algunos jueces se apresuraron a señalar, sin mayores fundamentos, que quienes disrumpían la escena pública con sus quejas, eran “sediciosos” que atacaban al sistema democrático. En lugar de preguntarse por los agravios sufridos por los manifestantes, los jueces llamaban a la policía, y procesaban a aquellos, como si se tratara de peligrosos delincuentes. Hoy, afortunadamente, la práctica judicial ya no es la misma. De todos modos, corresponde agregar que nuestros progresos en el área han sido limitados. A continuación, ofreceré cuatro breves ejemplos al respecto.
En primer lugar, creo que muchos de los doctrinarios que hemos escrito sobre la materia, hemos terminado por “fetichizar” la idea de la protesta social, en pos de resaltar su importancia, y así el valor de asegurar para la protesta una protección especial. Tanto énfasis hemos puesto en esta defensa de los reclamos, que hemos terminado por olvidarnos, muchas veces, de lo más importante. Esto es, que quienes protestan no lo hacen, meramente, buscando reivindicar sus derechos civiles (e.g., la libertad de expresión), sino, fundamentalmente, porque padecen graves violaciones de derechos sociales.
En segundo lugar, muchos analistas y activistas han desarrollado una mirada demasiado “plana” sobre las protestas, igualando a todas ellas por el hecho de que compartían un elemento común: el corte de una ruta. Esta mirada simplista tampoco nos ayuda a preguntarnos por lo que más importa – por caso: cuál es la gravedad del derecho afectado en cada caso? Y cuáles las alternativas efectivas con que cuentan quienes protestan, para expresar su queja? Lamentablemente, sin este tipo de precisiones no podemos distinguir entre la protesta “del campo”, la de los estudiantes secundarios, y la de un grupo de desocupados.
En tercer lugar, muchos jueces siguen aproximándose a la protesta equivocamente, guiados por la torpe lógica del “activismo o pasivismo” . Dicha lógica los lleva a oscilar entre intervenciones innecesariamente persecutorias frente a quienes protestan; y actitudes de indebida prescindencia, a veces disfrazadas bajo el manto del “garantismo”. De esta forma, los jueces dejan de lado lo mucho e importante que pueden hacer frente al conflicto social, mediando, discutiendo con las partes, formando mesas de diálogo, abriendo puertas de salida a aspectos parciales del conflicto (finalmente, ser garantista no significa “no hacer nada”, en materia penal, por temor a los excesos represivos del Estado, sino “hacer algo” crucial: contribuir a garantizar los derechos básicos de todos).
Finalmente, deben señalarse las faltas propias del poder político-económico, y en particular las del sector que ha ejercido el gobierno en todos estos años. El gobierno suele proclamar, con orgullo, que “no reprime la protesta social”. Sin embargo, al mismo tiempo, él se ha encargado de preservar intactas las estructuras políticas y económicas que dan motivo y razón a las protestas. Mucho peor que ello. No se trata de que el gobierno “todavía” no ha llegado tan lejos en sus reformas (o de que “ahora sí” avanza, por ejemplo, sobre sindicatos y empresas que actúan corporativamente). Se trata de que, contra cualquier impulso reformista, el gobierno ha pactado y hecho negocios con los sectores más discutidos del sindicalismo y el empresariado, para montar con ellos estructuras de explotación injustas y normalmente ilegales (pocas metáforas tan ilustrativas de lo señalado, como el conglomerado sindical-empresario “Ugofe”, que creció a partir del financiamiento estatal y el abuso de los ferroviarios terciarizados, y que culminó con la muerte de Mariano Ferreyra). En el área del petróleo o la minería encontramos fenómenos semejantes; y son este tipo de alianzas, también, las que ayudan a explicar la represión y hostilidad que sufren los grupos indígenas, en todo el país.
En definitiva: es cierto que en estos diez años hemos mejorado algo, en nuestra práctica y en nuestra discusión pública en torno a la protesta social. Sin embargo, también es cierto que, en todo sentido, nuestros avances han quedado demasiado cerca de lo que fuera un temible principio.
