El derecho penal frente a los grandes crímenes

Un escrito que forma parte de una serie de reflexiones que vengo rumiando hace tiempo, en este caso relacionadas fundamentalmente con casos como el de ETA. Quién sabe qué sigue, pero andamos en la búsqueda, anti-dogmáticamente. Ahí va:


Las situaciones en que el derecho penal se enfrenta a casos extremos, de crímenes horrendos, a veces masivos, generadores de enorme conmoción social resultan, lamentablemente, cada vez más frecuentes. En los Estados Unidos, el poder judicial viene lidiando, con gran dificultad, con el tratamiento y persecución de los sospechosos de estar involucrados en actividades terroristas. En España, el Derecho Penal se ha vuelto a poner en marcha, con toda su fuerza, para salir al cruce de un aparente rebrote de la amenaza representada por la organización terrorista ETA. Conviene aclararlo desde ya: casos como los citados tienen una naturaleza muy diferente, y requieren de reacciones públicas también diferentes –es un riesgo, en definitiva, tratar a los mismos de modo conjunto. Sin embargo, quisiera incurrir en dicho riesgo para pensar a tales casos a partir de aquello en lo que están igualados: las dificultades que enfrenta el Derecho Penal para tratar situaciones excepcionales, de primordial gravedad.

Tomemos, por caso, el ejemplo de ETA en España. El juez Baltasar Garzón dispuso recientemente la detención de casi una veintena de dirigentes de Batasuna, bajo la razón de que ellos realizaban una “asamblea clandestina e ilegal” a última hora de la noche. La medida de Garzón vino a inscribirse dentro de una serie de decisiones más amplias que incluyen, decisivamente, al actual gobierno español -medidas orientadas a hacer sentir todo el peso de la ley (penal) sobre la organización terrorista. Esta nueva ofensiva estatal, como era de esperarse, fue tomada por los líderes de Batasuna como una “declaración de guerra.” De modo esperable también, jóvenes simpatizantes del movimiento separatista vasco salieron de sus casas para incorporarse otra vez en acciones de "lucha callejera" contra un Estado español al que consideran ilegítimo y opresor. Otra vez, España mostró sus fracturas con toda vehemencia.

Un ejemplo como el citado resulta importante para ilustrar algunos de los riesgos propios que aquí interesa explorar. Las preguntas que surgen, frente a éste caso y otros similares, resultan, en principio, comunes. Primero, una pregunta sobre la factibilidad: ¿Tiene poder el Derecho Penal para hacer frente a cataclismos sociales semejantes –procesos que abarcan a un número de gente tan elevado; problemas que cruzan de una punta a la otra al país; sucesos que incluyen tragedias familiares y sociales de una magnitud extraordinaria? Luego, preguntas sobre la eficiencia Por caso: ¿las herramientas con las que cuenta el Derecho Penal –castigos, imposición de dolor, prisiones- son las más apropiadas (¿o son las más torpes?) para hacer frente a crisis sociales como las referidas? ¿Son tales herramientas capaces de traer seguridad y tranquilidad colectivas, o más bien ayudan a lo contrario? Finalmente, una pregunta sobre el valor moral del emprendimiento: ¿Tiene sentido este tipo de iniciativas? ¿Tiene sentido el intento de resolver desacuerdos sociales tan profundos persiguiendo a más gente, poniendo a más gente presa?

La respuesta a tales interrogantes, según entiendo, es triplemente negativa: el Derecho Penal no tiene capacidad para lidiar con situaciones sociales complejas; cuenta con las peores herramientas para llevar a cabo una tarea que requiere de manos de cirujano, consenso y flexibilidad mayúsculas; y no tiene sentido, moralmente hablando, apelar fundamentalmente al lenguaje de la violencia, la coerción y la cárcel para resolver desacuerdos tan amplios y situaciones socialmente tan divisivas. Sin embargo, nos estamos acostumbrando a festejar, por derecha pero también por izquierda, cualquier súbita aparición del Derecho Penal, especialmente si ella concluye con más y más gente procesada y tras las rejas.

Conviene, de todos modos, separar las cosas, para no caer víctimas de malentendidos y abusos de ningún tipo. Primero, resistir el uso del Derecho Penal es un deber de cualquier ciudadano, especialmente de aquellos comprometidos con una visión igualitaria de la democracia: debemos ser capaces de llegar a convivir por el convencimiento -el convencimiento de que el derecho está genuinamente al servicio de todos- y no por el miedo. Segundo, rechazar la imposición de dolor como estrategia de reproche estatal no debe verse en absoluto como sinónimo del rechazo a la búsqueda de justicia. Por el contrario, la cuestión es afirmar la justicia categórica e incondicionalmente, repudiando sin matices cualquier violación de derechos humanos, pero sin tomar justicia y privación de la libertad como sinónimos. Tercero, reivindicar un papel más amplio para la político democrática frente a los problemas sociales más divisivos tiene muy poco que ver con la idea de que tales problemas debe resolverlos, según su criterio, el presidente o la dirigencia política de turno. Ése es el modo en que aquí y en otras latitudes se quiere leer siempre cualquier invitación a la política. Sin embargo, la reivindicación de una construcción democrática debe entenderse como antónimo de cualquier tipo de discrecionalidad presidencial o acuerdo de cúpulas. Los conflictos que tocan a todos deben ser resueltos con la intervención de todos, simplemente eso.