9 de set. de 2009

El proyecto oficial frente a los "21 puntos"



Y Ramiro A.U., amigo, colega blogal, y uno de los mejores estudiosos que tenemos en derecho, sobre el tema, agrega unos apuntes sobre las relaciones entre el proyecto oficial sobre medios, y los "21 puntos" de la Coalición por la Radiodifusión. Acá van, mil gracias Ramiro!

Los medios, los elefantes invisibles y los caballos rellenos

Hace varios días que estoy tratando de plasmar por escrito algunos pensamientos en torno a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero me resulta bastante difícil, por distintas razones. En primer lugar, la ley es muy compleja: evaluar lo mucho que abarca lleva su tiempo. En segundo lugar, el debate público parece estar acelerado de la mano de un Gobierno que no parece muy dispuesto a debatir en forma abierta, transparente y amplia.

Ahora acabo de ver a Victoria Donda (ex K, actual Encuentro Popular) y Fernando Sánchez (CC) discutir sobre la ley de Medios en Metro. Y ambos hicieron referencia a dos temas que me parecen cruciales para entender lo que divide a cierta oposición de ‘izquierda’ cuyos votos serán claves para que la ley se apruebe con legitimidad.

Estas dos cuestiones son los famosos 21 puntos para una radiodifusión democrática (21P) y la evaluación de las intenciones del Ejecutivo. Tanto Donda como Sánchez defendían los 21P pero destacaban inconsistencias entre estos puntos y la ley. Disentían, sin embargo, respecto de la validez o utilidad de mirar las intenciones del Ejecutivo.

Con respecto a los 21P. En estos días estuve releyendo Mucho Ruido, Pocas Leyes, editado por Guillermo Mastrini. El libro recorre la historia de la radiodifusión en la Argentina entre 1920 y 2004 y señala las formas en que el Estado y medios de comunicación fueron estableciendo relaciones en las que los empresarios se veían beneficiados con una amplia libertad de acción a cambio de controles en contenidos que aceptaban gustosos. Dos sectores rascándose mutuamente las espaldas.

En 2005, Mastrini culminaba el libro diciendo: “La historia recorrida en este libro demuestra que si un conjunto de sectores de la sociedad civil (…) no comienzan el debate forzando a los responsables políticos a asumirlo, será muy difícil que este proceso surja por mera voluntad de quienes pretenden representar al pueblo en el Congreso de la Nación”.

Hoy, ese proceso de presión e instalación del debate parece haber terminado, al menos para los propios miembros de la Coalición por los 21 puntos. Sin embargo, y como concuerdan diputados de distintos sectores como Donda y Sánchez, la ley muestra inconsistencias graves con los 21P.

Me interesa señalar tres de esas inconsistencias relacionadas con el punto 3 (independencia de los medios de comunicación), el punto 6 (no concentración) y el punto 12 (medios públicos no gubernamentales). Invito a leer el proyecto original del Ejecutivo, que contiene una interesante fundamentación que incluye la enumeración de los 21 puntos y una breve explicación de cómo la ley los satisfacería. El lector desprejuiciado encontrara, creo, que las respuestas oficiales a los puntos mencionados son deficientes.

El punto 3 y el punto 12 pueden ser tratados simultáneamente. El proyecto de ley crea autoridades de aplicación y directores de medios públicos que están bajo la exclusiva órbita del Ejecutivo, el que designa (sin ningún tipo de control del Congreso) a la mayoría de sus miembros. El Gobierno alega que el principio 3 que exige ‘independencia’ es satisfecho con una figura de control, como es el Defensor del Público. ¿Acaso una autoridad de aplicación autónoma, con composición plural y en el ámbito del Congreso no sería mejor para garantizar la independencia de los medios que un mero órgano de control? El Gobierno tambien omite mencionar otro de los reclamos del principio 3: la asignación arbitraria de publicididad oficial y subsidios. Si la ley no regula este aspecto, el principio 3 no es satisfecho.

Las relaciones económicas entre el Estado y los medios de comunicación (que van mucho más allá de la publicidad oficial) son la principal fuente de presión por parte del Estado a los medios pequeños y medianos, mayoría en gran parte del interior del país. Es en estas relaciones económicas dónde se esconde la mayor violación al derecho a la información de los ciudadanos: el desafío es hacer que el Estado y los medios se dejen de rascar las espaldas, y esta ley no lo hace.

Por supuesto, una ley no puede obligar a un medio a ser independiente y ejercer el periodismo de forma seria. Pero al menos puede crear incentivos para que lo haga o eliminar desincentivos. La ley, como está, no crea ningún incentivo para el ejercicio del periodismo independiente, sino que por el contrario, mantiene los desincentivos existentes. Pensemos en un dueño de un diario de una ciudad bonaerense cualquiera: ¿Es razonable criticar a las autoridades si puede ser castigado con el retiro de los fondos que le permiten sobrevivir? La obviedad de la respuesta me exime de explicitarla.

Y con respecto al punto 6, que llama a evitar la concentración, el proyecto también es deficiente. ¿Por qué es necesario permitir el ingreso de las telefónicas? ¿No se puede obligar a las telefónicas a dar las redes para que otros prestatarios no mega millonarios como ellas puedan prestar servicios de triple play y competir con el cable? Se les abre la puerta y se les pone límites, pero ¿por qué se les abre la puerta en primer término? Si se quiere, como se dice, evitar monopolios o concentraciones, por qué se le da entrada a dos empresas con espaldas que son dos (Telefónica) y tres (Telecom) veces más anchas que las del Grupo Clarín? ¿Acaso estas empresas serán una amenaza menor para los pequeños cableoperadores del interior que lo que fue un grupo Clarín desatado por todos los presidentes desde Carlos M. hasta Nestor K.?

Quiero que el oficialismo explique por qué es necesario abrir el juego a las telefónicas. Estoy interesadísimo en escuchar esa justificación con argumentos antimonopólicos. Espero sentado, comiendo pochoclo.

Estas consideraciones me llevan al último punto, relacionado con la intención del Gobierno. Victoria Donda estaba en desacuerdo y juzgaba inútil analizar las intenciones del Gobierno porque ella no es psicóloga: hay que leer la ley y punto. Sánchez pensaba que no mirar a esas intenciones es correr la vista del elefantazo que hay en el cuarto (a saber: la pronta puesta en venta de Telecom; la adquisición de Telecom por empresarios amigos que podrán salir de compras al jugoso shopping de medios que quede luego del proceso de desconcentración que la ley propone).

Me interesa reflexionar en la posición de Donda, porque me parece que es la de muchos diputados de izquierda, algunos oficialistas bien intencionados y la de la Coalición por los 21P. Hoy la ley está más cerca de sancionarse que nunca: quien conoce la historia de la radiodifusión en la Argentina sabe sin embargo que puede fallar. El escenario que se plantean es del tipo ‘ahora o nunca’.

Entiendo el temor pero no comparto: si la ley se debate adecuadamente, sin apresuramientos actuados y con seriedad, el oficialismo va a recoger muchas adheciones de gran parte de la oposición.

Esto, claro, si las intenciones del oficialismo son las que declama, y no las que se adivinan en su por ahora intransigencia respecto de puntos clave relacionados con el control y la independencia de medios y autoridades de aplicación. No hay motivos váidos para insistir en los puntos cuestionados: si se insiste en ellos, el oficialismo revelara sus intereses verdaderos. Las ventajas de discutir, que le dicen.

El riesgo de la Coalición de los 21P va a ser explicar los procesos de concentración que temen los más desconfiados; la creación de autoridades de aplicación discrecionales y la continuidad de mecanismos de presion a medios de comunicación. Mientras tanto, parece valioso señalar que es posible que adentro de este hermoso caballo se escondan algunos soldados griegos dispuestos a arrasar con la ciudad si les abrimos las puertas.

8 comentarios:

Anónimo dijo...

Muy bueno e ilustrativo el comentario de Ramiro. Gracias mil!

anibal dijo...

"Quiero que el oficialismo explique por qué es necesario abrir el juego a las telefónicas. Estoy interesadísimo en escuchar esa justificación con argumentos antimonopólicos."

Las telefónicas están en una excelente posición para brindar señal de cable y teléfono (triple play), ya tienen el tendido de red hecho. Sólo se necesita fijarle un techo a su participación de mercado, que será la misma que a cualquier otra empresa (cablevision o multicanal, si siguen siendo dos). Esto desmonopoliza el cable. Además tarde o temprano esto va a ocurrir, salga con esta ley o no. Prohibirle a las telefónicas ofrecer cable es un despilfarro de recursos. Es tener el tendido hecho y no usarlo, y hacer simultaneamente un tendido paralelo.

Simultaneamente, las empresas que actualmente ofrecen cable podrían pasar a ofrecer servicios telefónicos (y triple play), con topes similares de participación de mercado.

Bien hecha, toda esta movida desconcentra todos los mercado.

anibal dijo...

Francamente, la discusión entre Donda y Sanchez me parece estéril. Alguien va a comprar Telecom. Lo único relevante es cuánto está dispuesto a pagar el que compre. Dudo que Telecom Italia venda más barato a algún grupo sólo porque es amigo del gobierno.

Ramiro dijo...

Anibal:

1. ¿Por qué no es posible hacer que Telefónica y Telecom abran las redes a terceros judgadores? Al fin y al cabo, las redes son de nosotros (es un servicio público), y Telefónica y Telecom las administran. Ellos pagaron por la administración del servicio telefónico nada más, ¿no? La pregunta es: ¿es posible simplemente hacer que abran las redes en forma neutral y que terceros se dediquen a ofrecer los servicios de triple play a través de sus redes? Por supuesto que es posible, y es una medida mucho más desconcentradora que la ley, que como está, deja entrar a empresas monstruos al mercado, con el riesgo de que utilicen su enorme poder económico monopólico para ganar espacios en un mercado al que no tienen acceso.

Me parece que caes en una confusión que se quiere instalar entre abrir las redes telefónicas y tender nuevas redes. Y es una falsa dicotomía: no es necesario tender nuevas redes dónde las hay; basta con abrir las redes, fijar precios de interconexión neutrales y fijos para todo el mundo y que los prestadores compitan con ofertas de canales, etcétera. Eso es verdadera competencia.

El esquema que fija el proyecto 'tal como está' permite a las telefónicas entrar al mercado y es falso que sea necesario hacerlo.

Con relación a la discusión de Donda y Sánchez, a mi no me parece estéril, me parece reveladora de un desacuerdo interesante entre gente que piensa más o menos lo mismo. Y tu juicio respecto de que Telecom no va a vender más barato, la reflexiión que me cabe es esta: 1) miremos a la compra de empresas últimamente 2) el Estado puede 'favocer' ciertos comprados, a través de múltiples mecanismos (por ejemplo, veamos quien compro Radio del Plata, un negocio 'privado'). No seamos inocentes por favor.

jh dijo...

Una pregunta sobre el tema de los contenidos y la no discriminación (arts. 62 y 63)

¿Qué signfica que que se deben evitar los contenidos discriminatorios basados en las "ideas políticas"? Si alguien dice que el peronismo fue una desgracia para el país, o que los radicales fueron todos golpistas importa discriminación? Discrimino por ideas políticas si digo que la gente que todavía defiende al gobierno militar son unos hijo de p...? Y si digo que los montoneros son todos unos asesinos? Dónde queda el debate público?

Segundo, tampoco puedo ofrecer contenidos que incluyan trato discriminatorio contra las religiones. Wow, o sea, que las religiones pueden decirme cómo tengo que vivir, cuando recién puedo tener relaciones sexuales, etc, etc, pero no puedo atacarlas, ridiculizarlas porque eso puede ser "discriminatorio???"

Tercero, ¿qué significa que no se pueda discriminar por "origen social"o "posición económica" Dónde queda la protección del discurso político de extrema izquierda con esta norma? Por las dudas, si alguna vez gobierna la derecha, no entrevistemos más a Bonafini y a D'Elía en la televisión, porque seguro que lo que digan encuadra en esa norma.

En fin, yo entiendo que el Estado tiene un mayor margen para regular el contenido de los medios audiovisuales pero esa norma puede llevar a interpretaciones absurdas. En especial, teniendo en cuenta los problemas identificados respecto a la falta de control del Ejecutivo (que hoy tiene cierta ideología pero mañana puede tener cualquier otra). El margen para el abuso es muy grande.

Me parece que una vez más se ve la influencia de lo políticamente correcto.

Anónimo dijo...

ESTA INFO ME LLEGO DE MUY BUENA FUENTE Y YA FUE CHEQUEDA Y ES CASI CON
SEGURIDAD CIERTA:
HABRIAN COIMEADO A 5 DIPUTADOS NACIONALES DEL RADICALISMO PARA QUE LA SEMANA
PROXIMA VOTEN A FAVOR DE LA LEY DE RADIODIFUSION.
UNA DE ESAS DIPUTADAS, SERIA ORIUNDA DE MAR DEL PLATA Y SU NOMBRE ES VILMA
BARAGIOLA.
EL PACTO SE HABRIA CERRADO CON LA INTERMEDIACION DE KUNKEL POR EL LADO DEL
KIRCHENRISMO Y DEL INEFABLE COTI NOSIGLIA POR EL LADO DEL RADICALISMO.
POR FAVOR, DIFUNDIR, YA QUE CUANTO ANTES SE SEPA Y MAS GENTE LO SEPA , LA
PRESION SOCIAL SERA MUY GRANDE Y SE PUEDE FRENAR ESTE ACTO DE CORRUPCION.
RECUERDEN QUE TODOS JUNTOS SI PODEMOS HACER ALGO Y QUEDO DEMOSTRADO CON EL
VOTO NO POSITIVO DE LA RES. 125 CONTRA EL CAMPO!!!!
SI SOS ARGENTINO Y GENTE DE BIEN, PASA ESTE MAIL.

PD: ANTES DE RE ENVIARLO, BORRA LOS REMITENTES

rg dijo...

anonimo, muy bien la denuncia, pero me molesta mucho la idea de que los que criticamos al gobierno somos los argentinos y gente de bien, y los otros no. Me irrita tanto como las polarizaciones que hace el gobierno

Anónimo dijo...

Roberto, si comparto lo que decis, pasa que asi como lo recibi, lo envie, disculpas. Saludos. C