24 ago. 2010

ECUADOR

NOTA 1

Ecuador

Alianza País: De la teoría de la conspiración a la real politik



Pablo Dávalos



¿Qué pasó en Ecuador? ¿Qué está pasando? ¿Hubo intento de golpe de Estado en la insubordinación policial? Los recientes acontecimientos han suscitado una doble interpretación. La versión gubernamental va en la siguiente línea: los policías y sectores de las fuerzas armadas del Ecuador intentaron un golpe de Estado en una línea de reconstitución oligárquica suscitada por el rumbo político de un gobierno soberano y que había mantenido una agenda de ruptura con el modelo neoliberal y que está produciendo, además, profundas transformaciones democráticas en beneficio del pueblo en especial de los sectores más pobres; este intento de golpe de Estado ha sido evitado por la masiva movilización del pueblo ecuatoriano dispuesto a confrontar a la derecha y a salvar este proceso que se ha autodenominado revolucionario, y, asimismo, por la valiente y firme actitud del Presidente del Ecuador que mantuvo su coherencia hasta en los momentos más dramáticos.



Hasta ahí una interpretación que tiene como eje director al gobierno ecuatoriano y que de alguna manera consta en varios pronunciamientos y análisis de sectores identificados con la izquierda política del continente. En esta visión la realidad es simple y contundente y las líneas que demarcan a la izquierda (los buenos) y a los que no lo son, aparecen claras y transparentes.



Sin embargo, los hechos, como alguna vez dijo Lenin, son tenaces y evidencian una realidad más bien prosaica y diferente: al parecer y tal como lo confirman todos los datos existentes, nunca se trató de un golpe de Estado porque no hubo un pronunciamiento político en ese sentido de los sectores de la policía y de las fuerzas armadas involucradas en el conflicto, sino más bien, y por absurdo que pueda parecer, el núcleo del conflicto giró alrededor de reclamos administrativos y financieros por parte de la tropa de la policía ecuatoriana, aparentemente lesionados por el Código de Servicio Civil que fue aprobado por la Asamblea Nacional del Ecuador, pero que fue radicalmente cambiado por el veto presidencial de Rafael Correa. El hecho de que un reclamo administrativo haya generado la crisis política más importante del Ecuador de los últimos años, llama a la reflexión porque este hecho permitió que afloren varios fenómenos aparentemente disímiles y contradictorios.



En primer lugar está la posición de los movimientos sociales del Ecuador, entre ellos el movimiento indígena, que se desmarcaron tanto del gobierno de Alianza País cuanto de los insubordinados policías ecuatorianos, aunque mediaron algunas declaraciones desafortunadas de varios de sus líderes, pero la organización indígena aprovechó la coyuntura para resaltar lo que consideran el centro del debate político: las derivas extractivistas y neocoloniales que está asumiendo el gobierno de la Revolución Ciudadana. Las demás organizaciones sociales, entre ellas los sindicatos del sector público, aprovecharon de la coyuntura para manifestar su malestar con varias leyes aprobadas por el régimen y que lesionan sus derechos laborales. Esta posición del movimiento social ecuatoriano permite comprender la orfandad del gobierno en sus momentos más dramáticos, cuando necesitaba de forma desesperada esa organización social, a la que siempre la había considerado como rezagos corporativos del neoliberalismo, se vio completamente solo y más bien rodeado de afectos, solidaridades y buenas intenciones de un reducido grupo de personas que, si bien son importantes, cuando se trata de disputar y defender el poder generalmente son intrascendentes si no son fenómenos mayoritarios y contundentes. En esas horas de soledad, el Presidente ecuatoriano Rafael Correa tuvo que hacer algo que jamás se habría imaginado: negociar su estabilidad política con las fuerzas armadas.



En segundo lugar está el mismo sistema político ecuatoriano. La institucionalidad política se reveló incapaz de conjurar a los fantasmas que ella misma había convocado. La serie de leyes que se aprobaron en el legislativo y que implicaron un proceso de diálogo, consenso y acuerdos con actores disímiles, y que produjeron varios proyectos de ley cuya redacción no satisfacía a muchos de ellos pero que demostraban que se tuvo que ceder para mantener un frágil equilibrio, en el momento en el que llegaron al ejecutivo para su aprobación final fueron cambiadas de forma radical y alteraron, precisamente, ese equilibrio al que trabajosamente se había llegado. El veto presidencial a varias de estas leyes, como por ejemplo la Ley de Educación Superior, el Código Orgánico de Servicio Civil, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, entre otras, cambiaron el equilibrio con el cual fueron aprobadas al interior del legislativo y convirtieron al Presidente de la República en legislador de última instancia.



Los asambleístas del partido de gobierno nunca pudieron ni contradecir ni presentar la más mínima resistencia esa voluntad del ejecutivo y, finalmente, nunca respaldaron ni reconocieron los acuerdos previos que ellos mismos habían suscrito con varios actores sociales, políticos e institucionales para lograr los votos necesarios para aprobar esas leyes. Esto determinó una pérdida de confianza en la legislatura y una crispación de varios sectores sociales que veían que su voluntad de llegar a acuerdos y realizar concesiones eran tabula rasa para el Ejecutivo.



Las reiteradas movilizaciones de las universidades, de los servidores públicos, de los jubilados, de los indígenas, entre otros, daban cuenta de esa crispación social. Empero, el sistema político ecuatoriano no daba muestras de absorber esa energía social y canalizarla dentro de la institucionalidad vigente, porque esta institucionalidad hablaba un solo lenguaje y en un solo sentido: aquel del partido de gobierno. Alianza País estaba reconstruyendo la institucionalidad política ecuatoriana desde el autismo y la arrogancia del poder. Cuando se produce la crisis política, el sistema político ecuatoriano fue incapaz de resolver esta crisis porque él mismo era parte del problema. Tal como están las cosas, ahora Alianza País deberá crear las garantías de su propia supervivencia política y resolver la crisis sin apelar a un cuestionado sistema político, una verdadera tarea para Sísifo.



En tercer lugar están los medios de comunicación convertidos en la víctima propiciatoria de la Revolución Ciudadana. A pocas horas de suscitarse el conflicto político el gobierno optó por curarse en sano y zanjó la disputa mediática y semiótica del conflicto asumiendo el control total de la información. En ese proceso el gobierno posicionó la idea de que estaba en juego la democracia atacada por la derecha camuflada en sectores de la policía, que habían sido objeto de manipulación de sectores claramente identificados con la oposición (se habló con insistencia del Partido Sociedad Patriótica y de su líder Lucio Gutiérrez). Más allá de que esta versión sea plausible está el hecho de que el momento en el que finalmente se abrió la señal para todos los medios televisivos, se tuvo acceso a información que contradecía las informaciones oficiales y que generaban dudas sobre los eventos sucedidos.



Los medios públicos hasta entonces habían luchado por su propia legitimidad tratando incluso de ser mínimamente críticos con el gobierno, en esta coyuntura más bien demostraron que la semiótica y la comunicación son fundamentales a la hora de disputar al poder y que llegado el momento la imparcialidad es una máscara incómoda: la verdad siempre es una prerrogativa del poder. Los medios de comunicación están otra vez en el centro del debate porque presentan una realidad y unos hechos que contradicen las versiones oficiales. Ahora el gobierno tiene que disputar los sentidos entre su versión de que se trató de un intento de golpe de Estado y las informaciones que van apareciendo paulatinamente y que indican que ni siquiera se trató de un secuestro al Presidente. El problema es que esta disputa rasga la hegemonía ideológica del partido de gobierno y empieza a fracturarla, y sin esa hegemonía ideológica, el único soporte real que al momento tiene el régimen, las adhesiones clientelares y electorales pueden también fracturarse poniendo en riesgo su estabilidad política.



Pero hay aún más: la situación económica del Ecuador no le favorece al gobierno. No puede presentar cifras de crecimiento económico, generación de empleo, inversión, reducción de la pobreza, porque las cifras demuestran que, al menos en lo que a la economía concierne, la propuesta de Alianza País ha fracasado y no tiene visos de superarse. El desempleo abierto y encubierto alcanza a las dos terceras partes de la población ecuatoriana en capacidad de trabajar. El costo de la canasta familiar se ha incrementado a sus máximos históricos: 550 dólares y el salario mínimo apenas cubre el 43% de esta canasta. De hecho, la pobreza se ha incrementado. Todo esto en un contexto de bonanza de los precios del petróleo, un importante incremento en la recaudación fiscal y expansión de las exportaciones no tradicionales. Sin embargo, el régimen de Alianza País necesita aún de más recursos económicos, sobre todo para resolver los problemas del déficit fiscal. En ese sentido, ha presentado una propuesta de ley para ampliar la capacidad de endeudamiento hasta un 50% del ingreso nacional, y pagar las bonificaciones de jubilación en bonos. Una propuesta que ha convocado a la oposición de los jubilados y de los trabajadores públicos en contra del régimen y que anuncia futuras movilizaciones sociales. La economía es una bomba de tiempo para Alianza País que, por ahora, no consta en su lista de prioridades pero que a mediano plazo revelará su importancia.



Luego de esta crisis, Alianza País sabe que una cosa es el discurso y otra las necesidades del poder. Puede ser que la imagen del Presidente se haya fortalecido en la coyuntura, pero eso no implica que las condiciones de su propia gobernabilidad sean las mejores. Más bien lo contrario, Alianza País sabe que en este simulacro no puede confundir las sombras en el espejo y necesita respuestas contundentes que le posibiliten garantizar al largo plazo su permanencia en el poder y defender aquellos grados de libertad en el sistema político que la convirtieron en fuerza hegemónica. El descontento de varios sectores sociales, entre ellos las fuerzas armadas y la policía nacional, están ahí, son indudables. Si Alianza País opta por resolver la crisis suscitada por insubordinación de la policía nacional sin resolver de manera previa las causas del conflicto que no solamente comprende a la policía sino a otros sectores sociales, sabe que el simulacro del golpe de Estado puede convertirse en una profecía autocumplida. Pero no puede resolver las condiciones de su gobernabilidad sin cambiar el formato político de su hegemonía, y no puede cambiar este formato político sin resignar los correspondientes espacios políticos, es decir, vulnerar esa hegemonía.



Alianza País es un movimiento autista y en su diccionario político no existen las palabras “diálogo” y “consenso”. Está auto-convencida de que su proceso político es una verdadera revolución y ha trazado una línea demarcatoria entre aquellos que suscriben de forma incondicional su proyecto y el resto a quienes considera sus enemigos, incluidos los movimientos sociales. Con Alianza País no hay términos medios. Justamente por ello no hay espacios ni condiciones ni para la crítica menos aún para la autocrítica.



Pero el momento de refundación al sistema político se está agotando. El impulso histórico que llevó al poder a Alianza País se está fracturando porque la sociedad ecuatoriana empieza a cambiar su orden de prioridades. Ése es su mayor drama y allí radica la mayor paradoja: ¿cómo piensa Alianza País recuperar esos grados de libertad con los cuales estaba reconstruyendo la institucionalidad y al sistema político sin fracturar las condiciones de su propia gobernabilidad? ¿De qué manera el sistema político ecuatoriano puede recobrar su legitimidad sin hacer tabula rasa de sí mismo y tener que poner el contador en cero? ¿Cómo movilizar a una sociedad, sobre todo en momentos en los que más se la necesita y que nada tiene que ver con las apuestas electorales, cuando se ha tratado de desestructurar, manipular y desmovilizar a esa misma sociedad? ¿Cómo apelar a la organización social cuando se ha tratado de cooptarla y convertirla en un apéndice del régimen o, en su defecto, destruirla? ¿Cómo decirle a la ciudadanía que la verdad que presentan los medios de comunicación gubernamentales no son sino otra estrategia de disuasión y que la verdad está en otra parte?



Alianza País está entre Escila y Caribdis. Para salir de la crisis tiene que apelar al diálogo y al consenso pero eso la debilita políticamente, porque va a dar la percepción de vulnerabilidad y ésa es la señal que necesita la oposición. En cambio, si mantiene su posición de hegemonía y de imposición, solamente es cuestión de tiempo para que su teoría de la conspiración se convierta en una profecía autocumplida. La insubordinación policial y militar demostró que el rey está desnudo y, al parecer, pone al tiempo político de Alianza País en cuenta regresiva.





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NOTA 2



ANTIIPERIALISMO ROMÁNTICO,

ENFERMEDAD DE LA IZQUIERDA CONTEMPORÁNEA


“Primero vencemos al imperialismo, después nos encargamos de la burguesía nacional”





Este neo “etapismo” que se está haciendo moda en América Latina preocupa. Y preocupa mucho más cuando en el discurso de nuestros aliados, la izquierda pasa a ser izquierdismo, y los mapas de A.E. Ceceña pasan a ser más importantes en el análisis de la lucha de clases que la realidad concreta de los trabajadores en el ámbito concreto de lo nacional. Eso, según nos han enseñado, es perder la capacidad de aplicar el método dialéctico para entender dónde mismo estamos parados y qué tenemos que hacer.


El reflejo de esta angustia se encuentra en las categorizaciones con que se trató, sobre todo en el ámbito internacional, el análisis de los hechos ocurridos el jueves 30 de septiembre en Ecuador.


Es emocionante la solidaridad internacionalista de cantidad de compañeros que, preocupados ante los reportes de prensa, se lanzaron una campaña contra un golpe de estado en el Ecuador. Sin embargo, a la hora de ese estallido cibernético, en Quito todavía nos preguntábamos qué mismo estaba pasando. En breves horas habíamos pasado de escuchar en radio un pliego de peticiones bastante racionales de la policía, a un escenario de desestabilización institucional con secuestro del presidente incluido.


Aparentemente, ante la solidaridad que estaba encontrando la huelga policial quiteña en otras dependencias de las fuerzas de seguridad a nivel nacional, el Presidente habría decidido resolver la cuestión, personalmente.


La pregunta del millón era: ¿qué le pasa por la cabeza a un presidente para ir a meterse en medio de una turba de 400 policías en huelga y armados hasta los dientes, a ningunearlos por no apoyar a la revolución ciudadana, y amenazarles mostrando el pecho? La imagen remitía a los tiempos de Abdala Bucaram donde en este país se condecoraba a Lorena Bobbit y podía pasar, literalmente, cualquier cosa.


Si hubiese actuado igual en medio de un paro de los indígenas, o de la huelga de ERCO TYRES, los compañeros le caían con piedras y palos, o con herramientas y bulones, no cabe duda. Pero para entender como es el pueblo cuando está furioso, debería saber lo que significa que a uno le toquen el salario, o los ínfimos medios de reproducción social que se tienen. Eso no se les enseña a los hijos de la clase alta guayaquileña, estudiados en Europa y Estados Unidos. Luego irse al hospital de la misma policía que lo atacó, y que, según sus declaraciones, estaba sublevada contra el presidente, parece pecar de inocencia.


Desde el principio, ¿por qué no reunirse en el palacio presidencial como se hizo en todos los otros conflictos de envergadura que hubo anteriormente? ¿Es que otra vez no había ninguna real voluntad de dialogar? O más grave… ¿será que la conspiración es producto de las propias contradicciones internas del gobierno?


Pareciera que el principal responsable de ser secuestrado es el propio Correa, porque por ningún lado hay indicios de que hubiese logística preparada para ir a secuestrarlo al palacio de Carondelet. A menos que exploremos la posibilidad de un involucramiento directo del Ministro del Interior, Gustavo Jalkh, en la conspiración, responsable de la decisión de que el presidente vaya a meterse donde los chapas.


Cuando trascendió el secuestro, los representantes de la ultraderecha (los famosos pelucones) como Jaime Nebot, salieron a declarar su apoyo a Correa y a la democracia. Entonces nos preguntábamos: ¿si ellos no son, quién está detrás de esto?


Y más complejo se puso cuando el comando conjunto de las FFAA declaró su apoyo al gobierno (con la recomendación de que sí modifique la Ley en cuestión) ¿si ellos no tienen la dirección, quién? ¡Peor si enseguida se suman las voces de solidaridad de Santos, Alan García y Hillary Clinton! ¡Antes que la UNASUR, se solidarizó el imperialismo!


Lucio Gutiérrez está en Brasil como veedor electoral, y a más de lo complejo de dirigir un golpe de estado desde un país aliado al gobierno, también declaró que no tiene nada que ver… ¿¿entonces quién??


En el hospital entraba y salía la prensa, los canales internacionales y los ministros. Y uno se preguntaba ¿cómo es posible que esto sea un operativo militar para un golpe de estado si permiten a toda la contrainteligencia visitar al secuestrado? Ni hablar de lo paradójico de permitirle ordenar su propio rescate por cadena nacional.


Ya por la tarde, nos extrañábamos que los medios sólo pudieran transmitir información del gobierno. Aparentemente eso ocurrió también a nivel internacional, porque las fuentes de información que alimentan las noticias y los comunicados son casi en su totalidad, comunicaciones con funcionarios. Homogéneo el discurso: es un golpe de estado, la desestabilización institucional a manos de la derecha. La huelga de los policías es sólo un instrumento de los grupos desestabilizadores.


“Me van a dejar sin juguetes a los guaguas”


Con el pasar de los acontecimientos, el gobierno ha oscilado entre decir que no había tal huelga, que sí era huelga pero estaba operada por la derecha, que había huelga pero esa no es forma de reclamar derechos (para eso están las urnas)… pero lo que se constató en la calle es que había huelga de trabajadores, y aunque nos arda el estómago pensar que también son pueblo, la policía de tropa estaba reclamando por una cuestión salarial y de condiciones laborales. Todas las declaraciones hechas por los sublevados apuntan a eso: reconocimiento de las horas extras, mejora de las condiciones laborales, mantenimiento de los premios por antigüedad, no a la eliminación de las canastas navideñas (con juguetes para los niños), etc. Y que la oficialidad no negocie por ellos.


No vamos a negar que todo mundo en las FFAA es simpatizante de Lucio, y con toda seguridad había gutierristas azuzando a la masa. Y, aunque nunca nos corremos de entender al gutierrismo como una de las peores expresiones de la reacción en éste país, concluir sobre estos datos la existencia de una conspiración del PSP para montar un golpe, es insultante para un militar golpista de a de veras, con capacidad de control real en la FFAA, como Lucio Gutiérrez. Además, ¿dónde estarían los amazónicos vinculados al PSP, que felizmente movilizarían toda la estructura para botar al presidente? En el oriente ni se enteraron de lo que estaba pasando.


Ni siquiera el gobierno ha dado elementos para darle forma a esa hipótesis. Las declaraciones presidenciales en su enlace radial diciendo que “alguien gritó Viva Lucio” y que “había 6 encapuchados de Lucio” parecen franca demagogia.


“¿En defensa de cuál democracia?”


Es en ese escenario que las organizaciones populares del país tomaron posiciones: los sindicatos estaban quemando llantas en las calles, contra el gobierno y la Ley de Servidores Públicos (la misma que afecta a los policías) y frente a la precarización sistemática de los derechos laborales.


Los estudiantes universitarios salieron a movilizarse contra la Ley de Educación Superior (vetada

arbitrariamente por el gobierno).


Los indígenas (es decir, sus voceros oficiales, que es la CONAIE, no Pachakutik) se pronunciaron contra cualquier intento de desestabilización institucional por parte de la derecha fuera del gobierno, y en contra de Correa, de sus políticas y de la derecha que está dentro del gobierno. Ni hablar de recoger el slogan de “defender la democracia”, porque esa democracia tiene a sus dirigentes criminalizados con cargos de sedición y terrorismo.


Una parte importante de los sectores organizados en el país están fuertemente distanciados del gobierno y en abierta oposición. En la semana estaban previstas medidas de fuerza en rechazo a la política de gobierno por parte de las Universidades, los transportistas y los sindicatos. El movimiento indígena mantiene un conflicto de más de un año por la privatización del agua, y se está enfrentando duramente a la entrada de las transnacionales mineras en el sur del país, resistiendo represiones violentas por parte de las fuerzas de seguridad.


Más allá de las diferencias, todos concuerdan en que la leña para los estallidos sociales las puso el propio presidente, ignorando todos los procesos de diálogo y consenso alrededor de las leyes al recurrir sistemáticamente a los vetos. Y en el fondo, la conculcación sistemática a los derechos laborales y territoriales, la transnacionalización de la economía, y el salvataje bancario con los fondos de reserva de los trabajadores.


La palabra de moda para caracterizar el estilo de gobierno de Correa es “prepotencia”


“En defensa de ésta democracia”


Otras organizaciones se vistieron verde manzana y sacaron algunos militantes a defender la democracia en las calles. Allí se encontraron con los cuadros de la burocracia estatal que salieron a defender los sueldos de U$S 2.000 para arriba que tienen en este gobierno. Aunque al momento de los piedrazos con los policías salieron corriendo del susto a mover sus Toyotas al grito de “¡No! ¡Los carros no!”.


Las masas de militantes de Alianza País nunca llegaron. En el momento que el asambleísta Paco Velazco convoca al pueblo rescatar al presidente, el testimonio de un periodista que estaba frente al hospital fue “no hay mucha gente, unos 1.500, pero están los de la FLACSO”. Reportó luego la prensa oficial que había 5000 personas (¿?). No vimos gente del campo ni de los sectores populares. La ciudad quedó desolada, la gente común y corriente estaba en su casa, y preocupados por la inseguridad que se generó sin un solo policía en funciones.


“El compañero Mariátegui debe estar revolcándose en la tumba”


Es de recordarle a todo mundo, que al imperialismo lo vencemos cuando nos damos la oportunidad de que los explotados asumamos nuevamente el control de nuestras vidas, y eso no lo logramos si no es acabando con los mecanismos que permiten la explotación. Hasta hace pocos años, la necesidad de tomarse el poder para lograr eso no era tan estrafalaria. Más recientemente nos acomodamos a la hipótesis de delegar las tareas a los burgueses buena onda.


Cuando en el proceso de alcanzar ese objetivo lleguen los marines a atrincherarse en Galápagos y en la frontera norte pasen a preocuparnos más los soldados gringos que los compañeros guerrilleros, ahí si estaremos viéndole la cara al imperialismo.


Es comprensible que tengamos, todos, un deseo de potenciar cualquier proceso de cambio que pueda conducir a la transformación real de nuestras sociedades. Pero parece que a esta altura vale la pena poner en cuestión cuales procesos conducen a dónde.


Es bastante claro que la etapa más progresiva del gobierno de Correa ya pasó a ser populismo. Sin embargo, a la izquierda ecuatoriana se le acusa de izquierdismo, funcionalismo a la derecha. Desde la perspectiva de la lucha de clases material y concreta que se vive en el país, la acusación mejor les queda a los que la pronunciaron. ¿Cuándo fue que otra vez empezamos a mirar los procesos políticos con los ojos del poder? Según esas apreciaciones, es tarea de las organizaciones y de los intelectuales de izquierda decirles a los trabajadores que no luchen, porque le hacemos el juego al imperialismo.


Defender acríticamente a Correa como a un mártir antiimperialista, frente a una hipótesis de golpe que más se parece a una brutal desinteligencia política del gobierno frente a los avatares de la lucha de clases en vivo y en directo; y a su vez cuestionar a las organizaciones por no hacerlo, es hacer demagogia de izquierda, o lo que es igual, pugnar en el fondo por una salida socialdemócrata, donde la máxima expresión de la lucha de los pueblos va a ser el ALBA y UNASUR.


Lo grave de todo esto es que corremos el riesgo, si no es ya muy tarde, de convertirnos colectivamente en una izquierda feliz consumidora de los discursos anti neoliberales financiados por el oenegeísmo europeo. Felices con los discursos anti gringos, felices con la modernización del Estado (¡por fin una burguesía nacional siglo XXI!), felices con el desvanecimiento de la lucha de clases y la emergencia de los derechos sociales. Así no tenemos que hacernos cargo de los costos reales de (siquiera pensar en) la revolución y el socialismo.


De esta forma las dirigencias populares podemos seguir cobrando sueldos como técnicos de proyectos (las indulgencias del desarrollo), la intelectualidad puede seguir hurgando en el último recoveco de “El Capital” en busca de nuevas reflexiones para hacer debatir al marxismo con el posmodernismo (aunque sea en términos que los trabajadores nunca van a entender), y esa izquierda (la que alguna vez fue revolucionaria) puede seguir congraciándose con la burguesía, escribiéndole los discursos y enseñándole lo que ha aprendido sobre cómo tratar demagógicamente a los pobres, en los tiempos en que aún actuaba en el campo popular.


Así, todos podemos, felizmente, salir a defender la democracia, luchando contra las oscuras manos del imperialismo y sus agencias, que (aunque no haya huellas tan claras en éste caso) aparentemente se encuentran incomodadas por la radicalidad de éste proceso.


Y con la misma felicidad, podemos acusar a la izquierda (léase, los indios y los trabajadores) de ser de derecha y de ser golpistas, por morderse la lengua antes de salir a defender a un burgués humanitario lanzado a la presidencia por la necesidad de las clases dominantes de poner fin a la crisis de hegemonía que vivió en Ecuador por más de 10 años.


Así podemos también seguir otros 20 años ignorando el problema de la tierra y contentándonos con la soberanía nacional (yo igual preguntaría cuál, la que saca a la base de manta o la que firma la entrada de las mineras transnacionales), halagándonos con el acceso al crédito y olvidándonos del salario, mirando con rencor a los gringos y aprendiendo mandarín para someternos en mejores condiciones al nuevo imperialismo.





Movimiento Universitario José Carlos Mariátegui

mu.jcmariategui@gmail.com

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