19 sept 2009

La siesta y la naranja.

-
Visitamos, ahora, un poco a los estilos clásicos dejando descansar a poetas como Lamborghini Brothers o Paul Éluard. Entonces, en esta nueva sintonía, encontramos al tucumano Juan José Hernández, vinculado con el canónico grupo de la revista Sur. De J.J. Hernández, realmente me inquieta esta poesía, incluida en su obra poética titulada Desiderátum (publicada por AH editores) que logra una ambientación y un clima atrapante entorno a un suceso desgraciado pero delicadamente narrado. Lo editamos un poco para transcribirlo. Acá y acá tienen más información del autor.

La siestas y las naranja
por Juan José Hernández.
Hay niños que no son niños.
Novalis.
1.
De casa pobre, de habitación rosada
y cocina impaciente,
de rata ahogada en un charco gris,
de hormigas que comían las patitas
de las palomas del vecino
y el padre tuyo, grande, con despertador, llaves
y voz tierna cerca del desayuno pobre;

sí, de casa pobre tu niñez -escuela,
gorro frigio, cordilleras, el himno-
ibas creciendo dulce y oscuro, sin patio
sin begonias, sin amigos
de sonriente cumpleaños y velitas,

solo, vigilando el júbilo temprano del maíz,
la lluvia, el tren de Trancas, la esquina
donde se amaban los gatos, y el día bueno
tu domingo más claro y recién puesto.
Después el baldío de enfrente,
la mujer que arrastraba su largo batón triste
por las habitaciones destruidas.
Y tú allí, oscuro ángel -piel espléndida
y ramo para afligir mi sangre-
andando por tus calles profundas y apagadas
con ademán cansado y lenta luz de tarde.

2.
Diré tu infancia buena,
tus juegos junto a un girasol,
tu herbario, tu traje de domingo
y las siestas de explorador en África.

No sabías que más allá del tesoro escondido
y de los colmillos de elefantes en el fondo de un lago,
(más allá de África aún)
estaba un ángel triste preparando tu muerte.

3.
Te conocí pequeño, jugando
con carreteles que eran tranvías o trenes,
en el patio de tierra de tu casa.

A la escuela llevabas tu seriedad de perro,
un tintero, un cuaderno, un lápiz caramelo.
Niñez, hongos pintados y noches de terror
cuando a la mecedora volvía el quejido
del abuelo muerto.

En el patio aprendiste que las hormigas
hacen puentes de palo y comen los helechos
y que en la puerte cancel volaban trasparentes
los ángeles ambiguos del visillo.

Amabas, indolente,
la siesta y la naranja luminosas.
Pero afuera, con maternal paciencia,
la muerte te aguardaba en un balneario
para llevarte a un verano sin almanaques.

Yo no sé si niños bañistas te llamaron
o el agua prometía su fauna de sorpresas
o si el amigo cómplice te mostraba un caballo
para vencer la noche y el despierto presagio.
Ahora, qué seguras hormigas
por el patio mientras otro niño te llora y te dibuja
en su cuaderno de cenizas.

(Ya inauguras tu muerte, ya entretienes tu muerte
en un circo apagado, con ranas trapecistas)

4.
El negro cosechaba un fruto ácido
y sorbía su jugo con deleite y espanto
El negro olía la noche y el jadeo del mar
se confundía con el de su pecho alucinado.

El negro visitaba a la mujer callada
en su cubil de fiera: allí se amaban
entre luciérnagas, piojos y esqueletos de pájaros.

El negro miraba caer la lluvia sobre el asfalto
y recordaba aguaceros de su aldea natal.
Pobre corazón suyo con alas y hojas
añorando un paisaje de veloces antílopes
griterío de monos y panteras de azogue.

El negro golpeaba el caparazón sonoro
de una tortuga y cantaba con voz aguardentosa.

Lejos, la mujer callada
agitaba un pañuelo de luto en la ventana.
El negro, como un náufrago, en la cama.

--
Salud!

18 sept 2009

Ponerse a leer

Aca en USA por un seminario, por unos dias, vengo abrumado por la cantidad de textos que andan dando vuelta y que quiero leer. Para empezar por lo facil, tengo a mi alcance el nuevo librito de Gerald Cohen, "Why not socialism?" (una lucida y sencilla parabola sobre las virtudes del socialismo, que cierra con un alegato anti/mercado, muy a su estilo); el nuevo libro de Joshua Cohen, "Philosophy, Politics, and Democracy" (una compilacion de sus mejores textos); el nuevo libro de David Estlund sobre democracia; y el nuevo libro de mi admirado Michael Sandel, "Justice" (en donde da cuenta del curso que viene dando hace mas de una decada, en Harvard, sobre el tema).

Pero despues estan las obras vitales, con que algunos de los grandes pensadores de nuestro tiempo vienen a cerrar sus carreras academicas -obras en las que "tiran de todos los hilos al mismo tiempo" y tratan de dar forma definitiva -final- a su pensamiento. Hablamos algo, creo, del excelente libro de Gerald Cohen "Rescuing Equality and Justice," que era su critica ultima a Rawls, y su definitivo posicionamiento en el podio del igualitarismo contemporaneo. Hablaremos pronto del libro que Ronald Dworkin sacara en unos meses, juntando su teoria moral, su filosofia del derecho, su filosofia politica, su vision de la politica y la etica personal -su "teoria total" (estuvimos en la presentacion, el otro dia, con Dworkin bombardeado por los cuatro costados, y sacando misiles de taquito, sin despeinarse).

Y como teniamos poco, acaba de salir el ultimo libro de Amartya Sen, que tambien aparece como libro de "cierre de carrera," que se llama "The Idea of Justice," y viene a ser, de algun modo, la expresion de su propia "A Theory of Justice," en competencia o dialogo con la de Rawls.

Desde un comienzo, Sen diferencia dos tradiciones de pensamiento, una preocupada por definir los contornos ideales de la justicia perfecta, y que tiene por foco a las instituciones basicas de la sociedad (la tradicion contractualista, que va de Locke y Rousseau a Rawls). La otra, en la que se incluye, se preocupa en cambio por eliminar ciertas injusticias, y promover mejoras en la justicia existente. Esta es la tradicion en la que el se inscribe.

Un aspecto central de su libro -y no un argumento que extrapolo, o traigo tirandolo de los pelos- da justo en el clavo de la discusion que tuvimos por aca los otros dias. Se trata de un argumento que aparece desde el prefacio y la pagina 1 de su libro, su idea central:

Nuestra indignacion, nuestra pasion, dice Sen, no surge a partir de un reclamo abstracto por la justicia. No nos quejamos por el hecho de que no hemos alcanzado todavia la justicia ideal, la situacion de maxima justicia posible. No. Nos quejamos "porque enfrentamos injusticias evidentes que podrian ser superadas." Nos quejamos porque podemos identificar "injusticias removibles," a nuestro alcance. En sus terminos: "Lo que nos mueve, de modo razonable, no es que advertimos que el mundo no esta llegando a una situacion de completa justicia -algo que muy pocos de entre nosotros podria esperar- sino que hay injusticias claramente remediables a nuestro alrededor, que queremos eliminar." De eso se trata.

Marcos y los jueces

-
Marcos Novaro, además de un buen tipo, es un analista político de lo más formado y más lúcido que tiene la Argentina. Podemos disentir radicalmente con sus análisis, que siempre pueden cruzar aspectos económicos, políticos e históricos -sumado a que también es Doctor en Filosofía y profesor UBASociales de teoría política contemporánea-, pero siempre hacen pensar dos o más veces. Resalto siempre su libro "La Dictadura Militar 1976-1983" publicado por Paidós y escrito junto a Vicente Palermo, gran libro producto de una gran investigación.

MN acaba de publicar en el blog del agente de CIPOL esta nota (también publicada en El Economista) acá , titulado ¿Una transición dominada por los jueces?
Hacia el final MN pone bastantes fichas en un escenario hipotético, bastante dificultoso desde nuestra perspectiva pero interesante:

"Como sea, también en estos asuntos serán los jueces los que adquirirán un rol protagónico, y tendrán la última palabra sobre conflictos eminentemente políticos. Cuando eso suceda, tal vez los Kirchner terminen de arrepentirse de la que fuera su primera, más audaz y sin duda más progresista reforma institucional, la que permitió la formación de una Corte Suprema honesta e independiente como no había en Argentina desde 1990 a esta parte".

Más allá del análisis de una coyuntura más que volátil, nos podemos preguntar: ¿Es esperable que la Corte Suprema (o los miembros del poder judicial, pre y post reforma del consejo de la magistratura) pueda/puedan hacer lo que MN les ve haciendo con su supuesta independencia y honestidad?

16 sept 2009

Sarlo

Ups, cada dia mas fuerte Beatrice, bien, bien. En La Nacion de hoy, aca Habla de la ley de medios, el oportunismo y la obsecuencia, la cooptacion de Estela Carlotto y Bonafini, el intelectual y la politica (con menciones a Nino y Portantiero), y nuestro querido Pepe Mujica

14 sept 2009

Ahora dicen que... (con addenda)

Ahora dicen que "Por las críticas de la oposición a la Ley de Medios, la Presidenta anunció que las telefónicas no podrán distribuir señales de cable por sus redes. Defendió el proyecto, pero reconoció que era uno de los puntos más cuestionados. Así, el Gobierno intenta conseguir votos clave en el Congreso."

Entonces, para los que nos decían de todo a los que criticábamos al proyecto por esa razón, les pediría que escriban 100 veces:

"No debo ser obsecuente con el gobierno. Cuando un proyecto de ley, enteramente o en parte, va contra mis convicciones, debo criticarlo en lugar de decir que debe aprobarse tal como está o se acaba el mundo."

p.d.: Ahora dicen que...también se cambiaría el otro punto que pedíamos cambiar: el referido a la autoridad de aplicación. Si esto es así, volvería a pedirle a los que nos desalentaban en esta pelea que se sienten a reflexionar sobre lo que nos habían pedido. Con una aclaración importante: No me interesa, ni a mí ni a tantos, hacer de esto una disputa personal, de gané o perdí (más allá de la ironía que sí tuve intención de trasmitir). Hay algo mucho más interesante en juego, y que tiene que ver con cómo se posiciona un ciudadano crítico, de izquierda, frente a un gobierno con el que tiene algunos acuerdos y muchos desacuerdos. Mi postura es que hay que ser implacable con la crítica constructiva: pelear para que se produzcan cambios conforme a las convicciones de uno (en este caso, por ejemplo, reforzar los poderes del Estado, reduciendo la discrecionalidad de cualquier gobierno de turno). Esto es decir, me parece criticable la postura que asumen muchos colegas, de convertirse en soldados acríticos del gobierno, como si estuvieran en guerra, y perdiendo así toda capacidad para distanciarse del poder de turno, y exigirle cambios que hasta el propio gobierno -nos demuestra- estaba dispuesto a hacer (contra lo que sus defensores nos auguraban). El ejemplo de esta ley es muy importante, porque si era por ellos, ganaban las telefónicas y la discrecionalidad del gobierno de turno cuando, queda demostrado, otro mundo mucho más interesante era posible, y estaba al alcance de la mano, como lo veníamos diciendo una y mil veces. El debate, para mí, es ése: persistir en una postura crítica de izquierda o convertirse en un soldado en actitud de obediencia debida.

13 sept 2009

Sol, domingo, mates y diarios

-

· Grande Pepe. Interesantísima entrevista a un político atípico, José "Pepe" Mujica, acá. El viernes estuvo en el Luna Park, muy carismático como es, con respuestas cortas al pie pero bien directas, con un lenguaje que lo caracteriza, responde: "La Constitución merece reformarse, pero no gastaría pólvora en chimangos si no hay acuerdo con la oposición: una cosa es reformarla y otra es tener una guerra interna. No vamos a partir el país por cambiar una letra a la que después le damos pelota más o menos. No creo en el progreso manuscrito." ¿Pelota más o menos? ¿Progreso manuscrito? ja

· Pacto de la anchoa. Nota sobre un "Pacto de la Moncloa Argentino", entre Eduard Duhalde y Rudolf Terragno, con notas de Rosend Fraga, mmmmmm, en la LN acá.

· La Nelly. Minyarsky sobre la hipocresía, del divorcio al aborto, entrevistada por Mariana Carbajal, aquí.

· Confusión en la nación. Todas las versiones sobre el episodio Afip-Clarín: en Clarín, en La Nación, en Crítica, en Perfil y en Página12 tanto Wainfeld como Verbitsky suman análisis pero poca información, pocas herramientas para entender.

· Fachos mal. La persecución de Alan Turing y un pedido de perdón oficial, acá en Digital Critic.

· El título no tienen nada que ver con el post. Lo sé. Suele pasar con los post de domingo. Salud!

12 sept 2009

El juicio original

-
Cerrando una semana curiosa y algo absurda, llena de mucho ruido y sinsentido, vease la nota (acá) del senador Nito Artaza y el episodio AFIP-Clarín, por mencionar sólo dos ejemplos (y mantener la performance de la selección fuera de los ejemplos), no podía sino visitar a los poetas del surrealismo.

Leer a André Breton es leer al poeta que fue expulsando, uno a uno, a sus disidentes dentro del movimiento político y artístico en el que confluían varios de los que hoy se consideran sus principales referentes, como por ejemplo Salvador Dalí o Antonin Artaud. A pesar de ello, esta poesía, traducida por Flora Pizarnik -mejor conocida como Alejandra Pizarnik- y escrita junto a Paul Éluard tiene mucho del aura y encanto que rodea(ba) al movimiento surrealista, ya totalmente absorbido por la poesía contemporánea. Ahí van:

El Juicio Original
de André Breton y Paul Éluard. (Traducción Alejandra Pizarnik).

No leas. Mira las figuras blancas que dibujan los intervalos que separan a las palabras de muchas líneas de los libros, e inspírate en ellas.
Dale a los demás a guardar tu mano.
No te acuestes sobre las murallas.
Retoma la armadura que te has quitado a la edad de la razón.
Pon al orden en su lugar, desarregla las piedras del camino.
Forma tus ojos cerrándolos.
Dale a los sueños que has olvidado, el valor de lo que no conoces.
No prepares las palabras que gritas.
Róbale el sentido al sonido, hay tambores velados hasta en las vestiduras claras.
Habla según la locura que te ha seducido.
Lo que encuentras sólo te pertenece mientras tu mano está tendida.
Hazles la sorpresa de no confundir el futuro del verbo tener, con el pasado del verbo ser.
Al que pida ver el interior de tu mano, muéstrale los planetas no descubiertos en el cielo.
Abstente de lo que tienen la cabeza sobre los hombros.
Regula tu marcha con la de las tormentas.
Mira la flor de la enredadera: no deja oír.

Certidumbre
de Paul Éluard (Trad. Marcelo Ravoni).

Si te hablo es para oírte mejor
Si te oigo estoy seguro de entender

Si sonríes es para invadirme mejor
Si sonríes yo veo el mundo entero

Si te abrazo es para continuarme
Si vivimos todo será placer

Si te dejo nos recordaremos
Y dejándonos nos reencontraremos.
--
Salud!

10 sept 2009

Gracias Ronaldo


Dworkin, acá, nos deja un excelente artículo sobre las audiencias confirmatorias de la Jueza Sotomayor, y el modo en que ellas se han convertido en una farsa, en donde los candidatos son acorralados hasta que digan aquello en lo que no creen; viéndose obligados a afirmar la triviliadad vacía y mentirosa de "sólo quiero ser fiel a la ley;" y a rechazar -por caso- el peso de los antecedentes internacionales (como fuente posible del derecho nacional), al costo de convertir a la práctica constitucional en una cada vez más insular, más parroquial.

Dworkin llena de elogios a Sotomayor, y lamenta que ella también haya tenido que ceder a la tentación de decir que sólo perseguía la "fidelidad a la ley." Reconoce que ella no tenía salida ("no decir lo que ellos querían oir hubiera implicado perder el premio mayor sólo por un candor que no tenía razón de asumir"). Sin embargo, señala que "la afirmación vacía" acerca de la "fidelidad a la ley" "perpetúa la ficción tonta y democráticamente falsa según la cual el juez puede interpretar las cláusulas abstractas de la Constitución sin efectuar juicios controvertidos sobre moralidad política a la luz de sus propios principios políticos." Y agrega -espectacular para nosotros- que una "genuina filosofía política" debe incluir al menos "un esbozo de teoría acerca de cuál es la mejor concepción de la democracia, que refiera también al mejor entendimiento sobre los derechos individuales que deben ser asegurados por la ley, como cuestión de justicia." Sí Ronaldo, sí, te estás jubilando y cada día estás mejor. Gracias Ronaldo, gracias, cuánto bien le has hecho al derecho, rompiendo las telarañas de tonterías con que se lo ha rodeado.

9 sept 2009

Una a favor: La ley de radiodifusión y sus enemigos



El ilustre Guillermo Mastrini, a quien se refiere Ramiro en el post de más abajo, es un joven (tiene más o menos mi edad, así que en realidad...) referente en materia de Comunicación (ex Decano de la Carrera), y tiene una postura favorable a la aprobación del proyecto oficial. Acá nos envía una nota de hace unos días, para seguir con el debate. Gracias Guillermo!

La ley de radiodifusión y sus enemigos

Hasta el momento no se ha escuchado ninguna voz que sostenga públicamente que no es preciso sancionar un nuevo marco legal para la radiodifusión. Resulta al menos curioso entonces que una ley contra la que nadie está en desacuerdo tarde más de 26 años en ser aprobada. Esto nos lleva a pensar que más allá de lo que se públicamente se dice, la sanción de un nueva ley tuvo y tiene enemigos, cabría decir, poderosos enemigos.

Uno de los aspectos positivos del debate que se ha instalado es que los argumentos contra la ley de radiodifusión han salido de las cavernas. Parece que ya no basta el infatigable transitar de los lobbystas de los grandes medios por los pasillos del Congreso, o incluso las llamadas directas a los legisladores al momento de las votaciones o despachos de comisión, como ha ocurrido habitualmente desde 1983. Frente al debate y a la conciencia social de la importancia de una regulación democrática de la información, los enemigos de la ley de radiodifusión no han tenido más remedio que desplegar una batería de argumentos públicos contra su sanción.

A favor de la ley, aparecen por primera vez con significativa presencia sectores de la sociedad civil, sindicatos, universidades, radios comunitarias articuladas en la Coalición para la Radiodifusión Democrática, que desde hace cinco años (con más paciencia que apuro) impulsan la sanción de una regulación democrática. Como bien señalara Mario Wainfeld, el burdo intento de deslegitimar a sus miembros con el mote de “ultras”, no resulta eficaz frente a la diversidad política e ideológica del amplio abanico social que sustenta la necesidad de sancionar un nuevo marco normativo.

Ahora que los argumentos de los enemigos de la ley son más públicos resulta interesante analizar cómo sus líneas argumentativas han variado según los gobiernos y coyunturas políticas. En lo que no han variado es en su permanente oposición a que se sancione un marco regulatorio democrático, que dificulte la discrecionalidad de la autoridad de aplicación y los acuerdos privados con las autoridades.

Tomaremos dos casos como ejemplos. El proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales es, para los grandes medios, la ley “K” para controlar los medios. En muy pocas ocasiones, ninguna en el grupo Clarín, se da la palabra a quienes están a favor del revisar el marco legal. Todos los grupos sociales, sindicales, universitarios y políticos, que apoyan el proyecto son tachados de ultra K sin matices. Pero es no es nuevo. Durante el gobierno del hoy respetadísimo Raúl Alfonsín, el Consejo para la Consolidación de la Democracia (COCODE), elaboró a pedido del presidente un proyecto de ley. Los argumentos de las patronales de los medios agrupadas en la Comisión Empresarial de Medios de Comunicación Independientes (CEMCI) estigmatizaron al proyecto como un ataque a la libertad de expresión y presionaron a los diputados y senadores para evitar su sanción. La CEMCI es una suprapatronal gestada y gestionada por el grupo Clarín. El COCODE fue un organismo multipartidario en el que estaban representadas las principales fuerzas políticas del momento. Ayer frente a un proyecto de consenso, hoy ante uno surgido del seno de la sociedad civil y redactado por el gobierno, los enemigos de la ley de radiodifusión sostendrán que la reforma de la ley de la dictadura es un ataque a la libertad de expresión.

Otro argumento que recurrentemente se vocifera es la conveniencia de esperar al nuevo parlamento, que tendría la verdadera representación popular y por ende la mayor legitimidad para legislar. Agotaría el esfuerzo de varios días de investigación reseñar los cientos de leyes sancionadas desde 1983 en el período que transcurre entre las elecciones y la asunción de los nuevos parlamentarios. De todas ellas citaremos una, la que transformó radicalmente el sistema de medios argentino. En agosto de 1989, luego de la caída del alfonsinismo, pero antes de que asumieran los diputados electos, el parlamento aprobó las leyes de Emergencia Económica y de Reforma del Estado, conocidas como leyes Dromi. En uno de sus artículos se eliminaba el impedimento para que los dueños de medios gráficos pudieran ser licenciatarios de medios de radiodifusión. A partir de dicha modificación pudo constituirse el grupo Clarín. De esta forma, no sería arriesgado señalar que de sancionarse la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tendría la misma legitimidad de origen que todos los grupos multimedia que existen en Argentina. Salvo que se utilice un criterio cuando el proceso favorece y otro cuando perjudica. Los enemigos de la ley de radiodifusión no parecen haber reparado en tal detalle.

Como todo proyecto o toda ley, la de Servicios de Comunicación Audiovisual puede y debe ser mejorada. Esa debería ser la tarea del parlamento. El proyecto presentado constituye una adecuada base para el debate con elementos hasta ahora inéditos en la radiodifusión argentina como es la presencia de minorías políticas en los directorios de la autoridad de aplicación y del sistema nacional de medios públicos. Su concepción se base en criterios de libertad de expresión asentados en los derechos humanos que supera ampliamente el sesgo autoritario de la ley de la dictadura vigente. La que los enemigos de la ley de radiodifusión procuran mantener.

El proyecto oficial frente a los "21 puntos"



Y Ramiro A.U., amigo, colega blogal, y uno de los mejores estudiosos que tenemos en derecho, sobre el tema, agrega unos apuntes sobre las relaciones entre el proyecto oficial sobre medios, y los "21 puntos" de la Coalición por la Radiodifusión. Acá van, mil gracias Ramiro!

Los medios, los elefantes invisibles y los caballos rellenos

Hace varios días que estoy tratando de plasmar por escrito algunos pensamientos en torno a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero me resulta bastante difícil, por distintas razones. En primer lugar, la ley es muy compleja: evaluar lo mucho que abarca lleva su tiempo. En segundo lugar, el debate público parece estar acelerado de la mano de un Gobierno que no parece muy dispuesto a debatir en forma abierta, transparente y amplia.

Ahora acabo de ver a Victoria Donda (ex K, actual Encuentro Popular) y Fernando Sánchez (CC) discutir sobre la ley de Medios en Metro. Y ambos hicieron referencia a dos temas que me parecen cruciales para entender lo que divide a cierta oposición de ‘izquierda’ cuyos votos serán claves para que la ley se apruebe con legitimidad.

Estas dos cuestiones son los famosos 21 puntos para una radiodifusión democrática (21P) y la evaluación de las intenciones del Ejecutivo. Tanto Donda como Sánchez defendían los 21P pero destacaban inconsistencias entre estos puntos y la ley. Disentían, sin embargo, respecto de la validez o utilidad de mirar las intenciones del Ejecutivo.

Con respecto a los 21P. En estos días estuve releyendo Mucho Ruido, Pocas Leyes, editado por Guillermo Mastrini. El libro recorre la historia de la radiodifusión en la Argentina entre 1920 y 2004 y señala las formas en que el Estado y medios de comunicación fueron estableciendo relaciones en las que los empresarios se veían beneficiados con una amplia libertad de acción a cambio de controles en contenidos que aceptaban gustosos. Dos sectores rascándose mutuamente las espaldas.

En 2005, Mastrini culminaba el libro diciendo: “La historia recorrida en este libro demuestra que si un conjunto de sectores de la sociedad civil (…) no comienzan el debate forzando a los responsables políticos a asumirlo, será muy difícil que este proceso surja por mera voluntad de quienes pretenden representar al pueblo en el Congreso de la Nación”.

Hoy, ese proceso de presión e instalación del debate parece haber terminado, al menos para los propios miembros de la Coalición por los 21 puntos. Sin embargo, y como concuerdan diputados de distintos sectores como Donda y Sánchez, la ley muestra inconsistencias graves con los 21P.

Me interesa señalar tres de esas inconsistencias relacionadas con el punto 3 (independencia de los medios de comunicación), el punto 6 (no concentración) y el punto 12 (medios públicos no gubernamentales). Invito a leer el proyecto original del Ejecutivo, que contiene una interesante fundamentación que incluye la enumeración de los 21 puntos y una breve explicación de cómo la ley los satisfacería. El lector desprejuiciado encontrara, creo, que las respuestas oficiales a los puntos mencionados son deficientes.

El punto 3 y el punto 12 pueden ser tratados simultáneamente. El proyecto de ley crea autoridades de aplicación y directores de medios públicos que están bajo la exclusiva órbita del Ejecutivo, el que designa (sin ningún tipo de control del Congreso) a la mayoría de sus miembros. El Gobierno alega que el principio 3 que exige ‘independencia’ es satisfecho con una figura de control, como es el Defensor del Público. ¿Acaso una autoridad de aplicación autónoma, con composición plural y en el ámbito del Congreso no sería mejor para garantizar la independencia de los medios que un mero órgano de control? El Gobierno tambien omite mencionar otro de los reclamos del principio 3: la asignación arbitraria de publicididad oficial y subsidios. Si la ley no regula este aspecto, el principio 3 no es satisfecho.

Las relaciones económicas entre el Estado y los medios de comunicación (que van mucho más allá de la publicidad oficial) son la principal fuente de presión por parte del Estado a los medios pequeños y medianos, mayoría en gran parte del interior del país. Es en estas relaciones económicas dónde se esconde la mayor violación al derecho a la información de los ciudadanos: el desafío es hacer que el Estado y los medios se dejen de rascar las espaldas, y esta ley no lo hace.

Por supuesto, una ley no puede obligar a un medio a ser independiente y ejercer el periodismo de forma seria. Pero al menos puede crear incentivos para que lo haga o eliminar desincentivos. La ley, como está, no crea ningún incentivo para el ejercicio del periodismo independiente, sino que por el contrario, mantiene los desincentivos existentes. Pensemos en un dueño de un diario de una ciudad bonaerense cualquiera: ¿Es razonable criticar a las autoridades si puede ser castigado con el retiro de los fondos que le permiten sobrevivir? La obviedad de la respuesta me exime de explicitarla.

Y con respecto al punto 6, que llama a evitar la concentración, el proyecto también es deficiente. ¿Por qué es necesario permitir el ingreso de las telefónicas? ¿No se puede obligar a las telefónicas a dar las redes para que otros prestatarios no mega millonarios como ellas puedan prestar servicios de triple play y competir con el cable? Se les abre la puerta y se les pone límites, pero ¿por qué se les abre la puerta en primer término? Si se quiere, como se dice, evitar monopolios o concentraciones, por qué se le da entrada a dos empresas con espaldas que son dos (Telefónica) y tres (Telecom) veces más anchas que las del Grupo Clarín? ¿Acaso estas empresas serán una amenaza menor para los pequeños cableoperadores del interior que lo que fue un grupo Clarín desatado por todos los presidentes desde Carlos M. hasta Nestor K.?

Quiero que el oficialismo explique por qué es necesario abrir el juego a las telefónicas. Estoy interesadísimo en escuchar esa justificación con argumentos antimonopólicos. Espero sentado, comiendo pochoclo.

Estas consideraciones me llevan al último punto, relacionado con la intención del Gobierno. Victoria Donda estaba en desacuerdo y juzgaba inútil analizar las intenciones del Gobierno porque ella no es psicóloga: hay que leer la ley y punto. Sánchez pensaba que no mirar a esas intenciones es correr la vista del elefantazo que hay en el cuarto (a saber: la pronta puesta en venta de Telecom; la adquisición de Telecom por empresarios amigos que podrán salir de compras al jugoso shopping de medios que quede luego del proceso de desconcentración que la ley propone).

Me interesa reflexionar en la posición de Donda, porque me parece que es la de muchos diputados de izquierda, algunos oficialistas bien intencionados y la de la Coalición por los 21P. Hoy la ley está más cerca de sancionarse que nunca: quien conoce la historia de la radiodifusión en la Argentina sabe sin embargo que puede fallar. El escenario que se plantean es del tipo ‘ahora o nunca’.

Entiendo el temor pero no comparto: si la ley se debate adecuadamente, sin apresuramientos actuados y con seriedad, el oficialismo va a recoger muchas adheciones de gran parte de la oposición.

Esto, claro, si las intenciones del oficialismo son las que declama, y no las que se adivinan en su por ahora intransigencia respecto de puntos clave relacionados con el control y la independencia de medios y autoridades de aplicación. No hay motivos váidos para insistir en los puntos cuestionados: si se insiste en ellos, el oficialismo revelara sus intereses verdaderos. Las ventajas de discutir, que le dicen.

El riesgo de la Coalición de los 21P va a ser explicar los procesos de concentración que temen los más desconfiados; la creación de autoridades de aplicación discrecionales y la continuidad de mecanismos de presion a medios de comunicación. Mientras tanto, parece valioso señalar que es posible que adentro de este hermoso caballo se escondan algunos soldados griegos dispuestos a arrasar con la ciudad si les abrimos las puertas.

Ley de medios y algunas preguntas (+)


Acá, nota que saqué hoy en Clarín, sobre el tema de la ley de medios.

Y alguna reflexión nomás: cuál es el objeto de las audiencias públicas que se están haciendo??????? Se va a responder a las críticas que lleguen a ellas??? Va a haber medio -medio!!- cambio en la ley, a partir de lo que se diga en las audiencias??? Se van a dar razones de por qué no se tomen en cuenta las objeciones que aparezcan por allí (tal como era obligación insalvable en las viejas audiencias públicas)??? Porque sino, se tratará de la forma más vergonzoza de decir "discutimos, abrimos la ley a la sociedad" mientras se nos ríen en la cara, y piensan que desde la "sociedad civil" ya calmamos nuestra adolescente ansiedad participativa. El principal sentido de las audiencias es el de ayudar al decisor a recapacitar, pensar mejor, a corregir sus errores. Aquí, en cambio, se cree que las audiencias sirven para que ciudadanos y ongs hagan su catarsis y se queden tranquilos: "ya hablaron, ya participaron? chau, buenas noches, váyanse con sus proyectitos que ahora hay que ponerse los pantalones y decidir en serio."

La segunda reflexión es la siguiente: el gobierno está a un paso de armar una coalición interesentísima, que le permitiría pasar una ley de medios progresista, de avanzada. Tiene a su disposición cantidad de votos de la izquierda y centro-izquierda, que estarían con él si cambiara un par de puntos muy graves de la ley. Es decir, no es un multimedio el que impide que el gobierno pase una ley fuerte, ampliamente consensuada, sino la decisión del propio gobierno de armar su propia estructura de medios afines. Es decir: no hay coalición destituyente que le impida aprobar una ley progresista ya, sino su propia voluntad de no apostar por esa coalición, su propia decisión de apostar por una nueva concentración autoritaria.
................................................................

En lo que sigue, el texto que salió en Clarín:

Para no dar lugar a confusiones: es muy importante dictar una nueva ley de medios, ya que la que existe se encuentra afectada por gravísimos vicios de origen, y ha sido funcional a la creación de un estado de cosas constitucionalmente cuestionable e injusto. El ideal constitucional de la libertad de expresión no se contenta con la no-censura, sino que requiere del establecimiento de las condiciones para un debate público "amplio, robusto y desinhibido."

Pero carecemos del mismo, en tanto que los espacios para el debate son escasos; las voces sistemáticamente ausentes de la escena pública se cuentan de a millones; y la desigualdad de los recursos para expresarse resulta extraordinaria. En definitiva, el cambio es necesario y urgente.

Ante tal panorama, el proyecto de ley de medios presentado por el Gobierno representa un buen punto de partida para la discusión que debe llevarse a cabo en los días que siguen. Sin embargo, los muchos méritos del proyecto son compensados por algunas precisiones que se le han introducido, que son suficientes para convertir a la propuesta gubernamental en temible. Y no hay motivos para aceptar la ya habitual extorsión a las que nos somete el Gobierno: quedarnos con lo muy malo que existe, o aceptar lo inadmisible que él nos propone.

Hay espacio, tiempo, ánimo y voluntad colectiva suficientes para explorar alternativas diferentes a las propuestas. Sustantivamente, la idea de una Autoridad Federal de Comunicación, dependiente de la Secretaría de Medios y encargada de la asignación y revisión de licencias, crea riesgos extraordinarios para la libertad de expresión, contradice las exigencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y burla las recomendaciones de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la CIDH: dicho órgano debe ser en todos los casos autónomo e independiente del gobierno de turno.

Por otro lado, el lugar que el proyecto reserva para las empresas proveedoras de servicios públicos viene a abrir espacio para la formación de grupos dominantes nuevos y amigos.

Notablemente, ambas propuestas, entre otras, contradicen de modo flagrante las recomendaciones acordadas en los valiosos 21 puntos de consenso firmados por la amplia "Coalición por una Radiodifusión Democrática" (que exige políticas para evitar la concentración de la propiedad de los medios; diferencia bien entre Estado y Gobierno; pide que la renovación de licencias esté sujetas a audiencias públicas vinculantes; exige criterios no arbitrarios en la distribución de la publicidad oficial).

Lo dicho me lleva al punto principal de mi argumento, que no se centra en lo más fácil -las violaciones legales sustantivas propias del proyecto oficial- sino en lo más complejo de defender: las inadecuaciones procedimentales en juego, que amenazan ya la constitucionalidad de la propuesta en trámite.

Todas las leyes, pero especialmente aquellas que tocan los nervios más sensibles de la Constitución, requieren estar precedidas de una discusión amplia y plural, y no de una ficción de discusión. Todas las leyes, pero especialmente aquellas que pueden hacer más difícil la alternancia en el poder, requieren de una justificación pública extraordinaria, a riesgo de ser fatalmente sospechosas de inconstitucionalidad.

Ello les cabe a reformas como éstas, sobre la ley de medios; a las reformas electorales; reformas que limiten los controles sobre aquellos que gobiernan; reformas que puedan socavar la participación política de la ciudadanía; reformas que vengan a limitar decididamente las protestas y quejas frente al poder; reformas que vengan a diluir las posibilidades de la competencia política. Todas las leyes, pero especialmente aquellas frente a las cuales la ciudadanía reclama intervenir, y ante las que la oposición tiene críticas y sugerencias que hacer, deben ser cuidadosamente examinadas en público.

El Gobierno, sin embargo, bastardea cada uno de los criterios señalados: alega a su favor la discusión que antecedió al proyecto, cuando dicha discusión rechazó aspectos esenciales de lo que hoy él proclama; bloquea ilegalmente la discusión parlamentaria del proyecto, en Comisiones que legítimamente se lo reclaman; convoca a audiencias públicas sin aliento, ridiculizando la apertura de la que se jacta; publica aceleradamente sus decisiones en el Boletín Oficial, delatando -como ya lo hiciera con su reforma al Consejo de la Magistratura- su disposición a actuar discrecionalmente, sin prestar atención a los dichos de sus opositores. Convendría avisarle al Gobierno: las picardías de las que se ríe en secreto configuran faltan graves, que dañan la validez jurídica de lo que está haciendo.

Hace muy pocos años, en una maravillosa sentencia, la notable Corte Sudafricana sostuvo, frente a una queja popular por una ley que no había sido discutida suficientemente en audiencias públicas, que "(la intervención legislativa del pueblo)... ayuda a contrapesar el lobby y las influencias avanzadas en secreto... y ayuda de modo especial a los más desapoderados dentro de un país marcado por las disparidades de riqueza y de influencia...."

Convendría avisarle al Gobierno: la Corte no hacía retórica, sino que impugnó la ley y ordenó dar la discusión que el Gobierno había escamoteado. Estamos a un paso de un cambio importante, y no hay razones para aceptar atropellos.

Discutir lo ocurrido en la Universidad Nacional de Colombia

(Texto de Leonardo GJ, nuestro corresponsal colombiano)

El Rector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman fue víctima el viernes pasado de una retención al interior de su vehículo, por casi 6 horas, motivada por una multitud de estudiantes (y otras personas ajenas a la Universidad, tal como pudo comprobarse por fotos y filmaciones periodísticas) quienes le exigían discutir la situación financiera de la Universidad.

Uno de los puntos hoy de debate en Colombia tiene que ver con la denominación, con la tipificación, de “secuestro” de la protesta de los estudiantes y las demás personas que retuvieron al Rector. La primera pregunta que debe responderse es, entonces, si se configura la actuación penal, si el tipo penal se adecua a la actuación que se examina. Quien retenga a una persona (sin su consentimiento, obviamente) incurrirá en prisión y en multa. Secuestrar implica conforme a nuestro ordenamiento, entonces, retener indebidamente a una persona. ¿Wasserman estuvo retenido? Si la respuesta es sí, Wasserman estuvo secuestrado.

Una pregunta que surge después es si la norma penal, no obstante adecuarse a la conducta examinada, encuentra en el caso concreto argumentos para derrotarse (como se dice dentro del neoconstitucionalismo), es decir, si no obstante encontrarse probada la actuación contraria a derecho en el contexto particular, se puede dejar de aplicar la pena prevista o se puede aplicar una menor. Que el acto haya desembocado en una incursión por parte de la fuerza pública en el Universidad para liberar al Rector, es una cuestión que debe mirarse por separado ¿siempre y en todos los casos de violación de algún derecho (como el de locomoción del Rector, por aludir al que no admite discusión aquí) al interior de un recinto académico puede ingresar la fuerza pública? “Brutal e intimidatorio acto contra la integridad física del rector Wasserman” lo llamó el diario El Tiempo, lo cual puede matizarse al considerar que la camioneta es blindada. Cierto. Pero que estuvo retenido, no está en discusión.

Defiendo la protesta, he presentado conferencias y publicado artículos sobre el tema, participé en las protestas por la penalización de la dosis personal, la restricción de derechos para la población LGTB, las víctimas de las Farc y las víctimas de crímenes de Estado (no fumo ni cigarrillo, no soy gay y no he sido víctima indirecta de crimen de la guerrilla o del Estado). Pero el que se cite a Gargarella, a Rawls y a Dworkin para justificar cualquier protesta, cobijando en todos los casos todo tipo de actos, es decir, dotando a la protesta de un contenido (retener a un rector) que no amerita ser revisado debido supuestamente a la legitimidad del fin (discutir la situación financiera de la U.), no lo considero admisible. Va incluso en contra de la idea de protesta.

Las continuas manifestaciones públicas que se registran en todo el mundo, a las que se les conoce genéricamente como “protestas”, son una buena prueba de las injusticias que se cometen en contextos particulares. Se constituyen por tanto en un termómetro apropiado para medir el grado en el cual los estados sociales de derecho están honrando tal modelo ideológico que los apremia a realizar los derechos de forma que se protejan los fundamentales mientras se garanticen los sociales, tales como la educación. La protesta, también, al evidenciar la existencia de graves deficiencias en un sistema que se muestra incapaz de corregir los males existentes, puede concebirse en este sentido como una caja de resonancia para que se escuchen las demandas de quienes no cuentan con otros medios para hacerse oír. El que existan grupos excluidos de forma sistemática del disfrute de derechos es un indicio de las falencias en los procedimientos políticos existentes. No es entonces un asunto menor dentro de las características actuales de nuestras democracias y no es por ello fortuito que una de sus manifestaciones más elocuentes, como la huelga, se hubiera consagrado en Colombia como un derecho fundamental en la Constitución de 1991.

La cuestión del derecho a la protesta es un blanco fácil de tratar legalmente pero extremadamente difícil política, e incluso, jurídicamente ya que a partir de una interpretación literal y restringida de la ley penal quienes cometen actos de protesta sencillamente son merecedores del rigor de la ley. Gargarella lo presenta de sin igual forma: analizar una protesta con el código penal en la mano o con la Constitución en la mano. De un lado muchos actos de protesta son sencillamente actuaciones punibles que deben ser sometidos por la fuerza pública y castigados bajo el régimen penal, pero del otro debido a la motivación que lleva a las personas a protestar, se pone de presente que la protesta es uno de los mejores ejemplos que pueden encontrarse para ejemplificar desde nuestros contextos, casos difíciles en los que se contraponen e incluso se enfrentan leyes penales y principios constitucionales. Esto no se encuentra en el caso de Wasserman.

Desconocer la transmisión de mensajes políticos por otros medios y enfocarse exclusivamente en la sanción de tales actos, es darle la espalda a una parte crucial del asunto en la medida en que tales actos que alteran el transcurrir normal de la sociedad son en su mayoría recursos desesperados que tienen como objetivo llamar la atención al resto de la sociedad en general, y las autoridades públicas en particular, sobre una cuestión importante para un amplio sector que ha sido descuidada y, por tanto, vulnerada. En los casos de protestas hay que reflexionar entonces sobre las oportunidades de los grupos desfavorecidos de las sociedades que cuentan con menores posibilidades de acceder a espacios que les permitan presentar sus reclamos. “En muchos casos, el medio puede ser bien el mensaje”, como se dijo en una sentencia se la Corte Suprema de EEUU.

Y esto me conduce a otro punto, ya que nos referimos a la defensa de la protesta respecto de casos concretos: el Rector Wasserman se ha caracterizado por, digamos, un deliberativismo y una actuación mucho más de cara a los estudiantes y demás estamentos universitarios que otros rectores, por lo que ni siquiera la dificultad de transmitir mensajes constituye en este caso una legitimación del acto.

Al distorsionar la realidad del otro, del que protesta, para encasillarla y reducirla a actuación criminal, no se hace más que cometer una injusticia. En la protesta por los crímenes de Estado un asesor del Presidente la condenó como una marcha a favor de la guerrilla. El derecho a la protesta debe respaldarse porque también en el disenso se apoya la democracia. Pero incluso ante un garantismo por las formas de exteriorización de la protesta, el fin claramente no justifica cualquier medio. Y así Wasserman no hubiere sido un comprometido con la deliberación estamentaria, retenerlo también hubiere sido en tal caso desproporcionado.

Si bien es difícil distinguir entre expresiones de un grupo movido por intereses legítimos y quienes se aprovechan de las protestas para delinquir, debe preservarse en la medida de lo posible el “componente expresivo” de estas acciones e individualizar las conductas criminales. Qué decir en un caso como este en el que el acto mismo fue de toda la gravedad, más que tomarse una vía o atarse a la puerta de una institución pública impidiendo el ingreso de los funcionarios. Cuando vienen presidentes estadounidenses siempre se registran protestas, pero la que se vivió en la carrera Jiménez de Bogotá cuando vino Bush no tenía precedentes por los daños y saqueos. En este caso lo constitucionalmente debido es individualizar las conductas delincuenciales en lugar de criminalizar la protesta en general. Estimo distinto el caso de la retención de Wasserman porque el caso mismo comportó una restricción de sus derechos que se puede considerar gravísima. No sucedió como en el primer caso que acontecieron actos, aunque delincuenciales, aislados, sino que el acto mismo, la protesta, fue retener(secuestrar) al Rector. Distinto hubiere sido si por la protesta se obstruye una vía en la que resulta retenido el Rector.

En muchos casos la respuesta usual del derecho es siempre la criminalización y, de la opinión pública, la condena. Tradicionalmente se ha tendido a reducir las protestas a actos punibles cualquiera que deben ser sometidos y juzgados como tales. El grado de marginación del debate público que padece un grupo, debe ser proporcional a la sensibilidad con la cual se juzgan las protestas que llevan adelante dichos grupos por sus demandas, sustenta Gargarella. Después de admitir la posibilidad de contar con protestas al interior de las democracias, se debería considerar si las demandas sociales expresadas por medio de la protesta merecen protección constitucional.

Si quienes protestan defienden sus actuaciones, cualquiera sean, por los fines que persiguen, la idea misma de protesta y su respaldo institucional y social, particularmente social, se desvanece, se desnaturaliza, por lo tanto hay que enfatizar que la protesta, como cualquier derecho, no es absoluto y tienen que observarse en cada caso las actuaciones y los fines, no sólo éstos. La proporcionalidad es un rasero para condenar en ciertos casos también la protesta, incluso allí donde los fines son legítimos.

Las teorías contemporáneas de la desobediencia civil, y así de la protesta, no pueden entenderse como defensas de la violencia, por muy legítimos que sean los fines: el medio, el acto de protesta, tiene que ser ponderado. La legitimidad de la desobediencia civil radica en que se trate de un acto no violento porque “herir y lastimar es incompatible con la desobediencia civil como un modo de proceder” (Rawls) en la medida en que se interferiría con las libertades civiles y se oscurecería la “calidad de civilmente desobediente” la cual, aunque “puede advertir y amonestar, no es en sí misma una amenaza”. ¿Tiene que ver esto en algo con el caso Wasserman?

La protesta revela con diafanidad cortedades y precariedades de nuestros sistemas institucional y democrático. En tal sentido, quisiera concluir glosando una aleccionadora frase de Robert Jackson: “Quienes comienzan por eliminar por la fuerza la discrepancia, terminan pronto por eliminar por la fuerza a los discrepantes. La unificación obligatoria del pensamiento y de la opinión sólo obtiene unanimidad en los cementerios (…) Si hay alguna estrella inamovible en nuestro firmamento constitucional es que ninguna autoridad pública, tenga la jerarquía que tenga, puede prescribir lo ortodoxo en política, religión, nacionalismo u otros posibles ámbitos de la opinión de los ciudadanos, ni obligarles en forma alguna a manifestar su fe o creencia en dicha ortodoxia. No conocemos ninguna circunstancia que pueda ser considerada una excepción a esta regla”. (West Virginia Board of Education vs. Barnette, 319, U.S. 624 (1943). Trad. propia)

6 sept 2009

Te lo digo una vez, y no te lo repito más


Hace mucho tiempo, acá, cuando estaba lejos cualquier reflexión sobre el valor y la constitucionalidad de la reforma a la ley de medios, comentábamos la importancia de tantas decisiones judiciales (en el caso, provenientes de Sudáfrica, un país con un enormemente respetable Tribunal Superior) que desafiaban la validez de ciertas leyes, no por su contenido específico, sino por la violación de los procedimientos de la deliberación legislativa. Acordate: lo dijimos hace mucho tiempo.

Ahora, estamos discutiendo el valor y la constitucionalidad de la reforma a la ley de medios. Y es importante, muy importante, que dicha reforma salga. Por eso mismo, porque la reforma -y no cualquier reforma, ni menos una que venga a crear un megamedio amigo- tiene que salir, es que conviene volver sobre aquellos fallos.

Así que te lo digo una vez. Tomá nota: lo que estás haciendo en la legislatura está muy mal, a tal punto que te lo vamos a declarar inconstitucional. No tanto por el contenido -en donde lo que proponés es, en todo caso, políticamente inaceptable (dejar al gobierno de turno poderes discrecionales sobre la comunicación pública, abrir decididamente la puerta a un nuevo tipo de concentración de medios)- sino por el procedimiento.

Al impedir la discusión del proyecto en todas las comisiones que sensatamente te lo reclaman; al armar audiencias públicas sin aliento, que vienen a dificultar o impedir en los hechos la discusión que proclaman; al impedir a la oposición que expanda los márgenes y tiempos de ese debate, que razonablemente pretende; al publicar aceleradamente, en el Boletín Oficial, la convocatoria a audiencias, delatando -una vez, como cuando reformaste el Consejo de la Magistratura- que estabas preparado a hacer lo que querías, sin escuchar lo que te dijera la oposición; estás pidiendo la inconstitucionalidad de la norma. Para poder ser válida, esta ley, cualquier ley, y muy especialmente leyes como éstas (referidas a cómo organizar la discusión pública en el futuro), necesitan discutirse a fondo, deben serlo, exigen serlo. Y la deliberación no tiene por qué hacerse a las corridas, y menos cuando tanta gente, enfrente, reclama esa discusión, exige esa discusión. No se trata de perder el tiempo hablando, sino de aprender y corregirse mutuamente, en un área en donde son demasiadas las cuestiones técnicas a resolver, enormes los riesgos de equivocarse, costosísimas las equivocaciones, y muy muy altas las sospechas de que el gobierno esté proponiendo un proyecto basado más en la venganza y el deseo de dar su propio golpe, que en el interés por favorecer un debate público "robusto, desinhibido, robusto," como proclamaba el fallo "New York Times." El retaceo de las demandas genuinas, razonables, de deliberación, que aparecen dentro el Congreso, afectan la validez constitucional de la norma.

Te lo digo una vez y no lo repito: estás pidiendo que te declaremos inconstitucional la ley, y lo vamos a hacer.

Mañana: Coloquio Derecho, Moral y Política

-
Mañana, encuentro de colosos seminaristas y coloquienses. El local Roberto Gargarella visita el Coloquio Derecho, Moral y Política de Marcelo Alegre.

Se discute "El nuevo constitucionalismo latinoamericano: promesas e interrogantes" acá.

A las 17:00 hs. como siempre, en Mario Bravo 1050 en el SUM (Planta Baja).

Nos vemos mañana.

Otras lecturas, otro domingo gris

-
Omega. Entrevista con el Supreme Judge Lorenzetti, acá. Hay algunos errores de la edición que hacen difícil diferenciar las preguntas de las respuestas. Pero hay partes interesantes como esta: Ante la pregunta sobre cómo debe ser la administración del Poder Judicial del nuevo Judicial Council, Lorenzetti responde: "La administración tiene que ser profesional y con autonomía presupuestaria y hacen a la independencia de los poderes... Esto la Corte argentina lo reclama al gobierno y el congreso. No porque no nos interesa en manejo de dinero, tiene que hacerse una administración profesional gerenciada, como está en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que analizamos en las conferencias. Si no hay una administración eficiencia, tenemos los tribunales colapsados..." No queda muy claro, che. ¿Les interesa el manejo de dinero o no?

Kappa. Retro (el lunes pasado): Quiroga Lavié diciendo, acá, "Hay que recordar que el pueblo tiene derechos insatisfechos. Un derecho a la vida acosado por el aborto... ". La nota no está mal, pero esa parte me parece algo cargada y más que discutible.

Épsilon. Beartriz Sarlo acá y Tomás Abraham acá contra los intelectualidad y las formas K. El filósofo empresario de la vida, muy interesante, Abraham dice: "¿Qué sucedería si, por ejemplo, el fútbol gratis que disfrutamos en este momento se revende en poco tiempo a nuevos canales privados o a poderosas telefónicas, a un precio convenido entre partes y comisiones jugosas para sus negociadores? ¿Si los aportes jubilatorios al fin recuperados por el Estado se esfuman una vez más en aras de otros propósitos y vuelven las infinitas colas de los jubilados para cobrar miserias? ¿Si el logrado 82% móvil de los docentes universitarios una vez jubilados sólo serán pagados si sobra un dinero que nunca sobra, y de no ser así una vez más se cobrará lo de siempre hasta que una nueva Corte Suprema se expida sin consecuencias?"

Gamma. La historia de un supuesto machete judicial, ayer, por Irina H. acá.

Alfa. Esta semana se le hizo esta entrevista a Horacio Tarcus, acá sobre el libro Cartas de una hermandad (Emecé), cartas de Horacio Quiroga, Ezequiel Martínez Estrada, Luis Franco, Samuel Glusberg y Leopoldo Lugones que está al salir.

5 sept 2009

Creyentes

-
Las promesas de la Corte Suprema de introducir la cuestión del matrimonio homosexual en su agenda, acá, me hicieron recordar, hace bastante ya, estas dos poesías de Osvaldo Lamborghini de su Poesía (1969-1985) de editorial southamerican a cargo de César Aira.

Si usted se impresiona fácil y disfruta únicamente de los clásicos de la poesía nacional como Macedonio Fernández y/o Ezequiel Martínez Estrada, deje de leer este post inmediatamente. Lamborghini es uno de los poetas/escritores que han explorado con la palabra, tanto en poesía como en prosa, terrenos algo oscuros. Principalmente, estamos pensando en sus "Tadeys" pero también en el mismísimo "El niño proletario". Ahí van:


Creyentes.

Los putos lo esperamos todo de Dios
Somos creyentes
Hijos de María
Comunistas aunque cuando venga el comunismo
¡malos! nos encierren
en esos terribles
campos de concentración
Donde te vigilan y
!ni por casualidad!
podés emperifollarte
tranquila...
No sé, ponerte de vez en cuando
aunque más no sea
una enagua de cintura
un corpiño
o darte, ah,
eso sí que ¡hum! es muy mono
un toque de rouge
o depilarte a conciencia
la parte tierna del pezón


La más feliz.

Soy la más feliz
la más gloriosa de las maricas
Soy puto y me conseguí
(y nos casamos ante Dios)
un marido con falo ¡Con falo!
Con un falo todo
todo recubierto
de suaves plumitas blancas
Él me quiere y yo lo adoro
Él me trata dulcemente
y yo como a mi dueño
y lo amo
Ingenuidad
yo soy un poco ingenua
pero él lo es más y es gentil
y bueno como el pan
¡Con decirle!
él mismo se encarga
de lubricarme con vaselina la entrada de la cola
de esa cola que a mi me gusta
llamar "mi concha"
Suavidad de cisne
su bella poronga mi amor
lisura de ganso, sogan (oh, me salió un chiste...)
El cosquilleo de las plumitas
ese fru fru en mi vagina de encargo
es mi cielo
querido
es mi (perdón me ruborizo)
Por fin el oro y los querubes
haber llegado
por fin al Paraíso.

--
Salud!

Cine, tortura y derecho



Dos de las últimas pelis que vi -la de Tarantino, Bastardos sin gloria, y la del argentino Campanella, El secreto de sus ojos- insisten en posicionarnos como espectadores en el lugar incómodo del disfrute de la tortura (ojo, para el que no vio la Argentina, digo enseguida algo sobre el final de la peli). En Tarantino ya se sabe, pero esta vez la idea es que el cine se muriese de risa (y así pasa en los hechos, aquí o en los Estados Unidos, según me dicen), con la práctica (que el film muestra de modo explícito) de arrancarle a cuchillazos el cuero cabelludo al enemigo. En el caso del film argentino, los ruidos que se producen entre los derechos humanos y el argumento son numerosos: los "buenos" interrogan al sospechado aprovechando que el juez no está; invaden un domicilio en busca de pruebas (y son buchoneados por eso); el amante dolido hace justicia por mano propia, encerrando al culpable de sus desdichas como a un animal, de por vida, en una jaula que el mismo levanta. Y uno queda en la posición de decir: claro, pobre tipo, con lo que sufrió por su amada. Peor todavía, porque la decisión del encierro esclavista es presentada como una decisión ética: el vengador rechaza de modo terminante la posibilidad de matar al culpable. El que reduce al otro a la servidumbre es un principista (a la argentina).

Estupefacientes/ "Arriola"



Unos comentarios al fallo "Arriola," sobre consumo de estupefacientes, que publico hoy en el suplemento cultural Ñ


La reciente sentencia de la Corte Suprema en el caso “Arriola” implica dejar de lado la jurisprudencia dominante en los años de Carlos Menem (caso “Montalvo”), y a la vez retomar (en parte) la más vieja, interesante y robusta postura vigente en los años de Raúl Alfonsín (caso “Bazterrica”): desde ahora, la tenencia personal de dosis mínimas de marihuana para consumo personal no puede ser penalizada. Son muchas las reflexiones (jurídicas y no-directamente-jurídicas) generadas por el fallo, y aquí van algunas de ellas.

1) Es muy importante recordar que la represiva posición hasta ahora vigente en la materia no había implicado el fin del consumo de estupefacientes. Por el contrario, aquella visión persecutoria sobre el consumo personal vino de la mano de un incremento –y no de una baja- en los índices de consumo y tráfico de estupefacientes. Es decir, no hay razones para pensar que un fallo judicial en la materia vaya a ser capaz de torcer la historia política-policial de nuestra comunidad, hacia un lado u otro. La legalidad represiva no amilanó en absoluto a los narcotraficantes, y los actuales aires de tolerancia judicial tampoco van a desatar el festejo de aquellos. El punto, en todo caso, nos llama la atención sobre cuestiones de interés: Qué condiciones –si algunas- hacen que un fallo judicial gane adhesión colectiva? Es capaz una decisión judicial de transformar nuestra cultura legal?

2) La reciente decisión es “tardía” y “estrecha,” y ambos aspectos –que paso a explicar- resultan cuestionables. Por un lado, y como sabemos, la justicia demoró muchos años en tomar una decisión como la que ahora, finalmente, aceptó tomar. Y si la Corte decidió retrasarse tanto ello fue porque estaba muy (demasiado) pendiente de la política y las reacciones públicas posibles ante su inminente sentencia. Cada crítica que aparecía, anticipando su fallo, era respondida por la Corte con una nueva demora, tratando de escaparse del “ojo de la tormenta” de un eventual rebrote de impopularidad. Dicha actitud resulta en parte comprensible, frente a una década menemista de justicia impopular, irresponsable, dependiente y reaccionaria. Contra dicho pasado, la Corte actual hace un enorme y valioso esfuerzo por recuperar credibilidad y legitimidad. Sin embargo, también corresponde decirles a sus miembros que las cuestiones vinculadas con derechos básicos no pueden quedar sujetas a dilatorios cálculos oportunistas. La protección de derechos no puede resultar tan excesivamente pendiente de una coyuntura cambiante. Junto a lo dicho, agregaría que la decisión finalmente adoptada resulta especialmente “estrecha”. El caso actual (“Arriola”) fue escogido hace pocas semanas ya que, hasta entonces, el tribunal tenía bajo estudio un conflicto en torno a los estupefacientes diferente y más complejo. El cambio por “Arriola” se produjo porque este caso no le exigía pronunciarse sobre cuestiones especialmente dramáticas: se trataba de una situación relativamente fácil de resolver, ya que las cantidades de estupefacientes que llevaban los jóvenes detenidos eran insignificantes desde todo punto de vista, por lo cual criminalizarlos resultaba una decisión a todas luces irracional, para casi cualquiera. En síntesis, el caso decidido es demasiado limitado, por lo que no queda claro qué es lo que podrán decir otros jueces respetuosos de lo sostenido por la Corte, en casos mínimamente más complejos o difíciles que éste.

3) Una resultante de la “estrategia de elusión” adoptada por la Corte es su gravísima indefinición sobre el tema más importante sobre el cual el caso le exigía pronunciarse: el significado de la idea de “daño a terceros.” En su pronunciamiento, el tribunal sostuvo que “la conducta no punible sólo es aquella que se da en específicas circunstancias que no causan daños a un tercero." Pues muy bien, podríamos decirles a los magistrados, la frase suena bonita en su obviedad, ya que hace poco más que repetir lo que nuestra propia Constitución señala de modo explícito. Ahora bien, lo que los jueces deberían haber hecho es justamente aquello que aquí dejaron de hacer, esto es, decirnos en qué circunstancias lo que yo hago (por ejemplo, fumar un cigarrillo de marihuana) resulta un acto propio de mi protegida esfera de la moral privada, y cuándo es que dicho acto se convierte en un acto dañoso para los demás. El resultado con el que nos quedamos es todavía más preocupante, a la luz de las numerosas declaraciones públicas efectuadas por los miembros del tribunal, antes de dar a conocer el fallo (Eugenio Zaffaroni, por caso, dijo que si fumábamos en un parque a las tres de la mañana el acto era privado, pero que si lo hacíamos durante el día y con un cartel publicitando nuestro consumo –sic- el acto ya no lo era, lo cual es equivocado porque la idea de privacidad no depende de la visibilidad o no del acto: los abusos del violador de Austria eran hechos en un subsuelo, y bajo siete llaves, pero no por eso dejaban de ser actos de relevancia pública que debían ser perseguidos).

4) La Corte reafirma el valor de la autonomía personal; condena al Estado que quiere imponerle a los individuos modelos de virtud personal; y –gracias a la positiva influencia del juez Zaffaroni- deja en claro el disvalor de recurrir al aparato punitivo penal para lidiar –real o ilusoriamente- con el hecho de que algunos sujetos descuiden su propia salud. En tales casos, no hay herramienta más torpe, brutal e inútil que la del derecho penal, para responder a casos como el aquí planteado. Estos aspectos del fallo, a pesar de la palidez con que aparecen en el mismo, son importantes, y reafirman el valor –fundamentalmente simbólico- de esta liberal decisión.

5) Quienes defendemos el derecho de cada persona a decidir libremente sobre el modo en que quiere vivir, tenemos razones para celebrar la (modesta) decisión tomada por la Corte en el caso aquí bajo examen. Ello, porque defendemos la autonomía individual y la neutralidad del Estado, frente a la alternativa de un perfeccionismo moral impuesto desde el aparato coercitivo estatal. Por ello mismo, sin embargo, nuestra demanda no puede quedarse aquí. Porque defendemos la neutralidad estatal debemos ser mucho más críticos frente a las reglas vigentes en materia política y económica (las reglas hoy vigentes de un sistema políticamente híper-presidencialista y económicamente híper-capitalista). Tales objetables reglas hoy contribuyen de modo decisivo a moldear ciudadanos alejados de la vida pública, y empujados a interesarse sólo o fundamentalmente de sus propios asuntos.

4 sept 2009

Vanossi-Cassagne-Herrera: tres mosqueteros en la lucha por el orden

En el diario La Mañana, de Neuquén, se da cuenta de un documento encargado por "empresarios, ganaderos y comerciantes" (upa!) a tres prestigios abogados (glup!), sobre el tema de la protesta social: Jorge Reinaldo Vanossi (constitucionalista), Carlos Sánchez Herrera (penalista) y Juan Carlos Cassagne (administrativista). La idea es presentar el escrito frente al Tribunal Superior de la ciudad, para poner freno a ocupaciones (o recuperaciones?) de tierras y cortes de ruta.

La noticia es ésta:

Reclaman que el TSJ intervenga ante cortes de ruta y ocupaciones

Empresarios, ganaderos y comerciantes de la provincia presentarán un documento al máximo tribunal, cuyo contenido ya habría sido informado al ministro Bertoya.
Solicitaron que no “se tolere la existencia del delito ni que éste conviva con la vida normal de los ciudadanos”, y exigieron la intervención de la Policía y de los fiscales.

Junín de los Andes > Un grupo de empresarios, ganaderos, comerciantes y vecinos de distintas ciudades de la provincia decidió presentar ante el Tribunal Superior de Justicia un escrito solicitando la inmediata intervención del máximo órgano judicial neuquino para poner freno a la ocupación de campos, terrenos públicos y privados, como así también a los cortes de ruta.
Para eso contrataron los servicios de tres abogados, cada uno de ellos especialista en un área del derecho, para no dejar resquicio abierto a la hora de hacer la presentación judicial, algo que se llevaría a cabo en los próximos días.
Los abogados que elaboraron el escrito son Jorge Reinaldo Vanossi (constitucionalista), Carlos Sánchez Herrera (penalista) y Juan Carlos Cassagne (administrativista). En el documento, al que tuvo acceso La Mañana de Neuquén, se solicita al TSJ que “en ejercicio de sus poderes haga cesar la indefensión colectiva que sufrimos en nuestras personas, familias y bienes de trabajo, por la renuencia del Estado a ejercer el atributo de la fuerza legal y legítima que le es privativo”.

Falta de prevención
Para los peticionantes esta situación se produce entre otros motivos por “la falta de prevención de los delitos, la insuficiente investigación de los que han sido denunciados; por la no individualización de sus reincidentes autores para impedir la traslación de éstos a diferentes lugares en que vuelven a cometerlos”, como así también “por las omisiones, inacción, desinterés y abulia en el cumplimiento de los mandatos y sentencias judiciales”.
“Todas estas omisiones dan origen a la impunidad que alimenta la comisión de nuevos delitos y genera la cada vez más extendida inseguridad, que afecta a la ciudadanía”, afirman los abogados.
En sus considerandos el documento afirma que “esta situación se desarrolla desde hace un tiempo en nuestra provincia con el apoderamiento de establecimientos rurales, tierras urbanas y espacios públicos, que son impunemente usurpados y ocupados con violencia”.

Extorsión
Según los abogados, “estos procedimientos organizados evidencian la premeditación de un plan al que también se agrega una secuencia sistemática de extorsión al Estado, se emplea para ese fin el corte de rutas y calles, tumultos, marchas con estallido de fuertes explosivos para intimidar, con la comisión de múltiples delitos que se perpetran colateralmente y que quedan impunes, por cuanto sus autores no son identificados. Los terrenos públicos son invadidos tanto como los privados, y las tomas se repiten y potencian día a día ante la ineficacia de la Policía y de la Justicia”.

Justicia paralizada
En cuanto al objeto de esta situación se afirma que “los autores se mantienen en la propiedad tomada porque su propósito es apropiársela. Esto lo consiguen manteniéndose en la ocupación, desobedeciendo las órdenes judiciales, oponiéndose por vías de hecho a que las propiedades sean restituidas a pesar de las sentencias”.
Los abogados Vanossi, Sánchez Herrera y Cassagne, aseguran que “esta pasividad ha llevado a una multiplicación de los delitos que paraliza a la Justicia, genera la prescripción de las causas, produce en definitiva impunidad y hace que los delincuentes aumenten su accionar año a año incrementando en una progresión nefasta el número de malvivientes que encuentran en el delito un oficio redituable”.

“Garantía final”

Junín de los Andes > A la hora de hacer la petición formal, los mentores del documento -al que algunos denominan “Garantía Final”, en alusión a la delicada situación por la que entienden atraviesa la sociedad neuquina- solicitan a los miembros del TSJ que se los tenga por “peticionantes de la garantía constitucional de justicia eficaz, y la protección de personas y bienes”.
La idea, que habría sido informada al ministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya, el viernes pasado en Zapala, sería presentada oficialmente en los próximos días.
Los mentores de la misma solicitan al TSJ que “en ejercicio de sus poderes haga “cesar la privación de protección y seguridad, la actuación ineficaz ante los delitos, provea y arbitre la inmediata, pronta y eficaz actuación de los tribunales inferiores, el auxilio a los jueces y el acatamiento de sus sentencias”.
Se pide también que “la Policía cumpla estrictamente con las tareas de prevención, detención de los delincuentes y presentación inmediata al juez que corresponda, evitando continúen los efectos del delito, disponiendo de la fuerza pública necesaria para el cumplimiento de las órdenes judiciales”.
Los abogados representantes solicitan además que “que no se tolere la existencia del delito ni que éste conviva con la vida normal de los ciudadanos y deba ser soportado por estos, arbitrando la acción de las fuerzas del orden, prudente, controlada, y firme, para aprehender a los delincuentes y evitar la pluralidad de delitos que afectan a un importante espectro de nuestra sociedad, y que por su número y permanente aumento bloquean el accionar de la Justicia, generando la impunidad”.
En tanto, a la hora de hablar del accionar judicial, se solicita al TSJ que “se realice un control eficaz por personal suficiente de las causas penales formadas con motivo de usurpaciones, corte de rutas, amenazas, coacciones y delitos que acompañan estas conductas”.
En cuanto a los fiscales se pretende que “se analice todos los supuestos de inacción o insuficiente trámite”, mientras que para los jueces pide que estos lleven a cabo “la conclusión del sumario con las suficientes pruebas que impidan por carencia o defecto su fracaso y la “summa iniuria” que es, por esas causas, la absolución de un delincuente “con burla no sólo de la victima sino de todo el orden jurídico y la seguridad de los ciudadanos”.

2 sept 2009

Crónica(s) (tardías) de Medellín y de acá a la vuelta




Tenemos cantidad de crónicas que podríamos considerar atrasadas. Pero estarían realmente atrasadas si hubiéramos decidido hacerlas, cosa que por suerte no decidimos –salvo la de Medellín, respecto de la cual diremos algo enseguida. Es que andamos con demasiado trabajo pendiente (el académico también trabaja, ojo).

Mientras tanto dilettanteamos un poco con los últimos eventos.

Ayer cerramos el seminario de teoría constitucional, con una sesión muy linda, en la que tuvimos la visita de nuestro amigo paranaense Alejandro h. En la sesión, dedicada a la Teoría Penal y la Teoría de la Democracia, Lucas presentó algunas tensiones que veía en el pensamiento de Zaffaroni, en su tratamiento de cuestiones relacionadas con la democracia; se refirió a cuáles eran sus presupuestos (los de Zaffa) en la materia; e hizo referencia a las implicaciones de esos presupuestos en el análisis zaffaroniano sobre el papel del juez penal garantista-minimalista (no sé si don Lucas quiere explayarse aquí o más abajo, al respecto). Yo hice algo parecido en torno al pensamiento de Ferrajoli,, para mostrar los problemas graves que –en mi opinión- afectan a muchos de los presupuestos fundacionales de su teoría: la idea de los derechos naturales (ay!); la idea de una “esfera de lo indecidible” (recontra-ay!); la idea de que la democracia sin frenos judiciales va directo a la opresión y al maximalismo penal (sustentada sin el mínimo respaldo empírico, y asumiendo la inexistencia de toda alternativa correctiva y expansiva de la deliberación democrática); y la idea de que el garantismo penal se encuentra en una relación antitética con la democracia (ver selección de textos de l.f., aquí al costado).
Tuvimos un debate muy lindo, que nos llevó a extendernos bastante más allá de la hora de cierre, y comimos una riquísima torta que llevamos para la ocasión (torta irrepetible, lo siento).

Hoy estuvimos en el Congreso del ALAS (Asoc. Latinoamericana de Sociología), en una mesa sobre Derechos organizada por Gabriela Delamata y Sebastián Pereyra, y que compartimos con los amigos Laura Pautassi y Mario Pecheny (hay que votarlo, ahora en sociales), y Gabriela Vidaseca. Hubo mucha gente, y mucho debate. Yo presenté algo sobre “Los derechos constitucionales después del 2001,” y más o menos quedamos bien, creo.

Yendo a mi vieja facultad de sociología-sociales, para la presentación, me reencontré con el super-vergonzoso estado de la Facultad; las aulas derruidas y sucísimas; la virtual ausencia de todo material didáctico; el amontonamiento constante en la escalera principal, que lleva a que uno deba anticipar unos 10 minutos para subir 3 o 4 pisos, y estar preparado para entrar en una lucha cuerpo a cuerpo con la gente que puja para subir-bajar. Lo aclaro de una vez: conviví y puedo convivir sin problemas con ese estado deplorable de las aulas. Pero no se justifica. No se justifica que este Estado, que este gobierno, que los gobiernos anteriores, nos hayan llevado a eso, luego de haber pasado por años y años de proclamado superávit fiscal. Por qué no se van un poco...Pero en fin, acá estamos.

Decía lo anterior, en particular, por haber llegado recién de Colombia (pero hubiera sido lo mismo si volvía de Brasil, de Chile o de México), y recordar la increíble infraestructura de todas las Universidades privadas o públicas que recorrí: El Externado; Los Andes; Antioquia; Medellín; ICESI en Cali; la Javeriana; la Nacional en Bogotá; el EAFIT en Medellín. Cualquiera de esas Universidades –y no menciono más porque no las recuerdo o no conozco más- tiene muchísimos más y mejores recursos, instalaciones, bibliotecas, subsidios; aulas; edificios; materiales que cualquiera de nuestras Universidades públicas y privadas. Es tan pero tan tan grave el destrozo que estamos haciendo sobre nuestra educación. Una pena tan pero tan grande.

EAFIT, la Universidad en donde estuve, en Medellín, también aparecía imponente, en sus instalaciones y recursos disponibles. Y el seminario que tuvimos, del que se da cuenta más abajo, creo que fue un buen modo de festejar sus 10 años de existencia. Una alegría, también, encontrarme o reencontrarme con viejos y nuevos amigos, y célebres colegas, como Rodolfo Arango; Miguel Carbonell; Gloria Gallego; Gloria Lopera; y Diego López, entre otros. El distinguido Leonardo García estuvo coordinando la organización del seminario, e introduciéndome a varios otros queridos profesores.

El seminario giró en torno a nuestras exposiciones pero el plato fuerte, sin dudas diría, fue la mesa final, que desorganizamos de modo tal de dedicarla a discutir y pelearnos un poco entre nosotros. Y la verdad es que estuvo muy bien. Como veremos, parte importante de las discusiones pusieron sobre la mesa la política cotidiana, y Uribe, y la compra de votos para favorecer la reelección (ayer aprobada por el Congreso), y la presencia de los paramilitares y el narcotráfico en política. Notable, porque estos temas estuvieron presentes de modo protagónico, más velado o más abierto en absolutamente todos los debates en los que participé, en Bogotá, Cali o Medellín. Muy impresionante -aunque no del todo sorpresivo- la presencia, el dolor y la pasión que generan estos temas.

Durante los debates, amablemente, nos cruzamos muchísimo, sobre todo a partir de la presentación de Diego –galán de la tarde y centro de la mayoría de las miradas- en donde don Diego presentó a Uribe como el “guardián de la Constitución” colombiana. Diego insistió en que lo suyo era un acercamiento puramente descriptivo al tema, pretendiendo una lectura “ackermaniana” de la situación: Uribe como Roosevelt, protagonizando y liderando un nuevo “momento constitucional,” y llevando a cabo una “contrarreforma” de la Constitución. Rodolfo afiló su estilete y avanzó raudo contra tal lectura, sosteniendo que la descripción alegada era inescapablemente valorativa. Yo diría lo mismo: podemos discutir sobre si hay o no un nuevo “momento constitucional,” pero todo el desarrollo de Diego en torno a la idea de “guardián de la Constitución” no parecía neutral, y menos cuando –para sostener su postura- D.L. apeló centralmente a los textos de Carl Schmitt. Ay! Ahí sí que la cosa se (le) complicó. De mi parte, hice alguna reflexión sobre el rol del intelectual en sociedades como las nuestras, sugiriendo que –muy en particular en momentos como los que vive Colombia- el académico debía asumir un papel explícitamente crítico frente al poder, sin dejar flancos para malentendidos serios y tan riesgosos, como los que aparecieron en la reunión. En todo caso, el debate estuvo muy encendido y el auditorio, creo, quedó contento, porque ninguno fue complaciente con ninguno de los demás (más bien nos tiramos con todo lo que teníamos a mano!). Me gustó, así que desde acá saludo a los colegas de entonces.

Aquí más abajo, crónica más detallada de las presentaciones, a mano de Leonardo G.J., y algunas fotos de una salida al campo con un grupo de grandes amigos: Mauricio García Villegas (e hija); Julieta Lemaitre; y César Rodríguez –todos ellos lucidísimos intelectuales colombianos, de cuyas obras habremos de hablar más temprano que tarde (vengo leyendo, en particular, el fascinante libro de Julieta “El derecho como conjuro,” que presentamos en Bogotá en la feria del libro, junto con mi libro de Teoría Penal).






La crónica que sigue acá abajo es la de Leonardo G.J. (gracias por todo Leonardo!)

La Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia, celebró sus primeros 10 años de existencia con un importante evento académico, Neoconstitucionalismo, democracia y derechos fundamentales, que tuvo a sus numerosos asistentes más de cinco horas atentos a los planteamientos que se desarrollaban. Participaron el mejicano Miguel Carbonell, los bogotanos Rodolfo Arango y Diego López Medina, el argentino Gargarella y Gloria Gallego, que jugó de local; al final un extraordinario panel entre todos fue moderado por la también local, Gloria Lopera.

Carbonell, con meridiana claridad (analítica y expositiva), presentó una sugestiva defensa del neoconstitucionalismo que se basa en los tres niveles de análisis que se deben considerar al momento de evaluar su novedad, pertinencia y características medulares. Dicha doctrina sí supone una novedad dentro de la teoría y práctica del Estado constitucional de derecho, pero si se entiende como explicación que da cuenta
de una serie compleja de fenómenos: nuevos textos constitucionales que además de robustecer la democracia al alejarla de la mera agregación de preferencias individuales, se caracterizan por incluir derechos y mecanismos para propender por su cumplimiento; prácticas jurisprudenciales que se han transformado de manera apreciable al realizar su tarea bajo parámetros interpretativos nuevos; el tercero son los desarrollos teóricos que además de describir y explicar los contenidos de la nueva fenomenología constitucional que suponen aportaciones que contribuyen también a crear dicha fenomenología.

Arango, con su rigor habitual, se enfrentó a una cuestión compleja como es el rol de las cortes constitucionales en la inclusión social y el igualitarismo de los sectores menos favorecidos en la sociedad. Articuló la relación: democracia social, función judicial y lucha contra la pobreza. Analizó las actitudes que caracterizan el tratamiento de dicha temática en la teoría y la práctica constitucionales y abordó las conceptualizaciones en las teorías sociales, políticas y jurídicas que subyacen a las actuaciones de los jueces. Terminó invitando a examinar el papel de la sociedad civil, de la academia y de los jueces en la lucha contra la pobreza.

Gallego presentó un lúcido texto sobre las formas en las cuales debe entenderse el pluralismo, y los derechos que se le derivan, al interior del estado constitucional. Como valor político reciente, el pluralismo presenta un denso contenido moral. Se refirió a tres tipos de pluralismo: moral, religioso y filosófico, y presentó argumentos tendientes a sustentar las formas idóneas de realizar consensos extendidos pero respetuoso del igualitarismo comunitario. Si bien es difícil vivir en una sociedad que reconoce la diferencia es la mejor forma de evitar la violencia. Disertó el anfitrión de este blog sobre las tendencias del constitucionalismo en América Latina respecto a la desigualdad social: la forma en la cual se piensa el constitucionalismo y sobre el rol del jurista en tal contexto. Presentó un panorama sobre los presupuestos del constitucionalismo respecto al enfoque en los problemas de desigualdad y reflexionó sobre cómo debe pensarse la constitución y el rol de los jueces.

López Medina, finalmente, recapituló las conferencias precedentes para señalar el grado que comparten con la doctrina neoconstitucional. Sostuvo que en Colombia el neoconstitucionalismo ya no es tan neo porque la constitución ya casi cumple 20 años y porque las ideas viajan más rápido de lo que creemos. Si se siguiesen los niveles de análisis propuestos por Carbonell quedaría claro que por el sólo aniversario de una Constitución no se dice nada acerca del neoconstitucionalismo, ya que un tribunal poco garantista y amanuense del poder de turno, y una academia desentendida del fenómeno –por mucho que se tenga un nuevo texto– impedirían la consolidación de la doctrina. Para Carbonell lo relevante es considerar la unión de los tres elementos.












Y acá abajo dos últimas fotos con Leonardo, Rodolfo Arango, Miguel Carbonell