5 Comentarios sobre la Decisión de la Corte Interamericana en Gelman

Habrá que volver con más detenimiento sobre esta decisión. Sin embargo, por ahora, y luego de una lectura, por fin, algo más detenida sobre el fallo, me animaría a señalar algunos problemas del mismo. En todo caso, antes de pasar a escribir sobre la sentencia, y en tren de evitar confusiones innecesarias, van algunos puntos de previo y especial pronunciamiento:

Ante todo, los crímenes perpetrados por las dictaduras que tomaron el poder en los años 70 fueron atroces. Esos crímenes deben ser reprochados y condenados severamente, como lo que son: crímenes aberrantes que ofenden a la humanidad toda.
Razones de igualdad, además, nos llevan a condenar la inaceptable disparidad de criterios con que históricamente se juzgaron dichos crímenes, que en su momento fueron objeto de perdón por parte de Estados que, al mismo tiempo, seguían estableciendo las penas más crueles para faltas menores (cometidas por los mismos miembros de grupos desaventajados que siguen poblando las cárceles de la región).

Dicho esto, quisiera presentar al menos 5 comentarios a lo decidido por la Corte Interamericana en Gelman

1) Superficialmente y -de modo literal- en diez renglones, la Corte despacha los dos plebiscitos que, en Uruguay, dieron respaldo popular a la Ley de Caducidad. Criticar este aspecto del fallo no implica negarse a estudiar críticamente a los plebiscitos del caso; ni asumir que los plebiscitos van a culminar siempre en decisiones "correctas." Los plebiscitos pueden ser criticados pero, para ello...es necesario llevar a cabo esa crítica. El tribunal, en cambio, se contenta con señalar que "la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de la mayoría": se trata de la esfera de lo que no es "susceptible de ser decidido" por parte de las mayorías (la Corte retoma así el aspecto más cuestionable del valioso pensamiento de Luigi Ferrajoli). Para la Corte, "que la Ley de Caducidad haya sido aprobada en un régimen democrático y aún ratificada por la ciudadanía en dos ocasiones no le concede automáticamente ni por sí sola legitimidad ante el Derecho Internacional." Es decir, si se me permite exagerar un poco la imagen, la democracia debe arrodillarse frente al Derecho Internacional, que a su vez es interpretado por una elite de personas a las que ni conocemos. Desde mi punto de vista, lo dicho por la Corte en este aspecto es gravemente equivocado, e implica banalizar la idea de democracia (una constante en el fallo, según veremos).

2) Agravando lo anterior, la Corte afirma que sus objeciones frente a las amistías no se vinculan tanto al "proceso de adopción y a la autoridad que emitió la ley de amnistía", sino a su ratio legis: dejar impunes graves violaciones de derechos. Insiste la Corte: la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana "no deriva de una cuestión formal, como su origen," sino de su aspecto material. Este punto es gravísimo para quienes pensamos a la democracia en términos de deliberación democrática. Desde este último punto de vista, el nuestro, estamos en buenas condiciones de objetar, por caso (y como lo hiciera Carlos Nino, por ejemplo, y luego todo el Congreso argentino), la autoamnisitía dictada por Bignone, antes del fin de la dictadura militar; como de impugnar la muy débilmente democrática autoamnistía dictada por el cuasi-dictador Alberto Fujimori, en Perú (decisión que fuera objetada, por otras -malas- razones, por la Corte Interamericana, en "Barrios Altos"). Para nuestra crítica, lo central es el origen más o menos democrático de las normas cuestionadas. La Corte Interamericana, en cambio, considera ese aspecto una mera formalidad. Tremendo error, que ya se paga, y que se pagará todavía más caro.

3) La Corte se compromete, ligeramente, con la justificación de la pena coercitiva. Para ella, los Estados -luego de este fallo, o de "Barrios Altos"- deben saber que están obligados a "investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos" que examinen. Ahora bien, podemos estar de acuerdo en el reproche y la condena pública a este tipo de crímenes; en la obligación de investigar; en el deber de buscar la verdad; en la necesidad de asegurar que se escuche a las víctimas...pero sancionar? De dónde sale esto? Por qué? Por qué la Corte debe comprometerse con esa visión, si es que una cierta comunidad democrática -pongamos, Uruguay- llegase a la conclusión de no quiere sancionar? Frente a esto, uno podría presentar, con buen tino, argumentos de igualdad, y así explorar la idea de que "no se puede No sancionar, justamente, a los peores crímenes, mientras se sancionan gravemente a las faltas menores cometidas en la comunidad." Muy bien, exploremos el argumento de igualdad. Pero esta asumida, indiscutida, justificación de la pena, avanzada por la Corte Interamericana, porque sí, no es aceptable, de ningún modo.

4) En una típica demostración del modo en que razona e interpreta el derecho, la Corte Interamericana funda ese punto crucial -el deber de los Estados de "sancionar" a los responsables de crímenes graves- diciendo que dicho deber "se desprende de la obligación de garantía consagrada en el artículo 1.1. de la Convención Americana." Transcribo ese artículo y ruego que alguien me ayude a encontrar el apoyo textual para afirmar esa tremenda orden criminalizadora y represiva impuesta a todos los Estados democráticos. Va el texto de la Convención:

"Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social." Leo y releo y sigo sin encontrar ningún apoyo a esa tremenda, gravísima carga sancionatoria. Ésta es la forma en que la Corte interpreta el derecho, y que quiere que respetemos sin dudar. I-na-cep-ta-ble.

5) La Corte no reconoce (ni reflexiona sobre) las limitaciones propias de su legitimidad -algo que cualquier tribunal hace, cuando define, en casos concretos, los alcances y límites posibles de su decisión; y algo sobre lo cual la doctrina reflexiona desde hace más de doscientos años. Por el contrario, la Corte toma como fuente de apoyo crucial, de su decisión en este caso, a sus decisiones anteriores, y a las decisiones de otros tribunales internacionales -sentencias dictadas en cualquier momento, por cualquier tribunal. Los organismos democráticos no aparecen por ningún lado; el proceso democrático es descrito, como vimos, como una mera formalidad; y las decisiones populares plebiscitarias, como también vimos, son descartadas en unas pocas líneas, como básicamente irrelevantes (sobre todo, si es que ellas se contraponen con algunas de las -en absoluto fundadas- interpretaciones del tribunal).

Una breve conclusión: Son incompatibles los derechos humanos con la democracia? No. Se necesitan entre sí. Más específicamente, y, contra lo que dice el fallo -o Ferrajoli- los derechos humanos no se pueden contraponer con la democracia por la simple razón de que ellos deben ser interpretados, y la interpretación no puede quedar en manos de ninguna elite de científicos o expertos. La interpretación no puede ser sino democrática. Muy importante, sin embargo, afirmar también lo otro: No se puede seguir banalizando la idea de democracia, para pensar, como piensan algunos, que una vez que rescatamos la "dignidad" de lo democrático, ya podemos dotar de esa máxima dignidad a cualquier decisión mayoritaria. No. Podemos ranquear las decisiones como más o menos democráticas, de acuerdo a criterios que debemos ser capaces de validar públicamente. Una decisión mayoritaria tomada sin discusión, o con la exclusión real o virtual de parte de la comunidad, no merece la máxima jerarquía democrática, por ejemplo. Complicado, es cierto, pero en todo caso lejos de las banalizaciones a las que estamos acostumbrados.