Mientras el gobierno acuerda con Monsanto y cajonea el proyecto contra desalojo de campesinos, sus aliados siguen matando
(por Darío Aranda)
Otra víctima
campesina-indígena. Otra vez en Santiago del Estero. Y, otra vez, el trasfondo
de un modelo agropecuario que avanza sobre familiares rurales y pueblos
originarios. Miguel Galván, de 40 años, fue asesinado de una puñalada en la
yugular por un “sicario” de un empresario sojero. El crimen sucedió ayer en el
paraje Simbol, en el límite con Salta. “Todo el año denunciamos que esto se
podía repetir y los jueces y el Gobernador miraron para otro lado”, denunció
Deolinda Carrizo, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía
Campesino). Afirmó que el motivo de fondo es “el agronegocios” y exigió al
gobierno nacional “acciones contundentes” para frenar la violencia en el campo.
“La ley de freno a los desalojos campesinos está hace un año durmiendo en el
Congreso. No puede ser que tenga que correr más sangre campesina para que los
políticos se pongan de nuestro lado”, lamentó la dirigente del Mocase-VC.
Miguel Galván integra el
Mocase-VC, es parte del Pueblo Lule-Vilela y trabaja junto a su hermano Rafael
en el mismo territorio donde siempre vivió con su familia. A mediados de este
año comenzaron a recibir amenazas de Paulino Riso, conocido en la zona por ser
fuerza de choque de empresarios agropecuarios que pretenden hacerse de
territorios de campesinos e indígenas.
En un comunicado, el
Mocase-VC explicó ayer que las familias del Simbol “venían siendo hostigadas
por sicarios de la Empresa Agropecuaria Lapaz SA de Rosario al Frontera
(Salta), quien pretende alambrar parte del territorio de las comunidades
indígenas Lule Vilela”. Los Galván no permitieron que la empresa avance
sobre sus parcelas y, el 15 de septiembre, comenzaron el relevamiento
territorial estipulado en la Ley 26160 de Emergencia Territorial (sancionada en
2006, prevé realizar un catastro de todos los territorios indígenas y suspende
los desalojos).
A fines de septiembre se
intensificaron las agresiones y el empresario Facundo León Suárez Figueroa, a
cargo de Lapaz SA, denunció por “usurpación” a los hermanos Galván. El motivo
está explicitado en el expediente judicial: “Lote 4, departamento de Copo, 1622
hectáreas”, zona pretendida para soja y maíz transgénico.
Deolinda Carrizo, del
Mocase-VC, resume el desenlace: “Los compañeros defendían el territorio, se la
hacían difícil al empresario y a sus matones, entonces Riso se llegó a la
siesta, lo encontró solo al Miguel cuando daba agua a los animales, y lo
acuchilló”.
Carrizo denunció que,
hasta la 20 de ayer, el acusado aún no había sido detenido.
Muerte anunciada
“Se podría haber
evitado, va a volver a ocurrir”. Fue el título del comunicado, del 16 de
septiembre, del Mocase-VC. En nueve párrafos, el movimiento campesino recordó
que, previo al asesinato de Cristian Ferreyra , de 23 años (16 de noviembre de
2011) había alertado sobre la violencia en el norte provincial. “Habíamos
denunciado con anterioridad lo que terminó ocurriendo. Se podría haber evitado.
Y denunciamos que hoy, septiembre del 2012, estamos viviendo en el mismo
escenario de muerte y violencia”, advirtió la organización hace tres semanas.
“Brillaba por su
ausencia el gobierno provincial, que no intervino y permitió que las fuerzas
paramilitares de los sojeros se llevaran la vida campesina”, denunció el
Movimiento. Y puntualizó “dos hechos que no terminaron con la muerte de nadie
pero fueron dos ‘Cristian Ferreyra’”. Recuerda que en en diciembre de
2011 balearon en el pecho a Néstor Palacios, campesino que junto a su
comunidad resistió el avance de una empresa agropecuaria de Tucumán.
El otro caso, el 1 de
julio de 2012, en territorio salteño, límite con Santiago del Estero. “El
empresario Saa llevó un grupo armado al mando de José Palavecino para intentar
apoderarse del campo comunitario de diez familias campesino indígenas de los
parajes de Choya, Vinalito, Vinal Macho y Dos naranjos (muy cerca del Simbol).
Luego de una semana de amenazas con armas de fuego, le dispararon a la altura
del pecho al campesino Sixto Ruiz, en otro caso que sólo por suerte no terminó
con la muerte del poblador. A pesar de esto, la policía salteña continúa en el
lugar sin permitir el ingreso de las familias al campo comunitario, prestando
adicionales para el empresario”, precisaba el comunicado de septiembre pasado.
Como una tragedia
anunciada, el Mocase remarcaba: “Hoy, entrando en la recta final del 2012,
volvemos a denunciar lo que está ocurriendo, y vemos con mucho temor que se
vuelva a repetir lo del año pasado (… ) En el Norte de Santiago del Estero y en
el sur de Salta hay olor a pólvora, es nuevamente una zona liberada y caliente.
Zona Roja. Y desde este medio, comprometemos nuevamente a las autoridades
nacionales y provinciales, hagan todo lo que se tenga que hacer, para que
cualquier conflicto vinculado a la tierra tenga resolución civil,
constitucional, y que salvaguarde el derecho de los más olvidados, los más
desprotegidos por las fuerzas de seguridad, pero protegidos por formar parte de
una organización que nuclea mujeres y hombres, sujetos históricos, que no van a
permitir que se avasallen los derechos de los campesinos y de los indígenas.
Campesinos e indígenas que desde siempre y para siempre, amarán y cuidarán la
tierra, su territorio”.
Proyecto cajanoeado
El 19 de abril de 2011,
en Buenos Aires, una decena de organizaciones campesinas hicieron público un
proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. Trabajado durante un año
y producto del consenso, el proyecto solicitaba detener los desalojos durante
cinco años e instaba a, en los tres primeros años, realizar un relevamiento de
posesión y uso de tierras. La fundamentación del proyecto cuestionaba al modelo
extractivo, denunciaba el avance minero y los agronegocios. Los sindicaba como
contrarios a la vida campesina y violatorios de los derechos humanos. Se innovó
al proponer la tierra como un bien social y no como una mercancía. Proponía una
mirada integral de la problemática de tierra, instalaba una política agraria
con los campesinos como actores centrales, con acceso al agua, tierra, créditos
y mensuras.
Fue consensuada y
presentada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Movimiento
Campesino Liberación (MCL), el Foro de la Agricultura Familiar (Fonaf), el
Frente Nacional Campesino (FNC) y la Mesa Provincial de Organizaciones de
Productores Familiares.
Había pasado casi todo
2011 y ningún legislador había ingresado el proyecto en el Congreso Nacional.
El 16 de noviembre
asesinaron a Cristian Ferreyra.
El 18 de noviembre hubo
una masiva marcha en Capital Federal. El Movimiento Nacional Campesino Indígena
(MNCI –donde el Mocase-VC es una de las organizaciones de base) enumeró cuatro
niveles de responsabilidad: el modelo agropecuario, el gobernador Gerardo
Zamora, el Poder Judicial provincial y el Gobierno Nacional.
Una semana después, el
25 de noviembre, el MNCI se movilizó hasta el Congreso Nacional junto al Frente
Transversal, la Cámpora, el Movimiento Evita, la CTA oficialista y Nuevo
Encuentro, entre otras organizaciones kirchneristas. El proyecto de ley de
freno a los desalojos fue ingresado con la firma de los legisladores
kirchneristas Diana Conti, Carlos Heller, Edgardo Depetri, Martín Sabbatela e
Inés Pilatti.
A casi un año de su
ingreso al Congreso, y con el kirchnerismo con mayoría en ambas cámaras, aún no
fue tratado el proyecto para frenar los desalojos campesinos.
“No pueden seguir
esperando que se derrame más sangre. Sabemos que no es la solución de fondo,
pero esa ley no se puede demorar más, es la ‘Ley Cristian Ferreyra” y ahora
también ‘Ley Miguel Galván’. No la pueden demorar más”, reclamó Carrizo, del
Mocase-VC, y anunció que hoy jueves al mediodía el MNCI se movilizará al
Congreso para exigir la aprobación de la ley.
Avances
En marzo de 1996, cuando
el gobierno de Carlos Menem aprobó la soja transgénica con uso de glifosato, la
oleaginosa ocupaba seis millones de hectáreas. Devaluación mediante, en 2003,
ya abarcaba 11 millones de hectáreas. La última campaña, el Ministerio de
Agricultura celebró que llegue a 19,8 millones de hectáreas, el 56 por ciento
de la tierra cultivada de Argentina. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA),
presentado por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, planifica llegar
en 2020 a las 160 millones toneladas de granos (un 60 por ciento más de la
actual cosecha), con un 20 por ciento más de soja.
En sus 180 carillas, el
PEA no menciona en ningún momento a campesinos e indígenas. Apenas tres
carillas hablan de “agricultura familiar”. El sujeto agrario del modelo es el
empresariado rural y las grandes empresas proveedoras de insumos.
El “corrimiento de la
frontera agropecuaria”, eufemismo técnico para graficar la avanzada del
agronegocios sobre regiones extrapampeanas, multiplico los conflictos en el
norte de Santa Fe y Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Salta.
El 15 de junio pasado,
en un almuerzo en la sede del Consejo de las Américas y frente a las mayores
empresas estadounidenses, la Presidenta relató: “Hace unos instantes estuve con
Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz (…)
Y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la
vanguardia en materia de eventos biotecnológicos”.
“Aquí tengo, y esto la
verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de
Monsanto. Una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, en Córdoba, en
materia de maíz con una nueva digamos semilla de carácter transgénico, que se
llama Intacta (…) Yo le comentaba, y la gente de Monsanto no lo sabía, que
tenemos una Patagonia en la cual algún productor argentino tiene producción,
por ejemplo, forrajera y que uno lo puede observar en medio de la estepa
patagónica los círculos que solamente con riego producen forraje de primerísima
calidad. Y tenemos también agua en la Patagonia (…). Esto nos da la idea de que
el elemento vital, agua, nos va a permitir extender la frontera agropecuaria”.
El 27 de julio, el MNCI
difundió un duro comunicado contra el Gobierno Nacional. “Democracias o
corporaciones transnacionales: tiempos de elección”.
“La Bienvenida y entrega
de nuestros bienes naturales a las transnacionales es una gran contradicción
con otros principios enunciados desde el gobierno nacional (…) ¿Cómo explicamos
que los ‘dueños’ de la tierra y las transnacionales estén embolsando fortunas y
en nuestros barrios y comunidades aún nos rodea la pobreza? ¿Cómo debemos
leer estas caricias discursivas a Monsanto, Vale, Barrick? La Mesa de Enlace ve
satisfecha cómo se reconoce su discurso y su modelo. El ‘yuyo’ ya no es
maldito, ahora es bendecido, y los ruralistas van por más”.
El Movimiento Campesino
Indígena sabe que el avance del agronegocios implica un avance sobre sus
territorios, con más desalojos, desmontes, agrotóxicos y represión: “Nuestra
posibilidad de vivir, trabajar y producir se ve amenazada con cada paso que dan
las transnacionales en nuestro territorio, y es por esto que vamos a
combatirlas hasta nuestra última gota de aliento. Se trata de vidas, de
millones de vidas que están en juego”.
Tres semanas después del
comunicado del MNCI, el Gobierno aprobó la nueva soja de Monsanto.
Responsabilidades
El comunicado del
Mocase-VC de ayer a la noche era claro: “El gobernador Gerardo Zamora una vez
más es responsable de la muerte de un campesino indígena, como lo fue
la de Cristian Ferreyra (…) Son conscientes de sus responsabilidades políticas
los funcionarios santiagueños inoperantes y cómplices de estos asesinatos
de los guardianes de la producción campesina indígena. Exigimos juicio y
castigo para los responsables materiales, ideológicos y políticos del
asesinato de Miguel Galván”. En el último párrafo, exigen “aprobación urgente”
de la ley que frena los desalojos de campesinos.
-¿Qué responsabilidad
tiene el modelo agropecuario? (preguntó este periodista)
Deolinda Carrizo,
experimentado cuadro del Mocase-VC y del MNCI, respondió de inmediato: “Estos
asesinatos los provoca el programa estratégico de los agronegocios, las
empresas transnacionales y locales que impulsan la soja, que se vienen con el
último maíz transgénico, con los agrotóxicos, los agrocombustibles y toda la
bosta que venden como un modelo exitoso. ¡Exitoso una mierda. Se lleva la vida
de compañeros del campo!”
-En el comunicado está
bien clara la responsabilidad que le asignan al gobernador Zamora. Hasta hace
una hora, el Gobernador estuvo en un acto en Casa de Gobierno con la
Presidenta. ¿Qué responsabilidad le cabe al gobierno nacional?
“La Deo” –como se la
conoce en el MNCI– se toma un segundo para contestar, pero no le escapa a la
pregunta: “Los gobiernos son circunstanciales y nuestra lucha no empezó ni se
terminará con este Gobierno. Nosotros luchamos por vivir y trabajar en el
campo, para producir alimentos sanos para el pueblo, luchamos por la soberanía
alimentaria. Y está bien clarito qué modelo apoya este Gobierno”.
Una lista que crece
Javier Chocobar,
comunero diaguita de comunidad Chuschagasta (Tucumán). Asesinado el 12 de
octubre de 2009.
Sandra Ely Juárez murió
frente a una topadora de un paro cardiaco el 13 de marzo de 2010, paraje campesino
de San Nicolás (Santiago del Estero). 33 años, dos hijos.
Roberto López, abuelo
qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera, de Formosa). Asesinado
en la represión policial del 23 de noviembre de 2010. La comunidad apuntó al
gobernador Gildo Insfrán, que gobierna la provincia desde 1995, diecisiete años
en el poder.
Mario López, dirigente
del Pueblo Pilagá de colonia Alberdi (Formosa). Murió atropellado por un
oficial de policía el 24 de noviembre de 2010, cuando se dirigía hacia la comunidad
La Primavera para solidarizarse por la represión. Su familia denunció, y aún
sostiene, que no fue un accidente, sino un atentado.
Martíres López,
histórico y activo dirigente qom de la Unión Campesina de Chaco y de la
Corriente Clasista y Combativa. Murió el 14 de junio de 2011, luego de un
dudoso accidente cuando circulaba en moto por la localidad de Pampa del Indio.
La familia, y la organización en la que militaba, iniciaron una causa en la que
denuncian “homicidio”.
Cristian Ferreyra, 23
años, padre de un niño, militante del Movimiento Campesino de Santiago del
Estero, asesinado el 16 de noviembre de 2011 en el paraje San Antonio, norte de
la provincia.
Miguel Galván. 10 de
octubre de 2012.
9 comentarios:
que piensa el presidente de Federación Agraria (Buzzi) de esto?
seguro que piensa mal. ahora, no es su bloque el que tiene mayoria, sino el del fpv que lo traba, porque el de ellos es el pais sojero. el mismo fpv que pacta con monsanto mientras los obsecuentes se quedan calladitos
estonces tienen los mismos intereses Buzzi y el FPV? los 2 son sojeros o entendi mal, igual que Binner. Que pasa es un problema de comunicación?
A esa lista, cabrían agregar los hechos, casi cotidianos, de violencia sobre las comunidades originarias o las poblaciones campesinas como consecuencia del modelo extractivista. En la Provincia del Chaco hemos sido y somos testigos de ello (recordarán los hechos de La Leonesa en el 2010 cuando a más de la represión privada dirigida contra los vecinos que clamaban en contra de las fumigaciones se le sumó la privación de la libertad al Dr. Andrés Carrasco investigador del CONICET)Existen dos libros que narran "las marginalidades del modelo" (como gustan de denominar sectores cercanos al gobierno") o "sus contradicciones" que son el del propio Dario Aranda "ARGENTINA ORIGINARIA" el de Jorge Ruli "PUEBLOS FUMIGADOS", también un tercero muy interesante "ZONAS DE SACRIFICIO" de la gente del Observatorio Petrolero Sur. Todos acabadamente demostrativos de la violencia constitutiva del sistema productivo. Muchos saludos. Pablo
mira, es el fpv el que gobierna, y todo lo que toca es un estropicio: alak en justicia, manzur en salud, berni en seguridad. un milico peor que el otro, un transfuga peor que el otro. y lo peor, venden como nacional popular un arreglo economico que beneficia a los sojeros, a los banqueros y a los bonistas, a costa de los trabajadores y los jubiliados. dejense de jorobar
DEMANDAN AL ESTADO PORTEÑO POR PROTOCOLO ABORTISTA
La Red Federal de Familias de la Ciudad de Buenos Aires interpuso acción de amparo por la Resolución del Ministerio de Salud de la Ciudad que estableció el procedimiento para la atención de los “abortos no punibles”. Solicitó en la misma que se dicte medida cautelar urgente de modo “que se llegue a tiempo para que ningún ser humano sea eliminado por su causa”.
La acción de amparo quedó radicada ayer en el juzgado Nº 3 del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.
Dice la demanda que el procedimiento para practicar los mal llamados “abortos no punibles”, establecido por la Resolución N° 1252/2012 , vulnera abiertamente la garantía constitucional de la inviolabilidad de la vida de todo ser humano “desde el momento de su concepción”.
Aclaran en el escrito que no se modifica lo dicho por la circunstancia de que en la fundamentación de la medida impugnada se invoque la “autoridad” de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En primer término, porque a lo que deben ajustar su conducta los funcionarios públicos (y el ex ministro Lemus lo era) es a la observancia de la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes, que son la ley suprema de la Nación y cuya violación nunca puede ser convalidada con la invocación de ninguna “autoridad”. Y en segundo lugar, porque, como se reconoce expresamente en los considerandos de la Resolución cuestionada, el más que discutible precedente invocado “no tiene alcance general ni puede extenderse a otros casos que no sea el resuelto en los autos correspondientes”.
Dice más adelante la presentación judicial, “no podemos menos que hacer presente que no resulta admisible que el Estado, que en sus distintos niveles, funciones y poderes, debe ser el gestor del Bien Común y que debe servir a todos y cada uno de sus habitantes, elabore, diseñe y ponga en práctica procedimientos ordenados a provocar, aleve, sistemática e intencionadamente, la muerte de una parte sustancial de su población. Tamaña injusticia, jamás podrá ser prohijada, ni convalidada; mucho menos sugerida o “exhortada” por un tribunal de justicia respetuoso del orden constitucional argentino y de la dignidad de todos y cada uno de los seres humanos, y, si ello ocurriera, como se verificó en el precedente invocado en la medida, las autoridades ‘exhortadas’ tienen no sólo la facultad, sino el deber constitucional de desatender semejante llamado a la eliminación sistemática de seres humanos que habitan la Nación Argentina”.
Explica después que el hecho de que los abortos sean un “servicio” a brindar por el Estado, ejecutados por profesionales de la salud, pervierte a la medicina y a la salud pública.
Resalta también que la pretensión de que el aborto se realice “sin necesidad de requerir autorización judicial”, significa lisa y llanamente la privación, para las personas por nacer, del acceso a la justicia para la defensa de su inalienable derecho a la vida.
Se solicita en la demanda el dictado urgente de una medida cautelar porque “la pérdida de cualquiera de esas vidas de seres humanos inocentes que son los niños por nacer que la aplicación de la Resolución impugnada entraña, significa un perjuicio irreparable e irreversible”. Exhortando a “que se llegue a tiempo para que ningún ser humano sea eliminado por su causa”.
Si hay algo por el que va a ser recordado el gobierno de CFK ademas de la corrupcion, la ineficiencia, y el desprecio por el estado de derecho, es por el atropello a las minorias.
Mariana
Estimado Roberto: respecto de lo que mencionas sobre que el peso del "modelo" recae sobre las espaldas de los trabajadores, creo que en los tiempos que vivimos (y obviamente más allá de las propias condiciones del capitalismo y la extracción de plusvalia sobre el trabajo) pesan sobre el pueblo trabajador variadas formas de "sostenimiento economico" de este "sistema" que van: 1) desde las ventajas competitivas fruto de la devaluación; 2) el IVA 3) el impuesto a las ganancias; 4) la inflación. Me parece que ahí existe una base interesante para determinar no solo el aporte de creación de riqueza y su expoliación, sino también los mecanismos con los cuales se terminan financiando buena parte de los programas de sosten del gobierno. Me olvidaba de lo del ANSES, pudiendo restituir los aportes patronales -suprimidos por Cavallo- y de esa forma disminuir el peso sobre el salario. Que interesante sería tener a mano cifras para visualizar cuanto de las condiciones de posibilidad de generación del modelo extractivista se generan como consecuencia del esquema salarial y tributario vigente. saludos pablo
realmente no se que pensar, ni q decir .. a nadie le importa nada?, los dejan hacer cualquier cosa, ya asesinaron un monton de personas y nadie dice nada.. y los intelectaules de carta abierta ? realmente me dan asco
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