No reprimir en Gualeguaychú (con pequeña adenda)

El punto de partida es obvio: da pena y vergüenza ajena la decisión del gobierno, de denunciar civil y penalmente a los asambleístas de Gualeguaychú, a los que poco atrás (cuando hacían exactamente lo que hacen hoy) N. Kirchner había elogiado y defendido en público, sosteniendo que su causa era “causa nacional.” Su nueva actitud, luego de un fallo judicial que había reclamado e instado, recientemente, y que pide el desalojo del puente, puede ser evaluada desde la óptica del doble discurso, o la mentira, la cobardía, la contradicción, la inconsecuencia, la traición, o la superficialidad. Todos estas adjetivaciones -todas pertinentes al mismo tiempo- deben ser vistas menos como descalificaciones que como descriptivas de la situación imperante.

Sin embargo me interesaba aquí comentar brevemente otro punto, relacionado con la actitud de “no reprimir” que el gobierno reivindica, en este caso como en otros vinculados con la protesta social, y que sus seguidores aplauden con fervor, insólitamente. Al respecto, y ante todo: ojalá nunca tengamos que agradecerle a nadie porque no nos pegue ni nos torture (sobre todo a la luz de los próximos puntos), y espero que no nos coloquen en la situación misérrima en que ello deba suceder. El gobierno no debe reprimir porque le está prohibido, porque vivimos en democracia, y no porque nos hace un favor.

En segundo lugar, la Constitución argentina, para este caso como para tantos otros, coloca del lado del gobierno exigencias incondicionales, que se relacionan con la garantía y afirmación de derechos fundamentales. El gobierno tiene la obligación de garantizar derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales (i.e., garantías de educación y salud; cuidado del medio ambiente; etc.), sin pedir nada a cambio: es su deber absoluto, y si no los asegura está en gravísima falta (por supuesto, este gobierno como el anterior, o el de la Ciudad, o el de cualquier provincia).

En tercer lugar, el estado de cosas en el que vivimos nunca es neutral, sino que está por completo sesgado, a favor de algunos y en contra de otros, a partir de muchas decisiones colectivas, normalmente mediadas por la autorización, el consentimiento, la venia o el impulso del gobierno: el gobierno interviene siempre, aunque no lo diga, cuando extiende licencias; cuando otorga o deniega permisos; cuando firma contratos; cuando llama a licitaciones; cuando las asigna; cuando cobra o deja de cobrar impuestos; etc. Todo lo que ocurre o deja de ocurrir es, de modo relevante, responsabilidad de las autoridades públicas.

La política de “no reprimir”-“no intervenir” del gobierno, en un contexto como el de Gualeguaychú (o cualquier otro), en donde hay violaciones gravísimas y sistemáticas de derechos constitucionales que el gobierno tiene la obligación de garantizar, debe leerse simplemente como lo que es: UNA TOMA DE PARTIDO A FAVOR DE UN ESTADO DE COSAS QUE OFENDE DERECHOS DE LOCALES Y EXTRANJEROS, DE UN MODO GRAVE Y MASIVO.

Que nos quieran presentar la política de “no represión” como un mérito es una tremenda falta de respeto, sobre todo cuando la no intervención del gobierno no es de ningún modo neutral: el gobierno se ha venido jugando, en los hechos, por una situación que preserva aquellas graves violaciones. Su no-política es, entonces, la peor política (lo cual, insisto, se aplica claramente a este caso como a otros relacionados con los que están peor). Su deber es el de actuar, el de hacer política de otro modo, el de sentar a los actores relevantes y hablar, el de ponerse los pantalones y asumir sus deberes en materia de cumplimiento de derechos, el de tomar las riendas de la política internacional, el de hacerse responsable de una política hoy dominante que ofende a Uruguay tanto como a los habitantes de Gualeguaychú. El gobierno quiere seguir escondido, haciendo que no actúa. Hoy, para ello, se oculta detrás de decisiones judiciales -por supuesto mientras denuncia, de modo absolutamente inverosímil, caricaturesco, la judialización de la política.

Adenda: Y merece destacarse, además, el gravísimo hecho que implica el discurso oficial en la materia, que hoy pasa a darle alimento a todos los que vienen reclamando la represión de la protesta social. Hoy el gobierno le atribuye al corte todo lo malo que paso en la región en el último quinquenio, incluyendo un homicidio doloso! Hoy mismo, el inimputable Ministro del Interior, sostuvo que la protesta es un capricho, y pidiendo la detenciòn de sus principales dirigentes, dando muestra de cómo es que aquí se piensan los derechos, y la protesta. Otra vez, más pasto para las fieras que piden mano dura para los que protestan, y los identifican con vagos caprichosos. Ya se nota, aqui mismo en los comentarios, el impacto de esas declaraciones: gente que nunca hubiera dudado en argumentar a favor de los que viendo sus derechos violados protestan, ya empiezan a decir "algo habrán hecho," "la protesta perdió sentido." Esto es lo peor: cómo el oportunismo oficial se derrama en su séquito seguidista, que sin problemas empieza, también, a torcer su discurso hasta acomodarlo con la retórica oficial. Una pena, de consecuencias trágicas.