Impunidad: fin de partida

 

https://www.clarin.com/opinion/impunidad-hija-desigualdad_0_lLWP1Kf-c.html

En América Latina, la desigualdad se expresa de muchas maneras diferentes: en el área económica, principalmente, a través de la marginación social de millones de personas; y en el ámbito de la Justicia con su contracara, esto es, a través de la impunidad que logran para sí los poderosos.

Quiero decir -y es en esto en lo que me interesa centrarme: la extraordinaria impunidad del poder que hoy nos insulta, en la Argentina, es hija directa de la desigualdad que corroe las entrañas de nuestro sistema institucional.

De allí la ansiedad, propia de quienes defienden esa impunidad, o se benefician de ella, por gritar lo contrario: los persiguen a ellos, no por los delitos que han cometido, sino por su “abnegado trabajo” en beneficio de los más pobres (como explicara exaltada ante los tribunales, recientemente, la ex presidenta).

Por supuesto, y como es habitual, la historia se mueve en dirección opuesta a la que ellos, de modo altanero y con su dedo índice en alto, nos señalan: la impunidad que consiguieron para sí los privilegiados de la Argentina -la impunidad que nos avergüenza a todos los que estamos vinculados con el Derecho – resulta de la posición de privilegio extraordinario que forjaron para sí, frente a la masa de postergados y humillados que ellos mismos fueron marginando hacia el costado del camino.

La construcción de la impunidad viene de lejos: desde nuestro mismo origen como Nación independiente y desigual.

En términos institucionales, la obra comenzó con la opción por un sistema representativo que permite que los funcionarios elegidos se “independicen” (en lugar de quedar “dependientes”) de sus electores.

Siguió con la adopción de un sistema de controles al poder centrado en los mecanismos “internos” (vetos ejecutivos, control de constitucionalidad, juicio político) y no en los controles “externos” (de los que sólo se mantuvo el voto periódico).

Se continuó con la eliminación de todas las herramientas existentes o imaginadas de responsabilización “popular” (por ejemplo, instrucciones obligatorias, rotaciones, revocatorias de mandatos); exigió el gradual debilitamiento de los mecanismos para la intervención directa de la ciudadanía (asambleas ciudadanas); y culminó con la concentración de poderes en la rama ejecutiva (claramente, cuanto más se verticaliza la toma de decisiones, menos posibilidades tiene “el pueblo mismo” para decidir por sí sobre sus asuntos y sobre cómo fiscalizar a sus autoridades).

La consolidación de esta estructura de impunidad deja a la clase dirigente, en su conjunto, en posición privilegiada para privatizar los beneficios comunes y, a la vez, pactar los modos de la protección mutua. Es decir, nuestros principales dirigentes no son los principales perjudicados del sistema institucional, sino quienes construyen y usan en beneficio propio los privilegios vigentes.

En términos políticos, la maquinaria de la impunidad es puesta en marcha, a su modo, por cada gobierno cuando inaugura su mandato. Aquí, los mecanismos son los que escoge cada administración, aunque se multiplican y acumulan con cada gobierno nuevo.

Para ilustrar lo dicho: el gobierno de Menem se especializó en “jueces de servilleta” y -como remedio para cuando la “servilleta” no funcionaba- con ascensos o premios que permitían quitar de en medio a los jueces molestos. Néstor Kirchner era fanático de otro método: desde un comienzo mostró preferencia por los “aprietes” de jueces y fiscales a través de los servicios de inteligencia.

Por su lado, Macri mostró predilección por el espionaje y las escuchas telefónicas. Ninguno de los viejos métodos, sin embargo, se perdió en el camino: una vez inaugurados, cada uno de esos modos de la presión a favor de los propios siguió activo, acumulándose así, sobre los ya existentes.

Lo dicho hasta aquí ayuda a reconocer los grotescos excesos del discurso oficial. Ante todo: nuestros principales dirigentes no tienen derecho a considerarse políticamente vulnerables, cuando hablamos de una estructura institucional que ellos han diseñado conforme a sus necesidades, y respecto de la cual se sitúan ocupando la posición dominante.

Tal dirigencia no sólo no está sometida a la maquinaria de controles, sino que es quien está en mejores condiciones de someter y direccionar a esa maquinaria.

La historieta del “lawfare” tampoco consigue asidero. El partido o coalición que llega al gobierno (en este caso, el Frente de Todos) no merece ser considerado víctima sino, en todo caso, verdugo del sistema de justicia -es quien toma las riendas y quien tiene poder de azote principal frente a los funcionarios judiciales (por ejemplo, a través del control del Consejo de la Magistratura y los mecanismos del juicio político).

La clase política tampoco tiene derecho a afirmar casi nada de lo que más grita -por ejemplo: “nos persiguen porque quisimos defender a los pobres”.

De modo habitual, se trata de lo opuesto a lo predicado: el cuerpo político se ha mostrado capaz de eludir toda responsabilidad jurídica -una vez, y otra, y otra, y otra- gracias a los privilegios que a costa de los más desamparados (los desamparados del sistema de justicia, es decir, los que pueblan de modo homogéneo las cárceles) se arroga.

En definitiva, y aunque duela en el alma admitirlo, los poderosos parecen haber ganado la partida: son impunes, y no hay razones para pensar que no lo serán, por el tiempo que nos resta. Si no es molestia, si no es mucho pedir: que no nos pidan que nos sumemos a sus festejos.

Chile: Diseñando la Sala de Máquinas/ Proceso constituyente

 Para la Revista Política de la U. de Chile

"Constitución y derechos. Diseñando la Sala de Máquinas"

https://revistapolitica.uchile.cl/index.php/RP/article/view/64154/67678

El castigo, esa bestia (de EK)

 

Basta de mano dura, basta de Kicillof

La política de Kicillof en materia de seguridad debió ser denunciada desde el primer minuto, cuando designó a Berni como su Ministro en el área. Su política difiere de la de Bullrich sólo en las formas y la soberbia. Sin embargo, desde el instante inicial se la encubrió, asumiéndose (cínica o ingenuamente) que colocaba al vergonzoso Berni como Ministro de Seguridad sólo para disimular una política de derechos humanos sustantiva. Ya está claro lo que desde el comienzo era claro: su política en el área (una de las más importantes en la Provincia de Buenos Aires) es una política de violencia bruta, antes que de derechos humanos, y no hay retórica en esto. Y las actuales respuestas de Berni, desde ayer, frente al caso de Chano (defender a la policía, sin pruebas; imputar a la víctima, sin pruebas; redoblar la apuesta con el reclamo por pistolas Taser) no dejan margen para el silencio (Berni sobre el tema, acá). Que, por favor, nadie nunca más (me) defienda al gobernador como opción de avanzada frente a nada. Políticamente es un autoritario, que desconoce desde siempre al derecho (como suele ocurrirle a los economistas: no le interesa, o le causa gracia), que descuida o miente las estadísticas (como lo hizo cuando era Ministro de Economía), que se guía por fantasías auto-generadas (pasó a la historia su temprano decreto hablando de "lawfare") y trata a la cuestión de seguridad con la variable del orden y la disciplina social, y no la justicia (recordar caso Guernica). Por los derechos humanos: basta de mano dura, basta de Kicillof.

(para quienes, desde la mala fe, sugieran que denunciamos esto, pero no a Macri-Bullrich por el caso Chocobar, van varios links -algunos en medios entonces oficialistas- que ratifican multiplicadamente lo contrario: 

https://pablorossi.cienradios.com/ni-delincuentes-ni-policias-exceden/

https://www.facebook.com/radiomitre/posts/2109620712411366

https://ar.radiocut.fm/audiocut/entrevista-a-roberto-gargarella-sobre-caso-chocobar/

https://revistacrisis.com.ar/notas/gobernar-es-gatillar

https://www.utdt.edu/ver_nota_prensa.php?id_nota_prensa=15238&id_item_menu=6 )

Sobre el principio de no-intervención, democracia y derechos

 Publicado en LN, acá https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-diferencia-entre-no-intervencion-y-lavarse-las-manos-nid19072021/

El principio de no-intervención, repetido irresponsablemente por autoridades nacionales e internacionales, merece ser dejado de lado, de una vez por todas, al menos tal como se lo entiende hoy, es decir, en tanto caprichoso modo de pensar las relaciones entre países marcados por la desigualdad y la injusticia. La razón fundamental de este reclamo debiera ser obvia. En el marco de injusticias y desigualdades en el que nos movemos, los derechos humanos (como todos los derechos) pueden resultar violados tanto por acción (promover el encarcelamiento sin proceso de opositores, torturarlos, etc.), como por omisión (permitir que otros sean secuestrados y torturados, pudiendo evitarlo). En contextos de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, el “dejar hacer” –el “lavarse las manos”, finalmente– de aquellos que están en condiciones de impedir o minimizar la violación de derechos, los torna cómplices, antes que neutrales, frente a las violaciones cometidas. Cuando se proclama –como lo hicieran nuestro presidente o su canciller– “no sé lo que está pasando allá afuera”; “es problema de ellos”; “no nos corresponde involucrarnos”, no asumimos un papel respetuoso –“neutral”– frente a los iguales derechos de los ciudadanos de otras naciones, sino que pasamos a ser corresponsables de la miseria y las opresiones que ellos padecen. Curiosísimo, además, que esa súbita proclamación de neutralidad internacional se repita en un gobierno cuyo elenco se ha apresurado siempre, innecesaria e indebidamente, a descalificar la idea misma de “neutralidad” (“la neutralidad no existe,” “no somos neutrales”, “tenemos que tomar partido”).

Filosóficamente, la cuestión es bastante clara. Por eso mismo, en la Argentina, autores como Carlos Nino proponían distinguir entre posiciones conservadoras e igualitarias, directamente, a partir del modo en que tales posturas se plantaban frente a la cuestión de las acciones y las omisiones. Para los conservadores –decía Nino– los derechos sólo se violan a través de “acciones”: por eso es que los conservadores favorecen un “Estado mínimo” –un “Estado” que no garantiza “derechos positivos”, sino sólo “derechos negativos” (“que no nos maten,” “que no nos roben”, etc.)–. Para el igualitarismo, en cambio, los derechos pueden violarse no sólo a través de “acciones” (la tortura, el robo), sino también a través de “omisiones”. Por lo tanto –concluía Nino– un Estado comprometido con la igualdad debía trascender el “Estado mínimo” y la idea de “dejar hacer, dejar pasar”. De allí que el Estado igualitario pretenda impedir las violaciones de derechos que puedan producirse tanto por acciones como por omisiones (no proveer a los demás de lo que necesiten para vivir una vida decente). En este sentido, el Estado igualitario es un Estado fundamentalmente “no neutral” (Nino, valga aclararlo, llegaba a estas conclusiones siguiendo a Kant, y el principio de tomar a los demás como “fines en sí mismos”).

En el ámbito de las Relaciones Internacionales, el principio de “no-intervención” (que implica la “no interferencia” en los asuntos internos de los demás países, porque “se trata de asuntos que no son nuestros”) también refleja una concepción, más que vieja, perimida y cómoda. Finalmente, ninguna sorpresa: pura expresión de una clase dirigente poco estudiosa y envejecida (más allá de su edad), que sigue creyendo que la ciudadanía piensa, se emociona y motiva por las mismas imágenes y doctrinas que los movían a ellos, o a sus referentes, medio siglo atrás. En lo que nos interesa aquí, la antigua Doctrina Monroe (“América para los americanos”), no representaba, pese a las apariencias, un principio de no intervención, sino más bien lo contrario. Se trataba de una proclama dirigida contra el intervencionismo colonialista de los europeos, en América, que venía a decirle a la dirigencia de Europa que, si Europa se aventuraba en el continente americano, EEUU iba a intervenir para impedirlo (peor todavía, el principio dio base y justificación a una briosa etapa de intervencionismo norteamericano en América Latina).

Otras concepciones también consideradas como paradigmáticas en la defensa del principio de no-intervención, como la Doctrina Calvo o la Doctrina Drago, tampoco pueden ser entendidas como afirmando el principio del “no involucrarse” o, mucho menos, el de “lavarse las manos”, con el que torpemente, parte de la dirigencia nacional, identifica a la idea de “no intervención”. Se trataba de doctrinas que pretendieron terciar en la discusión sobre cómo resolver problemas fundamentales y acuciantes de su época. La Doctrina Calvo (elaborada por el diplomático argentino Carlos Calvo), tanto como la Doctrina Drago (también enunciada por un argentino, Luis María Drago, en 1902, frente a los incumplimientos norteamericanos en torno a la propia Doctrina Monroe), nacieron como reflexiones en torno al no pago de deudas, por parte de los americanos, en casos que involucraban a potencias extranjeras. La primera sostuvo que los inversores extranjeros debían primero agotar sus reclamos en los foros locales, frente al no-pago de los americanos, en lugar de recurrir a presiones diplomáticas o –mucho menos– intervenciones armadas. La Doctrina Drago fue enunciada frente a preocupaciones similares (en este caso, frente al bloqueo naval que varias potencias europeas habían impuesto a Venezuela, ante el incumplimiento del pago de los servicios de deuda). Más restringida que la anterior, la nueva doctrina vino a decir que la deuda pública no podía dar lugar a la intervención armada, ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea. Subrayo: nada más lejos que la tontera de “no pregunto, no sé, no me meto” con que hoy algunos dirigentes encumbrados identifican a tales doctrinas.

Doctrinas como las citadas están lejos de agotar la discusión teórica y política sobre la materia, pero son las que –aplastadas hasta su insignificancia– aparecen como referencia habitual de nuestra embrutecida dirigencia, para justificar lo que ellos mismos saben injustificable. Para tal dirigencia, entonces, agrego dos de entre las muchas aclaraciones que podrían hacerse, antes de concluir este escrito. Ante todo, un punto sobre los derechos: el rechazo a la noción dominante de “no intervención” no significa “entonces intervengamos bélicamente” ni “que decida EEUU.” Significa que debemos comprometernos en la defensa de los derechos humanos que hoy se violentan, aquí o allá. Significa rechazar la idea boba de neutralidad, que hoy tantos enuncian, y tomar partido. ¿Cómo? De distintos modos: primero, condenando en voz alta y clara las violaciones de derechos, ocurran donde ocurran (sin “borrarse”); y luego, colaborando con las poblaciones oprimidas, y dejando de colaborar (por acción u omisión) con los gobiernos que las oprimen. Finalmente, mencionaría un punto sobre la democracia. Resulta, más que absurdo, irrespetuoso, invocar el “principio de autodeterminación”, frente a poblaciones muertas de miedo por gobiernos que las reprimen y encierran; o alegar el principio de la “soberanía del pueblo”, cuando nos referimos a regímenes que criminalizan la protesta y bloquean toda expresión crítica. Tales pueblos no pueden “autodeterminarse” ni decidir “soberanamente” en la medida en que sus gobiernos les impiden salir a la calle a reclamar a viva voz por los derechos que tienen, que no se les reconocen, y por los que viven luchando. Por todo eso, es nuestro deber –moral, jurídico, humanitario– comprometernos con una vida democrática y respetuosa de los derechos, aquí y ahora, pero también mañana y más allá de nuestras fronteras.

La extorsión democrática

Basta con mirar los recientes procesos electorales en la región: Perú, México, Bolivia, Chile, Ecuador. O pensar en los que vienen: Brasil, Colombia o nuestro país. De modo más o menos dramático, de forma más o menos acentuada, todos esos procesos nos llaman la atención sobre lo mismo, esto es, la “fatiga” de nuestras democracias, la exagerada degradación que las afecta. Decir esto, por supuesto, no supone plantear un elogio a las formas no-democráticas, que siguen siendo “peores”. Pero la resignación frente al “menos malo” de los sistemas políticos no se justifica, y sirve a quienes sacan provecho de sus innecesarias fallas. La democracia puede y debe ser distinta de lo que han hecho de ella.

Veamos algunos de los principales “problemas democráticos” que vacían de sentido a nuestras instituciones. Podemos comenzar por el problema de la “puerta de entrada,” esto es, el hecho de que, como ciudadanos, se nos permita elegir y votar entre distintas opciones, pero luego se nos deje allí -en la “puerta de entrada” del sistema democrático- y a la merced de lo que los funcionarios públicos dispongan. Como si la democracia se agotara fundamentalmente en el comicio; como si la democracia no fuera, esencialmente, aquello que sucede entre elección y elección. Esta estrechísima versión de la democracia (una versión menos que minimalista, defendida en la Argentina, de modo explícito, por la ex Presidenta, entre otros) nos ofrece un temprano ejemplo de lo que es inaceptable e innecesario: no hay ninguna razón para reducir la democracia, simplemente, a aquello que los gobernantes deciden hacer con nuestras vidas, una vez que ellos han tomado el control de sus puestos. Este modo limitado de pensar a la democracia resulta, en parte, el producto de un sistema que ha ido degradándose con el paso del tiempo, pero es resultado, sobre todo, de una opción así pensada ya en sus inicios: así se concebía, hace más de dos siglos, la representación política. En efecto, la representación política fue concebida (en términos de Bernard Manin) como “distinción” o “independencia”, antes que como “vínculo” entre ciudadanos y funcionarios electos. Era tanta la “desconfianza” en el pueblo, y tanto el temor de que los representantes quedasen “sometidos” a las presiones de sus electores, que se optó por un esquema de “separación”, destinado a dotar a los “elegidos” de los mayores “márgenes de maniobra” posible. Importaba, ante todo, “independizar” a quienes habían ganado: dejarles libertad de acción, “manos libres”.

No se trata, por supuesto, de un problema anclado en, y propio del siglo xviii. La “separación” inicial (entre electores y funcionarios) ha generado condiciones para una “separación” cada vez mayor. El poder judicial auto-expandió su poder (i.e., arrogándose facultades que no tenía inicialmente, como la de invalidar las leyes), y lo mismo hicieron las ramas políticas -en particular un Poder Ejecutivo que fue ganando poderes formales e informales, hasta convertirse en “híper-presidente” (i.e., vía el manejo discrecional de fondos reservados y servicios de inteligencia –“la “bolsa y la “espada” en versión moderna). La fiebre regional de “gobernar por decreto” o a través de “facultades delegadas” es sólo la expresión más reciente de dicha visión elitista, que parte del desprecio de la voluntad popular, y prefiere apoyarse en la “voz” de las elites de “expertos” (hoy, la voz de epidemiólogos aliados, antes que la de los “más afectados”).

Un segundo problema al que debemos prestar atención tiene que ver con la falta de controles ciudadanos sobre el poder. Esta dificultad nos remite, también, a un problema “creado” o “buscado” antes que derivado de la disfortuna o de males de época (“una era de funcionarios corruptos”). Otra vez, nos encontramos aquí con la “preferencia” que nuestros antecesores mostraron por los “controles endógenos” o “internos”, antes que por los “controles populares” o “externos”. Los controles “internos” son los que conocemos: controles de una rama del poder frente a las otras (como el “veto” Ejecutivo; el impeachment legislativo; la invalidación judicial de las leyes; etc.). Ellos nos refieren al famoso sistema de “frenos o contrapesos” o checks and balances. Por cuestiones de espacio, no impugnaré aquí la naturaleza y los modos de esos mecanismos de control “internos”, sino que me limitaré a subrayar una preocupación sobre ellos, en términos de degradación democrática. En efecto, si se eligió privilegiar a los controles “entre las ramas del poder”, por sobre los que proviniesen de la propia ciudadanía ello se debió, otra vez, a la “desconfianza” en la ciudadanía., y la asunción de que ella no estaba preparada para autogobernarse. Se trataba de un razonamiento muy propio del “momento elitista” del constitucionalismo, pero completamente injustificado e inaceptable en nuestro tiempo. Aparece, entonces la tentación que gana a los poderosos, de utilizar las propias ventajas para fortalecer la “distancia” con el electorado, y salvaguardar los privilegios propios. No es extraño, entonces, que nos encontremos con leyes y proyectos como los que han abundado en la Argentina, desde hace años, y aún en tiempos de pandemia (“democratización de la justicia”; “control sobre los fiscales”; politización del “ministerio público”; postergación de las elecciones; auto-incrementos salariales como el que acaba de darse el legislativo; etc.). Priman las propias ventajas y la mutua protección al interior de la “clase”: privilegios e impunidad, en definitiva. Nada que sorprenda.

Mencionaría, finalmente, y de modo especial, la forma en que este esquema de elecciones y controles vino a reemplazar y dificultar la “conversación entre iguales”. El sistema de “frenos y contrapesos” sirvió, en su mejor versión, para “canalizar la guerra civil”, pero se muestra cada vez más inhábil e indispuesto a favorecer el “diálogo entre iguales”. Otra vez, ninguna novedad: bueno para evitar la guerra, malo para promover el diálogo. Dadas las herramientas escogidas, quedamos institucionalmente mudos, privados de palabra. Nuestro único medio de expresión política es el voto periódico, que hoy se asemeja mucho al acto de arrojar una piedra contra el muro: sirve para hacer ruido, pero no para comunicar lo que pensamos; no para definir matices; no para precisar y aclarar por qué queremos esto, pero no esto otro. Podemos llamarlo “extorsión democrática”. Y es que, habitualmente, para votar por lo que preferimos, se nos obliga a respaldar aquello que repudiamos. Preguntémosles a nuestros colegas peruanos, en estos días, si saben de qué se trata la “extorsión democrática”. Para evitar que gane x, deben votar por z, a quien por muchas razones repudian, y sin poder marcar un solo matiz, sin poder hacer la mínima precisión (“lo voté, pero de ningún modo me olvido de tal cosa o apoyo tal otra”): Es “todo o nada”, y sin posibilidad de aclaración alguna. Millones de argentinos padecieron lo mismo en las últimas elecciones, y volverán a padecerlo en las próximas: en pos de un cambio económico votaron (millones de ellos) por políticos que sabían corruptos, sin la posibilidad de marcar el menor matiz (“cambien el rumbo económico, pero por favor no repitan lo hecho”). “Todo o nada” fue, y “todo o nada” será, con las consecuencias previsibles: quien gane podrá leer, otra vez, la victoria como se le ocurra (“me absolvió la historia”), mientras que los votantes serán acusados aún por lo que repudian, pero se les impide aclarar. El poder los acusará, luego, con suficiencia y autoindulgencia: “total, a los argentinos les gusta votar corruptos”; “pasa que millones de brasileños apoyan el racismo presidencial”. Se trata de la peor versión de la extorsión democrática: impedidos de hablar; obligados a votar sin posibilidad de hacer distinciones; y acusados luego por aquello que se nos impide aclarar. De esa trampa viven, y en ese encierro nos dejan. Lo sabemos nosotros: la democracia es, sobre todo, aquello que nos impiden que hagamos: participar, discutirles, disputarles, exigirles, reclamarles y removerlos. Y lo saben ellos: el tiempo, este tiempo que usufructúan, se les está agotando, y bienvenido sea.

patria y vida!

 

Y eres tú mi canto de sirena

Porque con tu voz se van mis penas

Y este sentimiento ya está añejo

Tú me dueles tanto aunque estés lejos

Hoy yo te invito a caminar por mis solares

Pa' demostrarte de que sirven tus ideales

Somos humanos aunque no pensemos iguales

No nos tratemos ni dañemos como animales

Esta es mi forma de decírtelo

Llora mi pueblo y siento yo su voz

Tu cinco nueve yo, doble dos

Sesenta años trancado el dominó

Bombo y platillo a los quinientos de la Habana

Mientras en casa en las cazuelas ya no tienen jama

¿Qué celebramos si la gente anda deprisa?

Cambiando al Che Guevara y a Martí por la divisa

Todo ha cambiado ya no es lo mismo

Entre tú y yo hay un abismo

Publicidad de un paraíso en Varadero

Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron

tu cinco nueve, yo, doble dos

(Ya se acabó) sesenta años trancado el dominó, mira

(Se acabó) tu cinco nueve, yo, doble dos

(Ya se acabó) sesenta años trancando el dominó

Somos artistas, somos sensibilidad

La historia verdadera, no la mal contada

Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada

A punta de pistola y de palabras que aún son nada

No más mentiras

Mi pueblo pide libertad, no más doctrinas

Ya no gritemos patria o muerte sino patria y vida

Y empezar a construir lo que soñamos

Lo que destruyeron con sus manos

Que no siga corriendo la sangre

Por querer pensar diferente

¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes?

Si mi Cuba es de toda mi gente

ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio

(Ya se acabó) ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo

(Se acabó) y no tenemos miedo, se acabó el engaño

(Ya se acabó) son sesenta y dos haciendo daño

Allí vivimos con la incertidumbre del pasado, plantado

Quince amigos puestos, listos pa' morirnos

Izamos la bandera todavía la represión del régimen al día

Anamel y Ramón firme con su poesía

Omara Ruiz Urquiola dándonos aliento, de vida

Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo

Y el mundo 'tá consciente

De que el movimiento San Isidro continua, puesto

Seguimos en las mismas, la seguridad metiendo prisma

Esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma

Ya sa' tu revolución maligna, soy Funky style, aquí tienes mi firma

Ya ustedes están sobrando, ya no le queda nada, ya se van bajando

El pueblo se cansó de estar aguantando

Un nuevo amanecer estamos esperando

Se acabó, tu cinco nueve, yo, doble dos

Ya se acabó, sesenta años trancado el dominó, mira

Se acabó, tu cinco nueve, yo, doble dos

Ya se acabó, sesenta año trancando el dominó

Patria y vida

Patria y vida

Patria y vida

Sesenta años trancado el dominó