Excelente documento de Plataforma 2012 sobre el proyecto de Ley de Hidrocarburos, a punto de aprobarse: una de las máximas expresiones de la corrupción estructural k (la norma lo explica casi todo sobre este período)
PRONUNCIAMIENTO
DE PLATAFORMA 2012
LLAMADO
A LA SOCIEDAD Y A LA REFLEXION A LOS/LAS LEGISLADORES/AS ARGENTINO/AS:
FRENTE
A LA INMINENTE APROBACION DE LA LEY DE HIDROCARBUROS Y ENTREGA DEL PATRIMONIO
NACIONAL
27 de Octubre de
2014
Como ha sido
ampliamente publicitado, Argentina es uno de los países que cuenta con mayor
potencial de gas y crudo de esquistos junto a EEUU y China. Desde
la sanción de la denominada ley de Soberanía Hidrocarburífera, en mayo de 2012,
con la cual el Estado tomó el control del 51% de las acciones de YPF, el
gobierno publicitaba que su objetivo era el autoabastecimiento que se obtendría, entre otras medidas, con la
explotación masiva de yacimientos no convencionales.
En mayo de 2012, desde Plataforma 2012 elaboramos un primer documento
crítico sobre el tema. Entre otras cuestiones, allí sostenemos que esa ley no proponía cambio alguno del
marco regulatorio ni avanzaba hacia la nacionalización de los hidrocarburos;
que no se trataba de una verdadera estatización de la empresa y
que, de este modo, no se resolvían las cuestiones centrales de la crisis
energética de una matriz productiva basada en hidrocarburos. Con esa
ley el problema energético continúa reduciéndose al abastecimiento de
hidrocarburos al tiempo que siguen desestimándose otras posibilidades con respecto
a las energías limpias y renovables como así también dentro del limitado
universo de los combustibles fósiles.
También
señalamos
que en esa ley no existía ninguna disposición sobre los pasivos
ambientales producidos por el accionar de Repsol y sus socios. Y que si estos pasivos ambientales
sólo eran usados para reducir el precio a pagar por la expropiación de las
acciones de la multinacional, los daños terminarían siendo trasladados
colectivamente a la sociedad. Asimismo, cuestionamos que el gobierno
apostara a la vía de la explotación de los hidrocarburos no convencionales, a
través de la fractura hidráulica o fracking, en tanto se trata de una metodología
muy controversial por sus impactos
ambientales, socio-sanitarios y territoriales.
Insistiendo con nuestra preocupación en estos temas, en julio de 2013
nos pronunciamos críticamente sobre el bochornoso convenio entre YPF y Chevron,
denunciando la falta de conocimiento público de sus contenidos y el preocupante
escenario creado para la
destrucción del ambiente y el sacrificio de nuestros territorios a partir de lo
poco que trascendió del mismo. Realizamos
incluso un llamamiento a los legisladores neuquinos del oficialismo nacional y
provincial, quienes el 31 de agosto del pasado año –en un escenario de
represión y sin conocer la totalidad de las cláusulas-, aprobaron el convenio
firmado entre YPF y Chevron.
Dos años después
de que el gobierno y sus aliados iniciaran este camino en materia energética, los
hechos reconfirman que el déficit energético sigue sin resolverse mientras
avanzó la aplicación del fracking en las provincias de Neuquén y Río Negro, pero impulsado
principalmente por YPF: el anunciado aluvión de inversores no se concretó ni
tampoco los niveles de producción resultaron tan promisorios.
En breve, otra vez estamos frente a un negociado entre el Estado y
corporaciones privadas multinacionales basado en la explotación de recursos
colectivos y sin ningún beneficio para el pueblo argentino.
El proyecto de reforma de
la Ley de Hidrocarburos del Ejecutivo que busca aprobarse en estos días profundiza este camino, en tanto busca transformar en ley los beneficios
entregados al sector empresario a través de decretos nacionales y acuerdos
diversos, como el alcanzado entre el Gobierno de Neuquén e YPF para explotar el
yacimiento de Vaca Muerta en sociedad con Chevron. Incluso, con la misma pluma
que la legislación minera de la década de los 90, esta
norma empeora las condiciones, por diversas razones, que pasamos a enumerar:
1- Se reducen los requisitos que, en su
momento, por la vía del Decreto Nacional 929/13, se otorgaron a la empresa
Chevron: este
decreto abre la posibilidad de exportar el 20% de la
producción o venderla en el mercado interno a precio internacional y girar las
utilidades al exterior a partir del quinto año de iniciado, en proyectos que demandarán una inversión de 1000 millones de dólares. La reforma
actual contempla los mismos beneficios para proyectos de 250 millones de
dólares, esto es, la cuarta parte de lo exigido por el controvertido decreto. Estas
exenciones son inadmisibles cuando el país se encuentra en emergencia
energética.
2- En función de garantizar la seguridad económica de los
grandes actores empresariales del sector, el proyecto de Ley limita el tope del 12 % de regalías a las empresas
concesionarias, el porcentaje más bajo de todos los países latinoamericanos. Asimismo,
se eliminan trabas a la concentración
oligopólica y, en lo que representa una inédita entrega del
patrimonio nacional en la historia del país, por esta la ley se otorgarán
concesiones a las empresas por décadas. Incluso, se habilitan mecanismos en la explotación de hidrocarburos no
convencionales a perpetuidad pues las concesiones de áreas a 30 o 35 años pueden
prorrogarse por otros diez años, lo que en
realidad implica que pueden extenderse en forma indefinida.
También se propone la explotación a gran escala de los yacimientos de la
plataforma continental, y de los crudos pesados. Asimismo, los proyectos que soliciten
concesión de explotación dentro del plazo de 36 meses de entrada en vigencia de
la ley, podrán pedir una reducción de hasta el 25% del monto de las regalías
durante los 10 años siguientes a la finalización de la etapa piloto.
3.- Desnudando sin tapujos la entrega del patrimonio
colectivo que implica este proyecto, se prohíbe expresamente el establecimiento
de nuevas áreas de exploración y
explotación de los recursos hidrocarburíferos, en las cuales las provincias y
el estado Nacional tengan participación, cualquiera sea su figura jurídica. Es
decir, el Estado (nacional y provincial)
se auto-excluye explícitamente de la exploración y explotación hidrocarburífera
en sus propios territorios, así como renuncia al control público de la
actividad hidrocarburífera.
4- YPF continúa siendo sociedad anónima sin control, donde el Estado no
posee el 100% de las acciones pese que pagó 6.000 millones de dólares por la
expropiación de las acciones de Repsol. Este elevado costo para el Estado
argentino se pagó pese a que el propio gobierno había denunciado que las irregularidades
cometidas por Repsol y los pasivos ambientales ocasionados en territorio
argentino, eran motivo para no pagar ninguna indemnización.
Las cláusulas de “desistimiento, renuncia e indemnidad” establecidas en el convenio entre
YPF-Repsol, no sólo eximieron de responsabilidad a ésta última empresa, sino
que terminaron socializando los pasivos ambientales que son y serán
pagados por el conjunto de la ciudadanía.
5- La ley pretende “legalizar” la explotación de hidrocarburos no
convencionales, clausurando cualquier debate sobre la cuestión de la
técnica del fracking y sus impactos económicos, sociales y ambientales,
respondiendo así a los intereses de las corporaciones nacionales y
multinacionales. Esto es evidente al observar que, luego de la aprobación en la
legislatura neuquina del convenio entre YPF y Chevron, la ofensiva publicitaria
llevada a cabo por el gobierno a favor del llamado “fracking
seguro” ha sido de tal magnitud, que las voces disidentes hoy tienen escasos
espacios para expresar sus posturas. El déficit energético generado durante
este gobierno así como la intensa campaña
comunicacional que busca asociar empresa nacional, soberanía energética y
defensa de los hidrocarburos no convencionales, han tergiversado la gravedad
del problema en cuestión, cerrando los caminos a un debate democrático sobre el
mismo. Lo cierto es que a nivel
internacional, sólo hay malos antecedentes y una gran incertidumbre en estos
temas,
algo que el gobierno argentino y las corporaciones asociadas al mismo buscan
denegar y obturar a través de una publicidad tramposa y emotiva que apela tanto
al nacionalismo como a una visión cientificista unilateral.
6- El proyecto de ley no contempla en absoluto
la consulta a los pueblos originarios que habitan los territorios explotados y
por explotarse, tal como establece el convenio 169 de la OIT, incluido en
nuestra Carta Magna y las Constituciones provinciales. Vaca Muerta, por
ejemplo, está lejos de ser un territorio vacío como pretenden las autoridades
provinciales y nacionales, pues en él se asientan más de veinte comunidades
mapuches que hoy reclaman su derecho a ser consultadas y que seguramente serán
afectadas por el avance de la
explotación del yacimiento. Asimismo, es repudiable la estigmatización de los grupos defensores de los
derechos ambientales y de las organizaciones indígenas (quienes han sido
tratados en Neuquén incluso por el gobernador y la vicegobernadora, como “terroristas
ambientales”). Por último, hay que destacar el encapsulamiento de los
conflictos en el nivel local y el silenciamiento de los accidentes: sólo en los
últimos cinco meses hubo dos explosiones en pozos de tight gas en Allen, Río
Negro; la pérdida de dos pastillas radioactivas en pozos de Neuquén y una grave
fuga de gas en un pozo de shale gas en
Loma Campana, el corazón de Vaca Muerta.
7.- El proyecto de ley no
posee ninguna disposición ambiental
a pesar de que el
Congreso Nacional tiene, a través del art. 41 de la Constitución Nacional, la
potestad de establecer normas de presupuestos mínimos de protección ambiental.
En nuestro país, las poblaciones ya comenzaron a organizarse y
manifestar fuertes resistencias al avance de la explotación de los
hidrocarburos no convencionales. Esto explica que,
entre diciembre de 2012 y octubre de 2014, se
sancionaron unas cuarenta ordenanzas municipales que prohíben el fracking en
distintas localidades del país, que incluyen 6 provincias, con Entre Ríos y
Buenos Aires a la cabeza, seguidas de Mendoza, Río Negro, Chubut y Neuquén. Pero
al igual que sucede en otros ámbitos, la lucha es local y muy asimétrica, por lo que
las grandes ciudades y gran parte de la población viven ajenas y desconectadas de
esta problemática nacional y global. Esto
explica en gran medida la escasa movilización de la sociedad argentina en las
grandes urbes, ante una ley tan importante y de consecuencias tan graves para el futuro de los argentinos,
cuyo impacto se hará sentir por décadas, cuando en otros países proyectos de esta
naturaleza han abierto hondos conflictos y movilizaciones en la sociedad,
propiciando un verdadero debate democrático.
Por estos y otros motivos, desde Plataforma 2012 rechazamos la pretensión
de aprobar este
nuevo avance en una política energética, que consolida la entrega de nuestros
bienes naturales, no resuelve el déficit y las deficiencias de la matriz energética,
profundiza la concentración económica y abre espacios para negociados de todo
tipo a costa de nuestro territorio y del bienestar de la población. Frente
a ello, sostenemos la necesidad de trazar una estrategia de desarrollo
energético al servicio de los intereses del país, de la salud y
el bienestar de su población que necesariamente implica cambios profundos para
lograr un desarrollo económico verdaderamente sustentable.
Por lo expuesto, instamos a los diputados/as a rechazar esta ley que el gobierno
pretende aprobar de forma antidemocrática, que compromete nuestra soberanía y
condiciona nuestro futuro. Exigimos la apertura de un debate amplio
y plural, que asegure la representación de todos los sectores sociales. Asimismo, nos solidarizamos con los pueblos originarios, las
organizaciones sociales, asambleas y vecinos que hoy luchan en defensa de la vida,
el ambiente y el territorio en nuestro país.
Plataforma 2012, Grupo Promotor:
Osvaldo Acerbo, Mirta Antonelli, Jonatan Baldiviezo, Héctor
Bidonde, Jorge Brega, José Emilio Burucúa, Diana Dowek, Lucila Edelman, Roberto Gargarella, Adriana
Genta, Diana Kordon, Darío Lagos, Alicia Lissidini, Rubén Lo Vuolo, Gabriela
Massuh, Marcelo Plana, Daniel Rodríguez, Maristella Svampa, Nicolás Tauber
Sanz, Osvaldo Tcherkaski, Jaco Tieffenberg, Enrique Viale, Patricia Zangaro.
