Algunas reflexiones
-críticas y autocríticas- sobre la marcha convocada para hoy en Tribunales.
*1) Contra
quienes la promueven. No voy a participar en la marcha “contra la justicia,”
en primer lugar, porque tomo en cuenta quiénes son quienes la promueven. La
marcha aparece impulsada por el “Instituto Patria”, y personas allegadas a
dicho instituto, esto es decir, por algunas de las más encumbradas figuras
políticas del país (incluyendo a la ex Presidenta y su ex Vice Presidente),
involucradas en gravísimos casos de corrupción. No participo, entonces, porque
la marcha tiene entre sus motores motivacionales más importantes, la impunidad de
(algunas de) las personas más poderosas del país cuando, en lo personal, y como
tantos, desde hace años reclamo por lo contrario: pretendo que se llame a
rendir cuentas y que se haga responsables a quienes se han enriquecido a través
del uso indebido del aparato del estado.
*2) Contra
las principales razones de la marcha. La segunda explicación de por qué no
iré a la marcha (y por qué la rechazo) tiene que ver con las razones que se
invocan en su defensa, y en particular las dos primeras que se suelen mencionar:
“echar a la Corte,” y “terminar con el lawfare” (una tercera razón sería la “democratización
de la justicia”, sobre la que volveré luego). La propuesta de “echar a la Corte”,
más que anti-republicana, resulta boba o hipócrita, y la de “terminar con el
lawfare” parece gravemente equivocada, o simplemente cínica. “Echar a la Corte”
es una propuesta “boba” porque, si se cambia a todos los actuales integrantes
de la Corte, manteniendo intacta a la estructura en la que tales funcionarios se
desempeñan, se asegura la reproducción del mismo problema que se denuncia. Y es
una propuesta hipócrita, en la medida en que dicho reclamo deja entrever lo que
se sugería en 1, esto es, que la principal motivación, para muchos de sus promotores,
es la de cambiar “jueces molestos” por “jueces propios.” La propuesta de “terminar
con el lawfare,” mientras tanto, parece “gravemente equivocada” por “mirar con
un solo ojo” a un problema que es histórico en Latinoamérica. Me refiero a la
dependencia política de la justicia que genera un sistema de poder concentrado
en el Ejecutivo. Allí es cuando la idea de “lawfare” puede resultar,
simplemente, cínica: cuando la preocupación efectiva no es la de que la
justicia carezca de independencia, sino -en verdad- que la justicia no dependa
de los “propios” (como en la idea de “el lawfare es el otro” o “el lawfare como
persecución que lleva adelante mi adversario, pero no yo mismo, cuando estoy en
la cumbre del poder”).
*3) “Sí” a
la democratización de la justicia (y, por tanto, “no” a lo que hoy se reclama,
en nombre de la democratización). Desde mediados de los años 80, en que empecé
a trabajar con Carlos Nino, abogo por la “democratización de la justicia” (de
eso trató mi tesis doctoral, finalmente). Por supuesto, la cuestión no es obvia,
como no es fácil determinar qué implica democratizar la justicia. Por el momento,
diría que no se trata de una cuestión de “esencias” o de “naturaleza jurídica”
(“qué es ‘verdaderamente’ democratizar la justicia”): todo dependerá de lo
justificado o no que se muestre lo que propongamos o digamos en relación con la
idea de “democratizar”. Al respecto, tengo mis propias ideas, pero por ahora no
necesito enunciarlas: debe bastar, por el momento, con mucho menos. Entiendo
que tanto nuestra “política” como nuestra “justicia” deben democratizarse, en
el sentido de (al menos) ser más sensibles a las necesidades y demandas de la
sociedad. Y creo que hay muchas maneras razonables (algunas más atractivas,
otras menos) de democratizar al poder: fortaleciendo los controles ciudadanos
sobre los funcionarios públicos; transparentando y “abriendo” los modos de
selección de magistrados (al estilo del decreto 222); creando más foros
públicos de debate colectivo; fomentando las asambleas ciudadanas; etc. Lo que
me parece claro es que las propuestas que hoy se hacen en favor de la “democratización”
de la justicia son, una vez más, una fachada destinada a conseguir exactamente
lo contrario de lo que se enuncia (como lo fuera, en su momento, el proyecto de
“democratización de la justicia”). Luego, aparecen otras propuestas de reforma
judicial -impulsadas por otras figuras promotoras de la marcha- pero que resultan
inatractivas, limitadísimas (sino, directamente conservadoras) en su alcance, y
de ningún modo interesantes en términos de democratizar la justicia. Pienso,
por ejemplo, en las propuestas que hiciera Zaffaroni, acá https://lateclaenerevista.com/por-que-no-pensar-el-poder-judicial-por-e-raul-zaffaroni/,
propuestas a las que ya me ocupara de criticar acá: https://www.clarin.com/opinion/marcha-corte-democratizacion-justicia_0_guwv6BXeZf.html
(o, para quienes no acceden, acá: http://seminariogargarella.blogspot.com/2022/01/marcha-contra-la-corte-por-la.html
).
*4) El
derecho también se hace “en las calles”. Habiendo dejado en claro las
razones de mi rechazo a la marcha de hoy, quisiera agregar algunas aclaraciones
“necesarias”, porque la cuestión que aparece hoy en juego nos invita a
reflexionar sobre el modo en que, colectivamente, entendemos al derecho. Ahí,
me parece, se advierte una (otra) ruptura preocupante, entre quienes asumen que
vivimos en una democracia representativa estilo siglo xix, en donde cualquier
reclamo contra las autoridades podía ser considerado como “sedicioso” (invocando
en su respaldo el art. 22 CN); y quienes pensamos que (como decía Robert Cover)
el derecho se nutre (y debe nutrirse) de modo (en absoluto único, pero sí)
fundamental, a partir de lo que sucede en las calles y por tanto, a través de
un “diálogo” (formal e informal, ordenado y disruptivo, institucional y extrainstitucional)
con la ciudadanía (consideraciones éstas que también tienen un amplio respaldo
constitucional, en el derecho a expresarse, en el derecho de reclamar a las
autoridades, en el derecho a intervenir en política, y en los amplios
compromisos asumidos por la Constitución del 94 con formas más directas de
democracia). Si algo nos enseñaron (o debieron habernos enseñado) las marchas
contra la guerra y los reclutamientos forzados; o las demostraciones encabezadas
por Martin Luther King en favor de los derechos de las minorías raciales; o las
décadas de movilización de grupos feministas; o las marchas contra la impunidad
y por los derechos humanos, en América Latina, es que, para mejorar, el derecho
necesita (y necesita aprender) de tales reclamos “en las calles”. Forman parte
de la “salud” del derecho (de lo que lo mantiene, en el mejor sentido, “vivo”)
y no de su “enfermedad” (no son su “patología”).
*5) Protestar
contra las autoridades no es “golpismo”. En base a las razones señaladas en
4, y siendo un académico y jurista que repudia la marcha de hoy, rechazo
también algunas de las principales razones que ofrecen otros críticos de la
marcha, en oposición a ella. Enfatizo esto, una vez más porque, más allá de la
coyuntura (la burda lucha del kirchnerismo por la impunidad de los poderosos “amigos”),
está en juego algo importante y de más profundo calado. Otra vez: se trata de
cómo entendemos el derecho, en particular, y la vida pública, en general. En este
sentido, diría que siempre, pero muy en particular en momentos de “crisis
democrática” como el actual, es muy importante que se proteja y preste atención
a los reclamos que haga la ciudadanía en contra de sus autoridades. Quiero decir:
en este tiempo, más que nunca, es muy importante que cuidemos el derecho a la
protesta. Ello así, no porque necesariamente los que protestan “tengan razón” o
“toda la razón”: pueden tenerla o no. O puede ocurrir, aún, y como diría John
Stuart Mill, que quienes protestan tengan razón a veces, y sólo en una pequeña
parte. Eso sólo (esa sola porción de razón, en manos de quienes no piensan como
nosotros), ya nos daría razones para escucharles (Mill iba todavía más lejos, y
decía que aún quienes se equivocan “por completo” merecen ser escuchados y
protegidos, porque es importante que nos obliguen a dar fundamentos de lo que
sostenemos, en lugar de permitirnos que sigamos sosteniendo lo que sostenemos, sólo
por inercia).
Por lo dicho es
que no estoy nada de acuerdo con las autoridades del principal grupo de
oposición (Cambiemos), cuando dice de la marcha que “no solo es ir en contra de
lo que la Constitución establece, sino que se trata lisa y llanamente de una
actitud golpista, como lo sería pretender la renuncia del Presidente o de un
miembro del Congreso por fuera de los mecanismos que establece la
Constitución" (https://www.clarin.com/politica/documeto-juntos-cambio-marcha-corte-trata-lisa-llanamente-actitud-golpista-_0_kJ7LzfR1NP.html
). Estoy en desacuerdo, por lo dicho más arriba: es muy importante que la
ciudadanía se exprese, a favor o en contra de sus autoridades -cualquiera de
ellas, y en particular las más relevantes. Marchar, además, no implica “remover”
a nadie de modo inconstitucional. Inconstitucional sería si los funcionarios
del caso fueran removidos por medios no constitucionales, pero no es el caso
(los medios que se utilizan para protestar son constitucionales, y nadie va a
ser removido porque se produzcan una o cien marchas, a través de esas mismas
marchas).
De manera
similar, y contra lo que dicen algunos, resulta saludable que la ciudadanía se
exprese a favor o en contra de ciertas decisiones judiciales, sin que debamos
replicar, en contra de tales manifestaciones, que se trata de intentos de
presión inadmisibles (ver, por ejemplo, el documento firmado por varios
profesores de la Facultad de Derecho, acá: https://www.memo.com.ar/opinion/marcha-echar-corte-nacion-repudio/#:~:text=Los%20firmantes%2C%20profesores%20de%20derecho,de%20Justicia%20de%20la%20Naci%C3%B3n,
o también hoy, en La Nación: https://www.lanacion.com.ar/opinion/golpismo-siglo-xxi-nid01022022/
Se trata, más bien, de formas cívicamente saludables, e irreprochablemente
constitucionales, de intervenir en la construcción de las decisiones comunes.
Finalmente, y
por todo lo dicho, me resulta completamente desmedido hablar de “golpismo”,
para casos como el de hoy: necesitamos ir “paso a paso”, como decía el filósofo.
Por un lado, no tiene sentido calificar de “golpista” a toda actitud o decisión
que no compartamos. Por otro lado, no tiene sentido recurrir a categorías tales
(y tan exageradas), cuando lo que está en juego es un razonable desacuerdo
sobre la orientación que deben tomar nuestras políticas públicas; y -más
todavía- cuando los medios que se emplean no son impermisibles
constitucionalmente (prueba de ello es que a nadie se le ocurre prohibir o
pedir que se prohíba una manifestación como la que hoy se llevará a cabo).
*6) Leer lo
que dicen nuestros adversarios sin ingenuidad y “a su mejor luz”. Termino
esta revisión con un par de precisiones sobre lo dicho hasta aquí. Propongo “leer”
los reclamos que hoy se hacen, “a su mejor luz,” pero a la vez sin ingenuidad,
y con conciencia histórica acerca de “de dónde venimos” y “con quiénes lidiamos”.
Entiendo que, entre los convocantes a la marcha, se encuentran muchos de los
peores ejemplares de nuestra clase política, procesados con justa causa, y
causantes de algunos de los peores males que hoy padecemos (entre ellos, la
agravada desigualdad en la que vivimos, desde el 2005/6). Por ello es que (como
lo dije y reiteré) no participaré de ella, y por eso mismo me opongo a los
motivos que sus defensores enuncian. Lo anterior, de todos modos, no implica
negar que pueden extraerse, de entre los varios reclamos que hoy se presentan,
demandas razonables. Así, sobre todo, cuando miramos esos reclamos a “su mejor
luz.” Por ejemplo, todos estamos de acuerdo en que la justicia funciona mal, es
lenta, o es demasiado sensible al poder. Muchos reconocemos también que, en un
sentido importante (que no es el invocado por “los procesados”) la justicia
merece ser “democratizada.” Defendemos, además, el derecho a protestar y
reclamar “en las calles” ante nuestras autoridades, aún las judiciales, sin que
tales manifestaciones merezcan la calificación de “golpistas”.
Todo lo dicho
hasta aquí, finalmente, no implica aceptar “cualquier” razón que se invoque, en
una protesta, ni cerrar los ojos a la mala fe que pueda mover a algunos o
muchos de sus convocantes, ni desconocer las motivaciones “políticas”, y aún “político-partidarias”
que, por definición, tiene y tendrá cualquier marcha “política” o “político-partidaria”.
