ypf

Mucho peor

Escuchar al intelectual Daniel Filmus justificando la nominación de Reposo (y rechazando las críticas como provenientes de una "operación mediática enorme") da una enorme tristeza. Cuando los intelectuales progresistas votan la ley antiterrorista, o salen a justificar lo que le pongan delante, verifican una cosa: sería mucho mejor tener un mono, un robot o un soldado en su lugar, votando lo que les digan, sin pensar y sin dudar (Filmus una vez osó dudar, y todavía está pagando por eso). De este modo, en cambio, tenemos lo mismo, pero con argumentos "sensibles para el pensamiento de izquierda". Es malo para la izquierda, malo para la política, malo para la militancia, malo para el debate público. La vida es mucho peor así

http://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/108100/filmus-es-optimista-para-que-el-pliego-de-reposo-sea-aprobado

Digesto Corte IDH

Del amigo Nicolás,
http://www.legalpublishing.cl/PORTALLN/BookStore/BS_Ficha_Producto.asp?id_producto=2887

Lo que la cárcel es

Nota (y foto) que me hace llegar N. Skigin, en entrevista con Ismael Jalil, de CORREPI


El abogado de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), Ismael Jalil, señala que “desde la reinstalación de la democracia, más de la mitad de los cuatro mil casos de muertes por gatillo fácil y por tortura en lugares de detención, pertenecen al período 2003-2012”. Y asegura que dentro del actual sistema, los delitos no tienen solución: “Es necesario un cambio revolucionario”.
-¿Cuál es el estado actual de las cárceles?
-El de siempre. No existe una sola que pueda ser mostrada como un lugar habitable por seres humanos; es, en cambio, un depósito de seres humanos. No contribuyen a mejorar la situación de la seguridad; por el contrario, la potencian. El sistema encuentra en este elemento disciplinador una garantía de represión directa: coartar la libertar, matar el tiempo de la gente en situaciones de vejámenes y torturas de toda índole. Se está muy lejos del discurso garantista, que plantea que la cárcel puede ser un ámbito de resocialización. Las formas de alimentación son degradantes. Las condiciones sanitarias son tremendas. Un dolor de muelas en la cárcel implica un turno después de que pasen 500 personas que se anotaron antes. Ni hablemos de vidrios rotos; la distancia que impide el vínculo con la familia y el grupo social de pertenencia. Además, hay que hablar del hacinamiento y la saturación. En los ’80 había unas 10 cárceles en la provincia de Buenos Aires; hoy estamos por la unidad 60.
-¿A qué se debe este aumento?
-A una gran crisis económica que se vivió en el país y que se potencia constantemente porque hay un crecimiento de la actividad delictiva como una respuesta que los pobres tienen frente a una crisis de la cual no son responsables, sino que, por el contrario, son víctimas. El número de delitos va creciendo, al igual que el de detenidos y el de judicialización de esas causas. El grado de presencia policial y de Gendarmería en las calles de la provincia y de la Capital Federal creció significativamente, al punto de tener un ejército: 100 mil hombres destinados a la política de persecución y caza de los más pobres. Es cierto que un delito violento repugna y no puede ser celebrado; pero también debería ser reprimido el otro delito, el que condena a un montón de gente a la indigencia, al hambre y a la violencia, que es el que no se ve y que se aplica desde confortables despachos.
-¿Por qué hablás de un “ejército”?
-Son 50 mil efectivos de la policía de la Provincia, un número similar en la Capital, más la Gendarmería y Prefectura del Operativo Centinela en la Ciudad, más el otro andamiaje de elementos de seguridad privada que corresponden a la seguridad empresaria. Hay una saturación de presencia “militar” en la cotidianeidad de la gente. Y los sectores más empobrecidos son los que más sufren estas cuestiones. El grado de represión desatada sobre la gente más pobre es infernal. Desde la reinstalación de la democracia, más de la mitad de los cuatro mil casos de muertes por gatillo fácil y por tortura en lugares de detención, pertenecen al período 2003-2012.
-¿La presencia policial podría, desde la perspectiva de la Correpi, ser pensada para prevenir delitos?
-El problema de la inseguridad y de la comisión de delitos no tiene ninguna solución, porque es un problema estructural del sistema en el que se vive. Colocar policía, endurecer el código penal, poner cámaras y transformar el Estado en un Estado policíaco, que es el que limita las garantías constitucionales, y a la vez montar un Estado militarizado, muestra que la única respuesta que puede dar un Estado de una sociedad dividida en clases es la represión. El delito organizado cuenta con la policía y la gendarmería como elementos fundamentales. Plantear que estos mismos pueden colaborar en la prevención es engañarse. En las entrañas de la sociedad dividida en clase existe la injusticia. Y las víctimas son la gran mayoría de pobres.
-¿Entonces hay que eliminar a la policía?
-Lo que nosotros visualizamos es un problema del sistema capitalista. Mientras éste exista, nadie suprimirá a las fuerzas de seguridad. Nosotros postulamos su directa eliminación. No confiamos ni en éstas ni el aparato judicial que les otorga impunidad después de cometer crímenes, y mucho menos en el poder político que expresa los intereses de las clases dominantes. La muerte de un policía a manos de un civil implica el homicidio agravado y, por lo tanto, la perspectiva de una prisión perpetua; a la inversa, es muy difícil encontrar perpetua a policías que matan. Este es un claro ejemplo de la impunidad que brinda el propio código. Es un tejido muy sutil, que tiende a generar la represión y la consecuente impunidad.
-La conclusión parece ser que mientras se mantenga el capitalismo no habrá solución a la inseguridad.
-Exactamente, porque esto proviene de la esencia del capitalismo. Una sociedad injusta es generadora de violencia. El hambre y la ignorancia son violencia. Y todo esto lo genera el capitalismo. Por eso abogamos por una sociedad sin privilegios de clase; esa es la solución. Es necesario un cambio revolucionario.
-Tus críticas hacia la cárcel, ¿se refieren a la institución en su estado actual o a la cárcel per sé?
-La cárcel es una institución relativamente moderna, que aparece cuando el tiempo empieza a medirse en dinero. Es una expresión sin igual del desarrollo capitalista. La cárcel mide el tiempo en dinero y te sanciona doblemente. Primero, cuando se está libre, victimiza a través del hambre, de las necesidades no satisfechas, de las desigualdades de clase. Y luego, cuando caza y somete a los estragos de la tortura y los vejámenes que hay en ese depósito de seres humanos. La crítica tiene que ver con la esencia del elemento disciplinador de la sociedad, que el capitalismo ha desarrollado en profundidad, a punto tal de ser uno de los negocios más redondos.
-¿Debe la cárcel concebirse como una institución generadora de delincuentes, más que reparadora?
-Es un lugar donde se exterminan seres humanos y se los degrada. No puede ser nunca reparadora. Alguien dijo alguna vez que la mejor cárcel es la que no existe. Si se analiza que más del 70% de los presos están encarcelados por violaciones a derechos de propiedad, uno se puede dar una idea de por qué existen las cárceles. Algo bien sintomático del sistema en el que vivimos: este sistema consagró el derecho de propiedad como el derecho máximo y, en el mundo, el 80% de la población mundial no es dueña de nada. Sin embargo, el que impera es el derecho de propiedad. Si yo me planto frente al sistema y ejerzo una propuesta, corro el riesgo de caer preso, del mismo modo que quien sale a robar. Hay un perverso diseño ideológico del sistema, que ve en quien protesta a un delincuente; en el que corta la ruta, a un extorsionador. En lugar de ver cómo se hace una cárcel más moderada, habría que cambiar el sistema.
-¿Cómo evolucionó en el tiempo el estado penitenciario?
-Cuando se pierde la libertad en esas condiciones, no hay evolución –ni edilicia ni de tratro- que valga. Lo que importa no es el sistema penitenciario en el que vivimos sino el económico. Es este último el que ordena quién debe sufrir y quién debe ordenar el sufrimiento de los otros.

SPF

El jueves 31 de mayo, a las 18 horas, la diputada nacional Victoria Donda presentará el proyecto de "Sistema Público de Cuidado y Resguardo de Derechos en el Cumplimiento de la Pena", destinado a reestructurar y desmilitarizar al Servicio Penitenciario Federal.

El encuentro tendrá lugar en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y contará con la presencia de la decana de la Facultad, Mónica Pinto, el Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnuolo y el director de Sociología del CUD, Marcelo Langieri.

Plataforma

 


Invitamos a concurrir al Encuentro-debate

"La crisis de YPF o el fracaso de una política energética" 

 

Con la participación de: 

Maristella Svampa
Rubén Lo Vuolo
José "Pepino" Fernandez, ex trabajador ypefeano, dirigente de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi (Salta)


Jueves 31 de mayo a las 19 horas en Pasco 689, CABA.

(en el Multiespacio "Colectivo por la Igualdad")

Informe sobre la represión minera

De D. Aranda, hoy en Página

Andalgalá, Santa María, Belén y Tinogasta (Catamarca). Y Amaicha del Valle (Tucumán). Lugares donde en los últimos cinco meses se repitieron represiones y detenciones sobre asambleas socioambientales que rechazan la megaminería. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) analizó la situación en todos los países de la región, con situaciones muy similares a las que se padecen en Catamarca, y resaltó puntos comunes para todo el continente: “Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’”.

Minera Alumbrera, en Catamarca, es la explotación testigo de megaminería en Argentina. Es el yacimiento más grande (en explotación): hace 15 años extrae oro, cobre y molibdeno. Las asambleas catamarqueñas cortaron este verano los caminos hacia Alumbrera.

El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas en Santa María. Al día siguiente, hubo 18 detenidos y represión. El 8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas veinte personas (entre ellas un chico de 13 años). El 10 de febrero, a las 3.45 de la noche, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle. El mismo día, a las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente en Tinogasta. El 13 de febrero allanaron las viviendas de ocho asambleístas de Andalgalá.

El 12 de febrero, y durante una semana, el ingreso a Andalgalá estuvo bloqueado para quienes criticaban la megaminería. Militantes del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) viajaron al lugar y no pudieron ingresar (lo mismo le sucedió a medios de comunicación y asambleístas). El Serpaj denunció a la “patota” de las empresas contratistas ligadas a la minería y a militantes del oficialismo provincial. Diez días se mantuvo el corte.

El 12 de mayo último, en Tinogasta, detuvieron y golpearon a asambleístas. “La criminalización en países de América latina ocurre con el objetivo de intimidar o acallar las voces y acciones de resistencia frente a proyectos extractivos”, denuncia el Ocmal en su último informe. Y explica que la criminalización se expresa con procesos judiciales, amenazas contra la vida, agresiones, militarización, represión y asesinatos.

El trabajo, del que también participó la ONG Acción Ecológica de Ecuador, realiza un recorrido de proyectos mineros y resistencias de Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, Honduras, Perú y México, entre otros. Remarca que, a pesar de las diferencias o matices ideológicos de los presidentes, el modelo extractivo y la violencia se repiten en todos los países.

El informe, de 180 carillas, remarca que “las comunidades ven cómo las transnacionales gozan del apoyo explícito de los gobiernos bajo lemas poco convincentes y menos aún reales como el empleo, desarrollo y bienestar”. Y precisa que el modelo extractivo necesita controlar el territorio: “Es por eso que uno de los problemas más importantes lo constituye el desplazamiento de poblaciones completas”, recuerda y señala como primeros perjudicados (aunque no únicos) a pueblos indígenas, campesinos y pequeñas ciudades.

La situación particular de Argentina la aborda en el capítulo tres. “El considerado ‘granero del mundo’ está inscripto en la carrera por convertirse en un país minero por excelencia. Ha comenzado a despejar las barreras impuestas a la minería e invertir en proyectos mineros transnacionales”, caracteriza y precisa que, entre 2003 y 2007, aumentó un 740 por ciento la cantidad de proyectos mineros.

Resalta como hecho positivo el plebiscito de Esquel en 2003 (en rechazo a un proyecto minero), la sanción de la Ley de Glaciares y las acciones de la Unión de Asamblea Ciudadanas (UAC, espacio de encuentro de un centenar de asambleas de todo el país). Aunque el informe fue editado en noviembre de 2011, antes de las represiones de este año, Ocmal toma como referencia la situación en Catamarca: “Hay aproximadamente 40 personas judicializadas (de las asambleas), mientras que son cerca de 40 las denuncias presentadas por la represión y contra la minera Agua Rica que no tuvieron trámite. Números éstos que demuestran las intenciones de los poderes locales, convivientes con la empresa megaminera”.

El Observatorio proyecta para Argentina la posibilidad de que “se insista en la criminalización de la oposición a la minería en un escenario de esfuerzos por profundizar el modelo extractivo”.

Justicia en la era k

En el libro de Mariano Thieberger
http://www.lanacion.com.ar/1474740-mariano-thieberger-para-cristina-el-tema-boudou-era-ganar-o-morir

Leyendo

Una entrevista interesante al politólogo Pérez Liñán, que tiene un buen libro sobre la fragilidad del presidencialismo, y sus caídas recientes, sin golpe de estado
http://www.lanacion.com.ar/1476690-el-kirchnerismo-cayo-en-la-trampa-de-su-propia-rigidez

Impresionante gaffe en Página: si recibís fondos del gobierno, entonces luego tenés que callarte o hablar a favor, acá: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-194971-2012-05-27.html

Notable D. Loretti: Kirchner no autorizó la fusión cablevisión-multicanal, y ahora no se está formando un grupo de medios pro- gubernamental, en violación de la ley de medios. "¿Qué es lo que ocurrió?, que no había ningún espacio privado que adhiriera a muchas políticas de los últimos gobiernos. Y lo que hay ahora es una corriente de periodistas, que sí adhirieron a muchas políticas de este Gobierno". Una falta de objetividad que simplemente da miedo. Por qué tanto, por qué así? Es la misma lógica del gobierno frente a la masacre del Once: el accidente no ocurrió, pasa que la gente se agolpó mucho en el primer vagón, en un día laborable.


La degradación: La revista veintitrés, en la etapa k, se degrada hasta niveles sorpredentes, y ya da vergüenza ajena. La última edición, acá: http://www.veintitres.com/nota-4796-sociedad-Los-ojos-no-mienten.html
Nota central, sobre si "nos gusta más" la delantera o el trasero de las mujeres. Para colmo, la tapa habla para los hombres (se asume que las mujeres no leen política, no existen, salvo para ser consumidas), en primera persona del plural (porque todos los hombres somos igualmente cavernícolas), y las encuestas son sólo a hombres (porque sólo los hombres gustan de las mujeres). En algún momento fue la revista política argentina.

De indignados a resignados

De Carlos Gabetta, ex director de Le Monde D.

http://www.perfil.com/ediciones/2012/5/edicion_679/contenidos/noticia_0030.html

"Es difícil entender por qué consideran que para apoyar una política tienen que abandonar todo espíritu crítico, meter en el desván su experiencia y no aportarla al proceso que apoyan.

El resultado es que han abandonado no ya los sueños de la revolución, sino hasta las metas de la Ilustración y el progreso, la república y sus dos preceptos esenciales: libertad e igualdad, lo que en las complejas sociedades modernas supone respeto a las instituciones y una ética, una moral. De la dictadura del proletariado y otros redentorismos, o de la república socialista, estos ciudadanos han pasado a tolerar la corrupción generalizada y a una pandilla populista en el Gobierno como un mal menor, o lo único posible.

Con esa lógica, y en el mundo en que vivimos, acabarán con nostalgias del absolutismo español.
Los resignados están entre nosotros."

Extractivismo

Soberanía ferroviaria

Sí, ahora que terminamos con el contrato de TBA, los trenes quedan a cargo del grupo Roggio. Ahora sí! Los trenes son nuestros! Trenes para el pueblo, soberanía ferroviaria, al fin!

p.d. El cambio no ocurrió aún, pero ya se nota. Estamos viajando bárbaro
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-194878-2012-05-25.html

30.000 niños

30.000 niños (nada menos) que atienden los comedores organizados por Barrios de Pie, hace dos meses que dejaron de recibir ayuda de parte del Ministerio de Desarrollo Social...Pasa que no son suficientemente kirchneristas. Son chicos que "le hacen el juego a la opo".

Barrios de Pie concurrirá al INADI a denunciar un trato discriminatorio.
Información en http://www.barriosdepie.org.ar/?p=3277

Reposo 2

Como pudiera ocurrir que alguno piense que las ONG más comprometidas con los derechos humanos no se pronunciaron sobre la cuestión de la nominación de Reposo, van algunos links sobre el trabajo de ACIJ y la ADC en el tema

http://acij.org.ar/sincorrupcion/2012/05/15/candidatura-de-daniel-reposo-la-impugnacion-de-acij/
http://www.lanacion.com.ar/1471593-la-idoneidad-del-procurador
http://www.adc.org.ar/sw_contenido.php?id=875

Grande Miguel

Reposo

Que el kirchnerismo postule a Daniel Reposo como Procurador General de la Nación da una excelente muestra de lo que piensa el kirchnerismo sobre la administración de justicia: lo que se necesita es sometimiento puro y duro al poder político. Se necesitan soldados que no piensen y no se animen siquiera a dudar de la orden que llega de arriba.

Ahora bien, es tanto o más grave lo que el proceso de su designación revela. Hay cantidad de cosas a señalar, que incluyen la solapada defensa que el periodismo oficial ha hecho de la designación, y otras más graves todavía, como que el CELS no se haya pronunciado en la materia. Una dolorosa muestra de cuánto y cuándo importan las garantías de los derechos humanos. Si se las concibe de este modo, ellas nunca van a estar protegidas. Nunca, si se escoge, frente al poder público, a personas que tienen como principal característica la de la obediencia (por eso es que siempre tratamos más severamente a los crímenes del Estado: porque no hay riesgo mayor que el del abuso de la coerción estatal).

Otro dato notable en esta historia se relaciona con la presentación que acaba de hacer el poder político de esta candidatura. Además de hacer agua por varios costados, agrega un dato muy llamativo: la postulación sólo recogió 4 opiniones favorables, entre las 32 consultadas¡¡!! Y lo más interesante de todo, entre las poquísimos apoyos que cita a favor de la candidatura de Reposo...incluye la de la Facultad de Derecho de la UBA¡¡ Cuándo es que la UBA-Derecho se pronunció al respecto¡¡¡!!???

La pérdida de la fe

Vi la última película de Trapero, Elefante Blanco, con algunos prejuicios, y sobre todo descontento con sus últimas producciones. Pero, a pesar de cierta falta de sutileza o ciertos desarrollos previsibles, Trapero vuelve a mostrar una manera interesante de "leer la época". Ya lo había hecho en algunas de sus mejores películas (Mundo Grúa, El bonaersense). Y aquí vuelve a hacerlo. Remarcaría dos puntos:

1) La política está ausente entre los pobres: Si uno toma el punto de vista interno de los grupos que están peor (y los guionistas del film, que han mostrado más de una vez que pueden "entender" bien un mundo particular, vuelven a hacerlo bien), si uno toma ese punto de vista, decía, el debate kirchnerismo, antikirchnerismo, izquierda, derecha, no está, es simplemente ridículo, extravagante, inverosímil. La política, simplemente, no está interesada, en absoluto, en la desgracia que afecta a los pobres. No se trata de una denuncia a la política, sino de una constatación más, con la que desgraciadamente, dolorosamente, se convive (Interesante constatación, además, cuando la película gira en buena medida en torno a la figura del "cura villero" Mujica, y el recuerdo de una época movida por la esperanza de cambio).

2) La pérdida de la fe: El "realismo golpeado" de Trapero no suscribe el utopismo de Solanas, ni la confianza en la potencia transformadora de masas politizadas (que no ve), y ni siquiera ve esperanzas modestas de cambio a partir del trabajo -hoy heroico- de los "curas villeros" (en este sentido, es continuadora de lo que similares guionistas señalaban en El Estudiante). La película no es cínica ni complaciente, ni toma partido por la desmovilización (más bien lo contrario), pero quiere ser descriptiva, y lo que encuentra es que la realidad a cambiar está más enquistada; y que los humillados y ofendidos de hoy están, a la vez, física y sicológicamente afectados por las basuras con que los contaminan los que hacen negocios de (o a partir de) ellos.

Coloniaje

En este artículo http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-194569-2012-05-22.html se nos dice que:


"La misma estirpe de pensamiento que desprecia a las clases populares de nuestro propio país, que prefiere el sometimiento a los “civilizados” a la alianza liberadora con los dominados, que le molesta tan poco el rey de España matando elefantes y los ingleses en Malvinas como el atropello a nuestra soberanía y el despilfarro de nuestros recursos, es la que opera atrás de la descalificación de los angoleños."


La "descalificación," denigración, patronazgo, paternalismo, hacia los angoleños vino de los modos (pocas veces vistos antes) con que, desde la presidencia, se trató a una población hambreada y explotada. El gobierno volvió a abrazarse impúdicamente a un gobierno saqueador, a la vez que trató a las poblaciones locales con un racismo y desprecio inenarrables. Las imágenes de la Presidenta en Angola pasan a la historia de la vergüenza colonial.


(Por eso mismo, el texto citado es una nueva buena muestra de cómo gente similarmente situada está leyendo de modos directamente opuestos los mismos hechos. Por suerte, en este caso, las imágenes están registradas y son incontrastables: defensa de la dictadura, y burla a poblaciones pisoteadas, a las que se les ofrecen espejos de colores)

Entreviews

Al filósofo D. Tatián, http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-194501-2012-05-21.html

Al fotógrafo M. López, http://www.aguafiestasonline.com.ar/ (gracias pic)

Comisiones de la Verdad 3

Y dice Jaime MG, en un punto central de su trabajo (a ser publicado en el International Journal of Transitional Justice): "Las comisiones de la verdad, especialmente aquellas destinadas a reconciliar a las partes en conflicto, resultan -por mucho- una opciòn mejor que la de los procesos penales, particularmente en sociedades en transición"..."Aunque soy un fuerte defensor de las comisiones de la verdad, particularmente aquellas que tienen por objeto la reconciliaciòn, debo conceder que hay muchos argumentos en favor de la posición opuesta"..."Destinadas a restaurar el autorrespeto y la autoestima de las vìctimas, (las comisiones) permiten una explicaciòn del pasado más compleja y abarcadora que los procesos criminales".

Por ahora me quedo pensando -sólo en esas líneas hay mucho para pensar- pero espero volver al tema después del debate con él (y LF).

Debatiendo con Jaime Malamud Goti (Comisiones de la Verdad 2)

Y se me viene encima el seminario sobre Jaime MG y con Jaime, en el que tengo que discutirle un trabajo en donde habla, elogiosamente, sobre las Comisiones de la Verdad.

(cambiemos por favor la fotito para el próximo Congreso: martilitos y balanzas deberían prohibirse para eventos jurídicos)

21 y 22 de mayo SUM - Mario Bravo 1050 El Seminario pretende rendir homenaje a Jaime Malamud Goti, profesor de esta Facultad y probablemente quien más ha desarrollado vínculos entre el derecho penal y la filosofía en nuestro país, abordando desde esta perspectiva una gran cantidad de temas que incluyen el castigo penal, el estudio de delitos en particular y recientemente las relaciones entre la suerte y la responsabilidad penal. Las jornadas servirán para reconocer sus contribuciones de la forma que mejor representa el respeto por una trayectoria académica: discutiendo. Lunes, 21 de mayo. 15:00 hs.     Presentación.    •    E. Raúl Zaffaroni. 16:15 hs.     Coffee Break. 16:30 hs.    Malamud Goti y el Derecho penal: ¿Qué sobrevive aún de esa relación? •    Maximiliano Rusconi •    Daniel Pastor •    Leonardo Pitlevnik Discusión 17:45 hs.     Coffee Break 18:00 hs.    Notas sobre la vergüenza y las razones Comentan:      Agustina Ramón Michel Celeste Braga Beatove Guillermo Moro Joaquín Millón Laura Mazzaferri Laura Roteta Máximo Lanusse Samanta Biscardi Santiago Roldán Martes, 22 de mayo. 14:30 hs.    Un pasado turbulento y el problema de la memoria. El problema de la justicia internacional Comentan: •    Roberto Gargarella •    Leonardo Filippini Discusión 16:00 hs.     Coffee Break. 16:15 hs.    Suerte, Moralidad y Responsabilidad Penal Comentan: •    Martín D. Farrell •    Marcelo Alegre •    Marcelo Ferrante 18:00 hs.     Coffee Break. 18:30 hs.    ¿Penalistas intolerables o intolerantes? Discusión final con Julio B. J. Maier. La actividad es abierta, gratuita y entrega certificados de asistencia.

La Comisiòn de Verdad en Brasil

Recièn llegado de Brasil, leìa en la CNN de allà sobre la importantìsima noticia de la Comisiòn de la Verdad que acaba de ponerse en marcha. Leía lo siguiente (y ahora vuelvo sobre el tema de comisiones de verdad):

Em solenidade na manhã desta quarta-feira, 16/05, a presidente da República Dilma Rousseff deu posse aos sete integrantes da Comissão da Verdade, que tem a missão de apurar as violações contra os direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988, que inclui o período da Ditadura Militar.

Durante o discurso no Palácio do Planalto, Dilma esclareceu que a motivação do trabalho da Comissão não é o revanchismo ou o ódio, mas a necessidade de esclarecer uma página da história do Brasil. “Nos move a necessidade imperiosa de conhecê-la em sua plenitude, sem ocultamentos, sem camuflagens, sem vetos e sem proibições”.

O desejo pelo esclarecimento das violações praticadas, especialmente durante o regime militar, já existia desde a redemocratização do país. O debate ganhou corpo em 2009, quando o Programa Nacional de Direitos Humanos abordou, entre outros aspectos, o direito à Memória e à Verdade. A partir de então, a Presidência da República passou a estudar o lançamento de uma Comissão da Verdade.

Trata-se de um dispositivo recente em novas democracias. De acordo com pesquisa do Núcleo de Preservação da Memória Política de São Paulo, na cartilha “A Comissão da Verdade no Brasil”, a primeira experiência deste tipo foi em Uganda em 1974. Atualmente, são 40 Comissões como esta atuando em todo o mundo.

A pesquisadora Priscilla Hayner, considerada a maior estudiosa da atuação destas Comissões no mundo todo, relata em sua pesquisa que ao questionar uma mulher sobre a necessidade de um grupo que analisasse possíveis violações dos Direitos Humanos, ouviu a seguinte resposta: “Para mobilizar as forças políticas, promover uma investigação que tenha amplos e definitivos poderes e assim chegar às muitas verdades que ainda são escondidas”.

Os sete integrantes da Comissão da Verdade – Cláudio Fonteles, Gilson Dipp, José Carlos Dias, João Paulo Cavalcanti Filho, Maria Rita Kehl, Paulo Sérgio Pinheiro e Rosa Maria Cardoso da Cunha – foram apresentados pela presidente na cerimônia de posse como pessoas de competência reconhecida, e com capacidade de entender a dimensão do trabalho que vão executar.

“Não fui movida por critérios pessoais ou por avaliações subjetivas. Escolhi um grupo plural de cidadãos e cidadãs de reconhecida competência, sensatos e ponderados, preocupados com a justiça e o equilíbrio, e acima de tudo, capazes de entender a dimensão do trabalho que vão executar”, declarou a presidente.

As primeiras declarações dos membros da Comissão, logo após a nomeação na semana passada, indicaram a direção dos trabalhos: as violações de direitos humanos cometidas por agentes do Estado nos anos do regime militar. Em declarações extra-oficiais, alguns membros da Comissão indicaram que os atos de terrorismo praticados por militantes de esquerda que se opunham à ditadura não serão investigados.

A advogada Rosa Cardoso, que integra a Comissão, declarou em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo que não há possibilidade de investigar crimes cometidos pelas organizações armadas. “Essas comissões, quando são criadas oficialmente, pretendem rever condutas de agentes públicos. E é isso o que fundamentalmente nós vamos rever: condutas de agentes públicos.”

Também em entrevista ao mesmo jornal outro integrante da Comissão, o diplomata Paulo Sérgio Pinheiro, foi enfático ao declarar que o único lado a ser analisado pela equipe será o das pessoas que sofreram violações de direitos humanos. “Nenhuma Comissão da Verdade teve ou tem essa bobagem de dois lados, de representantes dos perpetradores dos crimes e das vítimas. Isso não existe”.

Tais declarações dos membros do grupo tem preocupado setores das Forças Armadas, especialmente os da reserva, que também manifestaram à imprensa que vão se organizar para acompanhar de perto os trabalhos da Comissão, e evitar que os casos sejam acompanhados fora de seu contexto histórico.

De acordo com a cartilha do Núcleo de Preservação da Memória Política de São Paulo, uma Comissão da Verdade tem o objetivo de descobrir, esclarecer, e reconhecer abusos do passado, dando voz às vítimas. A lei 12.528, cria a Comissão, esclarece a finalidade do grupo, com o objetivo de “efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional”.

O grupo tem agora o prazo de dois anos para apresentar o relatório contendo as atividades realizadas, os fatos examinados, as conclusões e recomendações. O Secretário-Geral da CNBB, dom Leonardo Ulrich Steiner, afirmou que a entidade tem boa expectativa para os trabalhos da Comissão. “Os nomes escolhidos são de pessoas que têm grande amor pelo Brasil e, por isso mesmo, a Comissão primará pela elucidação dos fatos e pela reconciliação com nosso passado”.

Código Civil y propiedad indígena

http://odhpi.org/2012/05/a-proposito-de-la-reforma-del-codigo-civil/#!prettyPhoto

El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) considera como positiva la reforma del Código Civil que reemplazará un compendio normativo creado en condiciones muy diferentes al mundo y las relaciones que hoy intenta regular. Sin embargo, no tenemos la misma opinión sobre los aspectos que involucran de manera directa a los pueblos indígenas. Pese a que pareciera un avance el compromiso asumido por la comisión redactora de tener en cuenta estos aspectos a la hora de armar el texto, entendemos que en este caso el continuar con esa decisión puede constituir un retroceso grave para los pueblos indígenas de argentina.

Somos optimistas en que este puede ser el puntapié inicial para darnos un debate franco, amplio y plural para entender las implicancias jurídicas que tiene el reconocimiento de la preexistencia de los Pueblos Indígenas que hicieron los constituyentes de 1994. Para esto es primordial que se tenga en cuenta la voz de los implicados directos en respeto al derecho a la participación y a la consulta.

Además debiera reflexionarse sobre el carácter que tienen las relaciones entre el Estado y los Pueblos Indígenas, que no son como pretende el texto del anteproyecto relaciones de derecho privado sino relaciones de derecho público. Lo que no han tenido en cuenta los redactores es que desde la reforma constitucional y la incorporación de los tratados de derechos humanos (especialmente del Convenio 169 de la OIT) a nuestro sistema legal, los pueblos indígenas son sujetos colectivos cuya cultura, institucionalidad y jurisdicción territorial debe ser respetada. Esto implica una transformación del Estado y por ello la temática se ubica en el ámbito del ”derecho público”.  En cambio el anteproyecto reduce los derechos indígenas al ámbito privado de las cuestiones de propiedad entre particulares y asimila las comunidades a las asociaciones civiles que se someten a las reglas y controles de las autoridades administrativas, contrariamente a la “preexistencia” garantizada en la Constitución. Modificar este concepto es retroceder al modelo anterior, lo cual es ilógico, injusto e inconstitucional.

Por último queremos alertar sobre la gravedad de incluir la propiedad comunitaria indígena en el Código Civil. Como se sabe el código civil es un compendio normativo de carácter privatista que nada tiene que ver con los conceptos que originaron el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas. La propiedad indígena se deriva del reconocimiento de los pueblos como sujetos colectivos de derecho público, con libre determinación y autonomía territorial. Los conceptos de derechos reales y de posesión y propiedad civil son profundamente distintos y no se soluciona esa diferencia haciendo injertos inadecuados que incluso no respetan en lo más mínimo los estándares que surgen de la constitución y los tratados. Incluir este derecho en el código civil es restringir el derecho, deformarlo y desnaturalizarlo al punto de anularlo.

En conclusión, alertamos sobre la falta de consulta a los pueblos indígenas, sobre lo inadecuado de incorporar la propiedad comunitaria indígena en un compendio privatista como el código civil, y de la violación a la letra de la Constitución y los Tratados internacionales de Derechos Humanos ya que no se respetan los estándares mínimos allí establecidos en la materia como el derecho al territorio, a la ocupación tradicional o el procedimiento adecuado para el reconocimiento estatal de la propiedad indígena, entre otros.

Chávez, la CIDH y la dictadura argentina

publicado hoy en clarín por el amigo Ariel Dulitzky

http://www.clarin.com/opinion/Chavez-dictadura-argentina_0_701929888.html

El pasado 30 de abril, el presidente Hugo Chávez solicitó al Consejo de Estado estudiar la eventual salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acusa falsamente a la Comisión de haber apoyado el fallido golpe de Estado del 2002, por haber preguntado a los golpistas el lugar y condiciones de detención del Presidente. Algo que el propio Presidente, en una reunión en la que estuve presente, agradeció a la Comisión.

Las otras razones esgrimidas por Chávez y funcionarios de su Gobierno son variadas. Van desde que la Comisión es un mecanismo que utiliza Estados Unidos contra Venezuela, que la Comisión atenta contra la plena independencia y soberanía nacional hasta que la Comisión está parcializada en contra de Venezuela.

Todos argumentos, palabras más, palabras menos, iguales a los que la dictadura militar argentina utilizó cuando la Comisión hizo conocer su informe sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país . Al igual que Venezuela hoy, la dictadura amenazó con retirarse de la Organización de los Estados Americanos (OEA) si se hacía eco de las categóricas y críticas conclusiones de la Comisión. Pero la historia nos demuestra lo fundamental que fue el trabajo de la Comisión para nuestro país.

Las similitudes de argumentos son importantes para tener en cuenta la gravedad de la pretendida acción venezolana y la necesidad de que Argentina y todos reaccionemos . En los tiempos de las dictaduras y guerras civiles y en los tiempos modernos de democracias en deuda con la solución de problemas estructurales de derechos humanos, la Comisión, con su independencia e imparcialidad, fue y continúa siendo un instrumento para la protección de los derechos humanos en el hemisferio , al apoyar a los Estados -cuando existen las condiciones- y a sus habitantes en la efectiva promoción y protección de esos derechos.

La Comisión, mediante la resolución de casos individuales, visitas, relatorías temáticas, medidas cautelares así como informes temáticos y sobre países, cumple un rol fundamental de denuncia y de alerta temprana frente a situaciones que comprometen la democracia y el Estado de Derecho, al tiempo que protege los derechos de los habitantes cuando éstos no son debidamente garantizados a nivel nacional.

La Comisión ha salvado y continúa salvando vidas; en el pasado ha permitido abrir espacios democráticos y en la actualidad contribuye a consolidar, fortalecer y profundizar democracias más inclusivas e igualitarias ; ha combatido y combate la impunidad y ayuda a asegurar verdad, justicia y reparaciones.

Al ser un órgano de la OEA, no es posible retirarse de la Comisión, sin retirarse de la OEA, algo no mencionado por el Presidente.

La salida de Venezuela debilitará seriamente los mecanismos de protección de derechos humanos de todos y todas los y las venezolanas . De hecho, el artículo 31 de la propia Constitución venezolana reconoce el derecho de sus habitantes de acudir a las instancias internacionales a buscar la tutela de sus derechos. Por eso es indispensable que el gobierno de Venezuela reconsidere su decisión. Una salida venezolana afectará a todo el sistema interamericano.

La Rioja está llena de ipies

Llamativas (e anche ridículas) declaraciones del gobernador de La Rioja, contra los "hippies" que protestan contra las mineras. El hermoso espectáculo de los gobernadores K: el que no es un delincuente es un fascista (también hay combinaciones). Pero todo, sin dudas, en pos de una "política de los derechos". Las declaraciones, acá:
http://www.perfil.com/contenidos/2012/05/15/noticia_0029.html

Por otra política energética

(Nuevo documento de Plataforma 2012)

POR UNA VERDADERA ESTATIZACIÓN DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS

La crisis de YPF o el fracaso de una política energética

DOCUMENTO RESUMEN PARA LA PRENSA

Mayo 2012

Desde Plataforma 2012 estamos convencidos de la necesidad de recuperar nuestro petróleo y nuestro gas, así como de terminar con el saqueo y la contaminación producida por la megaminería a cielo abierto. Estamos a favor de una verdadera estatización de YPF y de la nacionalización de nuestros bienes naturales. Estamos a favor de una concepción diferente de dichos bienes, los cuales no son commodities, tal como se plantea desde la nueva división internacional del trabajo. Creemos que es necesario pensarlos como recursos naturales estratégicos y, al mismo tiempo, como bienes comunes. Por ello, no tenemos dudas de que empresas como Repsol o cualquier otra empresa privada o trasnacional, nada tienen que ver con los bienes naturales de todos los argentinos.

El anuncio de la expropiación del 51% de las acciones de YPF S.A. al grupo Repsol por parte del Estado Nacional despertó grandes ilusiones y una fuerte adhesión en amplios sectores de la sociedad. Esto está ligado a la significación y el valor –tanto real como simbólico- que YPF, como empresa productiva nacional, ha tenido y tiene para los legítimos anhelos emancipatorios del pueblo argentino. El anuncio se realiza cuando nuestro país se encuentra sumergido en una profunda crisis energética, producto de años de despojo de nuestros bienes naturales, nuestro petróleo, y nuestro gas.

Sin embargo, la ley recientemente sancionada por el Congreso Nacional no garantiza la satisfacción de las legítimas aspiraciones que ha suscitado en la sociedad, la transformación de YPF en una empresa al servicio de los intereses del país y mucho menos la resolución de la crisis energética.

Plataforma 2012 considera que la problemática energética remite a razones profundamente estructurales, que exigen una reflexión y un debate colectivo sobre temas de índole estratégico, de mediano y largo plazo, en el plano político, social, económico y ambiental.

En el documento POR UNA VERDADERA ESTATIZACIÓN DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS (ver versión completa) Plataforma 2012 aborda el tema desde un contexto que abarca el proceso enajenador de nuestro patrimonio energético en su conjunto y analiza las consecuencias de la privatización y vaciamiento de YPF, desde el gobierno de Carlos Menem hasta la actualidad. Este proceso incluye no sólo a Néstor y Cristina Kirchner como actores importantes, sino también a muchos gobernadores y legisladores que ayer apoyaron y votaron la privatización y que hoy aparecen como fervorosos defensores de la expropiación de una parte de las acciones de YPF.

La actual conformación de la matriz energética de nuestro país impone severas restricciones para sostener el proceso de crecimiento económico, para ampliar el bienestar de la población y para proteger y reproducir el ambiente en condiciones favorables. Una estrategia de desarrollo energético, inmersa en una mirada más global y de largo plazo, no puede desconocer la integración de estos tres elementos. La matriz energética de una Nación es un bien común y constituye la base de un desarrollo verdaderamente sustentable como insumo productivo, como bien de consumo, como recurso natural estratégico y como símbolo de soberanía económica y política.

Lo realizado hasta hoy por el gobierno está en las antípodas de esta necesidad. Por el manejo de los operadores del sector mediante una política de subsidios; por las concesiones arbitrarias; por las licitaciones poco claras para favorecer a empresarios amigos y afines; por el desaliento a la actividad hidrocarburífera local y la discrecionalidad en la toma de decisiones, la gestión de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner estuvo signada en este campo por la improvisación y la visión de corto plazo.

¿Constituye la expropiación del 51% del paquete accionario de Repsol una primera medida “reparatoria” , a partir de la cual resulta posible revertir 20 años de privatización y vaciamiento, encaminándonos hacia una política de autoabastecimiento, de soberanía energética y de desarrollo verdaeramente sustentable, tal como lo presenta, con un discurso épico, el gobierno de Cristina Kirchner?¿Qué cambia respecto de la política energética vigente hasta ahora la expropiación del 51% de las acciones de YPF?

Creemos que existen sólidos argumentos que colocan un manto de dudas en este sentido, teniendo en cuenta las acciones llevadas hasta aquí por el actual gobierno, los contenidos de la propia ley de expropiación de las acciones de Repsol en YPF así como la complejidad de los problemas energéticos en el país. Ciertas razones saltan a la vista: no hay cambio alguno del marco regulatorio ni política de nacionalización de los hidrocarburos; la medida está muy lejos de ser una verdadera estatización de la empresa; no conlleva una propuesta de largo plazo que apunte a la diversificación de la matriz energética; no modifica la estrategia del extractivismo depredatorio (más bien, todo lo contrario, significa su confirmación al proponer extraer gas no convencional con metodologías hoy cuestionadas –y prohibidas- en diferentes países, debidos a sus altos costos ambientales y sociales); no tiene en cuenta ni explica la responsabilidad de los funcionarios del gobierno en el progresivo vaciamiento de la empresa; tampoco explica por qué no se reaccionó cuando, a partir del año 2008, se pierde el autoabastecimiento y se hace necesario importar faltantes que crecieron a tasas exorbitantes con montos insostenibles.

Asimismo, Plataforma 2012 considera que la figura de la sociedad anónima que actualmente propone la ley es, en sí misma, un símbolo de la privatización. No ha sido positiva en el pasado y abre serios interrogantes sobre el futuro de la empresa y el control estatal en materia de hidrocarburos. Es importante preguntarse si el modelo de Sociedad Anónima con participación privada puede ser útil en vistas del objetivo declarado de lograr el autoabastecimiento en recursos hidrocarburíferos; más aún cuando bajo esta forma societaria se realizaron todas las maniobras que hoy se denuncian como “vaciamiento”. En síntesis, no hay argumentos sólidos para explicarle a la ciudadanía por qué la supuesta “nacionalización” de YPF no se hace bajo la forma de una empresa del Estado.

No es una cuestión menor considerar el modo que impuso el gobierno nacional para el tratamiento del proyecto en el Congreso. ¿Por qué, si la ley de expropiación de YPF es considerada de carácter estratégico, no aceptó modificar siquiera una coma del proyecto original enviado por el poder ejecutivo? ¿Qué sentido cobra el debate parlamentario o la discusión pública si éstos se asientan sobre la sordera persistente de un gobierno que no atina a reconocer responsabilidades pasadas ni a escuchar las voces, reclamos y propuestas de aquellos sectores que históricamente han sostenido la defensa y recuperación de nuestros bienes comunes?

No desconocemos las cuestiones ni los problemas urgentes de la coyuntura, pero ni unos ni otros pueden convertirse en el vector privilegiado de las políticas públicas argentinas, tal como ha venido sucediendo hasta ahora. Por el contrario, las resoluciones coyunturales requieren estar inscriptas en un proyecto a largo plazo.

La matriz energética de nuestro país merece recobrar la mirada estratégica a largo plazo que alguna vez le confirió Mosconi. Plataforma 2012 considera que un verdadero replanteo estructural de la matriz energética debe considerar, entre otros puntos esenciales, el incremento de la apropiación pública de la renta petrolera en la perspectiva de su estatización total, la diversificación de la matriz energética con el fin de quebrar la dependencia de los hidrocarburos y la promoción de energías alternativas no contaminantes. El Estado argentino debe recuperar su capacidad para llevar adelante una política energética al servicio de los intereses del país y consistente con un modo de desarrollo económico verdaderamente sustentable.

Primeras firmas: Mirta Antonelli, Jonatan Baldiviezo,Héctor Bidonde, Jorge Brega, Gastón Burucúa, Diana Dowek, Lucila Edelman, Mónica Galán, Mario Galvano, Roberto Gargarella, Adriana Genta, Diana Kordon, Gabriel Levinas, Darío Lagos, Javier Lindenboim, Rubén Lo Vuolo, Gabriela Massuh, José Miguel Onaindia, Mónica Scandizzo, Maristella Svampa, Enrique Viale, Nicolás Tauber Sanz,Osvaldo Tchercaski, Jaco Tieffenberg, Patricia Zangaro,

Puntos esenciales del documento:
I. La privatización y vaciamiento de YPF
Sus consecuencias
Consumación del saqueo
II. Problemas relevantes de la actual matriz energética
El caso Enarsa
La pérdida del abastecimiento
III. Análisis de la ley de expropiación
¿Qué significa la expropiación del 51%?
¿Qué significa la cesión de acciones a las provincias?
La consolidación del extractivismo depredatorio
El art. 12 y la denuncia de pasivos ambientales
Potestades del Poder Ejecutivo
Carencia de control público
La falta de modificación del marco regulatorio vigente
IV-Lineamientos para una estrategia de desarrollo energético para la Argentina