Tragedia de Once: emoción por la condena. Doce años de kirchnerismo resumidos ahí

Me quiebra la emoción por la condena de hoy, a los responsables de la masacre de Once: condenados de modo conjunto, como debía ser, funcionarios kirchneristas y empresarios corruptos, enriquecidos a costa de los muertos, ellos. Me emociona saber que los familiares de los muertos, que empujaron este juicio desde el primer momento, con tremenda entereza y sentido de justicia, quedaron satisfechos con el veredicto. Me emociona escucharlos, con la dignidad intacta. Me emociona la lucidez de ellos ("el poder que encubrió a los acusados, nos mira desde Santa Cruz"). Me emociona que la justicia haya actuado con celeridad y contundencia, por fin (más allá de las penas y los años de cárcel: lo importante es la justicia, no la cárcel, lo importante es que se pruebe el crimen, que se condene a los culpables, que ellos cumplan la pena). Me emociona que haya quedado en claro lo que fue todo esto:

Once representa la gran postal de lo que, para mí, fueron los diez años del kirchnerismo, el acto que lo resume todo: un contubernio entre funcionarios y empresarios corruptos, repartiéndose licitaciones, subsidios y "retornos", a costa de todo, aún de la muerte de decenas de trabajadores, pero en nombre de ellos. Dolor y emoción infinitos.

No corresponde intervenir la AFSCA por decreto

Reportaje al uruguayo Edison Lanza, director de la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la OEA, acá. (aunque, insisto, al sujeto que ocupaba la dirección del organismo debió habérselo sacado de la mano de una orden judicial, por usurpar un cargo público y cometer una sucesión de delitos desde ese mismo cargo)

El fin del progresismo

Muy buenos reportajes al lúcido Raúl Zibechi, empezando por acá

hoy

Presos o procesados?

(Acá) La justicia mendocina toma una posición fuerte y extraña, pero lo cierto es que no puede mantenerse a cientos de personas indefinidamente presas mientras son procesadas. liberarlos es un problema, pero mantener a estas personas presas una injusticia, constitucionalmente no permisible. Que sea un hecho habitual no lo hace justo ni le da validez

Svetlana: Mujeres sin voz, mujeres nadie

Leo con fascinación y cierta angustia los escritos de la última nóbel de literatura, Svetlana Alexiévich. Por serlo, me acerqué a sus textos con cierta prudencia, pero el proyecto me interesaba: simplemente, transcribir las voces de las mujeres desplazadas, no escuchadas, humilladas y ofendidas en situaciones extremas -la segunda guerra, chernobil. Hablan las enfermeras, las auxiliares de compañía, las técnicas sanitarias, las tiradoras, las encargadas de transmisiones, las de la unidad de lavandería...

***

Esas voces cuentan una historia olvidada, sin medallas ni halagos: puro olvido y maltrato. Qué recuerdan, les pregunta ella. Recuerdan las ropas que lavaban, tan pesadas por la carga enorme que le agregaba la sangre. Recuerdan las ratas escapando de a miles antes del bombardeo. Recuerdan los ojos abiertos de los muertos, que necesitaban cerrar por el miedo. Muchas tienen un recuerdo recurrente: la persona que resistía viva, al borde de la muerte, hasta reencontrarse con la imagen, real o imaginada, del ser amado, o leer la carta esperada: recién entonces morían.

***

Y qué esperaban, qué soñaban, del final de la guerra. Soñaban comprar un paquete de galletas. Soñaban con ir a la peluquería. Soñaban con reencontrarse con el hombre que las había dejado. Algunas otras, en cambio, no querían recuerdo alguno. Necesitaban dejar de pensar. "Acumulo ropa sucia para el día de los festejos" -le cuenta una- "así me encierro a lavar la jornada entera y no pienso."

***

Stalin decía: "En la guerra no hay prisioneros. Hay traidores." Y entonces las mujeres de los presos, los que no habían alcanzado a quitarse la vida antes de ser apresados -en muchos casos, simplemente, por carencia de municiones- pasaban a ser las traidoras del pueblo, resultaban de repente despreciadas por quienes hasta ayer trataban con ellas.  

***

"Sabe lo que pensábamos todos durante la guerra?" -pregunta y responde una. "Imaginábamos qué feliz será la gente después de la guerra¡ Qué vida más bella y feliz comenzará. La gente ha pasado por tanto sufrimiento que todos serán buenos, los unos con los otros. Habrá mucho amor. Las personas serán distintas. No dudábamos. Ni por un instante... Querida mía, todo es igual que antes, las personas se odian entre ellas. Otra vez se matan unos a otros. Es lo que no acabo de entender. Y quiénes son? Somos nosotros. Nosotros."

Apareció la nieta de Chicha Mariani¡

LADI 3

Nuevo gran número de la Revista Latinoamericana de Derecho Internacional, acá

Cantón

Un abrazo y el deseo de la mejor de las suertes para Santiago Cantón, nuevo ministro de derechos humanos en la Provincia de Buenos Aires, acá

Dos alertas amarillas: Protesta y Ley de Medios

En este duro fin de año, tenemos dos preocupaciones principales en el ámbito público: lo que ocurre y ocurrirá con la protesta social, y lo que ocurre y ocurrirá en relación con la Ley de Medios. Entiendo serán los dos temas dominantes en este espacio, en el porvenir.

1) Lo primero sigue siendo preocupante (luego de los más de 3000 muertos por gatillo fácil y tortura, y 21 muertos en protesta social del kirchnerismo -ver CORREPI, acá) porque la conflictividad va a crecer; porque la oposición va a apuntar a remover al gobierno como a Duhalde; y porque el fijar una postura dura en el área está en el ADN de un cuarteto fuerte y muy influyente dentro del gobierno (los nombres son conocidos). O sea que habrá que extremar la atención en el tema -lo que se vislumbra no es bueno. 

2) La Ley de Medios es otra cuestión crucial. Otra vez, lo hecho por el kirchnerismo en el área fue casi puramente delictivo (Sabatella ocupaba su posición de modo ilegal -y por tanto debió ser removido con una orden judicial- el directorio funcionaba de modo ilegal -por no darle a la oposición el lugar que debía- y la mayor parte de las decisiones tomadas por ese directorio también fueron ilegales -más aún lo fueron, me animaría a decir, las decisiones no tomadas, esto es, las relativas al 33 por ciento reservado para "otros medios"). Pero lo sugerido por el nuevo Ministro de Comunicaciones -todo lo dicho hasta ahora- representa una mezcla de irresponsabilidad política e ignorancia jurídica asombrosos. Entiendo que en el gobierno hay "otra gente" capaz de frenar estos impulsos, pero la situación sigue siendo en todo caso muy preocupante. 

(El marco de la discusión tampoco ayuda. En parte por el espacio que ganaron en estos años dos de los sectores con peor formación local, esto es decir, los periodistas y los comunicadores sociales, el nivel de la discusión descendió a los infiernos: "no hay posiciones imparciales"; la única postura aceptable es la "militante"; los medios hegemónicos oprimen; la "gente" tiene el cerebro lavado o no de modo intermitente, y de acuerdo a si respalda o no lo que me gusta; etc.: lamentable, y otra fuente de malos augurios. Para colmo, el silencio cómplice que guardaron los aliados del kirchnerismo, en estos años, desautoriza a quienes hoy quieren aparecer como los grandes nuevos críticos del poder: cómo respetar la opinión de organizaciones que hoy critican lo que ocurre en materia de comunicación, pero convivieron alegremente con violaciones masivas, consistentes, graves y permanentes del derecho?).

Cresta Roja: Después hablamos de derechos

Después hablamos de derechos
Por ahora, simplemente exigimos que el Estado no use de este modo su poder coercitivo: ni antes, ni ahora, ni nunca

Nombramientos 7

Muy buena nota de M.Hevia y E.Rivera López, acá

Los límites morales del mercado. Reportaje a Debra Satz

Acá

La muerte de Nisman como Aleph

(Publicado en Ideas de La Nación, acá)

Hay hechos que, por su extraordinaria relevancia, sirven como punto de encuentro en el que todos podemos confluir para pensar, recordar y sintetizar un período. Voy a llamar a tales hechos “puntos focales”. Voy a considerar que esos puntos focales representan las grandes metáforas que nos permiten resumir una etapa, condensando de ella lo que más destaca. Según entiendo, la muerte del fiscal Nisman resulta, como pocos otros, el hecho determinante de esta larga década –el hecho que, bien mirado, y como un aleph, nos permite atravesar con nuestra vista todo un período.

Por qué podemos considerar que la muerte de Nisman sintetiza toda la década? Ante todo, la muerte de Nisman nos dice que en esta época lo inverosímil pudo volverse cierto (que muriese el fiscal que acusaba a la Presidenta de crímenes de estado gravísimos, a horas de declarar frente al Congreso). Pero mucho más que eso. La muerte de Nisman nos habla del estado de la justicia en la Argentina, con un fiscal dedicado exclusivamente a investigar un caso, durante 10 años, para presentar su informe final casi sin pruebas. La muerte de Nisman nos habla de un período en donde el poder político decidió anudar su suerte no con la política partidaria o el diálogo, sino con los servicios de inteligencia, y aceitar todas sus dificultades con el uso cuantioso, discrecional e inconsulto del dinero compartido. La muerte de Nisman nos habla del estado de las fuerzas de seguridad en la Argentina, cuando la persona más custodiada del momento pudo morir o ser muerta sin que nadie se enterase, durante horas, de que algo extraño había ocurrido con ella. La muerte de Nisman nos habla de nuestra confianza en esas mismas fuerzas cuando para todos (en lo cierto o no) resultó obvio desde un comienzo que las fuerzas de la custodia no eran ajenas a la muerte de la misma persona a quien custodiaban. La muerte de Nisman nos revela la indefensión a la que estamos sometidos, cuando repasamos las imágenes de lo que fue el departamento del fiscal, una vez encontrado su propio cuerpo: decenas de personas enredando todas las pruebas, contaminando la escena final, confundidas entre sí y confundiendo con ellas a todo el resto. La muerte de Nisman nos habla de los aspectos más dolorosos y agraviantes de un período, en donde fue posible matar al fiscal después de muerto, con carteles que lo deshonraban –rastros de humillación desplegados por el oficialismo, contra el muerto recién, a lo largo de la ciudad entera. La muerte de Nisman nos avergüenza a todos, cuando recordamos a la Presidenta de entonces diciendo, frente a la muerte, que no tenía dudas pero tampoco pruebas. La muerte de Nisman nos habla del nivel de degradación que alcanzara entonces la palabra pública, que permitió a la máxima autoridad del país decir una cosa (se suicidó) y la contraria (fue muerto) en apenas horas. La muerte de Nisman, final y principalmente, vino a certificar para el conjunto una certeza: nadie pagaría nunca por lo acaecido; ninguno sabría jamás la verdad de lo acontecido.

Nombramientos 6. El drama de los constitucionalistas

En una irritativa columna (hoy, acá) el sociólogo E.Fidanza incluye este párrafo:

"Tal vez, el drama de los constitucionalistas dogmáticos deba ponerse en paralelo con las tribulaciones y recelos de los economistas que creen a ultranza en la libertad de mercado, aborrecen el déficit fiscal y consideran al empleo público un defecto insanable. Ellos también hacen profesión de fe moderna, y por lo tanto, tienen dificultades para entender la dinámica de la nueva era. Se trata de una incapacidad de interpretación. Nadie dice, con sensatez, que no deban corregirse las variables macroeconómicas. El Gobierno lo está intentando, con instrumentos factibles y conciencia de los límites. El pesimismo de los dogmáticos consiste, sin embargo, en creer que si no se cumple con la ortodoxia, tarde o temprano, sobrevendrá el desastre. En definitiva, su horror vacui es la angustia ante lo imperfecto."

Además del indeseable tono "real politik" que sobrevuela al texto (por lo demás, un mal consejo que en su momento terminó llevando a la sepultura a la vieja Alianza, que también, llegada al poder, quiso mostrar que "tenía con qué", y murió inmediatamente por ello), hay en su crítica un error de comprensión grave:

La Constitución no nos refiere a un camino opcional, sino a un compromiso: una obligación sobre pautas mínimas que todo gobierno debe cumplir. Si un gobierno, llegado al poder, viola la libertad de expresión, no está optando por un camino posible, entre varios alternativos y que dependiendo de las circunstancias, puede ser elegido o no. Está violando parte del principal pacto que ha prometido cumplir. La Constitución no es un problema a resolver (como la inflación o el desempleo) sino una exigencia que deriva de un pacto entre iguales. Por tanto, quienes demandamos su cumplimiento (por ejemplo, exigiendo que los jueces no sean elegidos sin acuerdo del Senado) no somos fundamentalistas ni dogmáticos, sino ciudadanos que no queremos que el pacto firmado se rompa otra vez. Es como si Fidanza llamara dogmático a quien entregó su departamento y exige al comprador que se lo pague: no se trata de un fundamentalista inmobiliario sino de alguien que quiere que el otro no viole las reglas (una vez más), haciendo trampa, y dejándolo a uno en el desamparo (otra vez).

p.d.: Con dos addendas. Por un lado, al pacto que es la Constitución se le adicionan ciertos pactos mínimos, de campaña, que también son exigibles (deberíamos volver sobre ello). Uno de los principales compromisos asumidos por el gobierno entrante, en contraste con el gobierno anterior, fue el de no arrasar con las instituciones. Tirar abajo los estantes institucionales apenas llegado al poder resultó, además de todo (además de una ruptura del pacto de campaña) un error político indudable del nuevo gobierno. A las pruebas de su vuelta atrás me remito. 

Por otro lado, el caso en cuestión nos refiere al omnipresente problema interpretativo que permitiría decir que "no hay una sola solución constitucional para cada problema." La cuestión es que la presencia del problema interpretativo no impide reconocer la presencia de infinidad de casos claros. En el caso en cuestión, es claro que los jueces (muy en particular los de la Corte) requieren de acuerdo del Senado, sí o sí. La indignación generada por los nombramientos, en torno al proceso, no fue dogmática sino producto de lo obvio: se optaba por una "excusa" constitucional que, en el mejor caso, y por un tiempo, permitía desafiar una exigencia constitucional clara, que no descansa en un dogma sino en un ejercicio de destreza legal y político. Esto es, la designación de los jueces debe depender de un acuerdo político amplio, y no de la voluntad discrecional de alguien. Entonces, otra vez, no confundamos, irresponsablemente, las esferas económica y jurídica. La última nos refiere a compromisos muy básicos -caminos no opcionales- que todo gobierno está obligado a cumplir. Es esto lo que, por suerte, nos separa a los convencidos del derecho de los cultores de la "real politik". Nuestro mundo no abre la puerta al "todo vale" sino que acepta que "algunas cosas, sí o sí, se deben cumplir."

Nombramientos (en comisión) para la Corte Suprema 5. Leyes de impunidad (y P12)

Hoy Página 12 hace otra de sus imperdonables operaciones, presentando al candidato a la Corte CR como contrario a la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. En la tapa del diario, en su primer recuadro superior, anuncian "El cortesano que tiene problemas con fallos de la Corte." Esto es: habrá que pensar de nuevo si se quiere nombrar a alguien que está en contra del tribunal en el que va a trabajar. Y aclara, para hundir más el puñal en el lugar preciso, que CR "cuestionó las sentencias de ese tribunal que declararon la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad". La nota al interior del diario es ésta, acá. 

Se trata de un debate, en el que yo mismo participé, que se hizo en la Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, y en el que Leo F. y CR principalmente, debatieron sobre el fallo "Simón" (inconstitucionalidad de las leyes de impunidad) y sobre los modos en que en "Simón" se tomó el antecedente de la Corte Interamericana en "Barrios Altos" (inconstitucionalidad de las amnistías).

La discusión fue "técnica," y entiendo que ninguno de los nombrados hablamos nunca a favor de las leyes de impunidad, ni criticamos el valor de los Juicios a la Junta (a favor de los cuales CR trabajó en los comienzos del gobierno de Alfonsín). Discutimos, de modo mucho más restringido, sobre los modos en que se toman y citan precedentes. Yo, por caso (y creo que CR también) nos acercamos allí a la postura de Fayt en "Simón," porque entendemos que "Barrios Altos" no se aplica del modo en que la Corte Argentina lo dijo. Petracchi, Lorenzetti, Zaffaroni, consideraron que luego de "Barrios Altos" ya no había lugar para pensar en alternativas: las amnistías están fuera del territorio de lo jurídicamente imaginable. De ese modo, abonaron una pésima tradición argentina, muy fuerte en nuestro derecho: el derecho son "órdenes"; si lo dijo el tribunal de más arriba tenemos que dejar de pensar.

En lo personal, pienso que la validez de "Barrios Altos" se asienta, fundamentalmente, en otro punto (al menos, es lo que desde mi perspectiva hubiera justificado suscribir la nulidad de las leyes del perdón dadas por Fujimori): Fujimori promovió una "auto-amnistía" para "los suyos", en condiciones democráticamente deplorables (poco antes había cerrado el Congreso). En la Argentina, el contexto fue, en modo relevante, muy distinto: amnistía "a otros", y dada en el marco de un sistema democrático. Para mí, la debilidad de ese mismo marco democrático en la Argentina (contexto de levantamientos militares) debilita a su vez la validez de las normas del perdón argentinas. CR hace otro tipo de argumento, poniendo el acento en elementos de "comunidad" y "membresía" -qué es lo que hace "nuestro" al derecho. Leonardo trata de mostrarle por qué ese derecho internacional es "nuestro". Yo discuto el énfasis comunitario más que democrático de CR (que implica reconocer el valor del derecho internacional en la discusión democrática global), pero entiendo que su punto es interesante.

En todo caso, en este tema, como en otros (la protesta por ejemplo) discutimos mucho y muy fuerte con CR. Pero el artículo y la tapa de Página 12 de hoy representan una vulgar operación, destinada a convertir a CR en lo que no es, y a transformar una discusión técnica muy importante en una forma de golpear al que piensa diferente, en lugar de argumentar con el otro y en todo caso contra el otro. Llevan 10 años haciéndolo, entiendo que tomará tiempo salir de ese lugar.

Nombramientos (en comisión) para la Corte Suprema 4. Entrevista (video)

El video con una entrevista que me hacen desde el diario La Ley, acá

Nombramientos (en comisión) para la Corte Suprema 3. Derecho, historia y política

*Publicado hoy en Clarín, acá

Quisiera realizar cuatro breves comentarios, relacionados con las recientes designaciones presidenciales, de dos jueces en comisión (es decir, jueces nombrados en forma provisional, sin acuerdo del Senado) para integrar la Corte Suprema.

Los candidatos designados. Comienzo por distinguir el contenido de la decisión -los nombres de los jueces escogidos- de los procedimientos con que se tomó la misma. Ambos candidatos tienen sobradas credenciales jurídicas para ocupar los cargos para los que fueron propuestos. Ellos cuentan con una gran preparación académica, y muestran un fuerte compromiso con los asuntos públicos (Rosatti demostró competencia en los muchos cargos públicos que ocupó; Rosenkrantz participó del primer diseño de la estrategia jurídica del Juicio a las Juntas; su estudio jurídico defendió a la Comunidad Homosexual Argentina, cuando el menemismo la avasallaba). Destaco lo dicho, más allá de mis preferencias personales (i.e., exijo la designación de mujeres en la Corte). Y lo hago también, más allá de los disensos que he tenido con los candidatos designados: nada impide reconocer el valor de los antecedentes de los nombrados

La interpretación constitucional. Me referí recién al contenido de la decisión, y me referiré ahora a la forma en que la decisión fue tomada. El trámite de la designación compromete a la Constitución. Existen –las conocemos- formas de circunvalar el texto constitucional relevante en el caso (el art. 99 inc. 19, que autoriza al Presidente a “llenar las vacantes de los empleos” que ocurran durante el “receso” del Senado). Es posible encontrar usos de los términos más controvertidos del artículo (los jueces como “empleados”; un “receso” como el recién iniciado) que encajen con la lectura preferida por el oficialismo. Un par de fallos por allí, algún autor conocido por allá, respaldan dicha lectura. Pero no es invocando argumentos de autoridad como merece leerse la Constitución. Para comenzar: no nos encontramos hoy en la situación de urgencia grave y sin alternativas, como aquella que motivara al artículo (se podría llamar a sesiones extraordinarias, o esperar por el reinicio de las sesiones legislativas, o nombrar conjueces para salir del momento difícil por el que atraviesa la Corte). Y lo más importante: la Constitución merece apoyarse en una concepción interpretativa diferente. En mi opinión, ella debe ser leída a partir de dos claves principales: i) máxima deferencia hacia las decisiones políticas resultantes del buen funcionamiento del juego democrático; y ii) el escrutinio más estricto sobre las decisiones políticas capaces de afectar las reglas del juego democrático. Para ejemplificar lo dicho de un modo sencillo: i) máximo respeto para el plan económico escogido por un gobierno (i.e., el “New Deal”); ii) escrutinio severo sobre las decisiones que afecten las reglas electorales o pongan en riesgo la división y control entre los poderes (i.e., el plan de “democratización de la justicia”). Frente a estas últimas decisiones, la Constitución debe ser interpretada del modo más restrictivo.

La política. El Presidente Kirchner comenzó su gobierno modificando el procedimiento para la designación de jueces (a través del reputado decreto 222). Por medio de esa reforma, Kirchner no expandió su poder, sino que se ató las manos. Una década más tarde (y a pesar de las tropelías cometidas), el kirchnerismo siguió apelando a aquel momento inicial para dotar de legitimidad a sus actos. Es difícil de entender por qué el nuevo gobierno desperdicia la enorme oportunidad a su alcance para reforzar la autoridad de su mandato, y así dar contenido real al discurso institucionalista de su campaña (por qué dilapidar apoyos, cuando tiene la posibilidad de consolidarlos? Por qué dañar de ese modo a los designados?). Mucho peor que eso, el oficialismo le ofrece a un futuro gobierno autoritario una excusa perfecta: invocar el antecedente de esta reforma para comisionar jueces de espanto (temblaremos de miedo ante cada nuevo receso).

La historia. Finalmente, un comentario sobre la historia reciente. Para quienes, desde el instante primero, criticamos por igual a cada nuevo gobierno, resulta cuanto menos curioso escuchar las indignadas invectivas legalistas de quienes, hasta ayer nomás, contribuyeron a que se saqueara el derecho. Recordamos cuando defendieron la designación de jueces subrogantes; avalaron el sometimiento del Consejo de la Magistratura; aplaudieron la nominación de Reposo; sostuvieron el tratado con Irán; festejaron como “genial avivada” las candidaturas testimoniales; o usaron argumentos que sabían falsos para defender la “democratización de la justicia”. Recordamos que al pedir ayuda en defensa de la ley, se burlaron de nosotros llamándonos –como un insulto- “republicanos.” Recordamos que corrieron el cuerpo cuando –en nombre del derecho- les pedimos una mano. Recordamos sobre todo, con mucho dolor, que cuando más necesitamos de su palabra, con cara de disimulo, estruendosamente, permanecieron callados. 

Nombramientos (en comisión) para la Corte Suprema 2. A favor y en contra

Aunque no pienso al tema de los nombramientos con la lógica de las "dos bibliotecas enfrentadas", presento dos escritos con visiones opuestas sobre el tema, ambos con buenos argumentos. Un texto bien fundado, a favor, escrito por M.García Mansilla, acá. Un importante acuerdo entre (las organizaciones que apoyaron el 222) el CELS, ACIJ, APP, INECIP, U. de Usuarios y Consumidores, con críticas, acá.

Hablar sobre el derecho

Me inconcebible que haya gente que (me) exija por las redes sociales que uno se pronuncie urgente sobre (contra) cada medida del nuevo gobierno.

1) En lo personal, tardé más de un año en empezar a criticar al gobierno de Néstor K.
2) En cambio, este gobierno acaba de comenzar y ya antes de asumir, de mi parte, critiqué muchos de los nombramientos que se anunciaban, tanto como el decisionismo económico que se preveía
3) En casi todos los casos -claramente en éste sobre las designaciones en la Corte- antes de que se publicaran las "exigencias de opinión" por la web, yo ya me había pronunciado (críticamente) sobre lo que, indignados, me exigían comentar (ver, por ejemplo, post anterior)

Pero sobre todo:

Los necesitamos para impugnar a los jueces subrogantes, y se callaron
Los necesitamos para impugnar las candidaturas testimoniales, y prefirieron no decir nada
Los necesitamos para impugnar las reformas sobre el Consejo de la Magistratura, y se lavaron las manos
Los necesitamos para impugnar el nombramiento de Milani, y lo avalaron
Los necesitamos para atacar la remoción de Righi, y la asumieron
Los necesitamos para impugnar el pacto con Irán, y lo defendieron
Los necesitamos para impugnar la inconstitucional democratización de la justicia, y la apoyaron
Los necesitamos para impugnar las designaciones ilegales de fiscales, y prefirieron el silencio
Los necesitamos para impugnar la ley de lemas que acaba de volver a aplicarse donde no se podía, y se borraron
Los necesitamos para impugnar la catarata de irregularidades hechas por el AFSCA en todo este tiempo (frente a una ley de medios que supimos defender) y tampoco estuvieron

El etcétera es infinito

Así que ahora esperamos un poco de autocrítica; que pidan disculpas por todo lo que hicieron y omitieron decir; y también un respetuoso silencio, por un buen tiempo, antes de salir a impugnar a quienes durante años criticamos todo lo que hubo que criticar, mientras ustedes callaban

Nombramientos (en comisión) para la Corte Suprema

(ACLARACION: ESTE TEXTO FUE REPRODUCIDO SIN MI AUTORIZACION EN INFOBAE, ACA, Y ADEMAS CON UN TITULO QUE YO NO PUSE Y QUE NO DA CUENTA DE LO QUE DIGO EN EL POST. POR AMBAS CUESTIONES -APROPIACION INDEBIDA, CAMBIO DE TITULO- CRITICO LA DECISION DE INFOBAE)

(acá sobre la designación de CR y HR en comisión) 

Sobre el contenido de la decisión. Los dos candidatos tienen una excelente formación: se trata de dos de los juristas más importantes de la Argentina (más allá de los acuerdos y desacuerdos que pueda tener con cada uno de ellos, y que he reflejado por escrito en más de una oportunidad -pero ello no importa ahora- y más allá de la necesidad de que las designaciones sean ecuánimes -también- en materia de género).

Sobre la forma de la decisión. Hay resquicios constitucionales para darle sostén a la decisión de nombrar a dos jueces en comisión -puede forzarse un poco el sentido más obvio de la Constitución para sostener que el inc. 19 del art. 99 CN habilita al Presidente para hacer lo que hizo. Pero se trata de una decisión que merece ser interpretada como en conflicto con la Constitución: en aspectos relacionados tan íntimamente con sus bases procedimentales y el control al poder, la Constitución requiere ser interpretada restrictivamente -como impidiendo y no como avalando movimientos que expanden la autoridad de un poder (el que toma la decisión) sobre los otros (todo lo demás es buscar excusas tironeando indebidamente de lo que está escrito: no está bien y no corresponde hacerlo). Por lo demás, se trata de una decisión inconveniente en términos políticos; que pone en riesgo de modo innecesario a las personas designadas; y que contrasta enormemente con el envión de legitimidad legal que en su primer momento supo ganar (para socavar luego) el kirchnerismo, en relación con la Corte y la justicia en general (ese primer envión jurídico proveyó de oxígeno al kirchnerismo, durante años).

El Presidente puede preservar las postulaciones hechas, pero necesita corregir rápidamente el modo en que ha llevado a cabo estas designaciones, por más que ellas tengan en principio un carácter provisional. No corresponde que la Constitución se interprete del modo en que el oficialismo está proponiendo que sea interpretada -aunque pueda hacerse el ejercicio.

Estado y libertad de expresión en el caso 678

Voy a ocuparme aquí de las iniciativas puestas en marcha por el gobierno entrante para remover de la TV pública al programa 678, destinado en estos años a defender al gobierno, atacando de modo persistente y habitualmente denigrante a los miembros de la oposición y a representantes del pensamiento crítico - voces sistemáticamente ausentes, por lo demás, en el programa, salvo raras excepciones.

* Como principio general: El ideal que el Estado debe asegurar en materia de comunicación pública no es, meramente, el de la "no censura" (mucho menos el de la "libre empresa"), sino uno mucho más exigente: el Estado debe asegurar un debate público robusto, sobre temas de interés público. 

* Al principio general le adjuntaría tres addendas particulares: i) el Estado debe dispensar una especial atención a las voces críticas; ii) el Estado debe asegurar un cuidado especial a las voces que quedan inaudibles por los limitados canales institucionales disponibles -un hecho del que es responsable; y iii) el Estado debe mostrarse particularmente alerta ante las voces que resultan de hecho excluidas en razón de condiciones de desigualdad de las que también es responsable.

* Lo dicho hasta aquí no significa que la comunicación pública deba agotarse en la promoción del debate público (en su versión menos interesante: promover sólo o fundamentalmente debates políticos). Sí, en cambio, debe subrayarse que el Estado debe asegurar que haya espacios (centrales y laterales) en donde se trate sobre cuestiones de interés compartido, desde posiciones opuestas.

* Es importante recordar que aquí vamos a ocuparnos de una situación más específica: cómo traducir esa política general en relación con los medios públicos que el Estado controla. Y, más en particular, vamos a hablar aquí de la política que debe expresar el Estado frente a un programa particular.

* Especifiquemos entonces el principio general en principios particulares. Ante todo, diría que promover el debate público es distinto de, meramente, asegurar la exposición de voces diferentes. El debate público robusto puede conseguirse de muchas formas, pero la simple exposición de voces diferentes no es la la mejor. Ejemplo de esta situación menos atractiva: un programa con A hablando a favor de A y en contra de B, y otro programas con B hablando a favor de B y en contra de A. Promover el debate público implica, sobre todo, promover programas en donde A y B se encuentran, tienen la oportunidad de hablar entre sí, de aprender uno del otro, y de corregirse y ayudarse el uno al otro. Esta posibilidad es compatible con una situación en donde las voces opuestas simplemente disientan y no se ponen de acuerdo, y mantienen el conflicto que las tensa, pero en todo caso es importante que esas voces opuestas tengan la posibilidad de identificar los puntos y alcances de sus disidencias. Es decir: lo que debe primar es el debate, más que la mera expresión de voces diferentes. (En este sentido, un programa como 678 no resulta particularmente atractivo: no es impermisible, pero tampoco es deseable, en términos de debate público. Por qué separar y sectarizar de este modo las voces plurales? Qué justifica optar por la opción individualista del "cada uno por su lado"? ).

* En relación con la idea de que el debate público debe ser robusto, agregaría lo siguiente. Por un lado, el Estado debe hacer un esfuerzo para canalizar sus compromisos a través de una programación de calidad. En este sentido, agregaría, el Estado no está obligado a financiar programas de mala calidad, como entiendo que ocurre en el caso que nos ocupa. De todos modos, y como el punto de la "calidad" es más subjetivo, voy a dejar de lado la cuestión -que no considero irrelevante- y concentrarme en el punto siguiente. Dejo constancia, en todo caso, de lo siguiente: existen diferencias visibles para cualquiera entre, pongamos, el canal Encuentro, y el canal 7, que reafirman que el Estado tiene en sus manos la posibilidad de poner en marcha una programación de calidad, sin defectos como los que voy a mencionar a continuación. 

* De modo más específico aún, el Estado debe asegurar estándares de respeto hacia el otro. El respeto hacia el otro es incompatible con la presencia de programas en donde sistemáticamente se discrimine o denigre a alguna persona o grupo. Ello así, ya sea que hablemos de programas en donde, por ejemplo, se denigra a la mujer (como en algunos de los programas de entretenimientos que predominan en la tv privada); o de programas en donde se denigra al que piensa diferente (como en el caso que aquí nos ocupa). El Estado no sólo no tiene la obligación de mantener ese tipo de programas, más bien lo contrario: el Estado tiene la obligación de dejar de lado ese tipo de programas en donde se denigra sistemáticamente a cualquier persona o grupo (i.e., programas en donde se denigre a la mujer; en donde se denigre a la oposición). Es perfectamente posible (y es obligatorio en el caso de los medios bajo control estatal) diseñar programas de entretenimientos que no sean sexistas, racistas, clasistas, etc.; como es posible (y otra vez, obligatorio para el Estado en sus medios) diseñar programas de discusión pública en donde no se denigre al que piense diferente. 

* En definitiva, y para nuestro caso concreto: ninguno de los deberes señalados reclama o necesita, dentro de los medios públicos, de un programa particular hoy existente (678). Alguno de tales deberes, mientras tanto (no discriminar, no denigrar), reclaman la finalización de ciertos programas hoy existentes, en donde se discrimina o (como en este caso) denigra sistemáticamente a ciertas personas o grupos. La continuación de los mismos se contrapone con los deberes de respeto que el Estado tiene la obligación de asegurar.

* Sobre la robustez del debate público, agregaría lo siguiente: ni la diversidad del debate, ni la calidad de la programación, ni los estándares de respeto deben ser utilizados como excusa para excluir a voces antipáticas al oficialismo. Ello, obviamente, tampoco es una carta ganadora para cualquier programa antipático al oficialismo. Por ejemplo, si el Estado deja de lado un programa X en donde se humilla sistemáticamente a la mujer, este programa X no puede alegar, como razón en su defensa, que no pueden removerlo porque se trata de un programa que le resulta antipático al oficialismo. Esto puede ser cierto, pero su práctica denigratoria sistemática es una razón suficiente para que el Estado lo deje de lado.

* El deber que tiene el Estado de asegurar que se escuchen las voces de quienes piensan distinto no queda satisfecho si hablan sólo aquellos opositores afines al gobierno de turno ("opositores amigables"); pero tampoco se viola si las voces que prefiere un sector de la oposición no tienen un programa propio, o no hablan en los medios públicos con la frecuencia que ese sector preferiría. 

* La censura es impermisible en todos los casos, pero obviamente necesitamos clarificar de qué hablamos cuando hablamos de censura. Rechazamos aquí las formas de censura directa (i.e., el Estado impide que se escuchen las voces del comunismo o de los abortistas) e indirecta (i.e., el Estado distribuye la pauta publicitaria exclusivamente hacia sus aliados). Si se impide sistemáticamente que un tipo de ideas se escuche (i.e, posiciones anticapitalistas), o que un sujeto particular hable (i.e., Martin L.King), podemos hablar de censura; como si el Estado sólo o fundamentalmente auspicia a sus aliados. 

* Las voces críticas cuya presencia debe asegurar el Estado incluyen y trascienden a cualquier partido político particular: es importante que se discuta desde puntos de vista genuinamente contrapuestos no sólo en materia de política partidaria, sino sobre cuestiones de interés público en general. 

* El principal riesgo que enfrenta el Estado, cuando diseña y aplica políticas públicas, es el de no escuchar y procesar debidamente las quejas de los (más) críticos. Por ello, a la hora de definir políticas públicas, pocas voces son tan importantes como las de quienes tienen quejas más profundas (lo que no quiere decir que deban escucharse sólo o primordialmente a éstas; o que sean éstas las que tienen toda la razón). Las preguntas que al Estado debe hacerse, a la hora de aplicar una política pública, incluyen especialmente las siguientes: por qué se quejan aquellos que se quejan? En qué estamos fallando? Qué tienen para decirnos? Qué deberíamos entonces corregir, para tratarlos adecuadamente?

* El principal riesgo que enfrenta el Estado, cuando diseña y aplica políticas públicas en situaciones de desigualdad, es el de que directamente ciertas voces se conviertan en inaudibles. Por ello, debe salir a buscar dichas voces, y ayudar a que dichas voces se escuchen.

* En la Argentina de hoy imperan condiciones de desigualdad estructural, tanto en la esfera política como en la esfera económica. Ello produce marginados políticos y económicos, como genera que ciertas voces políticas y ciertos puntos de vista económicos tengan un "sobre-peso" dentro del debate público. Este problema efectivo es utilizado (por caso, por algunos defensores de 678), para justificar la permanencia de voces que insisten con ciertos puntos de vista críticos, como modo de compensar el tipo de desigualdades estructurales existente. Aunque es claro que los problemas de desigualdad estructural requieren medidas que largamente trascienden a la política comunicacional, también es claro que incluyen medidas en la materia. Las formas de compensación imaginables son diversas (ver próximo punto), pero alientan la idea de que existan programas especiales y no marginales en donde se asegure un lugar particular a determinadas voces (i.e., las de la oposición; las de quienes defienden posturas particularmente impopulares). Estas formas de compensación no exigen un formato (ni mucho menos un programa) en particular, pero en todo caso son incompatibles con determinados contenidos, como los referidos más arriba (i.e., el racismo; el maltrato al otro; la denigración de la mujer; la humillación del que piensa distinto).

* La vigente Ley de Medios incluye importantes estándares para asegurar que se escuchen voces diversas, y para alentar que lleguen al foro público voces normalmente excluidas de dicho foro público (subsidios especiales, lugares especiales para ciertas voces o grupos -i.e., cooperativas, Universidades, grupos aborígenes). Se trata, justamente, de los aspectos de la Ley de Medios que el gobierno saliente (a través de la AFSCA -un compendio de irregularidades legales impermisibles) siempre violó o dejó de lado, y que hoy deben reforzarse. En este sentido, resultan muy preocupantes -además de inaceptables, a la luz de los estándares referidos arriba- las declaraciones del nuevo Ministro de Comunicaciones, en contra de la Ley.

* Un punto relativamente menor: las obligaciones contractuales hoy existentes (por ejemplo, con los integrantes del programa bajo análisis). En este caso, no hablamos de tipos de estabilidad laboral como las propias de un juez de la Corte Suprema o un diputado, por lo que la cuestión puede requerir las indemnizaciones del caso.

Desalojo y tarjeta naranja para Jorge M.

El sábado se produjo un desalojo violento en un centro partidario-cultural, junto a la estación Olivos (acá). En todo caso, pero en particular si el intendente Jorge M. quiere ofrecer a ésta como primera señal indicativa de lo que será su gestión, le ponemos una tarjeta naranja desde acá: inaceptable, siempre.

Muere Benedict Anderson/ B.A. y la Argentina

Murió hoy el autor de "Imagined Communities," Benedict Anderson -libro que cambió la forma de pensar el nacionalismo. Acá, resumen de una entrevista que le hacen en Noruega, luego de una presentación en donde toma el ejemplo del nacionalismo de los argentinos fuera del país, para hablar de las "comunidad imaginarias" aún en épocas de globalización (también da cuenta del ejemplo de los noruegos en España, con escuelas destinadas a preservar el noruego y la norueguidad de los noruegos :). Acá

Fin y principio

(Publicado hoy en Perfil, acá)

El kirchnerismo terminó, víctima de su propia construcción imperfecta. No se trató de un error, aquí o allá, sino de una falla en la concepción general, que tampoco fue producto de un desvío de un momento, sino de un modo profundo – profundamente elitista– de entender la política. Si política es lo que dice o hace una persona, o dos, y si ese esquema necesita, para mantenerse, de “la bolsa y la espada,” esto es, del dinero y del manejo de la coerción, luego, el plan dispuesto dura lo que dura esa persona en control del poder económico y del poder de fuego. En otros términos, el kirchnerismo –finalmente, Néstor y Cristina– no se ocupó de la formación de cuadros; de la promoción cuidadosa de sus miembros; de la distribución del poder; de la construcción ladrillo a ladrillo y desde abajo: lo que distribuyeron fue dinero y órdenes desde arriba, apoyados en su capacidad y disposición para disparar al contrario.

Muchos dicen que el camino escogido fue el único. Dicen que no había alternativas, que la urgencia imperiosa era la de reconstruir autoridad luego del desierto (la debacle de 2001, la crisis de los presidentes que se suceden unos a otros en cuestión de días, etc.). Creo que esta respuesta se equivoca todo a lo largo: no es cierto que no había alternativas, como no es cierto que lo que requería la salida de la crisis era un unicato de ejercicio autoritario (¿por qué no un gobierno de coalición, un pacto de gobernabilidad, etc.?). Si se optó por el camino de reforzar el hiperpresidencialismo fue por otro tipo de razones, más vinculadas con una tradición verticalista, con una vocación ansiosa por centralizar los negocios en la cabeza del gobierno, finalmente con una idea de democracia en manos de pocos (en donde los pocos contratan y pactan sólo con los elegidos –los que “juegan en primera”–).

La alternativa macrista es otra cosa, porque otros son sus méritos y otros también sus defectos. Lo que se vislumbra es una histórica síntesis, entre el menemismo que no volverá a ser, y lo que el kirchnerismo dijo que era. Un gerenciamiento, para bien o mal, con vocación de servicio; una administración técnica, pero con responsabilidad social. Para los que estuvimos en la vereda de enfrente de menemistas y kirchneristas, la síntesis que se promete entre ambas corrientes no representa el mejor de los mundos posibles. Ello así, aun cuando –entiéndase bien– no me refiero a la desagradable suma de vicios que supieron cultivar ambas fuerzas, sino a una síntesis de las virtudes que, en su mejor versión, ambos grupos respecto de sí han proclamado.

De lo que queda por fuera tampoco hay mucho. El sciolismo puede despedirse de la política grande, si es que alguna vez estuvo en ella; mientras que el massismo no merece mayores augurios, aunque se esfuerce por pronunciarlos. Podrán seguir en carrera, de esta última fuerza, el dirigente aquel, o la dirigente aquella, pero otra cosa es la ilusión de pensar que lo que queda intacta es la fuerza, luego de esta contienda.
La pregunta que más me inquieta es la atinente al lugar de la izquierda en la política por venir. Pienso en una izquierda convencida, principista, democrática, dialógica e igualitaria; pienso en la izquierda que desde hace décadas, y de distintos modos, viene siendo devastada. Me pregunto, y no sé la respuesta, cómo la afectarán estos años en que desde el poder se encubrieron ilícitos y se hicieron innombrables negocios usando el ropaje, las propuestas y el lenguaje de la izquierda. Confío en que se pueda dejar atrás en tiempo breve la patraña, el izquierdismo rimbombante con que el kirchnerismo disfrazó los aspectos más vilmente capitalistas de sus miserias. Es lo que hoy tenemos.



*Doctor en Derecho. Miembro de plataforma 2012.

Ley de Medios

Aguad, ministro de comunicaciones, hizo una serie de desafortunadas declaraciones sobre el fin de la ley de medios. Queremos, necesitamos y exigimos una ley de medios, y la que existe debe mejorar y no ser dejada de lado en nombre de la libertad informativa. El concepto constitucional de libertad de expresiòn -entendido en el marco de todo lo que dice la Constituciòn- refiere a la necesidad de un debate robusto, y no meramente a la no censura, o la libertad de empresa. Y los debates que se dieron en torno a la ley de medios, en la sociedad, en la justicia y en el parlamento, en tiempos de su aprobaciòn parlamentaria, mostraron el nivel de acuerdo social existente en torno a ciertas regulaciones. Hoy debemos asegurar que las mismas no sean abusivas, pero no tomar a los abusos como excusa (como lo fueron) para censurar al enemigo. Necesitamos volver a ese consenso, y nunca mas a la ausencia de ley

Debate sobre la justicia

Un debate interesante entre Alegre, Herrero, Leiras, Litvachky, Maurino,
http://www.udesa.edu.ar/noticias/leiras-alegre-litvachky-maurino-y-herrero-faltan-grandes-acuerdos-sobre-que-queremos-de-la

Destaco este pàrrafo de don Marcelo A.

Hubo una tendencia en el gobierno kirchnerista a empezar todo de cero. Y en ese contexto observo dos problemas: una simplificación de la realidad y una negación de todo lo bueno que hubo en estos años de democracia. La simplificación de la realidad dividió esto en dos campos: uno conservador, aristocrático, etc., y otro en el que se alinearon funcionarios que simpatizan con el kirchnerismo. Aquellos que no están de acuerdo se ven agrupados contra su voluntad con los sectores más retrógrados y conservadores que sabemos que existen en la Justicia. Pero no es blanco y negro. Tenemos que reconocer que en estos más de 30 años de democracia el Poder Judicial tuvo muchos déficits, pero también es el Poder Judicial del “Juicio a las Juntas”; el de la primera Corte Suprema presidida por Genaro Carrió, que era un filósofo de Derecho y que forzó la posibilidad de la Ley de Divorcio y declaró la inconstitucionalidad de la auto-amnistía de los jefes militares. Hay más claroscuros de lo que parece. Por otra parte, es importante tener en cuenta que en estos 30 años de democracia hubo una cuasi-hegemonía de un partido político, el Justicialista, que tuvo mayoría en el Senado desde el primer día del gobierno de Raúl Alfonsín hasta ahora. Entonces es importante, cuando se adjudica la responsabilidad por la actual integración del Poder Judicial, que se repartan culpas proporcionalmente al peso político que tiene cada sector. Lo otro que hay que marcar es que esta idea de la “democratización” de la Justicia no surgió como una propuesta discutida en una campaña electoral, sino que fue una derivación de sucesivos traspiés del kirchnerismo en causas judiciales. A partir de que comenzó a perder ciertas causas judiciales apareció este discurso, que es válido, de “democratizar” la Justicia. Ciertamente necesitamos una justicia para la democracia, pero eso no quiere decir que necesitamos someter a la Justicia a los mismos vaivenes de la política partidaria. La alternativa no es la idea de la Justicia como un poder contra-mayoritario. El Poder Judicial no está a favor ni en contra de las mayorías, sino que está para defender a todas y cada una de las personas. - See more at: http://www.udesa.edu.ar/noticias/leiras-alegre-litvachky-maurino-y-herrero-faltan-grandes-acuerdos-sobre-que-queremos-de-la#sthash.CCKitGP8.dpuf

Santa Cruz: La ley de lemas es inconstitucional

Ricardo GL, acá

Derecho a la Protesta, en Chile

Democracia y derecho penal

La nueva SIDE. La continuidad como metáfora

Los nombramientos del macrismo en la nueva central de inteligencia no son malos: son pésimos, tanto el número 1 como el número 2 designados (nota sobre ellos, acá). Y ello habla del principal tema de preocupación que genera el nuevo gobierno. El problema es exactamente el contrario del que denuncia el kirchnerismo (no podía ser de otra manera: el kirchnerismo se ha ido convirtiendo en pura mentira). El kirchnerismo objeta al macrismo porque ahora (anuncia, con el mismo tono apocalíptico frente al que antes se indignaba) "van a ponerse en práctica políticas por completo opuestas a las impulsadas por el proyecto." La cuestión, insisto, es la contraria: si tenemos un riesgo en puerta -que esperamos se evite- no es el riesgo de que el macrismo deje de lado lo hecho, sino que lo siga haciendo. El problema es la continuidad, no la ruptura.

3 de cine

La película de la semana es "Tres recuerdos de mi juventud," del enorme Arnaud Desplechin, pero la que me dejó asombrado fue la argentina "Kryptonita" de Nicanor Loreti, basada en un gran libro de L.Oyola. Se trata de una película en la que actúa Capusotto pero en la que gracias a Dios -y como comentara E.Boetti con enorme acierto- el director se maneja "sin ironía ni suficiencia, ni guiños cancheros, haciendo hablar a sus personajes como lo haría un lumpen del conurbano". Sorprendentísima. Finalmente, sale un libro sobre (y la versión restaurada de) "La historia oficial", que volví a ver y pasar este año, en mi curso de Cine y Derecho, con enorme gusto. No la recordaba así, tan importante.

Sería inconstitucional la remoción de la Procuradora?

Inconstitucional? Bien VTC, acá.

Premio/ Resistir

Vengo de recibir un Premio Nacional en Ensayo Político. La Ministra de Cultura habló 5 minutos. De cultura nada. Lo único que le interesaba era dejar constancia de su pertenencia, servicio y gratitud al gobierno: que Néstor, que Cristina, que el proyecto, que todo es gracias al gobierno nacional, que ahora estamos empoderados gracias a ellos. El punto alto fue al final de su breve discurso, cuando terminó haciendo un llamado a la resistencia (¡¡¡¡). Resistir en defensa de los logros del gobierno¡ Es que estamos en guerra? A quién hay que salir a combatir? Será posible que UNA vez no excluyan a los que pensamos diferentes? Una vez que no nos expulsen? Una vez que nos permitan sentir que somos parte de algo compartido? Una vez que no nos hagan sentir como ajenos, como extranjeros en el propio país?