Crítica al Protocolo anti-piquete

(Publicado hoy en La Nación, acá )

Nadie duda de que, luego de años de descontrol y abusos en la materia, es necesario volver a fijar reglas compartidas sobre la protesta. Sin embargo, el nuevo Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas, promovido recientemente por el Consejo de Seguridad Interior, adolece de problemas procedimentales y sustantivos, políticos tanto como jurídicos, y requiere por lo mismo ser revisado en su integridad.

Se trata de un tema -la protesta, sus alcances y sus modos- que una parte significativa de la sociedad quiere regular (lo cual, por supuesto, no es razón suficiente para hacerlo) a la luz de lo que entiende fue un injusto desmanejo, propio de la gestión anterior. Esa gestión dejó en la materia un legado calamitoso: una parte de la sociedad convencida de que en la calle "cualquiera puede hacer cualquier cosa"; trabajadores espiados y reprimidos cotidianamente por las fuerzas de seguridad oficiales, y militantes encubriendo con palabras ("el Gobierno no reprime") los golpes que quedaban marcados sobre los cuerpos de los manifestantes (obreros de Lear, Kraft, Pepsico y Donnelley, entre otras empresas). Ese triste legado de ningún modo blinda al nuevo gobierno frente a las objeciones que merece por el modo en que ha abordado el tema.

Sobre los problemas procedimentales que se han generado, corresponde señalar que, dadas la seriedad e importancia del tema, merecía ser tratado con especiales cuidados: el Protocolo debió ser el resultado de una conversación profunda e inclusiva, que involucrara a todos los afectados (organizaciones de ciudadanos, partidos políticos, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, grupos sindicales, etc.). Por el contrario, terminó redactándose a las apuradas, por un equipo movido (otra vez) más por la urgencia de sobreactuar autoridad y eficiencia que por el compromiso efectivo con los derechos de los ciudadanos.

Habrá que decirlo una vez más: quienes propiciamos el debate colectivo no lo hacemos motivados por sensiblerías o pruritos formales, sino convencidos de que, muy habitualmente, sin consultar con aquellos con los que pensamos distinto, decidimos mal, sonoramente nos equivocamos. Lo que podía entonces preverse es lo que ha ocurrido: cuando una cuestión pública de primera importancia queda en manos sólo de unos pocos, el resultado tiende a reflejar, innecesariamente, los sesgos y errores propios de esos pocos.

Ante todo, conviene decir que el Protocolo comienza planteando el contexto jurídico del modo equivocado. En efecto, en sus primeros renglones, el Protocolo enumera una serie de derechos que entrarían en conflicto en situaciones de "cortes": por un lado, se nos dice, hay derechos como los de expresión, reunión y petición; por otro, derechos como los de circular y trabajar libremente. El error de enfoque ya parece grueso. Y es que en la enorme mayoría de los casos de protesta que se registran en el país, la ciudadanía no se moviliza en pos de sus "derechos expresivos" sino, antes bien, en nombre de otros derechos fundamentales que el gobierno le negó o niega, y que incluyen, por caso, derechos relacionados con la salud, la vivienda o el trabajo. (Por supuesto, éste no es siempre el caso y, por tanto, el nivel de protección que habrá de merecer la queja de los manifestantes deberá ser mayor o menor, entre otras razones, conforme al tipo de derecho afectado y la gravedad de esa afectación). El punto es importante porque ayuda a romper la simplificación boba en que se tiende a caer en el análisis del asunto ("libre expresión vs. libre tránsito"). No es ése el dilema en juego, ni ése el modo de plantearlo.

¿Significa esto que los derechos de los que quieren llegar a su trabajo o a su casa en tiempo no importan? No, en absoluto. Importan y mucho. Pero ello no justifica simplificar las cuestiones como si se tratara de individuos caprichosos que se quejan por ganas, movidos por la maliciosa vocación de molestar al resto. Mucho menos, cuando advertimos que los derechos que más gravemente suelen ser afectados en estos casos lo son por obra y falta del Estado.

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Otra cuestión sustantiva es la que se refiere a la modalidad de la protesta (el "corte de calles"), que el Protocolo se apura en calificar, con la ayuda del art. 194 del Código Penal, como "delito en flagrancia". Todo está mal en este enfoque. Ante todo, hay un error en el encuadre jurídico, porque, en una mayoría de los casos, lo más importante que está en juego son derechos fundamentales que el Estado viola, cuando tiene el deber de asegurarlos. De resultas de ello, no corresponde comenzar hablando de "delincuentes" (frente a los cuales podría legitimarse el uso de la fuerza), cuando el Estado es parte principal del problema, al omitir asegurar aquello a lo que está constitucionalmente obligado (siguiendo con la lógica del Protocolo, se justificaría entonces hablar de un "Estado criminal", lo que también resultaría un exceso).

Por otro lado -y éste sería otro problema sustantivo en juego- el asunto se le complica al Estado porque no sólo no garantiza derechos sociales básicos, sino que además se muestra comprometido con un sistema institucional aciago. Estamos, en efecto, frente a un Estado que desde hace décadas bloquea o vacía de contenido los mecanismos institucionales que podrían ayudar a la ciudadanía a acceder a sus representantes, a cuestionarlos y a hacerlos efectivamente responsables por las faltas que han cometido. Este tipo de problemas trascienden a nuestro país y a este peculiar momento político, más allá de la forma en que el kirchnerismo, en nuestro país, los haya agravado. Cualquier ciudadano puede reconocer la situación a la que me estoy refiriendo, que puede ilustrarse con un ejemplo cotidiano. Frente a fallas graves en los servicios públicos, de las que el Estado debiera hacerse cargo, los vecinos "tocan todos los botones" del sistema institucional pero ninguno responde: ninguna queja llega a destino; ningún funcionario ofrece explicación alguna de lo ocurrido; ningún representante termina resultando inculpado como responsable del maltrato.

Es dentro de este contexto de "vacío institucional" de donde surgió, en los albores de 2001, la modalidad de protesta con "cortes" orientada, sobre todo, a llamar desesperadamente la atención de funcionarios y conciudadanos que por otros medios no escuchaban o se desentendían de lo ocurrido. Desde entonces hasta hoy, algunas cosas (pero no muchas) han cambiado (el sistema institucional sigue tan cerrado como entonces), y por ello necesitamos volver a pensar colectivamente sobre los alcances y límites de la protesta. Pero, en todo caso, el Estado debe reconocer no sólo su responsabilidad "material" por los derechos que no asegura, sino también su responsabilidad "institucional" por los canales de reproche y sanción a funcionarios que no ha restaurado. El resultado al que se llega no es por lo tanto sorpresivo: cuando los ciudadanos reconocen que los canales institucionales de queja no responden, comienzan a explorar formas extrainstitucionales de protesta.

En síntesis, luego de años de descontrol y abusos es necesario volver a fijar reglas compartidas sobre la protesta. Sin embargo, esas reglas deben ser construidas colectivamente, antes que impuestas, y deben escribirse tomando en cuenta las responsabilidades de los ciudadanos que se exceden, tanto como las omisiones y faltas que son responsabilidad del Estado. Por un lado, el Estado que preserva un sistema institucional en extremo degradado no puede dejar de asumir las consecuencias de su falta y mucho menos imponer soluciones policiales a los problemas sociales que él mismo ha generado. Por otro lado, el Estado que ofende derechos básicos no puede tratar como "delincuentes" a los que se quejan por fallas suyas que no son dispensables: se trata de graves, masivos y constantes agravios constitucionales.