De "Muiña" a "González Castillo": el "hilo moral" que recorre las últimas decisiones de la Corte

I

En lo que sigue, quisiera hacer referencia a lo que he denominado el “hilo moral” que viene recorriendo las últimas decisiones del máximo tribunal argentino, y que el caso “González Castillo” torna más evidente. Para quienes no lo recuerdan, “González Castillo” es un caso posterior a “Muiña” y que, a pesar de su importancia, pasó bastante desapercibido. En él, la Corte decidió en consonancia con lo que dictaminara el Procurador Fiscal Eduardo Casal, y validó como constitucionales las restricciones temporales a la capacidad civil de las personas condenadas a más de tres años de prisión. La decisión de la Corte implicó dejar atrás el pronunciamiento de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que, por mayoría, sostuvo la inconstitucionalidad del art. 12 del Código Penal, que priva de la patria potestad a los condenados por más de tres años (y mientras dure su pena), como también de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos, sujetando al penado al régimen de curatela establecido para los incapaces. Conforme al fallo de Cámara, tales disposiciones “contienen los vestigios históricos de la muerte civil, y representan un agravamiento irrazonable de las penas privativas de la libertad” (énfasis añadido). En tal sentido –agregó la Cámara- tales penas se oponen a las normas constitucionales y convencionales que requieren un trato humano y digno para las personas privadas de libertad; conspiran contra la reinserción social de los penados; afectan indebidamente a terceros; y socavan el interés superior del niño, que se ve impedido de este modo de que uno de sus padres ejerza los derechos y deberes que le corresponden.

Aunque examino los argumentos del fallo en otro lugar, y no quiero repetirme, diría al menos que la Corte consideró constitucionales las restricciones fijadas en el Código Penal, a partir de razones que considero muy pobres. Básicamente, la idea fue que el legislador había tenido varias oportunidades para revisar su postura (incluyendo la reforma al Código Civil), que no lo había hecho, y que –frente a dicha “insistencia”- la Corte debía ser deferente. Ello porque –sostuvo la Corte- el control de constitucionalidad (y la invalidación de una ley) representaba “la más delicada de las funciones a encomendar a un tribunal de justicia, y configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado la ultima ratio del orden jurídico”. La Corte entendió mal su labor –según entiendo- porque “la más delicada de las funciones” debe activarse en casos como éste, donde lo que está en juego son los derechos de las minorías sobre las cuales existen extendidos prejuicios, y lo que vemos es un insistente ejercicio de recorte de derechos. Quiero decir, la (apática) insistencia legislativa juega en contra, más que a favor, de la presunción de validez de la norma, cuando se trata de una norma obviamente restrictiva de los derechos de una minoría “repudiada” por la mayoría.

II

Lo que me interesa decir, simplemente y por ahora, es que el desatendido fallo deja en claro, al menos, cuál es el tipo de principios que la Corte no puede invocar a su favor, como el “hilo moral” que justifica sus últimas, controvertidas decisiones.  El punto que quiero hacer se torna más visible haciendo referencia al polémico caso “Muiña,” en donde la Corte se pronunció a favor del uso de la “ley más benigna” en relación con la derogada ley de “2 x 1”, de modo tal de favorecer la reducción de pena para los criminales de lesa humanidad. Esa decisión resultaba jurídicamente injustificable, por una diversidad de razones que expliqué en varios lados. Ahora bien, la única motivación moral importante que alguien (incluso alguno de sus firmantes) pudo invocar como respaldo del fallo residía en la necesidad de resguardar derechos fundamentales “aún para las minorías que no queremos”. Alguien podría alegar, en favor de esta posible y polémica reconstrucción de lo decidido por la Corte en “Muiña,” otros fallos recientes suyos, en la misma área, como el que pronunciara en “Alespeiti” del 18 abril 2017. Allí, el máximo tribunal revocó un fallo que había dejado sin efecto la prisión domiciliaria a un condenado por crímenes de lesa humanidad, mayor de 85 años. Otra vez, podría decirse, “a la Corte le interesa proteger los derechos de todos los condenados –aún los de esta minoría objeto de fuertes resistencias mayoritarias- en su liberal preocupación por asegurar de modo igual los derechos de todos.”

Ahora bien, lo que el caso “González Castillo” hace, entre otras cosas, es inhabilitar esa explicación/justificación, capaz de amparar el accionar de la Corte en un controvertido caso como “Muiña.” “González Castillo” deja en evidencia que el “hilo moral” que vincula y ata a los últimos fallos de la Corte no es el del “cuidado especial por las minorías más odiadas”. La Corte pudo haber mostrado su convicción liberal profunda y consistente afirmando otra vez, en “González Castillo” aquel principio que pudo haber invocado o querido invocar en “Alespeiti” y “Muiña”. El principio diría: “nuestra misión es la de afirmar los derechos de todos, y en particular de las minorías sobre las cuales existen extendidos prejuicios”. No fue eso, en cambio, lo que hizo la Corte. Ella se mostró dispuesta, polémicamente, a beneficiar a los criminales de lesa humanidad (insisto, a través de una muy disputable interpretación del art. 2 del Código Penal), poniéndose de pie contra la irritación social que, inevitablemente, iba a emerger por su fallo. Sin embargo, en la primera oportunidad que tuvo para mostrar su consistencia con semejante criterio o principio, en un caso de base similar, pero referido no a los criminales de lesa humanidad, sino a los “presos comunes,” ella no aprobó el test imaginario: la mayoría de la Corte decidió no sostener el hipotético principio moral sugerido, porque no se mantuvo incólume en ese tipo peculiar de liberalismo irreductible que –alguien podría alegar- sugería en sus fallos previos sobre criminales de lesa humanidad. Cuando tuvo la oportunidad de demostrar que la movía un liberalismo principista y radical –un liberalismo dispuesto aún a desafiar el malhumor social más acentuado- la Corte terminó demostrando, en cambio, que lo suyo se parecía, más bien, a un indebido sesgo ideológico o de clase. El “hilo” que podía unir los derechos básicos de los criminales de lesa humanidad, y los derechos básicos de los criminales comunes, apareció roto entonces. Ella se mostró decidida a reivindicar –con una épica más bien desajustada- las garantías procesales de los primeros, para desplazar displicentemente, y sin cuidado alguno, los derechos fundamentales de los segundos. La Corte confirmó entonces una lectura asimétrica de ambos tipos de casos -los relativos a los condenados por crímenes de lesa humanidad y los condenados comunes- mostrando un sesgo injustificado en relación con los derechos de aquellos (Esta lectura “asimétrica” se corresponde con, y resulta ratificada por, otros casos recientes decididos por la Corte, como –tal vez- “Fontevecchia,” sobre el alcance y peso de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; o –de modo más grave- en “Villamil,” en donde el máximo tribunal sostuvo que las acciones civiles contra el Estado en juicios de lesa humanidad no son imprescriptibles).

En definitiva, el “hilo moral” que une a las últimas decisiones de la Corte, esto es decir, decisiones como las referidas a los derechos de los criminales de lesa humanidad en relación con el 2 x 1; la prisión domiciliaria para los represores ancianos; el alcance del poder de la Corte Interamericana; los derechos de la policía a la sindicalización; o el derecho de los condenados por más de tres años a ejercer la patria potestad; empieza a hacerse más visible, y el contenido que hasta hoy se advierte en sus compromisos de fondo resulta, más que decepcionante, preocupante.