Juan G. Bertomeu, sobre las audiencias públicas y la Corte

Gracias, Roberto, por la invitación. La medida de la Corte es elogiable, y desde la ADC veníamos trabajando desde hace bastante en propuestas similares. Si bien la Corte no había todavía reglamentado el mecanismo de audiencias públicas, en los últimos tiempos había algunos indicios de su intención de revertir la ausencia tradicional de este tipo de foros. No es que en su historia reciente la Corte no hubiera llamado nunca a las partes a su sala de audiencias. Durante los noventa, por ejemplo, o incluso en los últimos años, lo hizo en algunas causas (entre otras, en las que se discutía sobre las candidaturas de los senadores de Chaco y Corrientes, o acerca de una planta de agua en Berazategui). Pero este tipo de audiencias o fueron privadas o estuvieron exclusivamente dirigidas a acercar a las partes enfrentadas, procurando que conciliaran sus posiciones.

Era entonces necesario que la Corte incorporara otro tipo de audiencias, mucho más deliberativas. De alguna manera lo anticipó en la práctica en el caso Verbitsky (aunque no todos los jueces estuvieron presentes) y lo concretó en el caso Mendoza, sobre la contaminación del Riachuelo. En este último incluso dictó una reglamentación antes de las audiencias estableciendo algunas pautas generales. Ahora, por medio de esta Acordada de la semana pasada, el tribunal reglamentó las audiencias en general.

¿Por qué es importante que la Corte celebre audiencias públicas? En realidad, por varias razones. Las audiencias pueden ser una herramienta muy relevante para que las partes y los jueces interactúen con el fin de delimitar o terminar de definir los contornos del caso en cuestión, y para ampliar las perspectivas desde las que el caso puede ser analizado. Ellas son muy comunes a nivel de los superiores tribunales en países como India, Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos e incluso Alemania.

Pero lo que es importante es que los jueces tengan un rol especialmente activo en las audiencias. En estos países, típicamente en la Corte Suprema norteamericana, los jueces interrogan libremente a las partes, y las incomodan y desafían con preguntas complejas sobre el caso (en ocasiones, de hecho, los jueces utilizan este medio para, mediante sus preguntas a las partes, resolver desacuerdos entre sí). Por eso es que se entiende, y la reglamentación de la Corte Suprema lo menciona, que sus preguntas no deben considerarse prejuzgamiento.

Esto es importante. Si los jueces no pueden o no están interesados en preguntar libremente, para lo cual también es necesario que conozcan el caso, las audiencias corren el riesgo de convertirse en un formalismo inútil. Pero también es especialmente importante que los abogados sepan qué es lo que se espera de ellos en las audiencias, y se preparen en consecuencia. Los abogados deberían estar entrenados para adaptarse dinámicamente -en el escaso tiempo con que cuentan- a las preguntas que les sean formuladas, y para intentar a la vez ofrecer los puntos esenciales de su posición. Sin leer excesivamente, e intentando no aburrir.

Acerca de esto, el ex juez de la Corte Suprema William J. Brennan sostuvo: “[c]on frecuencia, el conocimiento que tengo sobre un caso se ve cristalizado en la audiencia. Esto sucede aun cuando leo todos los documentos y escritos antes de ella; de hecho, ésta es la práctica actual de todos los miembros de la Corte Suprema… Con frecuencia, mi idea acerca de cómo se perfila un caso se ve modificada como consecuencia de las audiencias. El intercambio en la Corte representa un diálogo socrático entre los jueces y los abogados.”

Lo interesante de las audiencias es que puedan marcar un cambio. Prometen ciertas ventajas en términos epistémicos: allí se dirán cosas que no estaban escritas en la causa, y como producto del intercambio las partes y los jueces minimizarán errores, y se quedarán con una idea más acabada de qué es lo que debe discutirse. Esto último es también importante. No ha sido extraño en la historia de nuestra Corte que sus jueces dieran en sus sentencias respuestas a preguntas distintas a las que sus colegas intentaban responder. Para que este cambio se cristalice concretamente en el trabajo del tribunal, es importante que las audiencias sean seguidas de una verdadera discusión entre los jueces sobre los méritos de la causa. De otro modo, en casos en que la tramitación de una causa se extiende por varios años, la mera celebración de una audiencia en cierta instancia del proceso (años antes del dictado de la sentencia) no tendrá mucho sentido, por lo menos para los jueces. Varios de los países que celebran cotidianamente audiencias hacen esto: organizan un acuerdo para discutir sobre la causa, al menos para tener una primera impresión cuando las intervenciones y los alegatos de las partes están todavía frescos.

Pero aquí viene lo más importante, porque las audiencias no sólo prometen ventajas para las partes y el tribunal exclusivamente sino para la comunidad. Las audiencias son un buen modo de acercar la Corte a la sociedad, haciendo que ella conozca, comprenda y critique la simbología propia de la institución. Ellas echan también algo de luz sobre la discusión pública –en casos judiciales, uno de los lugares en donde esa discusión se lleva a cabo– de nuestros indeterminados principios constitucionales, unos principios de cuya interpretación depende, en definitiva, la vida cotidiana de muchas personas.

Las audiencias, si se conducen de la manera que antes vimos, son una buena forma de desmitificar el derecho, pero al mismo tiempo de legitimar a la Corte. Para esto es necesario que las audiencias sean públicas y que ellas sean anunciadas con la debida antelación (el Tribunal Superior de la ciudad lo hace). La reglamentación de la Corte menciona que el tribunal fijará un calendario semestral, que será dado a publicidad. También es importante tomar nota de (y publicar) su contenido por todos los medios que sea posible. Es decir, no sólo publicar las diligencias efectuadas (“el día tal, X abrió la audiencia, Y habló, Z la dio por finalizada”), sino todas las manifestaciones o presentaciones. En su Acordada, la Corte dispuso que las audiencias “serán filmadas o grabadas,… sin perjuicio de que se realice transcripción taquigráfica”.

En su Acordada, la Corte distingue entre diferentes tipos de audiencia: informativas, conciliatorias y ordenatorias. Las ventajas de las audiencias ante la Corte que antes mencioné se relacionan más con el primer y el tercer tipo de audiencias. Esto no quiere decir, sin embargo, que el tribunal no se beneficie con la celebración de audiencias conciliatorias, en tanto en las otras existan verdaderos intercambios entre los jueces y las partes.

Dos últimos puntos. Estas ventajas que mencioné recién se relacionan con el tipo de cobertura periodística que las audiencias facilitan (junto con otros instrumentos como la publicación de los casos en trámite ante el tribunal, o al menos de los institucionalmente más relevantes, algo que la Corte aun no ha hecho, con independencia de separar unos pocos para invitar a presentar amici –que entre guiones ahora tampoco está haciendo–).

Las audiencias facilitan mucho el trabajo de los periodistas, al brindarles a todos por igual información pública de primera mano, pero además deberían producir un salto cualitativo en la cobertura de la Corte. Sabiendo de antemano que la Corte va a discutir públicamente un caso, los periodistas podrán informar con mayor profundidad sobre sus implicancias, disparando o promoviendo a la vez estas discusiones en la sociedad. No es lo mismo discutir un caso cuya sentencia la Corte dictó ayer, que un caso que, según ahora sabemos públicamente, la Corte decidirá en unos meses, celebrando antes una audiencia pública. Esto lo conocemos bien, porque en las pocas instancia en las que pudo saberse de antemano que la Corte iba a dictar una sentencia (por la altísima relevancia institucional de los casos, como el caso de Bussi), las discusiones fueron más ricas que el promedio de las discusiones sobre el tribunal.

El último. En la reglamentación, la Corte optó por una de las soluciones al mayor obstáculo que la celebración generalizada de audiencias tiene: el enorme cúmulo de causas en trámite. Es cierto, muchísimas de ellas no tienen puntos lo suficientemente relevantes como para justificar la organización de una audiencia (en un mundo ideal toda causa debería tenerla, pero los recursos de un tribunal superior son siempre muy escasos, y la Corte tiene la obligación de optimizarlos). Pero incluso adoptando un criterio un poco más estricto sobre la importancia de un caso (por ejemplo, los que pongan directamente en juego un derecho constitucional, o que tengan importancia institucional) quedarían cientos o miles de causas. La Corte dispuso que convocará a audiencia pública cuando al menos 3 de sus jueces lo dispongan. Es difícil criticar este punto de antemano, sea negativa o positivamente. Algún criterio era necesario emplear, y la Corte lo ha hecho. Ahora tendremos que ver cómo lo aplica. Si en los próximos dos años el promedio de audiencias es muy bajo (¿menos de… 20 por año?), podremos criticarlo. Por ahora creo que la reglamentación es un gran avance.