Jueza rechaza la política de “detención y cacheo”

Desde Mar del Plata, Tomás FF nos manda esta traducción de un texto sobre un reciente fallo en los Estados Unidos, limitando las facultades policiales (link al art. original, acá) (al final del post se puede leer la conclusión del fallo)

Joseph Goldstein – New York Times

Una jueza federal resolvió el lunes que las tácticas de “stop and frisk” (término utilizado en Estados Unidos para referir a las prácticas policiales consistentes en demorar a un individuo y cachearlo) de la Policía de Nueva York violaban los derechos constitucionales de las minorías de la ciudad, repudiando un importante elemento del legado de Bloomberg sobre el combate a la criminalidad.

El uso de esta operatoria ha sido ampliamente citado por las autoridades de la ciudad como un eje de la exitosa campaña de Nueva York en la reducción de asesinatos y crímenes graves a porcentajes mínimos históricos. La policía dice que estas prácticas han salvado las vidas de miles de jóvenes negros e hispanos, al remover miles de armas de las calles.

Pero la jueza, Shira. A. Scheindlin, determinó que el Departamento de Policía utilizaba una “política de individualización racial indirecta”, al verse incrementar el número de detenciones en comunidades minoritarias. Esto ha llevado a los oficiales policiales a parar (stop) rutinariamente a “negros e hispanos que no hubieran sido parados si hubieran sido blancos”.

La jueza designó a un interventor federal para que supervise amplias reformas, dentro de las que se incluye el uso de cámaras llevadas en el cuerpo por determinados oficiales policiales, aunque dijo “no estar ordenando el fin de la práctica de ‘stop-and-frisk’”.        

En su decisión de 195 páginas, la jueza Scheindlin concluyó que las demoras que sufrieron los habitantes, que incrementaron en número en la última década mientras el crimen continuó decayendo, demostraron una amplia violación de la Cuarta Enmienda, que protege contra requisas e intromisiones irrazonables por parte del gobierno, y también de la 14º Enmienda, que consagra la protección igualitaria.

El alcalde Michael R. Bloomberg acusó con enfado a la jueza de deliberadamente negar a la ciudad un “juicio justo” y dijo que la ciudad apelaría la decisión.

Ostentando un tono desafiante, el Sr. Bloomberg dijo, “No van a ver ningún cambio de tácticas de la noche a la mañana”. Dijo que esperaba que el proceso de apelación permitiera que continuaran las actuales prácticas de stop-and-frisk hasta el final de su mandato ya que “no querría ser responsable de la muerte de muchas personas”.

La jueza advirtió que en gran parte de la última década, los oficiales de la policía habían demorado a gente inocente sin ninguna razón objetiva para sospecharlos de un accionar ilícito. Pero su crítica fue más allá de la conducta de los policías.

“También arribo a la conclusión de que las autoridades máximas de la ciudad han hecho ojo ciego a la prueba de que la policía está llevando a cabo demoras de manera racialmente discriminatoria”, escribió, citando declaraciones que el Sr. Bloomberg y el Jefe a cargo de la Policía, Raymond W. Kelly, han hecho en defensa de la policía.

La jueza Scheindlin ordenó una serie de medidas, incluyendo un programa piloto en el cual oficiales de por lo menos cinco áreas de la ciudad llevarían cámaras en sus cuerpos para registrar los altercados en la calle. También ordenó un proceso deliberativo conjunto –en esencia, una serie de reuniones comunitarias- para indagar comentarios de la gente sobre cómo reformar las tácticas del Departamento.

La jueza nombró a Peter L. Zimroth, socio del estudio Arnold And Porter L.L.P., y ex abogado corporativo y fiscal de Manhattan, para que controle el respeto de la Constitución de los Estados Unidos por parte del Departamento de Policía. La instalación de un interventor dejará al Departamento bajo un grado de control judicial que ciertamente moldeará las estrategias policiales en el próximo gobierno.

La decisión de la jueza Scheindlin confronta con el legado de Terry vs. Ohio, un fallo de la Corte Suprema de 1968, que sostuvo que el stop-and-frisk era constitucionalmente admisible bajo determinadas condiciones. Pero ella dijo que era necesario cambios en la forma en que el Departamento de Policía de Nueva York  aplicaba esta práctica para garantizar que las demoras en las calles eran realizadas de una manera que “proteja los derechos y libertades de todos los neoyorkinos, a la vez que provea la muy necesitada protección policial.”

La jueza advirtió que la policía de Nueva York era demasiado apresurada para catalogar como sospechosos a comportamientos que eran perfectamente inocentes, en efecto actuando por debajo del standard legal requerido para parar a una persona.

“Los negros son comúnmente señalados para demorar en base a un grado más bajo de sospecha objetivamente fundada que el aplicado a los blancos”, escribió.

Notó que los oficiales rutinariamente paraban a personas en base a “movimientos furtivos”, una categoría que los oficiales han testificado que podría adecuarse a cualquiera de las siguientes: encontrarse nervioso, cambiar de dirección, caminar de determinada forma, agarrar un bolsillo o mirar por sobre su espalda.

“Si los policías creen que el comportamiento anteriormente descripto constituye movimientos furtivos que justifican demorar a una persona, entonces no es sorpresa que las demoras tan raramente produzcan prueba de actividad criminal”, escribió la Juez Scheindlin.

Dedujo que en sus ansias de encontrar armas escondidas, los oficiales a veces paraban gente bajo la base de que el oficial observaba un bulto en el bolsillo de la persona; comúnmente resultaba que el bulto era causado no por un arma sino por una billetera.

“El contorno de un objeto comúnmente llevado como una billetera o un celular no justifica ni una demora ni un cacheo, ni tampoco el contacto con alguno de esos objetos durante un cacheo justifica una requisa”, resolvió. 

Enfatizó lo que llamo “el perjuicio humano de las demoras inconstitucionales”, notando que algunos de los demandantes testificaron que sus encuentros con la policía los había dejado sintiéndose como que no pertenecían a determinadas áreas de la ciudad. Caracterizó a cada demora como una “experiencia degradante y humillante”.

“Nadie debería vivir con miedo a ser parado cuandoquiera que abandone su casa para realizar las actividades de su vida diaria”, escribió.

Uno de los actores en la demanda, Lalit Clarkson, de 31 años, y miembro de un sindicato, dijo luego del fallo que “la práctica de stop-and-frisk criminaliza toda una raza y comunidad de gente, solo por ir a trabajar, ir a buscar comida, ir en un tren al centro.”

Esta decisión, dijo, representa la validación legal de lo que la comunidad negra ha sabido por mucho tiempo: que la táctica de stop-and-frisk se basa en discriminación racial.

“Lo que sabemos, en nuestra comunidad, que es la realidad, nunca antes había atravesado un masivo proceso legal” ni tampoco había sido demostrado “punto por punto, paso por paso” ser verdadero, declaró.

La decisión de la jueza, en Floyd v. Ciudad de Nueva York, una acción de clase iniciada en el año 2008 que representa el más importante cuestionamiento a las prácticas del Departamento, es el resultado de un juicio sin jurado de dos meses en la Corte Distrital Federal de Manhattan llevado a cabo este año. Su decisión cita testimonios de aproximadamente una docena de hombres negros o mestizos y una mujer que describieron ser parados por la policía, así como las conclusiones de expertos en estadística que analizaron actas policiales describiendo unas 4.43 millones demoras entre el año 2004 y mediados de 2012.

Pero las demoras no fueron el fin del problema, advirtió la jueza Scheindlin. Luego de que los policías pararon a la gente, a menudo realizaron cacheos para buscar armas, o requisaron los bolsillos de los sujetos en búsqueda de elementos de contrabando, como drogas, sin ninguna justificación legal. También concluyó que en el marco de estas demoras los negros e hispanos “eran más propensos a ser sujetos al uso de la fuerza que los blancos, sin perjuicio del hecho de que los blancos son más comúnmente encontrados con armas o sustancias de contrabando.”

Cerca de un 83 por ciento de las demoras entre 2004 y 2012 involucraron a blancos e hispanos, aun cuando esos dos grupos demográficos representan apenas algo más del 50 por ciento de los residentes de la ciudad. Los Sres. Bloomberg y Kelly han explicado esta disparidad diciendo que refleja el desproporcionado porcentaje de crímenes cometidos por jóvenes integrantes de minorías. Pero la jueza Scheindlin refutó la lógica policial.

“Esta podría ser una comparación válida si las personas paradas fueran criminales”, escribió, explicando que existía prueba significativa de que los sujetos demorados no eran criminales. “Por el contrario, casi un noventa por ciento de las personas demoradas son liberadas sin que el oficial encuentre ninguna base para una citación o arresto.”

En cambio, la jueza Scheindlin advirtió que las demoras involucraban de manera desproporcional a hombres de minorías porque los policías los veían como las “personas indicadas” para parar.

“No es admisible sujetar o todos los miembros de un grupo racial definido a soportar la coerción policial solo porque algunos miembros de esa comunidad son criminales”, escribió.

El Sr. Bloomberg alegó que los abogados de la ciudad, apelando la sentencia contra la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, argumentarían que la jueza no había sido imparcial, al estar mal predispuesta contra la policía. Como evidencia, citó el hecho de que la jueza, quien ha tenido contacto con numerosos procedimientos de stop-and-frisk a lo largo de la última década, había motivado a los demandantes a que interpongan la acción en su juzgado al haberla marcado como relacionada con un caso anterior que había tratado.

El alcalde dijo que la jueza “no entendía cómo funciona la policía” y que había malinterpretado lo que la Constitución permite.

Conclusión del fallo

“Por las razones antedichas, la Ciudad es responsable de las violaciones de los derechos de la Cuarta y 14º Enmienda de los actores. En una opinión separada, ordenaré remedios, incluidos cambios inmediatos en las políticas del Departamento de Policía de Nueva York, un proceso-remedio conjunto para considerar futuras reformas, y el nombramiento de un interventor independiente para que monitoree el respeto a las medidas aquí ordenadas. Concluyo con una cita particularmente adecuada: “La idea de sospecha universal sin prueba individual es lo que los estadounidenses encuentran aborrecible y contra lo que los hombres negros en Estados Unidos deben luchar constantemente. Es persistente en políticas policiales –tales como stop-and frisk, y vigilancia de vecindarios- sin importar el daño colateral infligido a la mayoría de inocentes. Es como incendiar una casa para deshacerse de los ratones”.