DOCUMENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
ARGENTINAS (A PROPÓSITO DEL CASO NISMAN)
Como académicas/os y profesoras/es
argentinas/os de derecho y areas afines, queremos expresar a través de este
comunicado nuestra profunda preocupación respecto de lo ocurrido durante los
últimos días y de su impacto en la vida democrática e institucional argentina. Si
bien provenimos de diferentes doctrinas filosóficas e ideologías políticas,
compartimos nuestro compromiso con la defensa de los valores democráticos, el
estado de derecho y el respeto irrestricto por los derechos humanos.
La muerte del fiscal federal
Alberto Nisman en el contexto de una investigación que implica a la Jefa de
Estado y otros funcionarios es un hecho de gravedad institucional que merece
toda nuestra atención, sobre todo considerando que la investigación del fiscal
Nisman tiene como objeto el atentado terrorista más grave sufrido por nuestro
país, el de la AMIA de 1994. Hoy, sin embargo, ya son tres los hechos que
requieren un efectivo esclarecimiento: el atentado, la muerte del fiscal
Alberto Nisman y los graves hechos que se desprenden de su denuncia.
Esta demanda de esclarecimiento se
da en un contexto desalentador, en el cual amplios sectores
de la sociedad perdieron su confianza en la independencia e imparcialidad de la justicia, y
están convencidos de que el Poder Ejecutivo ejerce presión sobre ella con fines
políticos. Por eso hay algunas cuestiones sobre
las que debemos trabajar con el objetivo de restablecer la confianza en las
instituciones, garantizar el acceso a la verdad por parte de la ciudadanía y
afianzar la práctica constitucional argentina.
Así, resulta vital el pleno
respeto del sistema de división de poderes establecido en la Constitución. En
particular los funcionarios públicos en quienes hemos confiado la misión de
representar al pueblo no deben interferir con la labor de fiscales y jueces/as
y, más importante, deben cooperar positivamente y someterse a la jurisdicción
cuando les sea requerido.
A su vez, es esencial que se
informe a la ciudadanía periódicamente sobre el avance de las investigaciones.
Ello requiere que las/os funcionarias/os judiciales a cargo sean transparentes
en las diligencias que llevan adelante, explicando las razones que las justifican
para garantizar el efectivo acceso a la información de la ciudadanía en asuntos
que afectan la vida política, jurídica y social de todas/os.
Por otra parte, tal como ha
advertido la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en su reciente informe El (des)control democrático de los órganos de inteligencia en
Argentina, “desde 1983 los gobiernos democráticos no han sabido o querido
establecer controles efectivos, y los servicios de inteligencia se convirtieron
en una parte esencial del poder presidencial. Ese poder se ejerce en muchas ocasiones de una manera que
viola los derechos de los ciudadanos, en especial, el derecho a la privacidad y
a la libertad de asociación y expresión”. Asimismo, según el mismo informe, la Argentina cuenta con la
capacidad técnica para interceptar comunicaciones privadas, como las
telefónicas, y los datos que circulan en Internet. De este modo, el informe
señala que “el
espionaje político interno es una de las principales actividades de
inteligencia en la Argentina a pesar de que se encuentra expresamente prohibido
por una ley del Congreso. Eso es consecuencia de la falta de controles
parlamentarios y judiciales eficientes y de la aceptación pasiva de gran parte
de la clase política”. En tanto no haya voluntad de
afrontar este problema, y una comprensión ciudadana de que es ahí donde radica
una de las principales amenazas a los derechos, los ciudadanos estaremos a
merced del poder de turno.
En este sentido, advertimos que toda modificación de la
estructura de los servicios de inteligencia debería estar orientada a erradicar
las prácticas dudosamente legales que vienen realizando, en lugar de solamente
cambiar a las personas que realizan esas prácticas.
En
definitiva, se trata de honrar las exigencias de nuestra democracia
constitucional respetando la independencia judicial, la igualdad ante la ley,
las garantías individuales y el compromiso democrático por parte de jueces y
fiscales. Desde nuestro lugar haremos todo lo posible para que así sea.
Firmas
Marcelo Alegre, DNI 17.364.067, UBA
Pilar
Arcidiácono, DNI 25.771.930, UBA/ CONICET
Eduardo Baistrocchi, DNI 16.865.332, UTDT
Manuel
Balán, DNI 26.420.618, McGill University
Eduardo Barbarosch, DNI 4.362.398, UBA
Gustavo Beade, DNI 26.873.203
Martín Böhmer, DNI 16.764.988
Eugenio Bulygin, DNI 4.359.018, UBA
María Celeste Braga Beatove, DNI
28.697.820
Alejandro Chehtman, DNI 25.568.514, UTDT
Rut Diamint, DNI 10.964.078, UTDT
José Sebastián
Elías, DNI 25.292.336, UdeSA
Carlos
Espósito, DNI 16.990.854
Martín
Farrell, DNI 4.305.392, UBA/ UP
Paula
Gaido, DNI 21.756.864
Roberto Gargarella, DNI 17.083.588
Alejandro Garro, DNI 7.703.986, Columbia University
Juan González Bertomeu, DNI 24.442.466, ITAM
Lucas
Sebastián Grosman, DNI 22.276.828, UdeSA
Osvaldo
Guariglia, DNI 4.284.804
Martín
Hevia, DNI 26.122.021, UTDT
Marcelo
Leiras, DNI 18.287.001
Jaime
Malamud Goti, DNI 4.422.344
Diana
Maffía, DNI 11.026.922, UBA
María
Guadalupe Martínez, DNI 27.014.736
Julio
Montero, DNI 27.026.968, UBA/ CONICET/ GFP
Ana
María Mustapic, DNI
6.181.909, UTDT
Patricio
Nazareno, DNI 27.173.194
Pablo Andrés Neumeyer, DNI
14.923.713, UTDT/ CONICET
Ezequiel
Nino, DNI 22.965.205, UP
Enrique Peruzzotti,
DNI 13.699.030, UTDT / CONICET
Guido Pincione, DNI 10.625.668, The University
of Arizona
Agustina Ramón
Michell, DNI 29.639.836, UP
Diego Ríos,
DNI 20.569.858, CONICET
Julio
César Rivera (h), DNI 24.068.547, UdeSA
Eduardo Rivera López, DNI 16.202.894, UTDT / CONICET
Carlos
Rosenkrantz, DNI 13.031.536
Roberto Saba, DNI 18.404.345, UBA/ UP
Alejandra Salinas, DNI 17.255.670,
ESEADE/ UNTREF
María
Florencia Saulino, DNI 29.322.481, UP
Martín
Sigal, DNI 23.471.562, UBA
Ezequiel Spector, DNI 29.950.192,
UTDT/ CONICET
Eduardo
Stordeur (h), DNI 20.433.422, UBA
Fernando Tesón, DNI 5.905.969, Florida
State University
Juan Tokatlian, DNI 11.352.336,
UTDT
Carlos Waisman, DNI 4.422.065, University of California
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