Manifiesto de Profesores de Derecho y Ciencias Sociales sobre el caso Nisman

DOCUMENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ARGENTINAS (A PROPÓSITO DEL CASO NISMAN)

Como académicas/os y profesoras/es argentinas/os de derecho y areas afines, queremos expresar a través de este comunicado nuestra profunda preocupación respecto de lo ocurrido durante los últimos días y de su impacto en la vida democrática e institucional argentina. Si bien provenimos de diferentes doctrinas filosóficas e ideologías políticas, compartimos nuestro compromiso con la defensa de los valores democráticos, el estado de derecho y el respeto irrestricto por los derechos humanos.

La muerte del fiscal federal Alberto Nisman en el contexto de una investigación que implica a la Jefa de Estado y otros funcionarios es un hecho de gravedad institucional que merece toda nuestra atención, sobre todo considerando que la investigación del fiscal Nisman tiene como objeto el atentado terrorista más grave sufrido por nuestro país, el de la AMIA de 1994. Hoy, sin embargo, ya son tres los hechos que requieren un efectivo esclarecimiento: el atentado, la muerte del fiscal Alberto Nisman y los graves hechos que se desprenden de su denuncia.

Esta demanda de esclarecimiento se da en un contexto desalentador, en el cual amplios sectores de la sociedad perdieron su confianza en la independencia e imparcialidad de la justicia, y están convencidos de que el Poder Ejecutivo ejerce presión sobre ella con fines políticos.  Por eso hay algunas cuestiones sobre las que debemos trabajar con el objetivo de restablecer la confianza en las instituciones, garantizar el acceso a la verdad por parte de la ciudadanía y afianzar la práctica constitucional argentina.

Así, resulta vital el pleno respeto del sistema de división de poderes establecido en la Constitución. En particular los funcionarios públicos en quienes hemos confiado la misión de representar al pueblo no deben interferir con la labor de fiscales y jueces/as y, más importante, deben cooperar positivamente y someterse a la jurisdicción cuando les sea requerido.

A su vez, es esencial que se informe a la ciudadanía periódicamente sobre el avance de las investigaciones. Ello requiere que las/os funcionarias/os judiciales a cargo sean transparentes en las diligencias que llevan adelante, explicando las razones que las justifican para garantizar el efectivo acceso a la información de la ciudadanía en asuntos que afectan la vida política, jurídica y social de todas/os.

Por otra parte, tal como ha advertido la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en su reciente informe El (des)control democrático de los órganos de inteligencia en Argentina, “desde 1983 los gobiernos democráticos no han sabido o querido establecer controles efectivos, y los servicios de inteligencia se convirtieron en una parte esencial del poder presidencial. Ese poder se ejerce en muchas ocasiones de una manera que viola los derechos de los ciudadanos, en especial, el derecho a la privacidad y a la libertad de asociación y expresión”. Asimismo, según el mismo informe, la Argentina cuenta con la capacidad técnica para interceptar comunicaciones privadas, como las telefónicas, y los datos que circulan en Internet. De este modo, el informe señala que “el espionaje político interno es una de las principales actividades de inteligencia en la Argentina a pesar de que se encuentra expresamente prohibido por una ley del Congreso. Eso es consecuencia de la falta de controles parlamentarios y judiciales eficientes y de la aceptación pasiva de gran parte de la clase política”. En tanto no haya voluntad de afrontar este problema, y una comprensión ciudadana de que es ahí donde radica una de las principales amenazas a los derechos, los ciudadanos estaremos a merced del poder de turno. En este sentido, advertimos que toda modificación de la estructura de los servicios de inteligencia debería estar orientada a erradicar las prácticas dudosamente legales que vienen realizando, en lugar de solamente cambiar a las personas que realizan esas prácticas.

En definitiva, se trata de honrar las exigencias de nuestra democracia constitucional respetando la independencia judicial, la igualdad ante la ley, las garantías individuales y el compromiso democrático por parte de jueces y fiscales. Desde nuestro lugar haremos todo lo posible para que así sea.

Firmas

Marcelo Alegre, DNI 17.364.067, UBA

Pilar Arcidiácono, DNI 25.771.930, UBA/ CONICET

Eduardo Baistrocchi, DNI 16.865.332, UTDT  

Manuel Balán, DNI 26.420.618, McGill University

Eduardo Barbarosch, DNI 4.362.398, UBA

Gustavo Beade, DNI 26.873.203

Martín Böhmer, DNI 16.764.988

Eugenio Bulygin, DNI 4.359.018, UBA

María Celeste Braga Beatove, DNI 28.697.820

Alejandro Chehtman, DNI 25.568.514, UTDT

Rut Diamint, DNI 10.964.078, UTDT

José Sebastián Elías, DNI 25.292.336, UdeSA

Carlos Espósito, DNI 16.990.854

Martín Farrell, DNI 4.305.392, UBA/ UP

Paula Gaido, DNI 21.756.864

Roberto Gargarella, DNI 17.083.588

Alejandro Garro, DNI 7.703.986, Columbia University

Juan González Bertomeu, DNI 24.442.466, ITAM

Lucas Sebastián Grosman, DNI 22.276.828, UdeSA

Osvaldo Guariglia, DNI 4.284.804

Martín Hevia, DNI 26.122.021, UTDT

Marcelo Leiras, DNI 18.287.001

Jaime Malamud Goti, DNI 4.422.344

Diana Maffía, DNI 11.026.922, UBA

María Guadalupe Martínez, DNI 27.014.736

Julio Montero, DNI 27.026.968, UBA/ CONICET/ GFP

Ana María Mustapic, DNI 6.181.909, UTDT

Patricio Nazareno, DNI 27.173.194

Pablo Andrés Neumeyer, DNI 14.923.713, UTDT/ CONICET

Ezequiel Nino, DNI 22.965.205, UP

Enrique Peruzzotti, DNI 13.699.030, UTDT / CONICET

Guido Pincione, DNI 10.625.668, The University of Arizona

Agustina Ramón Michell, DNI 29.639.836, UP

Diego Ríos, DNI 20.569.858, CONICET

Julio César Rivera (h), DNI 24.068.547, UdeSA

Eduardo Rivera López, DNI 16.202.894, UTDT / CONICET 

Carlos Rosenkrantz, DNI 13.031.536

Roberto Saba, DNI 18.404.345, UBA/ UP

Alejandra Salinas, DNI 17.255.670, ESEADE/ UNTREF 

María Florencia Saulino, DNI 29.322.481, UP

Martín Sigal, DNI 23.471.562, UBA

Ezequiel Spector, DNI 29.950.192, UTDT/ CONICET

Eduardo Stordeur (h), DNI 20.433.422, UBA

Fernando Tesón, DNI 5.905.969, Florida State University

Juan Tokatlian, DNI 11.352.336, UTDT  

Carlos Waisman, DNI 4.422.065, University of California