10 años de kircnherismo y justicia. La corporación judicial y Justicia Legítima

Artículo que publicara hoy en Perfil, acá

La parábola descripta por el kirchnerismo en el área de la justicia se extiende desde su momento más luminoso –los nombramientos nuevos en la Corte, apenas luego de su llegada al poder- hasta los estropicios realizados en torno a las últimas designaciones y subrogancias –que acompañan su momento más oscuro, casi enfermizo. No se trata, sin embargo, que desde entonces a hoy la trayectoria del kircherismo se haya ido opacando: el cambio fue absolutamente abrupto, drástico, luego de un primer, brevísimo momento, en su mismo comienzo. 

Ese primer, luminoso instante, encuentra su punto más alto en junio del 2003, con el decreto 222 por el cual el gobierno ató su propias manos para abrir el proceso de designación de los nuevos jueces a la sociedad civil, y auto-imponiéndose criterios relacionados con la diversidad de género, de proveniencia o de especialidad, para cubrir las vacantes abiertas en la Corte. Desde aquel momento, cada gesto significativo del gobierno estuvo destinado a someter o colonizar a la justicia. Pero es importante no pasar por alto lo ocurrido entonces, por al menos dos razones. Dicho gesto –que apareció cuando el gobierno, con razón o no, se sintió políticamente más débil- demostró, en primer lugar, que no es cierto que la sociedad no está preparada o es resistente al cambio institucional: amplísimos sectores de la sociedad mostraron entonces que estaban más que dispuestos a involucrarse, y aún a propiciar reformas, también en el ámbito de la justicia. Ello, en la medida en que pudiera ver en los cambios intentos creíbles por mejorar el sistema institucional existente, y no un mero intento de quien está en el poder para tomar ventajas indebidas a partir del lugar que ocupa. Recuérdese, en este sentido, que en aquel momento la reforma judicial fue auspiciada y promovida por una coalición de ONGs, que trabajaron en conjunto para la firma e implementación del decreto 222. 

En segundo lugar, dicha reforma demostró que no es creíble el discurso del oficialismo, conforme al cual la “corporación judicial” bloquea e imposibilita cualquier intento de reforma en el ámbito de la justicia, con el objeto de mantener sus propios privilegios. Lo cierto es que una iniciativa como la reflejada en el decreto 222, que implicó, también, transferir poder desde el aparato institucional hacia la sociedad civil, fue apoyada y tomada con beneplácito por la comunidad jurídica. El oficialismo de hoy puede decir “la reforma sólo fue posible por el momento extremo que se vivía entonces, luego de la crisis del 2001, y dado el nivel de desprestigio que afectaba entonces al Poder Judicial.” Pero esta explicación, además de improvisada y oportunista, tampoco suena cierta: la clase política de aquel entonces –hundida en el desprestigio y la crisis- fue capaz de resistir cambios que el Poder Judicial, mientras tanto, no resistió sino que por el contrario avaló. Esto es decir, la coyuntura de la crisis no impidió sino que ayudó a que determinados sectores –por ejemplo, de la política- resistieran reformas que en el Poder Judicial, en cambio, avanzaron. Por lo demás, la visión conforme a la cual la “corporación judicial” impide todo tipo de cambios en el área peca por basarse en una reconstrucción entre ingenua y caricaturesca de la Justicia.

En efecto, en el campo judicial, como en tantos otros, el gobierno fogonea una visión dicotómica, que divide el campo entre “buenos” (el reformismo oficial) y “malos” (la “corporación judicial”), pero aquí, como en otros casos, la descripción es por completo engañosa y falsa. No se trata de decir que no existe algo así como la “corporación judicial,” sino de que ella no existe tal como se la describe, y ello así por al menos dos razones. En primer lugar, la “corporación judicial” refiere a funcionarios atados a sus viejos privilegios, y resistentes a perderlos, pero tales funcionarios cruzan a todo el campo de la justicia, incluyendo a aliados y enemigos del gobierno. De hecho, la mayoría de los aliados del gobierno en el ámbito de la justicia podrían ser perfectamente descriptos como parte de la “corporación judicial”: ganan sueldos extraordinarios, gozan de privilegios inconfesables, y luchan por todos los medios para no perderlos (en la justicia federal, en los tribunales superiores, en la Procuración). En segundo lugar, es falso que la justicia en general, o la “corporación judicial” en particular, esté –como un gigante bobo- contra todo cambio, por algún rapto de conservadurismo extremo –como si “la corporación” fuera equivalente a “la derecha.” En absoluto: la “corporación” está en contra de los cambios que sean capaces de privar a sus miembros de los privilegios de los que goza. Lo demás, la tiene básicamente sin cuidado. 

Un gran ejemplo que nos permite entender mejor todo lo dicho hasta aquí –y reconocer las continuidades existentes entre el 2003 y hoy- es el caso, muy reciente, de la “democratización de la justicia.” Aquel paquete de reformas, presentado a comienzos del 2013, no sólo resultó irritante por la habitual mentira oficial con que fue presentado –el gobierno, como suele ocurrir, invoca en su discurso un valioso ideal (en este caso, la “democratización”) que luego niega o contradice en cada una de las medidas que toma en la práctica. La proclamada “democratización de la justicia” resultó indignante porque existían, en los hechos, una gran cantidad de medidas que sí podían promoverse para ayudar (como ayudaron en Colombia o Costa Rica, para tomar casos cercanos) a acercar la justicia al “pueblo”. Piénsese, por ejemplo, en cambios como los operados por la creación de la tutela, en Colombia, u otras herramientas orientadas a facilitar el acceso de los ciudadanos más pobres a la justicia; bajar los costos del litigio; ampliar la legitimidad o standing para litigar; terminar con formalismos; etc. La “corporación judicial” no se opuso a la aparición de este tipo de medidas, en América Latina, y tampoco hubiera sido esperable que lo hiciera aquí: lo que la “corporación” resiste son otro tipo de medidas (simbolizadas en el pago de ganancias), que tocan directamente los bolsillos y privilegios de sus miembros.

Razones como las señaladas nos permiten reconocer la tremenda fragilidad –sino hipocresía- ideológica, de muchos de los miembros de la así llamada agrupación oficialista “Justicia Legítima”. Justicia Legítima habla como si sus miembros fueran los paladines de la reforma judicial, frente al poder monstruoso de la “corporación”. Pero todo su discurso es engañoso o falso: no es cierto que la mayoría (o una parte importante) de sus integrantes sean ajenos a la “corporación”; mientras que es verdadero que una mayoría de ellos se han beneficiado en estos años con extraordinarios privilegios, en materia de sueldos, sobre-sueldos o ventajas en los ascensos y concursos abiertos por el gobierno. Esto es decir, más que pelear por una democratización que no impulsaron, sus miembros fueron los grandes beneficiaros de los nuevos privilegios.

El otro gran recurso ideológico de la época (junto con la falsa pelea contra la “corporación judicial”), estuvo dado por la distinción entre “poder político” y “poder económico.” A los miembros de “Justicia Legítima,” y al oficialismo en la justicia, en general, esa distinción les permitió explicar y auto-justificar las tropelías que avalaban en su accionar diario: cuando sobreseían a funcionarios, archivaban o cerraban causas, invalidaban pruebas incriminantes contra el gobierno, o (en los casos más insólito) cuando los fiscales, encargados de fiscalizar al poder político, se convertían en líderes de la lucha por la impunidad del poder.