Democracias en crisis y participación popular

(publicado hoy en LN, acá)

Eventos políticos como los ocurridos en Brasil, recientemente, con el proceso de impeachment presidencial, sólo confirman una realidad conocida. Nuestros sistemas constitucional-democráticos se encuentran muy degradados: se advierte una ruptura grave entre lo que pretende la ciudadanía y lo que hacen sus representantes. Los cuerpos representativos están marcados por voces que cuentan con escaso peso en la sociedad como un todo, y definidos también por la presencia de intereses que reflejan mucho más la voluntad de la elite dirigente que la voluntad colectiva de la comunidad. No señalo lo anterior asumiendo que el proceso de impeachment en Brasil fuera inconstitucional (entiendo que no lo fue), o como un modo de hablar a favor o en contra del gobierno tal o cual. El punto al que me refiero es más general, y tiene que ver con una larga crisis del sistema representativo, que en países como los nuestros se muestra tan prolongada como aguda.

Dicha crisis, que golpea al sistema constitucional en su centro –quitándole legitimidad, respetabilidad, autoridad- encuentra explicaciones posibles diversas (muchas de las cuales, sin duda, pueden convivir entre sí), incluyendo una como la siguiente: nuestra organización política encuentra sus fundamentos y los rasgos elementales de su estructura entre finales del siglo 18 y comienzos del 19, y dichas bases aristocráticas y elitistas se contradicen directamente con las aspiraciones y exigencias democráticas propias de nuestro tiempo. Podría decirse que el “traje” constitucional que fue diseñado para una sociedad estructurada hace más de dos siglos (una sociedad desigual, excluyente, jerárquica), quedó demasiado “estrecho” para una como la actual –una sociedad multicultural, activa y demandante. Las instituciones con las que contamos han quedado demasiado “chicas”, y resultan así habitualmente desbordadas por reclamos que se expresan, de modo cada vez más común, por medios extra-institucionales y aún ilegales. Las más razonables expectativas y demandas sociales no encuentran canales adecuados por donde transmitirse y ser procesadas. Nuestros gobiernos son así, cada vez, menos representativos y “republicanos”, en términos de Thomas Jefferson: como ciudadanos, hemos perdido capacidad de “decisión y control,” rasgos estos que distinguen al buen gobierno republicano.

Bajo el trasfondo de dicha crisis, nos encontramos hoy con una buena y una mala noticia. La buena noticia es que, en reacción frente a la realidad de la crisis democrática contemporánea, palpable en las geografías más diversas, han ido apareciendo cantidad de experimentos destinados a devolverle al sistema institucional parte de la verdad o sentido que alegara le diera legitimidad, en sus comienzos. La mala noticia es que dichos interesantes experimentos se siguen montando sobre una estructura institucional existente suficientemente capacitada para reaccionar, resistir y terminar “ahogando” estos intentos de revitalización institucional. Dada la actualidad e importancia de estos fenómenos, quisiera en lo que sigue detenerme brevemente en el análisis de los mismos.

El surgimiento de formas diversas de experimentalismo democrático se advierte desde hace tiempo: hablo de formas promovidas por los propios poderes constituidos, destinadas a revitalizar el proceso de toma de decisiones democrático. Permítanme enumerar algunos pocos ejemplos meramente ilustrativos de este tipo de situaciones. Desde comienzos de los 80, en Canadá, se adopta una cláusula –la llamada “cláusula del “no obstante” o notwithstanding clause- destinada a facilitar el “diálogo” entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, e impedir así que el poder menos democrático de todos –el Poder Judicial- sea el que se quede con la “última palabra” en materia constitucional. El Convenio 169 de la OIT obliga a que los grupos indígenas sean consultados cada vez que se está por tomar una medida pública que sea capaz de afectar directamente sus intereses. Frente a intentos de desalojo forzado de poblaciones pobres “usurpando” terrenos, a Corte Sudafricana ha promovido, desde el 2008, lo que llama un “involucramiento efectivo” o meaningful engagement, destinado a obligar a que el Estado y las comunidades por ser removidas de las tierras que ocupan, discutan acerca de remedios posibles frente al conflicto que los separa. Otros tribunales superiores, como los propios de Argentina o Brasil, han tomado como práctica habitual la promoción de “audiencias públicas” destinadas a que se escuchen a las diversas “voces” o puntos de vista presentes en el conflicto (desde las voces de los grupos afectados en conflictos medioambientales; a las voces de los representantes de los presos en el caso de super-población carcelaria, etc.). Islandia e Irlanda, muy recientemente, han puesto en marcha procesos legales destinados a modificar sus respectivas Constituciones, a partir de Convenciones Constituyentes compuestas por “ciudadanos del común,” antes que por políticos tradicionales. Ambos países también han alentado al grueso de la ciudadanía a acercar propuestas de reforma a ser discutidas por la constituyente. 

Casos como los citados nos hablan de reformas impulsadas por los propios poderes constituidos, que muestran de parte de aquellos poderes el reconocimiento de al menos dos cosas. Por un lado, una conciencia de la gravedad de la crisis de legitimidad que los atraviesa, y por otro, también, la conciencia de que es necesario responder a dicha crisis a través de apelaciones al “diálogo democrático” capaces de subsanar lo que ven como uno de sus principales déficits. Con sus más y sus menos (hay experiencias más arriesgadas, interesantes y prometedoras que otras) nos encontramos aquí con un menú abundante de propuestas de “cambio democrático”, que no agotan sino que sólo ofrecen una breve muestra de los saludables “experimentos” que se han puesto en marcha en los últimos años. En principio, me animaría a decir, todas las alternativas citadas muestran potencia y se encuentran bien dirigidas.

Dicho lo anterior, sin embargo, quisiera dejar en claro también el por qué del relativo escepticismo con el que merece leerse el desarrollo de tales propuestas. El escepticismo al me refiero se deriva de la conciencia de que tales valiosas iniciativas pretenden llevarse a cabo preservando intocados los aspectos más cuestionables del sistema institucional que ellas apuntan a modificar. Para dar algunos ejemplos de lo que señalo: la cláusula del “no obstante”, en Canadá, pretende mejorar un “diálogo democrático” que sigue manteniéndose impermeable a los reclamos ciudadanos. La práctica del “involucramiento efectivo” promovida por la Corte Sudafricana, o la de las “audiencias públicas” alentada por las Cortes de países como Argentina o Brasil, abren la puerta a una intervención popular más directa en la discusión de los asuntos públicos, pero preservan márgenes de discrecionalidad absolutos en los tribunales. Las consultas populares exigidas por el Convenio 169, con toda la enorme potencia democrática que conllevan, conviven con un sistema institucional férreamente cerrado en todas sus líneas principales. No se trata de un problema menor, sino de uno que es capaz de poner bajo amenaza todo lo que propuestas como las examinadas ofrecen de atractivo. Se trata, en definitiva, de una dificultad esencial, que es típica del reformismo democrático de estos últimos años: se trata de reformas capaces de ser limitadas o contenidas por aquellos mismos que pueden perjudicarse por su desarrollo.

No sorprende, entonces, el derrotero de la mayor parte de tales potentes iniciativas. La reforma canadiense, que prometía revitalizar el “diálogo entre poderes” resulta hoy criticada por las pocas ocasiones en que se puso realmente en marcha. El notable proceso de “involucramiento efectivo” que la Corte Sudafricana pusiera en marcha en el caso “Olivia Road,” fue socavado por la misma Corte en el principal caso de usurpación de tierras que siguiera al citado (en “Joe Slovo”). Los indispensables procesos de “consulta previa” que ordena el Convenio 169, han sido recurrentemente vaciados de sentido por las autoridades convocantes (i.e., considerando “consulta” una mera conversación con representantes de pueblos originarios; o tomando como irrelevantes las negativas a sus proyectos surgidas en esos procesos de consulta). Las educativas y democráticas “audiencias públicas” motorizadas por Cortes como las de Argentina y Brasil dependen de la voluntad exclusiva y discrecional de esas propias Cortes, que son las que deciden cuándo se convocan y cuándo no; cuándo comienzan y cuándo terminan; y qué se toma de ellas en sus decisiones, que siguen siendo finales. Las autoridades constituidas (particularmente en Islandia) pretenden (todavía hoy) negar valor a lo decidido por los representantes populares en la Convención Constituyente convocada en su momento. En todo caso, lo cierto es que muchas de estas oportunidades de cambio siguen representando territorios de disputa