Democratizar la justicia 23: Democratizar la injusticia

( Publicado hoy, debo agregar que muy en línea con el documento que se agrega en el post anterior, presentado por el CELS

http://www.clarin.com/politica/formas-democratizar-injusticia_0_901109956.html )


No conozco una sola persona, dentro de la comunidad jurídica, que crea que el Consejo de la Magistratura funciona bien, y que por tanto no amerita una reforma profunda. No conozco a nadie, tampoco, que considere, o que esté dispuesto a defender en público, que no debe reformarse el sistema judicial, para así ayudar a que los más desaventajados accedan más fácilmente al mismo. Nadie, tampoco, está en condiciones de avalar el lenguaje oscuro, a veces escalofriante, propio de la justicia, que tiende a alejar de los tribunales a la amplia mayoría de los miembros de nuestra comunidad. Es decir, existen las bases sociales necesarias para forjar un acuerdo amplísimo a favor de la reforma judicial: una reforma que comprenda a la justicia en sus bases, en sus estructuras, en su sustancia y en su forma. Entonces: ¿a qué se debe esta reforma atolondrada, que se anuncia rechazando desde el vamos la búsqueda de acuerdos amplios, que se pone en marcha sin discusiones, sin consultar a nadie, sin tenderle la mano al otro, sin buscar luz en otras opiniones?

¿Por qué este apuro y, sobre todo, por qué una reforma así dirigida?

Las pocas justificaciones que se escuchan, desde el oficialismo, nos dejan atónitos. ¿Cómo alguien puede decir (sin avergonzarse), que la reforma que crea más Cámaras, más instancias, una burocracia judicial mucho más vasta, y que casi duplica el número de miembros del Consejo de la Magistratura … es una reforma destinada a enfrentar a la “corporación judicial”? ¡La “corporación” así se expande ampliamente en número, a la vez que aumenta todavía más el poder que ya tiene! ¿Y cómo alguien puede pensar que la creación de más instancias va a ayudar de algún modo –y no perjudicar directa y seriamente- a los más pobres?

Para que quede claro: los pobres no están en condiciones de aguantar un litigio por (todavía) más años, como sí lo están sus patrones. Para las personas con recursos, o para el propio Estado, la posibilidad de seguir apelando y apelando (aprovechando las instancias que ahora se agregan y los formalismos de la ley que en absoluto se reducen) es una bendición, una excelente manera de dilatar en el tiempo las injusticias, de impedir que la ley que castiga al injusto alguna vez se cumpla. ¿Cómo alguien puede pensar que con esta reforma se “democratiza” algo (sino la injusticia), cuando la misma termina de hundir a los pobres frente al inmenso poder de extorsión que deja a los más ricos (“aceptás la miseria que te ofrezco a cambio, o vuelvo a apelar”)? Sin mencionar la reforma a las cautelares, que en el escondido artículo 17 del proyecto, las reserva para permitirle al Estado confrontar huelgas y protestas sociales.

Tal como se la ha planteado, la reforma judicial que se nos ofrece resulta inconstitucional tanto en su sustancia (contradice en partes significativas al texto constitucional, y esto es muy difícil negarlo),como en su forma (el kirchnerismo insiste en la no-discusión parlamentaria, o en la parodia de debate, pero la Constitución, en sus arts. 78, 83, 100 inc. 9 o 106, exige algo distinto de la farsanta).

Pero el problema que más preocupa no es ése: el problema es volver a perder una oportunidad importante para hacer un cambio a favor de la democracia y la justicia social.

Hay decenas de cambios sencillos, al alcance, poco costosos, aplicados ya exitosamente en América Latina, que podrían facilitar el acceso de los pobres a los tribunales: bajar los costos del litigio, hacer no-obligatoria la participación o contratación de abogados, eliminar formalismos, ampliar la legitimación para litigar (facilitando que cualquiera llegue a tribunales rápidamente y sin complejidades innecesarias), favorecer el litigio colectivo, priorizar la atención de los más pobres.

Ocurre que no se quiere hacer estos cambios.

Y no se trata de que la reforma “es buena aunque no hace todo lo posible, todo lo que nos gustaría que haga”. No.

Se trata de que lo que hace, lo hace mal, y en buena medida en dirección contraria a la que debió haber adoptado, si lo que le interesaba era servir a los más necesitados.

Como siempre, el problema con el kirchnerismo no es el recurso a la mentira. Finalmente, así lo parece, tanto la vieja clase política, como la clase empresaria de ayer o de hoy, parecen demasiado acostumbradas a hablar la lengua de la impostura constante. El problema del kirchnerismo, como siempre, es otro: es el de mentir en nombre de los ideales que más nos emocionan, los que más hondamente sentimos como propios.