Ferreyra 3: Sobre la cárcel como justicia, y sobre la impunidad

Nota que publicara hoy en Clarín, crítica de la sentencia que se dictara en el caso de Mariano Ferreyra
http://www.clarin.com/opinion/Justicia-impunidad-poder_0_907109357.html

La sentencia pronunciada este martes por el Tribunal Oral Criminal 21 de la Capital Federal, en el caso referido al crimen de Mariano Ferreyra, nos ayuda a reflexionar sobre varias cuestiones de enorme relevancia pública. Quisiera plantear aquí algunas de esas cuestiones, a pesar de que ellas nos llevan a reflexiones muy incómodas, algunas relacionadas con el modo en que reprochamos y condenamos las conductas que más nos horrorizan, y otras vinculadas con el poder y el modo en que se custodian los derechos humanos en la Argentina de hoy.

Para empezar por un lugar difícil, señalaría lo siguiente: por buenas y malas razones, al menos desde el renacimiento de la democracia nos hemos acostumbrado a pensar que hacer justicia en materia criminal requiere encerrar, por largos años, a los que encontramos culpables. Montados en esa misma lógica, consideramos entonces que conseguir “más años” de cárcel equivale a conseguir “más justicia”, y por eso mismo nos acercamos a decir que frente a los crímenes que más detestamos, la pena perpetua representa algo así como la “justicia más plena”. Escuchamos una condena a perpetua y gritamos entonces: “por fin, se hizo justicia!” El hecho de que, en la actualidad, los más altos funcionarios del gobierno o la derecha política suscriban, en la práctica, esta errónea mirada sobre el castigo, resulta preocupante pero no sorprendente. En lo personal, me preocupa mucho más que esta misma mirada sea compartida por los sectores de la izquierda política. Todos ellos debieran saber que, del modo descripto, canalizamos nuestra sed de venganza, pero que ello no tiene nada que ver –de ningún modo- con el hacer justicia. A través de la privación de libertad (así ocurre y seguirá ocurriendo, sin dudas, en la mayoría de los casos), el daño causado no resulta reparado; nadie obtiene el perdón de nadie; el condenado no se arrepiente de nada, y sólo pasa a cultivar más odio hacia todos nosotros; nuestra comunidad pasa a prohijar todavía más violencia de la que albergaba antes del crimen (las respuestas más violentas frente al crimen tienden a generar más, y no menos, violencia); y finalmente, ni nosotros ni el condenado devenimos, a resultas del castigo consumado, mejores personas. Mientras permitimos el desarrollo de estos resultados de espanto, cerramos distraídamente los ojos frente al hecho real, conocido por todos, de que al condenar a alguien a prisión lo sometemos a una situación de tortura cotidiana, efectiva (los golpes y “aprietes” carcelarios) o virtual (las condiciones de infierno propias de todas nuestras cárceles). Primera aclaración, para que nadie se confunda: la cárcel “sana y limpia” que no tenemos aunque la Constitución manda, sería igualmente pasible de las críticas anteriores, pero en todo caso ello no importa demasiado porque las prisiones que sí tenemos son dantescas, y todos lo sabemos: equivalen a, sino implican directamente, la tortura en sus peores expresiones.

Significa lo anterior, entonces, que uno está a favor de la impunidad de personajes como el líder del gremio ferroviario, en un caso tan dramático como el de la muerte de Mariano Ferreyra? En absoluto: se trata de lo contrario. Ello así, al menos, por dos razones. En primer lugar, porque existen muchas formas de reprochar y repudiar los crímenes, distintas de la prisión; decenas de alternativas menos vejatorias que la tortura carcelaria, y que de ningún modo importarían impunidad –alternativas analizadas desde hace décadas bajo el título de “justicia restaurativa” (y aún para el caso de que tales alternativas no tuvieran el relativo éxito que tienen, el punto sería el mismo: no hay ninguna razón que justifique designar a la tortura y a sus formas cercanas con el lenguaje de la justicia).

En segundo lugar, lejos de pedir impunidad frente al crimen citado, aquí interesa exigir más fuertes y más extendidos reproches, frente a crímenes como el de Ferreyra. El principal problema de la sentencia allí construida (e impulsada por la querella) no fue tanto el exceso de castigo, sino el exceso de impunidad. Me refiero a la impunidad que se aseguró entonces, cuidadosamente, para todos los empresarios y altísimos funcionarios del gobierno involucrados en el caso, desde el alto Ejecutivo kirchnerista que ordenó a la policía “liberar la zona” para que la patota ferroviaria pudiera descargar su violencia contra la izquierda, hasta el Ministro de Trabajo que reía su impunidad con el líder ferroviario, luego de producido el crimen. En definitiva, son necesarias al mismo tiempo ambas cosas: menos impunidad para el poder, y formas diferentes de pensar el castigo.