Alberdi, derechos y prácticas institucionales

Publicado hoy en Clarín, acá

Juan Bautista Alberdi supo formular las preguntas relevantes del constitucionalismo al que entendió, en su lógica más íntima, como muy pocos. Uno puede desacordar con él en su escala de valores y prioridades, pero es difícil hacerlo en torno a cómo pensar los mecanismos básicos de la organización institucional.

Alberdi pensó la evolución política del país a partir de etapas sucesivas. La primera había sido la etapa fundacional, posterior a la independencia, orientada a poner los cimientos de una vida separada de España. En relación con la segunda, él ya fue protagonista decisivo: se trataba de una nueva etapa (a la que él llamó “transicional” y “provisoria”), destinada a establecer las bases del crecimiento económico. Recién en una tercera etapa, postergada pero necesaria, llegaría el tiempo de las “libertades políticas.” Mientras tanto, esas libertades políticas debían ser (temporalmente) recortadas, con el fin de asegurar el crecimiento prioritario de otros derechos que –sostenía él, polémicamente- tenían que ver con las libertades económicas: el comercio, la propiedad y los contratos.

Las breves líneas anteriores ya nos revelan algunas de las claves de su pensamiento (no sólo de su contenido sino, sobre todo, sobre el modo en que razonaba), y nos muestran las diferencias que lo separaban de muchos de sus pares. En primer lugar, y contra lo que pensaban y piensan muchos doctrinarios, Alberdi no veía al constitucionalismo como un modelo que se adoptaba de una vez y para siempre. Por el contrario, él consideraba que el derecho evolucionaba -como debía evolucionar- con el paso del tiempo, y que por lo tanto estaba destinado a cambiar periódicamente. En segundo lugar, Alberdi entendía que las grandes estructuras institucionales debían ordenarse conforme a ciertas finalidades, que se definían –como debían definirse- a partir de los grandes dramas y desafíos de la época (y no desde las ambiciones propias del fugaz momento). El punto es también importante, entre otras razones, como forma de enfrentar a los liberales y conservadores de hoy, habitualmente empeñados en volver al pasado: si alguien quisiera “volver el reloj atrás” para decirnos que hay que recuperar el modelo de organización económica que Alberdi defendía en su tiempo (“volver a la Argentina próspera de fines del siglo XIX”), el propio Alberdi podría encargarse de refutarlo. Y es que, como fue dicho, Alberdi rechazaba –como rechazaría hoy- la opción de volver, política o económicamente, la historia hacia atrás. Se trataba, más bien, de repensar la organización política y económica a partir de los nuevos dramas y desafíos del tiempo. Hoy, quizás –me aventuraría a decir- ese drama a afrontar sería el de la desigualdad -el mal contra el cual habría que dirigir todas las energías institucionales.

Finalmente, el párrafo inicial revela otra clave crucial del pensamiento alberdiano. Ésta es, que a los fines de proteger ciertos derechos que valoramos (como forma de poner freno a ciertos males de la época), no es necesario llenar a nuestros textos legales de más y más derechos, ni a nuestros discursos de proclamas sin apoyo: lo que debe hacerse es pensar qué arreglos institucionales (relacionados, sobre todo, con la organización del poder) resultan indispensables para hacer efectivos los derechos con los que estamos comprometidos. Adviértase la fenomenal diferencia entre este criterio y el que ha predominado en las últimas largas décadas, entre políticos y constitucionalistas. Nos acostumbramos, en todo este tiempo, a proclamas y escritos sobre los “nuevos derechos” que resultan luego, sistemáticamente, negados en la práctica: la política siguió en manos de una elite -con caras renovadas pero elite al fin- mientras que las Constituciones se tornaron pesadas de tantos derechos nuevos, que luego fueron olvidados en la práctica (o es que alguien vio concretadas las proclamas constitucionales sobre control obrero de la producción empresaria; colaboración en la dirección de las fábricas; participación en las decisiones fundamentales de la política?). Alberdi, por ello, propuso pensar la cuestión del modo opuesto: porque consideró que importaban ciertos derechos, procuró diseñar una organización del poder capaz de hacerlos efectivos (en su momento, y conforme a su ideario liberal-conservador,  propuso limitar el poder mayoritario para resguardar los derechos de propiedad).

El modo alberdiano de pensar el derecho resulta particularmente productivo en tiempos electorales. Quienes reivindicamos la participación popular y la inclusión social, deberíamos sospechar, por caso, de quienes proclaman la democracia política mientras desde el poder se ocupan de concentrar la toma de decisiones en una o pocas personas; hablan de la participación colectiva, mientras establecen alianzas con todas las oligarquías locales; dicen propiciar la justicia social mientras hacen negocios con la elite económica dominante (i.e., minera, petrolera o del juego); o defienden el control popular del poder, mientras desde el poder destruyen todas las instituciones encargadas de hacerlo posible.