Democratizar la justicia penal 1

Hace rato que venimos peleando, académicamente, y en cierta soledad, a favor de una reconexión entre la justicia penal y la democracia -dos esferas que aparecen desvinculadas una de la otra, sino en tensión. La reflexión penal -sugiero- se muestra sistemáticamente hostil a la cuestión democrática: ve una amenaza en ella, en todo sentido. Y excusa ese miedo a perder los privilegios que hoy ejerce a través de la idea de que el público o "no sabe," o sólo puede agregar dosis de irracionalidad (híper-punitivismo) a la normativa penal. En obstinado homenaje a esos impulsos democratizadores sobre la cuestión penal, comienzo a publicar una breve serie de post, examinando los textos recientemente publicados en una revista jurídica norteamericana, enteramente dedicada a la reflexión que nos interesa: Democracia y derecho penal (revista a la que llegué gracias a Santiago M.: gracias!). Serán varios posts meramente descriptivos, destinados a resumir el muy intenso encuentro, para ver si luego puede retomar un poco más críticamente lo dicho en el simposio (que tiendo a compartir en amplia medida, en propósitos y contenidos, pero en relación con los cuales también tengo algunos disensos).Va el primer post.

La revista Northwestern University Law Review publicó este año un bastante impresionante, y muy extenso volumen sobre la necesidad de democratizar la justicia penal (111: 1367, 2017). De este modo, ocupan un tremendo vacío (al menos, un espacio que estaba claramente sub-argumentado) relacionado con la importancia de volver a conectar las ideas de democracia y justicia penal. Ese es el punto común de arranque. Como se anuncia en el mismo comienzo de la obra el simposio “[is] not just about democratizing criminal justice but in defense of democratizing criminal justice” (1367). Ello, por lo demás, en contraposición con la “narrativa dominante”, que ve en la propia ciudadanía la fuente de los males del sistema y, sobre todo, el origen de una práctica de más penas y penas más duras. El organizador del simposio, Joshua Kleinfeld asocia dicha visión con autores como David Garland quien (en trabajos como “Cultre of Control” o “Peculiar Institution”) asume “the American public as, above all, racist;” o James Whitman, quien lo ve como, sobre todo, “violento” (i.e., en “Harsh Justice”); o jon Langbein, quien parece entenderlo como, fundamentalmente “estúpido” (i.e., en “The origins of adversary criminal trial”); pero también en Michael Tonry (i.e., “Thinking about crime: sense and sensibility in American penal culture); o Nicola Lacey (i.e., en su artículo “Numanizing the Cirminal Justice Machine”). Todos ellos coincidirían en afirmar que “our criminal system is harsh because the American public wants it that way”, por lo cual la solución parece ser “to defang the public” (1398). Por eso el simposio se propone, al menos, “[to] unsettle the dominant narrative”. (Claramente, en la Argentina, en América Latina, en España e Italia, tenemos cantidad de otros autores que podríamos citar, en la misma línea de "desconfianza democrática". No hace falta dar nombres, supongo).

El comienzo: Dos visiones contrapuestas

El volumen comienza con un “Manifesto of Democratic Criminal Justice”, escrito por Joshua Kleinfeld, organizador del evento. El punto de arranque de todo el simposio aparece dado por la distinción entre dos visiones fundamentales sobre cómo pensar la justicia penal. De hecho, anuncia que “The premise of this Symposium and the first contribution we hope it makes to the discourse on criminal justice is that the voices of diagnosis and reform are not a cacophony. Within the welter of diverse views about what has done wrong and how it could be set right, one foundational, enormously important, and yet largely unrecognized line of disagreement can be seen” (1376). La línea de esa división –que recorre, insisto, todos los trabajos del simposio- sería la siguiente:

“On one side are those who think the root of the present crisis is the outsized influence of the American public –a violent, vengeful, stupid, uninformed, racist, indifferent, or otherwise wrongheaded American public –and the solution is to place control over criminal justice in the hands of officials and experts. On the other side are those who think the root of the present crisis is a set of bureaucratic attitudes, structures, and incentives divorced from the American public´s concerns and sense of justice, and the solution is to make criminal justice more community focused and responsive to lay influences. The first side flies the banners of professionalization, instrumental rationality, and bureaucratic control. The second side flies the banners of community, value rationality, and –the watchword of the movement –democracy. The two views, bureaucratic professionalization versus democratization, represents a conflict of visions” (1376).1

Notas:

1.En la base de ese impulso democratista hacia la justicia penal, un autor que aparece invocado es William Stuntz, quien –según Kleinfeld- “was, I submit, both a reconstructivist [luego volvemos sobre el término] and a democratizer, though he died before the labels came into use. He is an intellectual father to many of us in the democratization movement and surely would have joined our efforts had he only lived a little longer” (1464). Menciona entonces sus trabajos sobre la necesidad de que la justiica criminal quedara en manos de los “local neeighborhoods”; que los “prosecutors should be elected from highly local community units like neighborhoods rather than large counties; that it is juries’ role to use the power of nullification to exercise mercy and keep state officials in line; that criminal law’s expressive qualities are key to its proper functioning….that alienation is key to the crime/race problem” (ibid.). Cita entonces trabajos como el libro de Stuntz junto a Joseph Hoffman sobre “Defining Crimes”, o su libro sobre “The Collapse of Criminal Justice,” o su artículo sobre “The Pathological Politcs of Criminal Law”, del 2001 en Michigan Law Review.