Vanossi-Cassagne-Herrera: tres mosqueteros en la lucha por el orden

En el diario La Mañana, de Neuquén, se da cuenta de un documento encargado por "empresarios, ganaderos y comerciantes" (upa!) a tres prestigios abogados (glup!), sobre el tema de la protesta social: Jorge Reinaldo Vanossi (constitucionalista), Carlos Sánchez Herrera (penalista) y Juan Carlos Cassagne (administrativista). La idea es presentar el escrito frente al Tribunal Superior de la ciudad, para poner freno a ocupaciones (o recuperaciones?) de tierras y cortes de ruta.

La noticia es ésta:

Reclaman que el TSJ intervenga ante cortes de ruta y ocupaciones

Empresarios, ganaderos y comerciantes de la provincia presentarán un documento al máximo tribunal, cuyo contenido ya habría sido informado al ministro Bertoya.
Solicitaron que no “se tolere la existencia del delito ni que éste conviva con la vida normal de los ciudadanos”, y exigieron la intervención de la Policía y de los fiscales.

Junín de los Andes > Un grupo de empresarios, ganaderos, comerciantes y vecinos de distintas ciudades de la provincia decidió presentar ante el Tribunal Superior de Justicia un escrito solicitando la inmediata intervención del máximo órgano judicial neuquino para poner freno a la ocupación de campos, terrenos públicos y privados, como así también a los cortes de ruta.
Para eso contrataron los servicios de tres abogados, cada uno de ellos especialista en un área del derecho, para no dejar resquicio abierto a la hora de hacer la presentación judicial, algo que se llevaría a cabo en los próximos días.
Los abogados que elaboraron el escrito son Jorge Reinaldo Vanossi (constitucionalista), Carlos Sánchez Herrera (penalista) y Juan Carlos Cassagne (administrativista). En el documento, al que tuvo acceso La Mañana de Neuquén, se solicita al TSJ que “en ejercicio de sus poderes haga cesar la indefensión colectiva que sufrimos en nuestras personas, familias y bienes de trabajo, por la renuencia del Estado a ejercer el atributo de la fuerza legal y legítima que le es privativo”.

Falta de prevención
Para los peticionantes esta situación se produce entre otros motivos por “la falta de prevención de los delitos, la insuficiente investigación de los que han sido denunciados; por la no individualización de sus reincidentes autores para impedir la traslación de éstos a diferentes lugares en que vuelven a cometerlos”, como así también “por las omisiones, inacción, desinterés y abulia en el cumplimiento de los mandatos y sentencias judiciales”.
“Todas estas omisiones dan origen a la impunidad que alimenta la comisión de nuevos delitos y genera la cada vez más extendida inseguridad, que afecta a la ciudadanía”, afirman los abogados.
En sus considerandos el documento afirma que “esta situación se desarrolla desde hace un tiempo en nuestra provincia con el apoderamiento de establecimientos rurales, tierras urbanas y espacios públicos, que son impunemente usurpados y ocupados con violencia”.

Extorsión
Según los abogados, “estos procedimientos organizados evidencian la premeditación de un plan al que también se agrega una secuencia sistemática de extorsión al Estado, se emplea para ese fin el corte de rutas y calles, tumultos, marchas con estallido de fuertes explosivos para intimidar, con la comisión de múltiples delitos que se perpetran colateralmente y que quedan impunes, por cuanto sus autores no son identificados. Los terrenos públicos son invadidos tanto como los privados, y las tomas se repiten y potencian día a día ante la ineficacia de la Policía y de la Justicia”.

Justicia paralizada
En cuanto al objeto de esta situación se afirma que “los autores se mantienen en la propiedad tomada porque su propósito es apropiársela. Esto lo consiguen manteniéndose en la ocupación, desobedeciendo las órdenes judiciales, oponiéndose por vías de hecho a que las propiedades sean restituidas a pesar de las sentencias”.
Los abogados Vanossi, Sánchez Herrera y Cassagne, aseguran que “esta pasividad ha llevado a una multiplicación de los delitos que paraliza a la Justicia, genera la prescripción de las causas, produce en definitiva impunidad y hace que los delincuentes aumenten su accionar año a año incrementando en una progresión nefasta el número de malvivientes que encuentran en el delito un oficio redituable”.

“Garantía final”

Junín de los Andes > A la hora de hacer la petición formal, los mentores del documento -al que algunos denominan “Garantía Final”, en alusión a la delicada situación por la que entienden atraviesa la sociedad neuquina- solicitan a los miembros del TSJ que se los tenga por “peticionantes de la garantía constitucional de justicia eficaz, y la protección de personas y bienes”.
La idea, que habría sido informada al ministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya, el viernes pasado en Zapala, sería presentada oficialmente en los próximos días.
Los mentores de la misma solicitan al TSJ que “en ejercicio de sus poderes haga “cesar la privación de protección y seguridad, la actuación ineficaz ante los delitos, provea y arbitre la inmediata, pronta y eficaz actuación de los tribunales inferiores, el auxilio a los jueces y el acatamiento de sus sentencias”.
Se pide también que “la Policía cumpla estrictamente con las tareas de prevención, detención de los delincuentes y presentación inmediata al juez que corresponda, evitando continúen los efectos del delito, disponiendo de la fuerza pública necesaria para el cumplimiento de las órdenes judiciales”.
Los abogados representantes solicitan además que “que no se tolere la existencia del delito ni que éste conviva con la vida normal de los ciudadanos y deba ser soportado por estos, arbitrando la acción de las fuerzas del orden, prudente, controlada, y firme, para aprehender a los delincuentes y evitar la pluralidad de delitos que afectan a un importante espectro de nuestra sociedad, y que por su número y permanente aumento bloquean el accionar de la Justicia, generando la impunidad”.
En tanto, a la hora de hablar del accionar judicial, se solicita al TSJ que “se realice un control eficaz por personal suficiente de las causas penales formadas con motivo de usurpaciones, corte de rutas, amenazas, coacciones y delitos que acompañan estas conductas”.
En cuanto a los fiscales se pretende que “se analice todos los supuestos de inacción o insuficiente trámite”, mientras que para los jueces pide que estos lleven a cabo “la conclusión del sumario con las suficientes pruebas que impidan por carencia o defecto su fracaso y la “summa iniuria” que es, por esas causas, la absolución de un delincuente “con burla no sólo de la victima sino de todo el orden jurídico y la seguridad de los ciudadanos”.