Lo que la cárcel es

Nota (y foto) que me hace llegar N. Skigin, en entrevista con Ismael Jalil, de CORREPI


El abogado de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), Ismael Jalil, señala que “desde la reinstalación de la democracia, más de la mitad de los cuatro mil casos de muertes por gatillo fácil y por tortura en lugares de detención, pertenecen al período 2003-2012”. Y asegura que dentro del actual sistema, los delitos no tienen solución: “Es necesario un cambio revolucionario”.
-¿Cuál es el estado actual de las cárceles?
-El de siempre. No existe una sola que pueda ser mostrada como un lugar habitable por seres humanos; es, en cambio, un depósito de seres humanos. No contribuyen a mejorar la situación de la seguridad; por el contrario, la potencian. El sistema encuentra en este elemento disciplinador una garantía de represión directa: coartar la libertar, matar el tiempo de la gente en situaciones de vejámenes y torturas de toda índole. Se está muy lejos del discurso garantista, que plantea que la cárcel puede ser un ámbito de resocialización. Las formas de alimentación son degradantes. Las condiciones sanitarias son tremendas. Un dolor de muelas en la cárcel implica un turno después de que pasen 500 personas que se anotaron antes. Ni hablemos de vidrios rotos; la distancia que impide el vínculo con la familia y el grupo social de pertenencia. Además, hay que hablar del hacinamiento y la saturación. En los ’80 había unas 10 cárceles en la provincia de Buenos Aires; hoy estamos por la unidad 60.
-¿A qué se debe este aumento?
-A una gran crisis económica que se vivió en el país y que se potencia constantemente porque hay un crecimiento de la actividad delictiva como una respuesta que los pobres tienen frente a una crisis de la cual no son responsables, sino que, por el contrario, son víctimas. El número de delitos va creciendo, al igual que el de detenidos y el de judicialización de esas causas. El grado de presencia policial y de Gendarmería en las calles de la provincia y de la Capital Federal creció significativamente, al punto de tener un ejército: 100 mil hombres destinados a la política de persecución y caza de los más pobres. Es cierto que un delito violento repugna y no puede ser celebrado; pero también debería ser reprimido el otro delito, el que condena a un montón de gente a la indigencia, al hambre y a la violencia, que es el que no se ve y que se aplica desde confortables despachos.
-¿Por qué hablás de un “ejército”?
-Son 50 mil efectivos de la policía de la Provincia, un número similar en la Capital, más la Gendarmería y Prefectura del Operativo Centinela en la Ciudad, más el otro andamiaje de elementos de seguridad privada que corresponden a la seguridad empresaria. Hay una saturación de presencia “militar” en la cotidianeidad de la gente. Y los sectores más empobrecidos son los que más sufren estas cuestiones. El grado de represión desatada sobre la gente más pobre es infernal. Desde la reinstalación de la democracia, más de la mitad de los cuatro mil casos de muertes por gatillo fácil y por tortura en lugares de detención, pertenecen al período 2003-2012.
-¿La presencia policial podría, desde la perspectiva de la Correpi, ser pensada para prevenir delitos?
-El problema de la inseguridad y de la comisión de delitos no tiene ninguna solución, porque es un problema estructural del sistema en el que se vive. Colocar policía, endurecer el código penal, poner cámaras y transformar el Estado en un Estado policíaco, que es el que limita las garantías constitucionales, y a la vez montar un Estado militarizado, muestra que la única respuesta que puede dar un Estado de una sociedad dividida en clases es la represión. El delito organizado cuenta con la policía y la gendarmería como elementos fundamentales. Plantear que estos mismos pueden colaborar en la prevención es engañarse. En las entrañas de la sociedad dividida en clase existe la injusticia. Y las víctimas son la gran mayoría de pobres.
-¿Entonces hay que eliminar a la policía?
-Lo que nosotros visualizamos es un problema del sistema capitalista. Mientras éste exista, nadie suprimirá a las fuerzas de seguridad. Nosotros postulamos su directa eliminación. No confiamos ni en éstas ni el aparato judicial que les otorga impunidad después de cometer crímenes, y mucho menos en el poder político que expresa los intereses de las clases dominantes. La muerte de un policía a manos de un civil implica el homicidio agravado y, por lo tanto, la perspectiva de una prisión perpetua; a la inversa, es muy difícil encontrar perpetua a policías que matan. Este es un claro ejemplo de la impunidad que brinda el propio código. Es un tejido muy sutil, que tiende a generar la represión y la consecuente impunidad.
-La conclusión parece ser que mientras se mantenga el capitalismo no habrá solución a la inseguridad.
-Exactamente, porque esto proviene de la esencia del capitalismo. Una sociedad injusta es generadora de violencia. El hambre y la ignorancia son violencia. Y todo esto lo genera el capitalismo. Por eso abogamos por una sociedad sin privilegios de clase; esa es la solución. Es necesario un cambio revolucionario.
-Tus críticas hacia la cárcel, ¿se refieren a la institución en su estado actual o a la cárcel per sé?
-La cárcel es una institución relativamente moderna, que aparece cuando el tiempo empieza a medirse en dinero. Es una expresión sin igual del desarrollo capitalista. La cárcel mide el tiempo en dinero y te sanciona doblemente. Primero, cuando se está libre, victimiza a través del hambre, de las necesidades no satisfechas, de las desigualdades de clase. Y luego, cuando caza y somete a los estragos de la tortura y los vejámenes que hay en ese depósito de seres humanos. La crítica tiene que ver con la esencia del elemento disciplinador de la sociedad, que el capitalismo ha desarrollado en profundidad, a punto tal de ser uno de los negocios más redondos.
-¿Debe la cárcel concebirse como una institución generadora de delincuentes, más que reparadora?
-Es un lugar donde se exterminan seres humanos y se los degrada. No puede ser nunca reparadora. Alguien dijo alguna vez que la mejor cárcel es la que no existe. Si se analiza que más del 70% de los presos están encarcelados por violaciones a derechos de propiedad, uno se puede dar una idea de por qué existen las cárceles. Algo bien sintomático del sistema en el que vivimos: este sistema consagró el derecho de propiedad como el derecho máximo y, en el mundo, el 80% de la población mundial no es dueña de nada. Sin embargo, el que impera es el derecho de propiedad. Si yo me planto frente al sistema y ejerzo una propuesta, corro el riesgo de caer preso, del mismo modo que quien sale a robar. Hay un perverso diseño ideológico del sistema, que ve en quien protesta a un delincuente; en el que corta la ruta, a un extorsionador. En lugar de ver cómo se hace una cárcel más moderada, habría que cambiar el sistema.
-¿Cómo evolucionó en el tiempo el estado penitenciario?
-Cuando se pierde la libertad en esas condiciones, no hay evolución –ni edilicia ni de tratro- que valga. Lo que importa no es el sistema penitenciario en el que vivimos sino el económico. Es este último el que ordena quién debe sufrir y quién debe ordenar el sufrimiento de los otros.