Castigo penal y desigualdad

En un libro de reciente publicación, El castigo penal en sociedades desiguales , investigadores de seis países latinoamericanos (Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, México y Paraguay) examinamos el estado de las políticas de castigo en nuestras sociedades. Nos concentramos en un período reciente, que va desde la era de ajustes económicos estructurales, en los años 90, hasta la actualidad.

Los resultados encontrados nos dicen que, más allá de la retórica, también en lo relacionado con el castigo las prácticas dominantes se parecen demasiado (si es que no han empeorado) a las que fueran propias de los años 90 . Ello así, por caso, si prestamos atención al número de personas procesadas y privadas de libertad; los niveles de hacinamiento existentes; los abusos y la tortura que siguen siendo moneda corriente en toda la región; los malos servicios médicos a los internos; la pésima alimentación; el trato degradante en definitiva. De todos modos, el libro en cuestión no se limita a hacer una descripción en torno de la galería del horror carcelario ya conocida, sino que se pregunta sobre la autoridad que tienen nuestros Estados para actuar de los modos en que hoy lo hacen.

El problema tiene un aspecto general: en cualquier contexto resulta complicado defender que el Estado castigue, entendiendo por castigo la “imposición deliberada de dolor” (¿es ésta la única y la mejor forma que tiene el Estado para reprochar inconductas graves?) .

Las cosas son, sin embargo, mucho más complicadas en contextos de grave desigualdad: en tales casos, la justificación del uso de la coerción estatal frente a quienes reclaman por injusticias resulta mucho más problemática. Y ello, por varias razones.

Partimos de la idea de que, en sociedades como las nuestras, cuando ciertas desigualdades graves se mantienen en el tiempo, el Estado debe ser considerado, al menos, como co-responsable de las mismas, ya sea por haber creado o mantenido tales desigualdades, o por no haberlas removido, pudiendo hacerlo. Si el Estado es co-responsable de injusticias graves, luego, resulta difícil de aceptar que el mismo se arrogue el derecho de reprochar, por ejemplo, a quienes se quejan o reaccionan frente a tales agravios (por caso, como los qom acampando en la 9 de Julio).

Más fuertemente aún, la autoridad del Estado para ejercer un reproche legítimo resulta socavada cuando él no es capaz de cumplir con las numerosas obligaciones a las que se ha comprometido constitucionalmente .

La Constitución argentina, por caso, incluye cantidad de obligaciones sociales que el Estado debe cumplir (en materia de vivienda, salud, trabajo, educación), y que el Estado no satisface o satisface de un modo muy imperfecto, porque decide utilizar sus recursos con fines que son, en términos de derechos, irrelevantes (pongamos, ensalzar su gestión o transmitir fútbol por TV).

Cuando el Estado elige hacer propaganda en lugar de garantizar los derechos de los desposeídos , sus faltas adquieren el carácter de inconstitucionalidades graves, y ello determina que pierda autoridad para exigirle luego a los más desaventajados, que cumplan con sus deberes de respeto hacia él (¿qué autoridad podría invocar un padre, por ejemplo, cuando abusa de su familia?).

Finalmente, la desigualdad persistente genera un riesgo extraordinario que amenaza con minar todo el valor y sentido del sistema penal: el riesgo de que los mejor situados tuerzan el sistema penal a su favor, de modo que el mismo resguarde sus privilegios , y a la vez persiga a quienes se animan a cuestionarlos.

Este escenario podría ser tildado de imaginativo o apocalíptico, si no fuera por el hecho de que la situación carcelaria en América Latina parece verificarlo en todos los casos: en países pluriclasistas y heterogéneos, las cárceles de la región resultan homogéneas en términos de clase y origen racial , mientras permanecen casi libres de funcionarios gubernamentales.

En la Argentina, las políticas y acciones penales del kirchnerismo sólo han agravado este escenario, transformando a la normativa penal en un mamotreto clasista , que protege los delitos de los funcionarios, y transforma a los pobres en delincuentes.

Finalmente, no se trata de que el Estado deje de tener autoridad coercitiva porque no cumple con sus

obligaciones legales del modo más perfecto. Se trata (como en el caso del padre que abusa de su '

familia) de que el Estado pierde el derecho de reclamar autoridad cuando comete faltas graves 

sobre los más débiles , de modo sistemático y sostenido en el tiempo.