Democratizar la justicia 19: Las reglas del juego

A la luz de los agravios que genera el Poder Judicial, y el modo en que su accionar afecta, expulsa y daña a los más desaventajados, la reforma de la justicia propuesta es una falta de respeto. Ella no dice nada sobre los excluídos; no facilita en nada el acceso de los pobres a los tribunales; no les ahorra formalismos, ni abogados, ni dinero. Por el contrario, la reforma, por caso, agrega instancias (nuevas Cámaras de Casación) que servirán para levantar el poder de extorsión de los poderosos, y forzar a los pobres a negociar su rápida salida de un un juicio que ellos no pueden nunca y de ningún modo mantener en el tiempo (pero sí sus patrones). Es decir, se trata de una reforma antipopular, antiobrera, vestida de reforma democrática. Un asco. Cuánto mal que están haciendo, en nombre del bien! Qué rabia dan! Los miembros de Justicia Legítima, en su mayoría vinculados al mundo del Derecho Penal, aplauden esta reforma desde el privilegiado lugar que ocupan. Ellos se han especializado en asegurar la justicia que tenemos: hablan de causas de lesa humanidad, mientras protegen en silencio a los Boudou y Oyarbides de este mundo, y mantienen las cárceles pobladas de jóvenes y niños pobres del Conurbano. Trabajan duro para los peores, y hasta es posible que piensen para sus adentros que están haciendo justicia.

En fin. Una pena más, algunas libertades democráticas menos.

Me detengo, de todos modos, en un punto abstracto, para escapar por un momento del dolor de los hechos concretos. Hay una cuestión más, entre las que me preocupan de la reforma, que tiene que ver con un mal que arrastramos desde hace tiempo: la idea de que el poder puede cambiar las reglas de juego, mientras el juego se está jugando. Como que a alguien que está jugando una partida del ajedrez, le digan que el caballo o el alfil, desde ahora, van a moverse de este otro modo: impensable, inaceptable siempre. Sin embargo, el gobierno insiste en modificar las reglas del juego, a su beneficio; en inclinar la cancha a su favor, mientras el juego se juega. Lo hizo hace unos años, con la primera, tramposa e inconstitucional reforma del Consejo de la Magistratura. Lo hizo luego, con la reforma de las normas electorales, para expulsar del juego a la izquierda. Lo hace ahora, para contar con más herramientas de presión sobre los jueces no adictos. Dan asco. La buena noticia es que todas estas medidas debieran considerarse inconstitucionales, sólo por esto: dado el principio de que el jugador dominante no puede cambiar las reglas del juego a su favor, cualquier duda interpretativa relevante (y aquí hay muchas, relacionadas, por caso, y justamente, con la elección popular de los miembros del C. de la M.),* debe interpretarse en contra de la posibilidad de que el gobierno de turno gane más control sobre el juego que se está jugando.

* ver el post de hoy de don g.arballo, acá, que objeta esa posibilidad, por razones diferentes de las que aquí acabo de ofrecer