Alegre/Verbitsky

Pecados y pescados
El profesor de derecho de la UBA Marcelo Alegre envió una réplica al artículo “Pescado al dulce de leche”. Dice que su pecado fue la “asociación panelística” al asistir a un seminario supuestamente proimpunidad. Su texto y la respuesta.

Por Marcelo Alegre
Verbitsky me reprocha (1) describir el Juicio a las Juntas antagonizando con los actuales (2) que serían “políticos, no jurídicos” y reivindican la dictadura, (3) cuestionar el concepto “dictadura cívico-militar”, (4) denunciar un uso anti-liberal de los DH.

1) El ninguneo al Juicio a las Juntas de Kirchner en la ESMA y la reescritura del prólogo del Nunca Más vuelven pertinente defender el enorme legado alfonsinista: Conadep y Juicio. Vincular esto con la impunidad es un disparate acorde con aquellas imposturas. No dije que el Juicio antagonizara con los actuales, sí que su trascendencia es incomparable, porque apuntaba a terminar con la casta militar, objetivo cumplido.

2) No afirmé que los juicios actuales fueran políticos. Señalé requisitos de legalidad: Primero, la idea de complicidad obliga a investigar delitos de lesa humanidad, sin duda imprescriptibles: homicidios, tormentos, etc. Las sentencias serían más severas que las basadas en delitos menores (omisión de investigar, etc). Segundo, considerar el estado de terror imperante. Jueces involucrados en torturas, apropiaciones, etc, deben responder sin distinciones oportunistas por motivaciones políticas.

Arriesgaríamos una “oblicua reivindicación de la dictadura” si sobrevalorásemos el poder de aquellos jueces. Podían impedir la represión si los militares les habrían obedecido, desconociendo el carácter autoritario extremo del Proceso.

3) Contra la idea de dictadura “cívico-militar”, opino que ningún otro sector participó tan cohesivamente del gobierno como las FFAA, concentrando la suma del poder. Descreer del concepto de dictadura cívico-militar no condona el terrorismo estatal ni obstaculiza castigar atrocidades cometidas por civiles.

4) Insisto, los DH son incompatibles con reivindicar la violencia, el nacionalismo, el militarismo y el hiperpunitivismo. (Agregaría la concepción “amigo/enemigo”). No hay conexión entre apoyar la impunidad y esta posición, que la nota confirma: ¿Moraleja? al que critica nuestra política de DH, escrache.

Esta es la respuesta de Verbitsky:

Le agradezco a Marcelo Alegre su réplica, que ayuda a debatir con seriedad un tema de preocupación común. No entiendo por qué equipara la crítica con un escrache, pero en cualquier caso, no es mi actitud. Es posible que yo haya incurrido en asociación panelística, como dice, acaso porque no tengo registro de que haya disentido de las posiciones de Verónica Blanco, Emilio Cárdenas y el hijo de José Luis Romero. Tal vez a Marcelo Alegre le pasa lo mismo y me asocia en forma indebida con el consejero por los graduados Esteban Rey, que pidió la grabación del panel para evaluar si correspondía su juicio académico, cosa que de ninguna manera comparto.

Aceptadas las mutuas disculpas, podemos pasar a las cuestiones de fondo. Coincido en el carácter excepcional del juicio a las Juntas de 1985, que siempre valoré como piedra fundacional de la democracia argentina y sobre el que he escrito antes y más que nadie. Pero tampoco olvido el tremendo retroceso de las instrucciones a los fiscales y las leyes de impunidad, contra las que lucharon los organismos de derechos humanos y también un sector de la juventud radical, que seguía mis artículos críticos en El Periodista, cosa que hasta hoy me reprocha el vocero de la corporación, Horacio Jaunarena. La complejidad del proceso político desaconseja antagonizar etapas que son complementarias. Gracias a esa misma lucha de los organismos, a partir de la nulidad dictada en 2001 fue posible retomar el camino interrumpido con aquellas leyes y con los indultos de Menem. Así lo entendió Alfonsín, quien sin mezquindad apoyó la reapertura de las causas congeladas. Es cierto que con el juicio de 1985 apuntó a terminar con la casta militar, pero como lo muestran los alzamientos de 1987 a 1990 y la reaparición de la ominosa sombra castrense en la crisis de fin de siglo, no supo o no pudo llegar a esa meta. Para lograrlo fueron necesarias las acciones posteriores de los organismos y, ya bajo la presidencia de Kirchner, también del Estado. Está lejos todavía el mismo acatamiento a la voluntad popular por parte del poder económico, amancebado con los medios más poderosos y con sectores corporativos de la justicia.

Asumo que he sido uno de los impulsores del concepto de dictadura cívico-militar, con fuertes componentes eclesiásticos, económicos y judiciales. Que ningún otro sector participara con la misma cohesión que los militares en la suma del poder dictatorial no permite obviar la actuación decisiva de esos sectores, sin los cuales el golpe de 1976 no se hubiera producido y la dictadura no hubiera podido sojuzgar al país como lo hizo. También es real que promuevo la investigación y el castigo correspondientes para esos sectores, pero por supuesto caso por caso, sin responsabilidad objetiva y con todos los requisitos de legalidad. Por último, no creo que pueda encontrarse nada en mi práctica de las últimas décadas que reivindique la violencia, el militarismo o el hiperpunitivismo.