Quisiera hacer algunos comentarios sobre los “escraches” que se han dado en los últimos tiempos, en manos de grupos o sectores sociales distintos a los que, inicial o tradicionalmente, supieron llevarlos a cabo. En su momento, en efecto, muchos nos preocupamos por sostener, más allá de algunos matices, el sentido de los “escraches” desarrollados por agrupaciones como H.I.J.O.S. (conformada por hijos de “desaparecidos”), contra personas involucradas en la represión ilegal. Defendimos tales “escraches,” entre otras razones, y fundamentalmente, porque sabíamos que los agentes de la represión que eran insultados y señalados no llegaban a los estrados de la justicia por la sola razón de que el poder político de turno había consagrado su impunidad. Hoy, tales “escraches” han cambiado de manos y motivos. Así, se han producido “escraches” en el interior de la Provincia de Buenos Aires y otras zonas del país, en manos de productores agropecuarios, contra funcionarios del actual gobierno, y en disconformidad –sobre todo, y aparentemente- con las políticas agrarias llevadas a cabo por el mismo. Quisiera referirme al tema porque me parece que hoy, con el noble objeto de aventar cualquier manifestación política violenta, nos están llevando a "tirar al bebé con el agua," y socavando las formas de protesta política no-tradicionales, y más desafiantes para el poder.
Algunas aclaraciones previas, para despejar el terreno de interpretaciones apresuradas e indebidas:
i) En todo caso, y en todo lo que vaya a decir, debe quedar en claro que uno condena la violencia, asumiendo una definición de violencia vinculada con el uso común del lenguaje (violencia incluye así, y por caso, golpear a un candidato; arrojarle una piedra; destruir su vehículo)
ii) Hay sectores vinculados al agro que promueven o han promovido, abiertamente o no, medidas anti-democráticas inaceptables; como los hay que se han enriquecido en formas no legítimas ni legales, también condenables.
iii) No es lo mismo una protesta contra un miembro de las fuerzas de seguridad involucrado en la represión ilegal y en libertad por la impunidad consagrada políticamente, que la protesta contra políticos democráticamente electos. El primer tipo de protesta es, seguramente, más necesaria y justificada que la última.
Todo lo dicho no obsta a reconocer que:
i) Todo sector tiene derecho a expresarse en contra de las políticas a las que se opone, ya sea a través del voto, en época de elecciones; ya sea a través de protestas realizadas entre elección y elección.
ii) Las protestas pueden incluir críticas expresadas a través de la prensa, panfletos, mensajes televisivos, pero también manifestaciones callejeras, bulliciosas o no.
iii) Los carteles con críticas, los insultos, los gritos, forman parte habitual y “natural” de tales manifestaciones. Tales expresiones pueden resultar desagradables para quienes son objeto de la crítica, pero a la vez representan un componente inseparable de la política, particularmente en contextos como el nuestro, en donde escasean los mecanismos institucionales para la participación política, y los medios formales para lograr acceso a la dirigencia.
iv) Tales manifestaciones bulliciosas pueden sucederse en el contexto de mítines políticos, o no. El hecho de que la mayoría de los miembros de nuestra clase dirigente sean virtualmente inaccesibles para la ciudadanía torna necesario, en muchos casos, que tales críticas se realicen en lugares no tradicionales, en donde el público pueda encontrarse –por fin!- con el político.
v) Las manifestaciones del caso se han desarrollado habitualmente en lugares públicos, y durante eventos político-partidarios llevados a cabo por los políticos oficialistas, lo cual torna inobjetables a muchas de las contra-manifestaciones realizadas por los opositores. Sin embargo, podría darse que tales manifestaciones de protesta llegasen hasta el propio vecindario donde el político vive, o aún hasta las inmediaciones su propio hogar. Por supuesto que sería indeseable e inaceptable que un político no pudiera reunirse y re-encontrarse con su familia, tranquilamente, por el acoso persistente e infatigable que sufre, en manos de sus críticos. Sin embargo, los “escraches” que vemos de modo habitual no implican un acoso semejante, y -sólo en casos excepcionalísimos- incluyen breves manifestaciones de protesta en los pagos del político criticado, o en las inmediaciones de su vivienda, que de ningún modo deben ser prohibidas (salvo, insisto, si tales manifestaciones fueran recurrentes, y privasen de toda intimidad al político de turno, en cuyo caso deberían buscarse forma para –por ejemplo- formar cordones que libren al mismo de tal hostigamiento opresivo).
vi) Por supuesto que, en todos los casos que sea necesario, debe asegurarse y protegerse la integridad física del funcionario cuestionado, como debe reprocharse, aún penalmente, cualquier agresión física sobre el mismo.
Dicho esto, concluiría mi comentario con algunas precisiones adicionales frente a comentarios escuchados o leídos en estos días:
i) Es una zoncera volver con la idea de la “pendiente resbaladiza,” para sostener, por caso, que estas medidas, hoy semi-pacíficas, terminarán mañana con “fuerza de choque” y muertos. Tal tipo de asociaciones son interesadas, sesgadas y perniciosas, y corren por cuenta de quien las presente. Democráticamente, en todos estos años, hemos ido aprendiendo a separar lo legal de lo que no lo es, y no tenemos que tener miedo de seguir haciéndolo, para reservar el reproche jurídico sólo para los últimos casos. Uno defiende la protesta contra políticos que son del agrado de uno o no, mientras se mantenga –como se ha mantenido hasta hoy, en una enorme mayoría de los casos- dentro de ciertos límites, y mientras se garantice la integridad física de la persona objeto de la crítica pública. Del mismo modo, uno condena los excesos que puedan producirse en tales casos, volviendo a aclarar que buena parte de la protesta no tradicional que hoy presenciamos (insultos en un espacio abierto, por ejemplo), merece plena protección legal.
ii) El hecho de que las protestas del caso resulten “preparadas de antemano,” en lugar de ser “espontáneas,” no le quita valor ni legalidad a las mismas. La política se trata de eso: de gente que se junta para aplaudir o criticar a ciertas políticas públicas y a quienes las encarnan. Juntarse de antemano para preparar tales expresiones de protesta no debe verse como expresión de una conspiración anti-democrática, sino como una forma perfectamente valiosa y defendible de hacer política.
iii) Uno no debe aceptar la idea que dice que, al sostener que las protestas del caso deben ser protegidas, uno “le hace el juego a la derecha.” Uno debe defender sin cortapisas una concepción robusta de la protesta, que incluye –obvia y especialmente- protestas contra quien hoy esté en el poder (sea quien sea). Defendimos tal visión aún en la época de Alfonsín, cuando se nos decía que la democracia era demasiado frágil y podía caer en cualquier momento, y debemos defenderla también hoy, cuando la democracia se encuentra consolidada. Debemos defender la crítica, en los diarios y en la calle, amistosa y enojosa, siempre, incondicionalmente.
iv) Los seguidores del gobierno deberían convencerse de que al gobierno –a ningún gobierno- le hace bien que se silencien las críticas, que se oculten sus actos de corrupción, que se escondan las cifras, que se autoricen sólo los elogios. Es todo lo contrario: el buen gobierno necesita alimentarse de críticas, blandas y duras. La complicidad siempre ha creado monstruos, sólo monstruos.
v) Ser de izquierda es ser crítico del poder. Del poder político establecido, del poder económico incorporado en el gobierno o enemigo de aquél. Ser de izquierda es criticar impiadosamente las políticas de injusticia social promovidas desde el gobierno, tanto como las prácticas de la desigualdad extrema defendidas desvergonzadamente, y desde hace decenas de años, desde muchos de los sectores ligados al campo. Se pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo, sin ningún problema, sin “entregarse” a ninguno de tales actores. Ser de izquierda exige que no seamos complacientes frente al poder.
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Addenda/Post-data
En sus notables escritos sobre la protesta y los piquetes, el académico Owen Fiss, tan citado en estas páginas, defiende la política en los tiempos intermedios, es decir, entre elección y elección. En particular, en su texto “El carácter indócil de la política” Fiss sostiene la importancia y el valor de la protesta (y, en este caso, de los piquetes) como un verdadero “suplemento electoral.” Las elecciones, nos dice Fiss, “se llevan a cabo en intervalos regulares,” y las protestas “permiten que los ciudadanos puedan sacar temas de importancia pública durante ese ínterin, ya sea como respuesta ante un cambio o giro en las políticas públicas, o como una manera de mantener viva la controversia entre elección y elección.”
Las protestas, nos dice Fiss, “también tienen como función fijar la agenda” ya que los políticos “no tienen incentivos para tomar postura sobre temas controvertidos, ya que si lo hacen, cualquiera sea la postura que adopten, tendrán en contra a una parte del electorado.” Las protestas, nos aclara Fiss, “son una gran herramienta para señalar dichos temas y así fijar la agenda decisiva para el resultado de futuras elecciones.”
“Como casi ninguno de los asuntos públicos relevantes se define a través de un referéndum –agrega- los ciudadanos rara vez tienen la posibilidad de expresar sus puntos de vista sobre cuestiones particulares” –algo que logran entonces con las actividades de protesta.
Para él “la democracia otorga derechos pero también impone deberes –quizá el deber de escuchar- y niega la posibilidad de escaparse de las implicancias morales de las propias acciones con sólo regresar a la casa.”
